El delito de odio oficial, al orden del día – Ruta Krítica, Ecuador
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Ya son dos años y ocho meses desde que Lenín Moreno asumió el gobierno y casi dos años de la consulta popular que le dio todos los poderes para, supuestamente, reinstitucionalizar el país, de la mano del extinto Julio César Trujillo. Y los resultados a favor de la democracia, del mejoramiento de la economía o de la supuesta reinstitucionalización brillan por la ausencia y en lo fundamental ha servido para la persecución en una clara configuración del delito de odio.
Obviamente por arribismo y ambición han construido una narrativa y un relato político de odio contra el gobierno de Rafael Correa que se desmorona y, al mismo tiempo, ya ni en ciertos medios tienen eco. ¿Consideran los actuales gobernantes que con lo que hacen tendrán impunidad, visa en una potencia hegemónica, el pago de los favores por los grupos económicos favorecidos y con ello un retiro sin preocupación alguna?
No hay una sola declaración de Moreno, de Juan Sebastián Roldán, María Paula Romo, Diana Salazar, Oswaldo Jarrín, Andrés Michelena o en su momento Santiago Cuesta que no sea bajo la figura de odio, ataque personal y persecución política sin ningún parangón en la historia democrática del Ecuador. Las últimas en contra del padre de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, son el mejor ejemplo: sin ninguna prueba Moreno lanza acusaciones, tal como lo ha hecho contra Rafael Correa, Jorge Glas, Paola Pabón, Virgilio Hernández o Ricardo Patiño.
A todo eso hay que sumar el manejo abusivo y mentiroso de cifras sobre la economía, la deuda externa y las estadísticas sociales, todas ellas desmentidas por organismos internacionales y especialistas, incluso de aquellos que apoyaron la supuesta “reinstitucionalización”. Y ni qué decir sobre casos realmente dolorosos y escandalosos como el asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio.
¿Cuándo publicarán los audios de la famosa reunión del Consejo de Seguridad donde se habría decidido no negociar con los captores de los periodistas y con ello condenarlos a muerte?
En el imaginario popular ya ha calado hondo aquello de “La culpa es de Correa” para mofarse de lo que no hace Moreno, para evadir la responsabilidad de cualquier persona que comete un delito, pecado o falta personal. La última de Roldán es que los banqueros se han enriquecido por las “leyes correístas”. Sin vergüenza alguna es incapaz de explicar la situación económica calamitosa del país y para no afrontar sus propias responsabilidades, olvidándose todo el andamiaje jurídico desarrollado por el régimen “morenista”. Todas las cifras oficiales contradicen a la “autoridad oficial” llamado Juan Sebastián Roldán y sin embargo miente, porque ya perdió él y su entorno toda la vergüenza y también la sensatez política para entender cómo van a dejar el país.
Y a eso se añaden encarcelamientos (como el de Ola Bini y Julian Assange) bajo el argumento de que eran parte de una organización correísta o al servicio de poderes internacionales favorables a Correa. O juzgamientos y encarcelamientos a quienes supuestamente organizaron y desarrollaron el levantamiento popular más grande de la historia ecuatoriana, el octubre de 2019.
Ante la incapacidad de gobernar con un proyecto político y económico claro, Moreno y sus aliados (donde todavía quedan algunos “fanáticos correístas” de la década pasada) han constituido un clima de odio, unas acciones de venganza y un conjunto de decisiones políticas y jurídicas para aniquilar cualquier viso de correísmo, que en realidad es para menoscabar la Constitución de Montecristi y estar al servicio de un imperio y una hegemonía que lo decide todo desde cierta embajada. Pero ya hay un punto de inflexión y el costo que paga el régimen morenista (en realidad derechista y neofascista) es muy alto a pesar del quemeimportismo con el que se desenvuelven a un poco más de un año de entregar el cargo. No hay duda de que vendrán acciones judiciales y de derechos humanos en el exterior, que ya nadie se come el cuento de que Romo o Jarrín son defensores de la democracia o paladines de los derechos humanos. Los dos, en particular, tendrán por delante varias demandas e inculpaciones de la sociedad civil, que ya advierten informes de la ONU y la CIDH.
