Honduras: incrementa el rechazo al cierre de misión internacional de la OEA contra la corrupción
«Sin justicia no hay democracia»: CNA ante tiro de gracia a la MACCIH
“Sin justicia no hay democracia” es la carta abierta a la ciudadanía que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha hecho pública en una conferencia de prensa.
El CNA manifiesta sentirse consternado por la connivencia alcanzada entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para dar un “tiro de gracia” con la no renovación del convenio a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), y consideran que es una acción que va en contra del reclamo popular frente al acceso a la justicia.
La Carta Abierta es para dar a conocer las nefastas consecuencias que tiene haber suprimido la presencia de la Maccih, puesto que su única tarea fue penetrar mediante investigaciones robustas los engranajes del poder coludidos con el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción en el sector público y privado.
Honduras ha venido sufriendo una serie de injusticias a manos de un pequeño grupo de astros alineados a favor de la corrupción y la impunidad, que han consagrado el debilitamiento de las instituciones públicas, la falta de garantía de los derechos ciudadanos, el empobrecimiento masivo y la exportación de mano de obra barata para sobrevivir con una economía sostenida por las horas trabajadas en condiciones extremas de parte de nuestros compatriotas, reza la carta.
La democracia es más que un procedimiento: consiste en la participación ciudadana; en que las decisiones recaigan en la soberanía del pueblo pues es el combustible de la legitimidad y la demostración del reconocimiento ciudadano. Mientras que la función de la justicia redistributiva y social debe estar guiada por políticas públicas que aseguren que todas y todos seamos tratados como iguales en los servicios del Estado: situación que por lejos ocurre en esta Honduras.
En ese sentido, se debe ser claro que el único propósito por el cual llegó la Misión, y que tuvo su razón de ser en el reclamo popular de toda una nación que se movilizó de manera indignada por los descomunales índices de corrupción, fue para contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas con un fuerte acento en los operadores de justicia que distan mucho de ser independientes.
Tras décadas de corrupción y saqueo del patrimonio público, las condenas son escasas y resultan irrisorias, existen cientos de causas “engavetadas” y quedan, por ejemplo, descaradamente impunes. Por eso afirman que la “inseguridad es hija de la corrupción” y que “la corrupción mata”.
La única propuesta gubernamental ha sido el retroceso, el totalitarismo y más años de oscuridad. Y es que los poderes públicos y las instituciones están fuertemente atravesadas por la cultura de la mafiosidad: la asociación ilícita de funcionarios con grupos privados y transnacionales en beneficio personal, la cultura de la sobrevaloración en la obra pública, el narcotráfico, la trata de personas, la complacencia con los miles de espacios laborales que ejercen el trabajo esclavo, el comercio de armas, los negocios supermillonarios a costa de la contaminación del agua y el medio ambiente, y el reparto impune del subsuelo, la tierra pública y los bienes comunes.
“Así que con un nudo en la garganta vemos como los atropellos están por encima de los intereses nacionales y que los valiosos aportes que consumó la Maccih se pueden desvanecer en los anaqueles de la historia -si como ciudadanía- no actuamos a tiempo como en aquel 2015 que nos dimos cuenta que la soberanía popular si es posible ejercerla” señala el CNA en su carta.
El CNA es de la creencia que las decisiones económicas y las políticas deben estar siempre motivadas por el bien de las personas, considerando de un modo privilegiado a los más vulnerables, a los más pobres.
Señalan que no pueden resignarse a aceptar la inequidad y la injusticia social como datos de la realidad. No podemos separar la ética de la vida ni de la economía, mucho menos del acceso a la justicia.
Hoy la historia ratifica que se precisa de un giro de timón y avanzar hacia una sociedad que garantice a todas y todos los hondureños la plena vigencia de los derechos humanos, en forma integral y de manera justa y equitativa. También se deben garantizar los derechos políticos que constituyen el instrumento esencial para la participación ciudadana y el eje central del sistema democrático, dice la misiva en otro de sus párrafos.
Finalmente, el CNA cuestiona: Porque en Honduras hemos de preguntarnos ¿en dónde está, entonces, la democracia? ¿A cuáles definiciones responde un sistema incapaz de proporcionar la menor esperanza de seguridad y justicia para sus ciudadanos?
Los avances que dejó la Maccih en la persecución de los delitos de alto impacto, aun con su enorme relevancia, que significaría la consolidación del sistema de justicia, con su expulsión dejaron de ser suficientes para garantizar la paz en Honduras.
Honduras debe cumplir compromisos internacionales adquiridos contra la corrupción e impunidad: CONADEH
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) dio a conocer este lunes que Honduras debe apoyar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos contra la corrupción y la impunidad teniendo como guía fundamental el primer objetivo del convenio entre el Gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Del mismo modo reiteró que ha apoyado y dado seguimiento sistemático, al proceso de depuración de los operadores de justicia y a la lucha contra la corrupción e impunidad, en cumplimiento de su función de velar por la protección y respeto de los derechos humanos y del Estado democrático de derecho.
Con ese marco referencial, el Conadeh recordó que dio la bienvenida al establecimiento la de la MACCIH, conforme al Convenio entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA, de 19 de enero de 2016, con vigencia prevista hasta el 19 de enero del 2020, pero pudiendo “prorrogarse por canje de notas”.
En las diferentes circunstancias, expresa que ha apoyado la aplicación integral de dicho Convenio en función de sus objetivos, en especial, en la solución de las controversias y en la rendición de cuentas, por ambas partes.
Por lo tanto afirma que en sus más recientes boletines y declaraciones ha reiterado la importancia de la continuidad de la MACCIH y que toda diferencia de enfoques en cuanto al mecanismo de su implementación puede y debe solucionarse, teniendo como guía fundamental al primer objetivo principal del Convenio que es; “Apoyar al cumplimiento por parte del Estado hondureño de los compromisos internacionales adquiridos por éste, por medio de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el MESICIC, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención de las Naciones Unidad contra la Corrupción (UNCAC)”.
De igual manera, declara que la no renovación del convenio del mandato de la MACCIH entre el Gobierno de la República y de la Secretaría General de la OEA, impacta sensiblemente en la confianza ciudadana, dejando un sensible espacio de incertidumbre.
No obstante, el CONADEH rememora al Estado y la sociedad, que subsisten y tienen vigencia los compromisos internacionales del Estado de Honduras, expresados en el contenido antes relacionado del primer objetivo del Convenio que ha terminado.
Enfatiza que esas Convenciones internacionales y Declaración Americana obligan a Honduras, con deberes de cumplimiento ininterrumpido a atenderse por todas las instituciones del Estado, con mención especial del Poder Judicial y el Ministerio Público (MP) que han sido respectivamente fortalecidos, por la cooperación con la OEA, con el funcionamiento de los juzgados anticorrupción y de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
Por tanto, el Conadeh exhorta a la sociedad y al Estado, a unirse en torno a la institucionalidad antes indicada y toda aquella que, como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), realiza funciones contraloras para continuar su fortalecimiento en el desempeño eficaz de sus respectivas funciones de prevención, investigación, control y sanción de la corrupción e impunidad que vulnera la dignidad humana.
Para finalizar, el organismo defensor pide a la comunidad internacional su apoyo a Honduras, para que los conocimientos adquiridos y las experiencias útiles logradas sean desarrollados exitosamente por personal capacitado y profesionalmente certificado, con la debida coordinación y complementación interinstitucional, que favorezca el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales de Honduras.
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