Trece militares uruguayos son condenados a cadena perpetua en Italia
Plan Cóndor: trece militares uruguayos condenados a cadena perpetua en Roma
La Corte de Apelaciones de Roma presentó los fundamentos de la sentencia en segunda instancia del juicio a los militares que participaron del Plan Cóndor. El gobierno reaccionó con satisfacción al conocerse la noticia.
Allí reiteró la condena a cadena perpetua para todos los involucrados -entre ellos 13 militares uruguayos- y el pago de haberes por el juicio en primera y segunda instancia, así como a los civiles afectados, por más de 1.000.000 de dólares.
Los fundamentos de la sentencia reconocen la existencia del Plan Cóndor en los países de la región, la violación a los derechos humanos de los demandantes y sus familias. También se reconoce el delito de homicidio voluntario pluriagravado en forma reiterada, como consecuencia de las torturas y desapariciones forzadas.
El documento, de 120 páginas, era esperado por los civiles demandantes, tras años del proceso judicial iniciado en Italia.
Aurora Meloni, familiar de una de las víctimas y querellante en el caso, manifestó su satisfacción tras haberse logrado una sentencia «contundente y neta», que no deja lugar a dudas de que el Plan Cóndor existió y se trató de «un plan de exterminio» coordinado por las dictaduras del Cono Sur en perjuicio de sus opositores.
El terrorismo de Estado fue la política, entre comillas, que llevaron adelante las dictaduras en América Latina, dijo Meloni a Informe nacional.
«No hay cómo no estar satisfechos del trabajo que han hecho los abogados», agregó.
Además indicó que la trascendencia del fallo va mucho más allá de alguna situación puntual como la de Jorge Tróccoli, uno de los condenados, quien aún está libre en Italia -aunque sin poder salir de ese país- a la espera de una resolución judicial definitiva.
Por otra parte, el secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, informó que le presentarán al presidente Tabaré Vázquez los fundamentos de la sentencia, tras lo cual podría haber algún pronunciamiento oficial. Aunque Toma adelantó la satisfacción del gobierno con el fallo, en julio pasado, con motivo de la apelación del Estado uruguayo en el juicio, declaró que en esa oportunidad, «logramos establecerle al Tribunal cada uno de los hechos que son ponderados para la averiguación de la verdad material» ya que «estábamos en una situación procesal bastante complicada en la medida que originalmente la prueba no había sido del todo convincente. No se había agregado un material probatorio que era necesario». «Gracias a la actividad procesal de segunda instancia, logramos acreditar con certeza los hechos que estaban ausentes en la primera instancia.
Hoy creo firmemente que convencimos al tribunal de la culpabilidad que tienen todos los imputados y que refiere fundamentalmente a la figura de (Jorge) Tróccoli y a la figura de (José) Gavazzo. El trabajo que hizo Uruguay ha dado el resultado esperado en cuanto a que muy seriamente creo que logramos convencer a los magistrados de la segunda instancia acerca de la razón que expone Uruguay como parte civil», expresó.
En esta instancia, explicó Toma, fue de «capital importancia» la exposición de nueva documentación que «atestigua la planificación de las operaciones desde noviembre de 1977 hasta mayo de 1978, por parte del comandante de Navío Jorge Tróccoli, jefe del S2 del FUSNA y en la fase ejecutiva en la ESMA argentina».
Toma agregó que Tróccoli quedó afuera en la primera instancia por el mal manejo de la prueba y se verán las responsabilidades correspondientes.
Con respecto al papel del represor José Gavazzo como uno de mayores responsables uruguayos del Plan Cóndor en su carácter de «comandante de las operaciones del Cóndor al interior del Servicio de Información de Defensa (SID), el secretario de la Presidencia fue categórico: «en el caso de Gavazzo la prueba es abrumadora (…). Creo que no existe duda al respecto», afirmó Toma.
Condenados
En la causa están imputados los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli Fernández, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez.
Iglesia abre los archivos del Vaticano sobre la dictadura uruguaya
No hay que pensar que pueda haber resultados muy contundentes o que se encuentren respuestas a la gran inquietud”, dijo a El País el cardenal Daniel Sturla, al ser consultado sobre la apertura de los archivos del Vaticano sobre los detenidos desaparecidos entre los años 1968 y 1985.
No obstante, Sturla aclaró que “cada pequeño dato suma para armar ese rompecabezas y quizá aparezca algún dato que sirva” para el futuro.
Tiempo atrás la Iglesia Católica uruguaya abrió sus propios archivos. Sturla estima que los hallazgos que se puedan alcanzar con la documentación en la Santa Sede sea similar.
“Puede haber algún dato porque podría haber pedidos de familiares sobre si se podía averiguar algo sobre el paradero de determinada persona, no algún dato efectivo sobre qué pasó con esos detenidos”, explicó el cardenal.
Si bien la Iglesia Católica se ha prestado a colaborar con los familiares de detenidos desaparecidos, en los últimos años diversos sacerdotes han recibido información sobre posibles enterramientos. Esa información fue remitida bajo reserva al cardenal Sturla y este la trasladó a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Hasta el momento ese trabajo no ha desembocado en resultados concretos. Sin embargo, no se descarta ningún dato.
