Estallido social en Chile: promulgan ley «antibarricadas» y «antisaqueos» que restringe el derecho a la protesta y criminaliza a manifestantes
Ya es oficial: Comienza a regir la ley «antibarricadas» y «antisaqueos»
El Diario Oficial publicó en su edición de este jueves el proyecto de «ley antibarricadas» y «antisaqueos», iniciativa que modifica aspectos del código penal, con lo cual la norma entró en vigencia.
El texto, fruto de una moción de los diputados Gonzalo Fuenzalida y Marcela Sabat (RN), Miguel Ángel Calisto, Gabriel Silber y Matías Walker Prieto (DC), aumenta las sanciones para quienes impidan el libre tránsito por medio de barricadas en las calles, con una «pena de presidio menor en su grado mínimo».
La iniciativa establece además que «será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave».
Además, la normativa introduce en el Código Penal el delito de saqueo, sancionando el robo en lugar no habitado, más aún cuando ocurre en un contexto de alteración del orden público o calamidad. Con estos agravantes, podría implicar condenas de hasta 15 años de cárcel.
Además, habrá sanciones al llamado «el que baila pasa», que podrían ser las mismas de la ley «antibarricadas» al considerarse un delito de obstrucción del tránsito.
Para los detractores, esta ley solo busca criminalizar la protesta social derivada del «estallido» del pasado 18 de octubre.
Ley antisaqueo y antibarricada by Radio Cooperativa on Scribd
ONU critica «Ley Antisaqueos» por restringir derecho a reunión y gobierno envía informe a Ginebra
El pasado 23 de enero Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH (ACNUDH), envió a Chile una comunicación reservada, en la que manifestó su preocupación por “Ley Antisaqueos”, aprobada el 16 del mismo mes y que pronto será promulgada.
Básicamente, el alto funcionario criticó la modificación del artículo 268 del Código Penal que sanciona a las personas que -careciendo de autorización para manifestarse- interrumpan el libre tránsito de vehículos y personas con métodos violentos (el que baila pasa) y por extensión robos, saqueos y daños.
“Si bien los actos de robo, saqueo o daños son conductas ilegales y punibles, en esta instancia el legislador parece estar fallando en distinguir entre interrumpir la libre circulación mediante violencia, y la simple interrupción (…) durante las manifestaciones”, se lee en el documento de 3 páginas al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Lea el documento
Y agrega: “Que sea autorizada o no (una manifestación), instalar obstáculos o interponer vehículos en la vía pública en el contexto de las manifestaciones es un fenómeno común que no debe ser criminalizado (…) ni tampoco (…) los participantes, ya que no equivale necesariamente a la violencia”.
A juicio del Relator Especial, esta falta de claridad deja un amplio margen de interpretación legal y atentaría en contra de la “expresión legítima del derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación”.
A renglón seguido, Nyaletsossi Voule, asegura que el nuevo cuerpo legal es preocupante “tomando en cuenta el contexto local que ha caracterizado el país desde el octubre pasado (…) por el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes (incluyendo niños, niñas y adolescentes)”.
Por lo anterior, solicitó que La Moneda explicara en un informe al ACNUDH, cómo la autoridad pretendía adecuar el marco normativo a los compromisos y estándares internacionales adquiridos por Chile y “garantizar la protección del derecho a la libertad de reunión pacífica, tanto a nivel administrativo como a nivel operativo”.
Brazos cruzados
La respuesta de La Moneda al órgano dirigido por Michelle Bachelet, no se hizo esperar y a través de la Misión Permanente de Chile en Ginebra, Suiza, entregó un detallado informe, el pasado 27 de enero.
En el documento de 6 páginas, al que también accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el gobierno “considera que no existe una afectación a las libertades de reunión y asociación”.
Lea la respuesta del Estado
Se indicó que durante la tramitación legislativa del proyecto, fueron considerados “cuidadosamente” esos preceptos constitucionales. Para ejemplificar, usó la explicación que entregó el senador Felipe Harboe en el segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta.
“En efecto, tal como se señaló por senadores que intervinieron en el estudio del proyecto de ley, el derecho a reunión pacífica no se vería coartado por la tipificación de este delito, ya que, de acuerdo a un ejemplo puesto: “(…) si un grupo de personas se cruza de brazos e interrumpe completamente el tránsito en una calle (…) no queda sancionada por esta disposición”, señala el documento.
