La Corte Nacional anuncia tribunal que juzgará a Rafael Correa y a Jorge Glas
En manos de los jueces Marco Rodríguez, Iván Saquicela Rodas e Iván León se encuentra el futuro de 21 personas procesadas en el caso Sobornos.
Los tres magistrados conformarán el Tribunal de Juzgamiento. Serán responsables de condenar o absolver a los sospechosos de una red de corrupción, en donde el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros altos funcionarios de su gobierno están vinculados.
La Corte Nacional confirmó esta información y dijo que cuatro de los siete jueces que son parte de la Sala Penal están inhabilitados, porque ya tramitaron este expediente judicial en instancias anteriores.
Los únicos habilitados son León, Rodríguez y Saquicela.
Pero para que su designación sea oficial es necesario que se realice un sorteo y entre ellos se designará al presidente o denominado juez ponente que dirigirá el juicio. Cuando esto ocurra, la Corte deberá notificar a los defensores, a la Fiscalía y a la Procuraduría.
Para Fausto Jarrín, abogado de Correa, “este Tribunal no existe hasta que no se notifique formalmente”.
Jorge Luis Ortega, defensor del exministro Walter Solís, coincide con ese criterio. “No puedo pronunciarme sobre una cosa que todavía no está conformado (oficialmente)”.
Para ambos, lo importante será conocer quién es el jurista que presidirá el Tribunal. “Más allá de que por descarte (por inhabilidad de cuatro jueces) los tres vayan a conocer el caso, hasta que se sepa quién es el juez ponente no hay mucho que decir”, agregó Jarrín.
Según el Código Penal, el juez ponente es el que dirige el juicio. En el art. 615 se detalla cuál será la actuación de este magistrado. Allí se dice que él tomará el juramento de los testigos o peritos, dirigirá los interrogatorios y determinará los tiempos de las intervenciones.
Otra facultad que tiene el presidente del Tribunal es recibir pruebas nuevas que no se hayan practicado durante la fase de investigación. Esto puede ocurrir siempre y cuando se cumplan dos requisitos. Primero, que quien solicite justifique que no conocía de la existencia de la prueba sino hasta ese momento. Y, segundo, que la evidencia sea importante para demostrar los hechos.
La semana pasada, en la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron a la jueza del caso, Daniella Camacho, que excluya “un cúmulo de pruebas” que anunciaron los defensores, pero que no fueron solicitadas durante la instrucción fiscal.
La jueza indicó que ella no podía fallar sobre eso y aseguró que solo el juez ponente podrá analizar los pedidos y valorar las pruebas existentes.
De los tres jueces que conocerán el caso, León es el único temporal. Para él será su primer juicio en la Corte Nacional. Llegó la alta función el pasado 3 de diciembre, cuando el Consejo de la Judicatura lo nombró como reemplazo de los jueces penales que salieron por no superar la evaluación.
En cambio, Rodríguez y Saquicela son titulares desde el 2017. Rodríguez ha sido parte del Tribunal que declaró culpable de concusión al excontralor Carlos Pólit. Condenó a cinco años de cárcel al exministro del Deporte, Raúl Carrión, y ratificó la sentencia de seis años contra el exvicepresidente Glas, como parte del Tribunal de Apelaciones, en el caso Odebrecht. Además, llamó a juicio al exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, por supuesta falsificación de documentos.
Saquicela, por su parte, ha sido miembro de diferentes Tribunales en casos igual de complejos. Por ejemplo, él conoció la casación del caso Odebrecht, que es la última instancia, y confirmó la sentencia. Condenó a Pedro Delgado, expresidente del Directorio del Banco Central, a cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito. También confirmó la orden de prisión preventiva en contra del expresidente Correa, por su posible participación en el secuestro de Fernando Balda, ocurrido en el 2012.
Otros expedientes en los que ha actuado Saquicela son el caso Singue, en donde también está vinculado Glas, y el proceso contra la exasambleísta Norma Vallejo, a quien llamó a juicio por concusión.
Después de que la Corte Nacional notifique formalmente la conformación del Tribunal, los abogados podrán analizar las designaciones. El Código General de Procesos, en su artículo 20, señala que los abogados pueden solicitar la excusa o recusación, para que algún miembro del Tribunal se aparte del expediente.
Eso se puede dar, entre otras causas, cuando un juez es pariente de algún procesado, cuando ha manifestado “opinión o consejo” sobre el tema o por “enemistad manifiesta” contra un sospechoso.
Hojas de vida de los jueces
Marco Rodríguez. Nació en Quito. Tiene más de 25 años en la Función Judicial. Fue Presidente de la Corte Provincial de Pichincha del 2016 al 2017.
Estudios.Es doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central. Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, y tienen un PhD en Derecho.
Iván Saquicela. Es cuencano. Del 2007 al 2015 fue fiscal en Azuay. Se desempeña como docente universitario.
Estudios. Es doctor en Jurisprudencia. Tiene un doctorado por la Universidad Católica de Buenos Aires. Es especialista en Derecho Penal, Justicia Indígena y Criminología.
Iván León. Es de la provincia de Cotopaxi. Trabajó en la Fiscalía del cantón La Maná en el 2013. Fue presidente de la Corte de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas desde el 2016-2019.
Estudios. Es abogado por la Universidad Central. Es magíster en Derecho Penal y Criminología.
La CIDH pide informe a Ecuador sobre asambleístas de Revolución Ciudadana asilados en la embajada de México
Ayer se venció el plazo para que el país informe sobre la situación de los cuatro asambleístas y sus cónyuges que permanecen en la embajada de México, en Quito.
Ayer se completaron los 15 días que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dio como plazo al Estado para que informe sobre la situación de los cuatro asambleístas de la Revolución Ciudadana y sus cónyuges que permanecen en la embajada de México, en la capital.
A través de un documento enviado al ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, la CIDH señala que el organismo fue informado sobre la protección y resguardo que el gobierno de México otorgó a Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri, Luis Molina y Leonidas Moreno; y a Luis Flores, Edwin Jarrín y Tania Pauker, cónyuges de los tres primeros, respectivamente.
El organismo hace referencia a investigaciones y amenazas de ejecución de órdenes de aprehensión en contra de los señalados, producto de las protestas de octubre pasado; y le recuerda al Ecuador, que “toda persona tiene el derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación nacional y los convenios internacionales…”.
