Bolivia | Persecución contra el MAS: dictan prisión preventiva a la apoderada legal de Evo Morales
Dictaron prisión preventiva a la apoderada legal de Evo Morales en Bolivia
Continúan los ataques contra el MAS (Movimiento al Socialismo) en Bolivia. Esta vez, la justicia dictó seis meses de prisión preventiva a Patricia Hermosa, la apoderada legal del presidente depuesto, Evo Morales. Hermosa era la encargada de presentar los trámites jurídicos necesarios para la posible postulación del exmandatario como legislador en las elecciones del próximo tres de mayo. La exjefa de gabinete de Morales había sido detenida el viernes por solicitud de la fiscalía, bajo acusaciones de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.
La detención de Hermosa reviste gran importancia ya que, a horas del cierre de listas, la policía secuestró un poder notarial y el original de una libreta de servicio militar pertenecientes al expresidente, requisitos indispensables para la inscripción en el tribunal electoral de su candidatura a un escaño en el Congreso. Finalmente, los exministros César Navarro y Pedro Damián Dorado lograron aterrizar en México, donde permanecen asilados, tras haber sido detenidos sin motivo en el aeropuerto de El Alto.
En una medida sorpresiva, el juez Armando Zeballos ordenó la detención preventiva de la abogada Patricia Hermosa mientras transcurra el juicio en su contra. La exfuncionaria fue capturada en el centro de La Paz mientras realizaba gestiones legales para el expresidente Evo Morales. Hermosa, a quien Morales concedió un poder notarial para poder tramitar su candidatura como senador o diputado del MAS, está acusada por los supuestos delitos de terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo.
La investigación a la exfuncionaria se originó en el caso abierto contra Morales por un audio en el que supuestamente instruye el bloqueo de caminos para cortar la provisión de alimentos. Al momento de los hechos, el expresidente ya se encontraba asilado en México luego de verse forzado a dejar el poder por la presión de fuerzas armadas y violentos grupos reaccionarios.
Morales condenó la «ilegal» detención de Hermosa en redes sociales. Señaló que «la justicia en Bolivia está subordinada a la dictadura», en alusión al gobierno transitorio de Jeanine Añez, que asumió el pasado 12 de noviembre, al activar como segunda vicepresidenta del Senado el mecanismo sucesorio que quedó roto con la renuncia forzada de Morales dos días antes.
La justicia en Bolivia está subordinada a la dictadura. De manera completamente ilegal, mandan a prisión a mi apoderada Patricia Hermosa; sin ninguna prueba ni fundamento jurídico privan de su libertad a exservidores públicos. Tampoco devuelven mis documentos.#DictaduraEnBolivia
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 2, 2020
«De manera completamente ilegal, mandan a prisión a mi apoderada Patricia Hermosa; sin ninguna prueba ni fundamento jurídico privan de su libertad a exservidores públicos. Tampoco devuelven mis documentos. #DictaduraEnBolivia», escribió en su activa cuenta de Twitter.
Morales denunció que la policía secuestró un poder notarial y el original de una libreta de servicio militar, requisitos indispensables para la inscripción en el tribunal electoral de su candidatura a un escaño en el Congreso. Morales había entregado a Hermosa y a su abogado Wilfredo Chávez un poder para que fueran ellos quienes tramitaran ante el Tribunal Supremo Electoral su candidatura al Parlamento.
El exmandatario destacó que su apoderada trabajó junto a él «por más de siete años» y «siempre demostró responsabilidad, profesionalidad y sensibilidad social». «Me duele mucho que la dictadura la utilice cobardemente para atacar a nuestro instrumento político», agregó, en alusión al MAS.
Patricia Hermosa ha trabajado conmigo por más de siete años. Siempre demostró responsabilidad, profesionalidad y sensibilidad social. Me duele mucho que la dictadura la utilice cobardemente para atacar a nuestro instrumento político. Mi solidaridad con su esposo y toda su familia
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 2, 2020
La persecución emprendida contra el exgobierno encabezado por Morales mostró otra arista el fin de semana con las llamativas detenciones del exministro de minería, César Navarro, y el exviceministro de Desarrollo Rural, Pedro Damián Dorado. Finalmente, y ante las disculpas públicas del gobierno de facto, ambos funcionarios, que habían sido detenidos antes de salir de Bolivia, lograron arribar a México donde permanecen asilados.
