Piden a la CIDH medidas cautelares para 250 víctimas de Carabineros

Foto: EPA
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Contexto Nodal
El 4 de octubre el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos (1,16 USD, aproximadamente), lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran “evasiones” en el Metro para no pagar el pasaje. Esa forma de protesta se masificó desde el 17 de octubre y dio lugar a un estallido social en el que salieron a la luz las múltiples demandas del pueblo chileno. La respuesta del gobierno fue la represión y la implementación del Estado de Emergencia y el Toque de Queda. Las movilizaciones, huelgas y cacerolazos continúan en todo el país. Hay numerosas denuncias de violaciones a los DDHH: asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y abuso sexual por parte de las fuerzas de seguridad.

«Les creemos a las víctimas», afirmó la APDH

«Asesinatos, violaciones, mutilaciones oculares, torturas, detenciones ilegales, amenazas, amedrentamientos, más de dos mil presos políticos son las violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo chileno».

Esa es la síntesis del abogado Federico Pagliero sobre la represión desplegada por el gobierno de Sebastián Piñera desde el 18 de octubre pasado y por la cual la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA medidas cautelares a favor de 250 personas: manifestantes heridos, periodistas, voluntarios de la salud y defensores de derechos humanos que se encuentran desprotegidos y con sus vidas en riesgo.

Se trata de un pedido urgente para que la CIDH reclame al Estado chileno que, entre otras cosas, deje de utilizar armamento letal contra los manifestantes. La denuncia incluye la posible existencia de centros clandestinos de detención, una rémora de la matriz represiva heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, nunca desmontada.

Durante la conferencia de prensa Pagliero, abogado de la regional Rosario de la APDH, quien estuvo acompañado por los copresidentes de la APDH María Elena Naddeo y Guillermo Torremare, presentó también al Comité de Solidaridad entre los pueblos de América latina.

«Es un documento desgarrador con todas las pruebas de los delitos gravísimos que no veíamos desde la dictadura, un octubre trágico que sigue hasta hoy. Son nuevas formas de dictadura enmarcadas en democracias representativas y formales en las que se reproducen los métodos de la vieja doctrina de seguridad nacional de la Escuela de las Américas, por eso la lucha es continental», expresó Naddeo.

«Quiero repudiar los dichos de Piñera en relación a los supuestos montajes de la represión. Dijo que no eran reales, que eran de otros países. En 20 días fui testigo de la represión bélica y sistemática contra quienes ejercen el derecho a movilizarse», advirtió Pagliero, quien participó en Santiago de Chile de una reunión con el secretariado ejecutivo de la CIDH.

«Me hizo retroceder 40 años, cuando alegamos en la causa Feced. Recuerdo que en 1979 vino la CIDH a Argentina y hubo largas colas para hacer las denuncias. Esto fue similar, escuchar testimonios desgarradores en primera persona y de familiares de muchas de las víctimas. En ese mismo momento exhortamos a la CIDH a adoptar medidas cautelares de oficio para frenar la represión y exigir la libertad de los presos políticos».

El relato de Pagliero incluyó la descripción de las reuniones con distintas organizaciones populares y su participación, en calidad de observador junto con otros dirigentes de derechos humanos, de diferentes manifestaciones, munido con chaleco, casco y respirador. «Es impresionante la cantidad armamento desplegado por las fuerzas de seguridad, la cantidad de cámaras instaladas en los edificios, la utilización de los famosos ‘zorrillo’ para tirar gases, los ‘guanacos’ que tiran soda cáustica, las bombas lacrimógenas lanzadas con escopetas que provocaron homicidios, los perdigones que produjeron la mayoría de los 350 traumas oculares constatados, y los casos de quienes perdieron los dos ojos: representamos a todos los observadores porque a ellos también les disparan, hay un particular ensañamiento con los militantes de derechos humanos».

Labor de alto riesgo

A dos meses del inicio de la represión, Pagliero viajó por segunda vez a Santiago de Chile pero tuvo que cambiar de alojamiento porque quien lo había alojado la primera vez se había mudado por razones de seguridad. Tras el robo de tres computadoras de la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, las entrevistas se realizaron en bares y en hostels.

