Ecuador: Asociación de Víctimas del Paro presentará denuncia penal contra el Estado por violación a los DDHH
Asociación Inocencio Tucumbi empezará con una denuncia en la Justicia ecuatoriana
La Asociación de Víctimas del Paro Inocencio Tucumbi iniciará sus acciones con una denuncia en la Fiscalía ecuatoriana. Así lo informaron sus integrantes la tarde de este miércoles 22 de enero del 2020, la instancia que se conformó alrededor de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Carlos Poveda, abogado del equipo jurídico de la Asociación, señaló que hasta el momento la Fiscalía no ha iniciado un proceso de investigación en lo relacionado con las víctimas que fallecieron en el contexto de las protestas en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles.
Ante esto, esta Asociación presentará una denuncia en la Fiscalía General “en el contexto general de los acontecido durante los 11 días de crisis que vivió el país”, en los primeros días de octubre del 2019.
Poveda no especificó una fecha para presentar esta denuncia. Manifestó que esperarán la respuesta de esa entidad de Justicia del Estado para después recurrir a instancias internacionales.
La Asociación de Víctimas maneja dos posibilidades hasta el momento. La primera es que un tercer país investigue los hechos. Para esto se invocaría el principio de jurisdicción internacional.
Poveda dijo que se puede recurrir a esa posibilidad en los casos en los que un país no sea capaz de investigar por sí mismo un determinado hecho. Citó como ejemplo lo ocurrido con el fallecido dictador Augusto Pinochet cuyo caso lo abordó España.
La segunda opción es llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El equipo jurídico analiza esa demanda y bajo qué argumentos se la realizaría. Al ser consultado sobre si podría ser por delitos de lesa humanidad, Poveda señaló que “cuando hay uso excesivo de fuerza y proviene de una autoridad del sector público se puede configurar ese tipo de delitos que sería susceptible de investigación”.
Esta instancia conformada tras las protestas de octubre hizo este pronunciamiento después de rechazar las declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno sobre la posibilidad de demandas internacionales en contra del Gobierno.
El pasado lunes 20 de enero, el presidente Moreno se refirió a la posibilidad de que el Gobierno Nacional sea demandado internacionalmente por uso excesivo de la fuerza en la contención de las protestas.
“Ecuador ha recibido con indignación la amenaza de quienes tentaron en contra de la seguridad de los ecuatorianos y en contra de la democracia de demandar al Gobierno por un supuesto uso excesivo de la fuerza en octubre”, señaló el Primer Mandatario.
Comunicado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
La Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbi, a través de la @CONAIE_Ecuador, presentará una denuncia penal contra el Estado por las graves violaciones a los #DDHH relacionadas al uso excesivo de la fuerza en la represión estatal y exigirá reparación integral. pic.twitter.com/8puTK1tWUq
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) January 23, 2020
Evidencias del uso excesivo de la fuerza en la represión durante el #ParoNacionalEc, que el Estado intenta negar y no tener responsabilidad por las graves violaciones a los #DDHH.
De los crímenes de Estado no hay retorno ni perdón.
(1/4) ? pic.twitter.com/KUYAIQF9tR
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) January 23, 2020
Cancillería de Ecuador envía a la CIDH respuesta sobre informe del paro de octubre
El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, dijo el martes que la Cancillería envió una respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el informe del paro de octubre y se encuentra a la espera de su pronunciamiento.
«La Cancillería ya respondió como se debe (…) Nosotros estamos atentos a la respuesta y a la posición de la CIDH, a la que pedimos que haga un trabajo justo, nada más», dijo Sonnenholzner en declaraciones a medios locales.
El informe de la Comisión, presentado el 14 de enero, contiene once recomendaciones y conclusiones sobre las protestas del pasado octubre en Ecuador en contra de la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a los combustibles.
La CIDH pidió respeto y garantía de los derechos a protestas, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.
El organismo también instó al Gobierno ecuatoriano a que investigue y sancione a los responsables de la «violencia y excesivo uso de fuerza» de agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, así como agresiones y saqueos por parte de la población.
Sonnenholzner señaló que los ecuatorianos saben «lo que verdaderamente ocurrió en octubre y creemos que lo justo es que se sepa la verdad (…) Hubo gente que actuó de forma ilegal, por decir lo menos, afectando a ciudadanos que poco o nada tenían que ver en esto, a policías, militares secuestrados y de eso nada», comentó el funcionario sobre el informe.
El lunes en la noche, el presidente Lenín Moreno cuestionó enérgicamente el anuncio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) de demandar al Estado por los presuntos excesos de la fuerza durante las manifestaciones de octubre.
El mandatario señaló que en 40 años de democracia Ecuador nunca había presenciado un hecho de tal magnitud, al referirse a los actos de violencia durante las protestas.
La Conaie respondió el martes que el Estado debe asumir su responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza; por los fallecidos, mutilados, detenidos, perseguidos y criminalizados.
Durante las movilizaciones y protestas de octubre, hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia de Ecuador.
Según la Defensoría del Pueblo, durante las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.
Datos del Ministerio de Gobierno establecieron que durante las jornadas de protesta 42 ambulancias fueron agredidas, 435 policías heridos, más de 400 agentes de la policía y militares retenidos contra su voluntad y en varios casos sometidos a vejaciones y malos tratos, 26 unidades de Policía Comunitaria destruidas y 108 vehículos policiales afectados, algunos de ellos incinerados.
Un reciente estudio del Banco Central dijo que las protestas que por 12 días convulsionaron a Ecuador en octubre pasado dejaron daños y pérdidas por un monto cercano a 822 millones de dólares.