En la respuesta La Moneda insiste en que la nueva legislación permite “que las personas manifiesten sus opiniones en la vía pública, perturbando e incluso interrumpiendo el tráfico, siempre que lo hagan de manera pacífica”. Otra cosa, se lee en el documento, es que lo hagan usando “barreras, estorbos, barricadas u obstáculos en general, ya que este tipo de elementos ponen en grave peligro la vida y la integridad física de quienes circulan en vehículos”.
De una u otra manera, la respuesta entregada por el gobierno a la ACNUDH, se relaciona con la acusación constitucional en contra del suspendido intendente metropolitano, Felipe Guevara, que ya aprobó la Cámara de Diputados, el 23 de enero pasado. En otras palabras, el mismo día en que el organismo internacional pidió un informe a Chile.
Los parlamentarios de distintas bancadas acusaron a Guevara de haber ejecutado un “copamiento” policial en la llamada Plaza de la Dignidad (o Baquedano), impidiendo con ello el derecho a reunión consagrado en la Constitución. La decisión final la votará la próxima semana el Senado.
Los presos de la revuelta: El silenciado drama que ha dejado la represión de Piñera
Por Camila Sierra Madrid
Nunca ha sido un tema popular. Tiene más detractores que adherentes. Quizás por lo mismo ha sido difundido principalmente por redes sociales y no por medios tradicionales como la radio o la televisión abierta. A la cárcel va la gente pobre. Como si no existieran problemas de hacinamiento en ellas, en el contexto del estallido social han decidido juntar en algunos centros penitenciarios dos módulos en uno -como en el caso de Santiago 1-, esto para que uno se llene con ‘los mecha’, como llaman a quienes han caído en ellas acusados de porte de bombas molotov.
Son más de 2.500 personas en prisión preventiva, cifra que en este momento supera a las que se ha anotado cualquier dictadura ocurrida en el mundo, además de los 3.500 controles de detención y las alrededor de 23.500 formalizaciones que han ocurrido hasta ahora.
Se trata de hombres y mujeres -estas últimas en mucho menor cantidad- de todas las edades, repartidos principalmente en el módulo 14 de Santiago 1, en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS); en la cárcel de Puente Alto y de San Miguel; en Centros de Internación Provisoria (CIP) del Servicio Nacional de Menores (SENAME); en la ex Penitenciaría de Santiago; y en las cárceles de Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Chillán, Concepción, Temuco y Puerto Montt.
En general, ‘los mecha’ arriesgan desde 3 años y 1 día a 10 años de condena efectiva. Cabe recordar que después de la reforma a la Ley de Control de Armas que realizó la ex Presidenta Michelle Bachelet en el año 2014, la legislación se hizo más rigidiza. El abogado Julio Cortés menciona que en ella entró el tipo penal de artefacto explosivo (que anteriormente era un vacío en la ley) y que ahora se aplica, además, el modelo Ley Emilia, por lo que no hay derecho a beneficios aunque la condena sea baja. Sin embargo, el jurista apunta que “hay cientos de recursos para la inaplicabilidad de esa regla, que ve el Tribunal Constitucional, y por lo general acoge”.
Según la abogada de la Defensoría Popular, María Rivera, “Chile antes del 18 de octubre se mostraba como que era un Estado democrático, pero hoy vemos que de democracia no tiene nada. Porque los que no caen presos, están heridos, o han perdido la vista; han sido vulnerados en sus derechos más básicos”.
LOS NIÑOS PRIMERO: MENORES TRAS LAS REJAS
Según información recopilada por este medio en distintos organismos, los menores ingresados o reingresados al sistema del SENAME luego del estallido serían más de 100. No todos han quedado en internación provisoria.
Kevin Uribe y Mauricio Soto son dos de esos niños. Porque son niños. Con 16 años se encuentran en internación provisoria en el CIP San Bernardo, antiguamente conocido como Tiempo Joven. Ambos están imputados por la Ley de Control de Armas en el contexto del estallido social y se les acusa de haber portado dos botellas, alcohol y encendedores, siendo éstas las pruebas que tienen en su contra, elementos con los que supuestamente habrían fabricado bombas molotov. Fueron detenidos el 29 de noviembre cerca del Intermodal La Cisterna, a diez minutos de llegar a sus casas. En primera instancia, la Fiscalía pidió 90 días de investigación.