Pagliero describió con detalles los dos casos en que se basa la cautelar presentada ante la CIDH, el de una periodista detenida ilegalmente, obligada a desnudarse, y el asesinato de Abel Acuña, ocurrido el 15 noviembre, quien tuvo un paro cardíaco por los gases recibidos en la Plaza Dignidad, y a quien asistieron los brigadistas de la Universidad de Chile, que llamaron a una ambulancia y que, a su vez, fueron atacados por los mismos agentes que habían arremetido contra Acuña, quien murió «porque la ambulancia nunca pudo llegar: lo asesinaron».

Tras destacar la presencia mapuche en la protesta, el abogado recordó el caso de un joven de ese pueblo indígena que fue torturado, violado y abandonado en un descampado, y quien no hizo la denuncia por temor.

Torturas y desapariciones

La estación Baquedano del Metro, que había sido un centro clandestino de detención en la dictadura, «fue quemada», pero esa acción que las fuerzas de seguridad atribuyeron a los manifestantes, les permitió a las represores ejercer un control adicional de los alrededores de Plaza Dignidad. «Hay dos casos comprobados de personas torturadas allí, pero podrían ser más porque no todos se animan a denunciar. El Instituto de Derechos Humanos de Chile (INDH) es del Estado, por eso nadie confía en sus cifras», advirtió Pagliero.

La cautelar ante la CIDH solicita al Estado chileno que intervenga para evitar un daño irreparable. No es una condena sino el pedido de una urgente intervención en defensa de quienes están en peligro. «Pedimos cosas concretas, medidas de resguardo, atención para los lesionados, cese del uso de armas letales, que ya provocaron 29 homicidios, y libertad de trabajo para médicos y periodistas, además de atención de personas heridas y reparación para las víctimas de trauma ocular», explicó Pagliero.

Torremare, por su parte, aclaró que, como los delitos de lesa humanidad están contemplados por el principio de jurisdicción universal, «se pueden iniciar causas en otro país, y por eso estamos de acuerdo con que las denuncias se hagan acá».

PáginaI12 requirió información sobre personas desaparecidas, y Pagliero apeló a otra de sus vivencias. «Nos dijeron que fuéramos a un lugar para recibir información en un pen drive. Al llegar nos encontramos con una convocatoria de cien personas, bajo una lona, para evitar que nos grabaran desde arriba, y allí los denunciantes explicaron que hay centros clandestinos de detención que no fueron desmantelados y siguen funcionando, secuestran a chicos y chicas de primera línea, que se bancan todo para que se puedan hacer actos y marchas».

El abogado dijo haber tomado conocimiento de dos jóvenes que estuvieron en galpones durante cinco días. «Al oscuro, parados, una de las chicas escuchó cómo violaban a otra, eran 4 habitaciones con 20 personas cada una. Al liberarla le dijeron ‘tomate un vaso de agua’, y no se acordó de nada por ocho horas. Son dos casos denunciados de compañeras de barrios populares, yo les creo porque los testimonios son la prueba fundamental en casos de terrorismo de Estado, pero otros dudan», dijo Pagliero. Torremare avaló su testimonio: «Como organismo de derechos humanos nosotros le creemos a las víctimas, es la voz precisa cuando investigamos este tipo de delitos».

Nuevo paradigma de solidaridad

Luego de varios encuentros con organismos de derechos humanos, sindicales y movimientos feministas se conformó un equipo unificado junto con la Comisión Chilena de DDHH, conformada en 1975, y se decidió presentar una cautelar para proteger a diferentes sectores de la sociedad civil.

Se reclamó protección para 17 organizaciones y 250 personas. «El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente Sebastián Piñera celebraba y en la calle nos reprimían. Queríamos marchar desde la Plaza de la Dignidad hasta La Moneda, pero estaba bloqueado el acceso, así que fuimos a los Tribunales de Santiago, al acampe de la dignidad, una palabra que suena en todos los rincones del país desde el primer día de la revuelta, que ya cumple 70 días», relató Pagliero.

“Ese día la represión fue brutal –continuó el abogado de la APDH-. Había dos jóvenes gravemente heridos porque dos cartuchos de gas lacrimógeno habían impactado en sus cráneos. Fue muy difícil hacer el acto, en el que participó Rigoberta Menchú, también llorando por los gases, más potentes que los usados en octubre, ya que te descomponían al instante. Alrededor de las manifestaciones había voluntarios pero ellos también fueron atacados».

