Informe de la CIDH determina criminalización y estigmatización de manifestantes durante el paro de octubre
Detenciones arbitrarias, criminalización y estigmatización de manifestantes durante el paro, según CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe con las observaciones sobre la visita que realizó a Ecuador, tras las protestas que ocurrieron del 3 al 13 de octubre de 2019. El organismo condena enérgicamente el alegado abuso del uso de la fuerza, así como la violación al derecho a la vida de las personas que fallecieron. Además, resalta que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación, no vuelve violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza o a practicar detenciones masivas.
La CIDH toma nota “con preocupación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, que no tomaran en cuenta los protocolos interamericanos e internacionales establecidos para la actuación en dichas ocasiones, como demostrado por la utilización indiscriminada de gas lacrimógeno, incluso en espacios en los cuales madres estaban reunidas con sus hijos y por las distintas muertes registradas en el periodo”, dice una de las conclusiones del informe de la CIDH.
Alerta que el uso de la policía y de las fuerzas de seguridad debe centrarse estrictamente en la contención de actos de violencia; así como garantizar el derecho a protestar, sin cualquier tipo represión directa o detención arbitraria de los manifestantes pacíficos.
La CIDH insta a las autoridades a que investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes, tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población.
También señala que la CIDH ha registrado un alto número de aprehensiones que suelen producirse de manera y bajo circunstancias que podrían sufrir cuestionamientos en cuanto a su legalidad bajo un sistema democrático de derecho.
Además, condenan enérgicamente la violación al derecho a la vida de las personas fallecidas, que habrían ocurrido como consecuencia del uso excesivo y arbitrario de la fuerza y actos de violencia dirigidos contra quienes que representarían una amenaza inminente a los agentes de seguridad del Estado o en el marco de las protestas.
Especialmente, la CIDH advierte que la caída de dos personas del puente de San Roque habría ocurrido en un operativo de policial cuyas circunstancias indicarían una actuación represiva y violenta de los agentes del Estado en un contexto que pertimitía la utilización de medidas alternativas de resolución de conflictos.
Sobre las medidas económicas adoptadas por Ecuador, con el Decreto Nº 883 (suspensión de subsidios a los combustibles), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que carecieron de un proceso previo de consulta ciudadana, transparente y participativo; así como de una evaluación de impacto en términos de progresividad.
Informe: CIDH Presenta observaciones de su visita a Ecuador
Medidas cautelares de la CIDH liberaron a Pabón luego de 72 días de prisión
Luego de 72 días se hicieron efectivas las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la Prefecta Paola Pabón, el Gobierno Nacional a través de sus instituciones intentó hacer caso omiso, pero la presión popular y una jueza encargada (Pavlova Guerra) que hizo valer la justicia y la verdad, lograron hacer que la prefecta de Pichincha pueda defenderse en libertad.
El dossier de la CIDH, informa sobre la medidas cautelares entregadas a Pabón, Hernández y González, “el 6 de diciembre la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de Paola Verenice Pabón Caranqui, Prefecta de Pichincha; Virgilio Hernández, Secretario Ejecutivo del Movimiento de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana; y Christian Fabián González Narváez”.
Días antes del cumplimiento de las medidas cautelares, por parte del Gobierno de Lenín Moreno y bajo una presión mediática de cadenas de comunicación cercanas al régimen, se constató por parte de diferentes sectores de la ciudadanía, la criminalización de los líderes del movimiento Revolución Ciudadana (RC), que a pesar de su cargo de Prefecta la encerraron en una cárcel fuera de la capital y con alto riesgo para su vida.
En un último momento, se pidió la reformulación de cargos para los acusados de rebelión, intentando imputar algo que nunca se comprobó. Hoy se encuentran los ciudadanos defendiéndose en libertad gracias a las medidas cautelares.
En el documento de la CIDH, indica que para decidir sobre el otorgamiento, de aquellas medidas cautelares se “señaló que entre los indicios que pueden tomarse en cuenta al momento de valorar la situación de riesgo de los propuestos beneficiarios, tras supuestas amenazas y actos de hostigamientos presuntamente relacionados con sus labores como líderes de oposición política, consideró las declaraciones supuestamente estigmatizantes de altas autoridades en las que directamente se les señala como responsables de los altercados”.
La ciudadanía puede corroborar que “no son supuestos” como lo dice el Informe, el permanente ataque contra los líderes del movimiento Correísta, se puede constatar las acciones de tratar de involucrar últimamente al padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, en un supuesto caso (Flamingo) de enriquecimiento ilícito, quien ya se encuentra libre. Obviamente muchos medios se encargaron del linchamiento mediático, hasta el mismo presidente Moreno dio un juicio de valor sin ninguna justificación en su visita a la ciudad de Cuenca.
Regresando al tema que nos compete sobre el cumplimiento de las medidas cautelares para la Prefecta de Pichincha, el exasambleísta y un dirigente de la RC, “el Estado informó que se celebró una reunión el 10 de diciembre de 2019 entre diversas instituciones del Estado para efectos de analizar la situación de las 3 personas beneficiarias, y el 18 de diciembre de 2019 se mantuvo reuniones con sus representantes y se concertaron las medidas adecuadas para cumplir con lo dispuesto en la CIDH”.
Además, revela el Informe de la CIDH que “el Estado también informó que realizó las valoraciones médicas correspondientes en atención a la salud de las personas beneficiarios, y se realizaron los traslados de Christian González y Paola Pabón a otros centros penitenciarios con menor riesgo”.
De esta manera termina el párrafo de la CIDH, que hace referencia a los acusados de rebelión, que fueron liberados el 24 de diciembre de 2019, lo que les comunicó el Gobierno “del mismo modo, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para investigar los hechos referidos en la resolución que otorga las medidas cautelares. El Estado confirmó que las 3 personas beneficiarias se encuentran en libertad”.