El 11° Juzgado de Garantía de Santiago accedió al arresto domiciliario total, pero el Ministerio Público lo impidió a través de una apelación verbal durante una audiencia el 2 de enero. Esto significa que los menores seguirán en internación provisoria hasta que la Corte de Apelaciones de San Miguel revise la causa. “El juez de garantía dijo que estos adolescentes efectivamente tienen las condiciones de esperar el juicio en sus domicilios y la Corte de Apelaciones de San Miguel lo revocó”, declara su abogada defensora, María Rivera.
Sobre la resolución de la dicha Corte, la jurista declara que esta es “increíble, la Corte dice ‘que es por haber cometido el delito en situación de conmoción pública’, pero no está acreditado que lo hayan cometido, no han sido condenados por ningún tribunal”. En ese sentido, advierte que antes del estallido “ningún chico quedaba detenido por porte de bomba molotov, ninguno”.
Rivera tiene conocimiento de dos casos en que sus defendidos han manifestado que “estando en Plaza Dignidad, les han pasado bombas molotov y ha resultado que quienes se las pasan, según ellos, han sido policías”. Sin embargo, la abogada plantea que aún así no es posible hablar de montaje. “El hecho de que hayan tomado la bomba ya no es montaje. Pero lo que pasó antes puede ser otra cosa, como que los engañaron, los provocaron, que los indujeron, pero a partir de que la tomaron ya no es montaje”, explica.
Las familias de Kevin y Mauricio están desesperadas. Han impreso afiches, han ido a las manifestaciones con lienzos y gigantografías con sus caras, participan de la Coordinadora 18 de octubre -organización autoconvocada que ha trabajado por la libertad de los presos luego del estallido social- y lo que más quieren, además de la libertad de los suyos, es que se visibilice su caso y que se les reconozca como presos políticos.
Margarita Cabrera, mamá de Kevin, dice que este tiempo “ha sido terrible, desesperante desde el inicio, esperando la fecha para que los niños puedan tener la posibilidad de salir. No he trabajado en este tiempo porque mi ánimo no me lo permite”. Ella es estilista, tiene una peluquería, pero por ahora se mantienen solo con el sustento de su pareja, el padre de Kevin, quien trabaja en la construcción. Tienen una hija de 8 años, la que pregunta todos los días por su hermano.
“Esto ha afectado a todo el entorno familiar”, dice Margarita. La deja tranquila que, al menos, su hijo ha recibido apoyo psicológico en el CIP donde se encuentra desde el primer día, y que Kevin y Mauricio participan en un taller de pintura y en uno de mosaicos. “Como una forma más amena de pasar el día a día”, piensa.
Lo mismo pasa con Sofía Arévalo (17) y Joaquín Cáceres (17). El día 4 de noviembre un grupo de jóvenes se manifestó frente a la Municipalidad de Buin. Resultaron quemadas dos bolsas de basura en la puerta del edificio -a modo de una especie de barricada-, las cuales fueron apagadas prácticamente de inmediato por un funcionario del lugar, quien ahogó el fuego con una manguera de jardín.
No hubo presencia de Carabineros en ese momento. Luego del hecho y a partir de grabaciones de las cámaras de seguridad del municipio, el Ministerio Público dictó la orden de detención en contra de los jóvenes, la que se concretó cuarenta minutos más tarde a ocho cuadras del lugar. Al día siguiente del control de detención realizado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, la Fiscalía les imputó el delito de incendio con riesgo a la vida de las personas, decretando el tribunal 100 días de investigación y dejándolos en internación provisoria en distintos centros del SENAME, a pesar de que ninguno de los dos tenía antecedentes penales de ningún tipo.
Según declaraciones de Karlita Jácobo, esposa de Luis Cáceres, padre de Joaquín, el joven días antes comenzó a ser seguido por Carabineros: “Como era dirigente estudiantil, habrían recibido órdenes de seguirlo, fue lo que le dijeron a mi cuñada, por eso es que sabían su recorrido”.
Sofía Arévalo y Joaquín Cáceres tuvieron audiencia de revisión de medida cautelar el 13 de enero. La abogada defensora de Sofía, Marlén Quintanilla, declaró después de la audiencia que “el tribunal cuenta unos hechos que realmente no ocurrieron”.