Pagliero pasa de la primera a la tercera persona sin transición. «El primer día fue imposible llegar a la Plaza, me perdí, no tenía un celular local (…) me sentí en otra época, pero me di cuenta de que había habido un cambio de paradigma entre los compañeros en cuanto a la solidaridad. Dos chicos me asistieron, me abrazaron, me dieron agua, leche con bicarbonato, spray contra los gases», recordó el abogado rosarino. Poco después describió la olla popular a la que había sido invitado como “deslumbrante”. Aquella noche comprendió el sentido profundo de la consigna “No son 30 pesos son 30 años”.

Tras la conferencia, entre el público quedó latente la conciencia de que no alcanzará el cambio de la Constitución. «No es cierto que la revuelta sea inorgánica. En la Mesa de Unidad Social están todos los gremios, privados y estatales, portuarios, los del cobre y hasta las empleadas domésticas, alrededor de 100 organizaciones. (…) Esto no comenzó en octubre, se viene preparando desde 2006”, concluyó la misma joven que había preguntado acerca de los alcances de la justicia universal respecto de los derechos humanos.

Página 12


Patrulla de Carabineros atropella a joven cerca de local de rendición de la PSU en Pudahuel

Este martes una patrulla de Carabineros atropelló a un joven en las cercanías de un colegio donde se estaba rindiendo la PSU en la comuna de Pudahuel.

El incidente quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se ve cómo el joven cruza la calle segundos antes de que llegue el vehículo, y luego es impactado por la patrulla.

El primera instancia, el joven de 24 años, de iniciales S.I.P.S. fue trasladado al CESFAM Gustavo Molina Guzmán, en la misma comuna.

El manifestante llegó estable, consciente y con un trauma en su brazo izquierdo al centro asistencial, donde no fue posible determinar qué lesión tenía, por lo que fue trasladado a un hospital traumatológico en la comuna de Santiago.

Tras el hecho, Carabineros declaró que el atropello ocurrió a las 11:55 horas mientras la radiopatrulla concurría a ayudar a una unidad que estaba siendo atacada. Según la institución, la patrulla involucrada en el accidente también fue atacada y resultó con su parabrisas quebrado.

«Acto seguido, y con el vidrio dañado, el conductor se encuentra en plena calzada con un peatón que –tal como se aprecia en el video– se dirige corriendo hacia el móvil, el que hacía uso reglamentario tanto de los elementos visuales como sonoros que alertan el paso de un vehículo de emergencia, resultando lesionado el ciudadano de iniciales S.I.P.S., de 24 años», agregó Carabineros.

La institución explicó que la patrulla se retiró del lugar y no prestó atención al herido porque un grupo de personas comenzó a lanzarle objetos al vehículo, pero de todas formas solicitaron asistencia médica para el afectado.

T13


Se juegan la carta del miedo: mayoría de Chile Vamos acusa falta de condiciones para paz social y confirma rechazo a una nueva Constitución en plebiscito de abril

En Chile Vamos se comienza a consolidar el rechazo a la nueva Constitución en el plebiscito. Este martes, ocho de los nueve senadores del comité de Renovación Nacional (a excepción de Manuel José Ossandón) anunciaron en el Congreso que estarán por el NO en la votación del 26 de abril. Solo faltaba la confirmación de la UDI, que ocurrió poco más tarde, a través de su comité de senadores.

A esta muestra de la fuerza mayoritaria que tiene en el oficialismo el rechazo a una nueva Carta Magna, se suma Evópoli. Este lunes, 4 de 6 diputados (Luciano Cruz-Coke, Sebastián Álvarez, Andrés Molina y Pablo Kast) se declararon en “estado de reflexión”, pese a su postura a favor de una nueva Constitución que el partido había anunciado en noviembre. Mientras, el líder natural del partido Felipe Kast relativizó el voto de abril, señalando que “hoy votar que no es tan legítimo como votar que sí”.

La alineación mayoritaria de fuerzas en el oficialismo contra la nueva Constitución fue celebrada por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien comentó en Twitter la postura de rechazo de RN liderada por el senador Andrés Allamand. A juicio del exdiputado, “es una muy buena noticia para el país. Cada día que pasa, el sentido común se impone y más chilenos se van sumando al rechazo a esta Constitución impuesta por la fuerza y el chantaje”.

En la oposición se lanzaron en picada contra la derecha, rechazando el argumento de la falta de condiciones para la paz social señalando que el Gobierno es el responsable de no aplacar la violencia. También pusieron el foco en el argumento de que la UDI nuevamente impuso su hegemonía en la coalición oficialista y cuestionaron el papel cumplido por el Presidente Sebastián Piñera. De paso, acusaron además que el oficialismo en definitiva se está alineando con la extrema derecha. “José Antonio Kast tiene de rehén a Chile Vamos”, señaló Jaime Quintana (PPD).