Navarro fue ministro de Minería de Evo Morales, mientras que Dorado fue viceministro de Desarrollo Rural y Tierras. El gobierno de México dijo que, pese a que los funcionarios tenían salvoconductos otorgados por Bolivia, «ambos fueron arrestados en horas de la madrugada al arribar al aeropuerto en La Paz».
El sábado, Evo Morales había denunciado en Twitter la detención de los exfuncionarios. «Hasta en las peores dictadoras latinoamericanas se respetaban los salvoconductos», expresó. El expresidente, también acusado de sedición y terrorismo, está impedido de participar en las elecciones del tres de mayo como candidato a la presidencia.
Hasta en las peores dictaduras latinoamericanas se respetaban los salvoconductos. Hoy, a las 5 a.m, en el aeropuerto de El Alto, César Navarro y Pedro Damián Dorado fueron detenidos. Sus vidas corren peligro. Exigimos respeto al derecho internacional.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 1, 2020
Sin embargo uno de los principales exponentes de su gestión, el exministro de Economía Luis Arce , encabeza con 26 por ciento las intenciones de voto, seguido por el líder cívico de ultraderecha Luis Fernando Camacho y el expresidente Carlos Mesa, ambos con 17 por ciento. Recién en cuarta posición figura la presidenta interina Jeanine Añez, con 12 por cuento, según un sondeo de la firma Mercados y Muestras, difundido una semana atrás. Frente a un panorama complejo y cambiante a cada hora, resta saber si Morales podrá presentar su candidatura legislativa y sumarse de esa forma a la batalla electoral, o triunfará el gobierno de facto al impedir su participación.
El MAS denuncia persecución y Defensoría pide investigación por aprehensiones
La Bancada del Movimiento Al Socialismo de la Cámara de Senadores emitió un comunicado lamentando la aprehensión del exministro de Minería, César Navarro y del exviceministro de Desarrollo Rural, Pedro Damián Dorado, pese a que ambos contaban con salvoconducto y estaban acompañados de altos diplomáticos. Identifican política por razones ideológicas.
«Ante los lamentables hechos que vulneran los derechos fundamentales, así como los convenios y tratados internacionales, la Bancada del MAS-IPSP de la Cámara de Senadores repudia y rechaza el accionar de la Policía Boliviana y del Ministerio Público por la detención arbitraria del exministro César Navarro y del exviceministro Pedro Dorado, quienes fueron detenidos la madrugada del 1 de febrero en el aeropuerto de El Alto a pesar de que tenían oficializado un salvoconducto expedido por la Cancillería boliviana», se lee en el comunicado.
Asimismo señalaron que el hecho demuestra «una clara persecución contra bolivianos y bolivianas que no tienen mayor delito que su ideología política».
En ese sentido exhortaron a las diversas instancias del Estado a respetar la Constitución Política del Estado (CPE), a no vulnerar los derechos humanos, a generar un debido proceso, a no vulnerar los tratados y convenios internacionales, y a generar condiciones para los bolivianos respetando los derechos humanos de todas las personas.
«Ponemos en conocimiento ante la comunidad internacional la vulneración de derechos fundamentales de Cesar Navarro, Patricia Hermosa y Pedro Dorado», indicaron y anunciaron que la Bancada del MAS en la Asamblea Legislativa «hará cumplir» las atribuciones determinadas en la CPE en protección a los «derechos vulnerados» y en base a la facultad fiscalizadora que tiene esta instancia.
Por su parte la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por el hecho, por una «evidente transgresión» del artículo 6 del Tratado sobre Asilo de Montevideo de 1939 y del artículo XI de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, así como los usos y costumbres a la luz de la Convención de Ginebra.
La instancia pidió que se establezcan responsabilidades en los ministerios de Gobierno y Relaciones Exteriores, Comando General de la Policía Boliviana y en la Fiscalía General del Estado, a fin de «establecer responsabilidad funcionaria por la vulneración de derechos de los citados ciudadanos».
«Asimismo, bajo las garantías constitucionales que rige la materia, la Defensoría del Pueblo sugiere a la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda activar sus mecanismos de fiscalización a los órganos de poder que participaron a través de sus servidores públicos, en el operativo aparatado del marco legal», concluyó.