“Hace poco hablé con (Javier) Tassino de Familiares, que es con quien me he comunicado más, y me decía que algún dato que le entregó la Iglesia coincidía con otras informaciones que habían conseguido por otro lado y están moviéndose con eso. Hasta ahí es lo que sé”, afirmó el cardenal.
Un sacerdote uruguayo permanece como desaparecido. Se trata de Mauricio Silva: fue secuestrado el 14 de junio de 1977, cuando trabajaba como barrendero para la municipalidad de Buenos Aires.
Sturla señaló que en Uruguay no hubo sacerdotes desaparecidos “pero si los hubiera sería un motivo más para el compromiso con la causa”. “Desde hace muchos años la Iglesia viene hablando en Uruguay de verdad, justicia y perdón porque, de algún modo, tiene que llegar el perdón entre los orientales”, dijo Sturla.
Desde 1985 a la fecha se han conocida diversas iniciativas de la Iglesia sobre el tema. En 1997 Pablo Galimberti, entonces obispo de Salto, propuso que se utilizara el secreto de confesión como forma de conseguir información. La idea no prosperó.
Posteriormente, el arzobispo Nicolás Cotugno participó de la Comisión para la Paz junto al sacerdote Luis Pérez Aguirre, en el gobierno de Jorge Batlle. De ese trabajo surgió un documento de acceso público que aporta datos sobre los casos.
Archivo y clasificación de los materiales
El dato llegó por la Conferencia Episcopal. Venía con la firma del presidente del grupo de obispos uruguayos, Arturo Fajardo, del cardenal Sturla y los obispos Carlos Collazzi y Milton Tróccoli.
Mediante un comunicado, la Conferencia explica que en “una carta fechada el 14 de noviembre del presente año, el Secretario de Estado de Su Santidad, el Papa Francisco, nos ha comunicado que el estudio y clasificación de los materiales contenidos en los archivos del Vaticano relativos a este tema ha finalizado”.
Los obispos señalan que “en nuestro país se vienen realizando esfuerzos por esclarecer la situación de los detenidos desaparecidos y dar una respuesta ética y adecuada a sus familiares”. Y en el documento agregan: “Como Iglesia nos sentimos comprometidos en esta búsqueda y compartimos el dolor de quienes no tienen respuesta ante la desaparición forzada de sus seres queridos”.
De esta forma, el Vaticano, de común acuerdo con la Cancillería uruguaya, puso a disposición la consulta del material recabado en los archivos de la Santa Sede y de la Iglesia uruguaya relativos a los detenidos desaparecidos.
En 2017 el gobierno uruguayo designó a Mario Cayota, exembajador en el Vaticano, como encargado de investigar los archivos de la Iglesia Católica referidos a violaciones de derechos humanos en la última dictadura militar. También se hizo un estudio en los archivos de la Conferencia Episcopal.
La consulta se basa en un protocolo de nueve puntos.
1. La consulta debe referirse a la información disponible en los archivos eclesiásticos relativos a los ciudadanos uruguayos desaparecidos o deternidos entre 1968 y 1985 así como a los ciudadanos extranjeros desaparecidos en Uruguay en ese período.
2. La consulta se realizará sobre el material donde aparezca mencionada la persona sobre la cual se busca información.
3. Podrán solicitar información la víctima directamente o a través de un representante legal con delegación explícita; un familiar hasta el tercer grado de consanguinidad o el segundo grado de afinidad, de un desaparecido o de una persona que haya fallecido; en caso de eclesiásticos y religiosos, su respectivo Obispo o Superior Mayor.
4. El interesado deberá completar una solicitud dirigida al Nuncio Apostólico en Montevideo. En el caso de ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina las solicitudes deberán ser dirigidas directamente al Secretario General de la Conferencia Episcopal Argentina en Buenos Aires.
5. Recibida la solicitud se evaluará la legitimación del solicitante y si la solicitud es pertinente. En caso de rechazo parcial o total de la solicitud, se comunicará por escrito al interesado. En tal caso, el solicitante podrá pedir que su solicitud sea reconsiderada, ofreciendo ulteriores elementos de juicio.
6. Si en los archivos eclesiásticos mencionados hubiera información relevante, esta será comunicada al solicitante.
7. En caso de que se entregue al solicitante copia de algún documento, los nombres de víctimas extrañas al interesado serán oscurecidos, en respeto a la esfera privada de las personas implicadas.
8. Los oficiales judiciales que deseen consultar el material conservado en el archivo de la Confederación Episcopal Uruguaya podrán dirigirse directamente a las autoridades de la Conferencia Episcopal
9. Si las autoridades judiciales desean obtener información conservada en los archivos de la Santa Sede, incluidos los archivos de las Nunciaturas Apostólicas en Montevideo o en Buenos Aires, deberán presentar una rogatoria internacional a través de los canales diplomáticos habituales.