El «comodín» de la violencia

Justamente el argumento desplegado por la derecha es el «poco compromiso» de la oposición en su rechazo a los hechos de violencia. De hecho, en la declaración firmada por los senadores RN explican que ellos sólo acordaron apoyar el «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución» del pasado 15 de noviembre.

«Lo hicimos de buena fe. Con ello, pensábamos estar haciendo un aporte a la paz y a la seguridad del país, y al mismo tiempo, dar una respuesta concreta a inquietudes planteadas por muchos ciudadanos», explica el texto difundido por Allamand, Carmen Gloria Aravena, Juan E. Castro, Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea, José García, Rafael Prohens y Kenneth Pugh.

Allamand, quien explicó que «el voto rechazo es el que permite y asegura que los cambios constitucionales que el país necesita se realicen dentro de la institucionalidad democrática a través de procedimientos institucionales conocidos y seguros (…) Nos parece que el camino de la convención no garantiza esos procedimientos seguros», agrega. Por su parte, el senador Chahuán dijo que “nuestro rechazo es propositivo, programático, es un NO propositivo”.

En la UDI se plegaron al argumento de la paz social para explicar su rechazo. En esta línea, la senadora Ena von Baer explicó que el partido firmó el pasado 15 de noviembre el “Acuerdo por la paz social y una nueva Constitución” con el objetivo de dar una “salida pacífica” a la crisis social. “Como hemos visto que este proceso no se está desarrollando en paz hemos decidido como bancada de senadores de la UDI votar que No, votar rechazo”, indicó.

“La disposición de acuerdo fue porque consideramos esa noche que era relevante firmar para encontrar un camino democrático y pacífico para salir de la situación de violencia que hemos vivido (…) lo que vemos hoy es que muchos sectores, a pesar de haber firmado o a pesar de que el camino del cambio a la Constitución es el que soluciona la situación de violencia que estamos viviendo en este país, siguen, o ejerciendo violencia, o apoyando la violencia, o no rechazando tajantemente”, añadió Von Baer.

Pero al mismo tiempo la legisladora hizo una férrea defensa de la Constitución de 1980, señalando que “la Constitución que hoy rige le ha dado a Chile la posibilidad de desarrollarse, de tener oportunidades en la vida, de reducir las brechas de seguridad y creemos que las demandas sociales no se solucionan con un cambio a la Constitución”.

El anuncio de la UDI incluye además a Jacqueline Van Rysselberghe, David Sandoval, Víctor Pérez, Juan Antonio Coloma, José Miguel Durana, Luz Ebenspenger, Alejandro García Huidobro e Iván Moreira.

Desbordes: “No hay golpe blando”

Pese a la declaración del comité de senadores RN, el presidente de la tienda, Mario Desbordes le restó dramatismo a la decisión. “El partido está en libertad de acción, nosotros creemos que es legítimo que haya personas a favor y en contra. En la comisión política están redactando ahora un voto similar en donde tres cuartas partes está por el sí. La juventud está en la misma posición, entonces el partido tiene posturas diferentes ahora como pasa en muchas familias lo importante es que esa postura distinta se canalice de manera respetuosa y como siempre ha sido en RN, con armonía”.

En esta misma línea, Desbordes negó que la declaración de los senadores de su partido represente un “golpe blando”, como acusó el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD). “Tengo el apoyo mayoritario, los mimos senadores lo mencionaron cuando hicieron la conferencia, ya quisiera el senador Quintana el apoyo que tiene el presidente de Renovación dentro de su partido. Yo no tengo problemas dentro del partido, al revés, y le quiero asegurar algo, el partido se va a mantener unido aun cuando hay diferencias de opinión hasta el 26 de abril y el 27 de abril, si es que gana el sí, este partido va a liderar a la centro derecha en el trabajo por ganar la constituyente”, indicó.

Consultado por el argumento respecto a la falta de condiciones para la paz, Desbordes fue enfático en señalar que “hay un dato objetivo, hay una violencia radical desatada por grupos muy minoritarios que está provocando estragos a nivel nacional y que lamentablemente es la mayor aliada hoy día, de la opción rechazo”.

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