Karlita dice que “como familia ha sido una situación muy fuerte, porque nunca habíamos pasado por esto, nunca vimos cercana una posibilidad así. El puro hecho de que sea menor de edad ya es un remezón muy fuerte, es un dolor muy grande. Ha sido mucho cambio, muy frustrante”.
Joaquín, por su parte, y según lo que declara Karlita, se siente ahogado. “Estoy sintiendo el peso de no tener la libertad”, les ha reconocido. “Dijo que hasta la comida le sabía mal, pero que está con esperanzas de salir. Nos pide que apelemos luego, a ver si puede esperar la investigación en la casa”, cuenta Jácobo.
El pasado 22 de enero, los dos jóvenes consiguieron que la justicia accediera a cambiar su medida cautelar por la de arresto domiciliario total.
LAUTARISTAS PRESOS
Rubén Rivas (31), Gilberto Mendoza (31) y Esteban Bustos (26) son militantes del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL). Viven -o solían hacerlo- en Pedro Aguirre Cerda. El 30 de octubre se encontraban cerca de sus casas cuando fueron detenidos a eso de las 7 de la mañana. Los llevaron a la polémica 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, la misma que durante el estallido se ha visto fuertemente cuestionada por las violaciones a los Derechos Humanos que -se acusa- se han cometido en ella, como por ejemplo la violación con una luma que denunció un joven homosexual.
Imputados por prender una barricada en la línea del tren que atraviesa su comuna, fueron interrogados en la misma comisaría por el aparato de inteligencia de Carabineros, quienes se encontraban encapuchados, de acuerdo a lo que señalaron los jóvenes. Según Valeska Cornejo, pareja de Rubén Rivas, las personas que los interrogaron hicieron alusión a que los conocían, que sabían que pertenecían al MJL y se atrevieron incluso a hablar de sus familias y amenazarlas.
Luego de eso, fueron formalizados por el artículo 105 de la Ley de Ferrocarriles, que dice que “el que voluntariamente destruya o descomponga la vía férrea o que coloque en ella obstáculos que puedan producir el descarrilamiento o que de cualquiera otra manera trate de producir éste, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio”.
Quedaron en prisión preventiva. El Ministerio del Interior solicitó reformalizarlos y se querelló por Ley de Seguridad Interior del Estado, luego de que su abogado defensor, Lorenzo Morales de la Defensoría Popular, pidiera cambio de medida cautelar a arresto domiciliario, la cual fue concedida, pero revocada.
Una vez que volvieron a la cárcel, los lautaristas tomaron la decisión radical de comenzar una huelga de hambre. “Como una forma de hacer presión, que se visibilice su caso y el de todos, y poder levantar las demandas que son en realidad justas para ellos, con la esperanza de tener un juicio justo”, explica Cornejo.
Una vez terminada la huelga, el abogado volvió a pedir revisión de medida cautelar. El Estado amplió la querella a dos artículos de la Ley de Seguridad Interior del Estado en vez de uno. Hoy se encuentran nuevamente en la Unidad de Máxima Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), con 21 horas de encierro y 3 horas de patio, que en rigor son una y media de patio y una y media de pasillo, en que poco y nada ven la luz del sol.
“Nosotros no queremos que no haya investigación, no queremos que no haya juicio, simplemente queremos que todo el proceso se ajuste a lo que dice el Código Penal y que no hayan más irregularidades, porque hasta ahora la única forma de tenerlos presos es a través de la prisión preventiva”, dice Valeska, quien ha acompañado a los jóvenes durante todo el proceso.
Según la abogada María Rivera, la prisión preventiva “debe ser la última posibilidad después de que yo digo ‘esta persona tiene domicilio conocido, tiene acompañamiento de la familia, tiene trabajo, no tiene antecedentes anteriores, puede esperar el juicio en libertad’. Lo que pasa es que además acá se está obviando completamente la presunción de inocencia, porque si viene un carabinero y dice tal o cual persona lanzó una molotov, el Estado le cree inmediatamente al carabinero antes de que efectivamente se pueda probar en un juicio que lanzó la bomba molotov”.
Los jóvenes militantes del MJL deberían estar en Santiago 1, junto con los otros prisioneros que se encuentran en calidad de presos políticos luego del estallido. Sin embargo, según declaraciones de Valeska, los jóvenes están en la Unidad de Máxima Seguridad de la CAS “por su capacidad intelectual”. “Según Gendarmería, ellos son un peligro para la otra cárcel, porque podrían generar alzamiento en los presos y diferentes organizaciones, por eso los aislaron”, profundiza.
“Ya no son públicas las audiencias, hay miles de guardias, todos armados, como que los chiquillos fueran terroristas de Afganistán, una seguridad burda. Eso es para amedrentar yo creo, para generar en nosotros, los familiares, una sensación terrible”, agrega la mujer.
Tras haberles otorgado la privación de libertad en sus hogares, el pasado 28 de enero la Corte de Apelaciones de San Miguel los volvió a encarcelar.
“ES COMO QUE LES ESTUVIERAN ROBANDO TIEMPO DE SUS VIDAS A ESTOS CHICOS”
Mauricio Cheuke tiene 42 años y es poblador de La Victoria. Compartía en una esquina con sus amigos del barrio la noche del 14 de noviembre, fecha de aniversario del asesinato de Camilo Catrillanca, cuando lo tomaron arbitrariamente detenido. La 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda había sido atacada por manifestantes. Mauricio no estaba ni siquiera cerca de ella. Sin embargo, y por lo que relata en una carta que escribió desde dentro de la cárcel, lo tomaron, le cargaron un morral con una molotov, lo atropellaron antes de subirlo al carro policial, lo torturaron e hicieron hincapié en que por su apellido mapuche, debía “pagar” por lo que se supone había hecho.
La prueba de hidrocarburos arrojó que no había rastros de ellos en sus manos, mas se encuentra en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1. Tiene cuatro hijas y es el sustento económico de su hogar. Su esposa, Jocelyn Barrera, dice que el Estado destruyó su familia y que nadie podrá devolverle todo lo que ha sufrido. Jocelyn también participa de la Coordinadora 18 de octubre, instancia en la que ha encontrado apoyo y, según ella, se ha sentido menos sola, ya que “nunca pensó que algo así les podía pasar”.
Al igual que Cheuke, Alejandro Carvajal (19) está detenido en el penal Santiago 1 desde el 8 de noviembre, acusado de la quema de la Universidad Pedro de Valdivia en la capital. Se le está aplicando el artículo 475 del Código Penal que castiga al “incendiario con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo (…) cuando ejecutare el incendio en edificios, tren de ferrocarril, buque o lugar habitados o en que actualmente hubiere una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia”.
En una de las audiencias, su defensa solicitó cambio de medida cautelar a arresto domiciliario o libertad por falta de pruebas. Sin embargo, no fue concedida. Según declara su hermana, Nicole Carvajal, la jueza de garantía Alicia Rosende “no quiso escuchar argumentos, sino que para ella era más importante la palabra de Carabineros, siendo que salió negativo el informe de las manos y ropa, no había presencia de hidrocarburos”.
Nicole relata que para su familia “el proceso ha sido brígido. Somos 7 hermanos y él es el más chico. Para mi mamá es su guagua. Ninguno de nosotros había tenido jamás algún problema de este tipo. Ir a la cárcel ha sido súper duro. Mi mamá ha estado con tratamiento, los primeros días no podía estar de pie”. Lo que más les afecta, dice, es “que todo este proceso ha sido injusto. Se han excedido, es como que les estuvieran robando tiempo de sus vidas a estos chicos, como que no fueran seres humanos. Cada audiencia que perdemos es como un golpe”.
A la abogada María Rivera no le cabe ninguna duda de que todas las instituciones del Estado pretenden detener el histórico movimiento social metiendo gente a la cárcel. En ese sentido, realiza una aguda crítica a las colectividades políticas por su silencio frente a esta criminalización de la protesta. “Lo que más preocupa, es que todos los partidos políticos, todos, están empeñados en desarrollar un proceso constituyente con más de 2 mil presos políticos y nadie los nombra. Es terrible. Porque el que no se opone, lo avala. El silencio otorga. Ellos creen en este Estado de derecho, que peleen una amnistía por todos los que están en la cárcel. No estamos igual que antes, y siguen pretendiendo promulgar leyes que atenten contra todas estas movilizaciones, y no lo van a parar así”, concluye la jurista.
* Reportaje publicado en la edición n° 239 de la revista El Ciudadano, enero de 2020
VOLVER
