Chile: víctimas de la represión denuncian ante la CIDH «masivas y sistemáticas» violaciones a los DDHH
Graves, masivas y sistemáticas: las violaciones que la Defensoría Jurídica mostró a la CIDH
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Defensoría Jurídica de la casa de estudios hizo público el informe que da cuenta de la labor que han cometido desde el inicio de la crisis política y social en relación a la asistencia jurídica, monitoreo y observación de Derechos Humanos en el contexto de las manifestaciones. Y al igual que las que han resultado de las misiones de otros organismos nacionales e internacionales, las conclusiones no son auspiciosas.
Entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile recibió 2.152 denuncias de personas que participaron en las manifestaciones y que vieron vulnerados sus derechos por parte de agentes del Estado. La mayoría de ellas fue por hechos acontecidos en la Región Metropolitana, pero también recibieron denuncias desde Arica, Iquique, Valparaíso y Talca, entre otras ciudades del país. En cuanto a la edad, la mayoría correspondió a personas entre los 18 y 30 años de edad, pero hubo 140 que afectaron a niños, niñas y adolescentes.
Lo anterior es parte del análisis cuantitativo que hizo la instancia impulsada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y que está contenido en el informe que entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los atropellos cometidos en el contexto de la crisis actual.
Por otra parte, el análisis cualitativo de la información recabada por la Defensoría Jurídica evidenció que se han cometido graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de Derechos Humanos imputables a agentes del Estado de Chile, los que incluso han vulnerado los estándares internacionales. Estos mismos sostienen -respecto al derecho a la protesta social y el uso necesario, legal y proporcional de la fuerza- lo que ha derivado en una grave crisis de Derechos Humanos en el país.
Además del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, a la presentación del informe de la Defensoría Jurídica asistieron el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle, y la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán; entre otras autoridades. Foto: Alejandra Fuenzalida / Prensa UChile.
En nombre del conjunto de organizaciones que componen la instancia, la directora del Centro de Derechos Humanos, Nancy Yáñez, explicó uno de los aspectos que reviste mayor gravedad del informe: el carácter sistemático de los atropellados cometidos por uniformados.
“Hay una serie de conductas que evidencian una actuación sistemática de vulneración. Uno: la violencia sexual, que es ‘per se’ constitutiva de tortura y que viene siendo observada a lo largo de las últimas décadas en la forma por medio la cual Carabineros contiene el orden público“, advirtió Yáñez.
“El otro punto es la consideración de que dentro de los manifestantes hay niños, niñas y adolescentes, quienes han visto sistemáticamente sus derechos vulnerados. No sólo porque no se han atendido sus derechos económicos, sociales y culturales, sino que porque miles de niños han muerto bajo la custodia del Estado. Esa es la situación de Derechos Humanos que enfrenta el país”, sentenció la directora del CDH.
La Defensoría Jurídica, cabe resaltar, está integrada por estudiantes, abogados, abogadas, académicos y académicas; en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile (CDH), el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), la Corporación Londres 38 y Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otras organizaciones y federaciones universitarias que prestaron apoyo.
Esto, sin embargo, nació de la iniciativa de un grupo de estudiantes de Derecho quienes, ante la delicada situación que se evidenciaba en las calles del país el 18 de octubre, se organizaron y comenzaron las labores de asistencia al día siguiente.
En la presentación del informe de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, la directora del Centro de Derechos Humanos, Nancy Yáñez, sostuvo que “hay una serie de conductas que evidencian una actuación sistemática de vulneración”. Foto: Alejandra Fuenzalida / Prensa UChile.
El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, Vicente Bustos, representante estudiantil de la Defensoría, explicó que, desde ese momento, han visto graves, masivas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos; además de un apoyo casi nulo de las instituciones en su tarea.
“Ciertamente que, de la labor que hemos realizado y la que hasta el día de hoy seguimos realizando, podemos afirmar rotundamente -en lo que corresponde al informe de la Defensoría- la vulneración grave, sistemática y masiva de Derechos Humanos”, indicó Bustos.
“Pero también la dificultad que siguen presentando no solamente estudiantes, sino que también defensores de Derechos Humanos en la recolección de información y en el desarrollo de las labores de defensa de estos derechos en el país“, lamentó el estudiante de derecho.
En la presentación de los resultados también estuvieron presentes el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran; y el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.
El rector, por su parte, valoró el trabajo responsable y riguroso que ha realizado la Defensoría desde su conformación, destacando que es justamente ese el rol que debe cumplir una universidad estatal.
El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, Vicente Bustos, habló a nombre de los estudiantes que tomaron la iniciativa para conformar la instancia que recogió más de 2.000 denuncias entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019. Foto: Alejandra Fuenzalida / Prensa UChile
“Es un momento también de orgullo y de reflexión respecto de lo que la Universidad de Chile hace, y la responsabilidad con que asume los problemas. La Universidad de Chile asume los problemas y siente que es su deber -y también es su derecho- el intervenir para abrir un camino de solución y esperanza en momentos tan dramáticos como los que aquí han sido motivo de exposición“, destacó el rector.
Analizada la información recabada, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile concluyó que el Estado violó los derechos a la vida, integridad física y psíquica, indemnidad sexual, a la salud, la libertad personal, así como los derechos a reunión y a libertad de expresión. Estas violaciones, además, como consignaron anteriormente, son graves, generalizadas y sistemáticas.
Frente a esto, en el informe formularon recomendaciones que se sustentaron en las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha entregado en situaciones similares de crisis de Derechos Humanos. En lo inmediato, recomendaron al Estado cesar la represión a manifestantes; también limitar el uso de armas no letales, respetar y garantizar el derecho a la protesta y libertad de expresión, salvaguardar los derechos de los grupos más vulnerables y revisar la agenda de seguridad que impulsa el Gobierno, entre otras.
Revisa aquí el informe completo de la Defensoría Jurídica de la U. de Chile.
La Defensoría Jurídica está integrada por estudiantes, abogados, abogadas, académicos y académicas; en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, el Departamento de Derecho Penal, la Asociación de Abogadas Feministas , la Corporación Londres 38 y Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otras organizaciones que prestaron apoyo. Foto: Alejandra Fuenzalida / Prensa UChile.
Cidh recogió testimonios de abusos durante manifestaciones en Concepción
Una serie de encuentros sostuvieron los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) durante su visita a Concepción, que se extendió por cerca de 24 horas.
Durante la mañana, los cinco miembros del grupo se reunieron con el intendente Sergio Giacaman a quien le consultaron por el actuar del Ejecutivo en la zona, tras el estallido social de octubre pasado.
A este, se sumó una reunión con personal de Carabineros, en donde se mostraron interesados en conocer los protocolos de la policía en manifestaciones públicas y control del orden público.
Diario Concepción intentó obtener una versión sobre el encuentro, pero desde Intendencia declinaron referirse a él.
Testimonios
Durante la tarde, el grupo se reunió con organizaciones sociales y víctimas de apremios por parte de agentes del Estado, quienes relataron parte de lo que han vivido en estos más de 100 días de movilizaciones.
Entre los testimonios que escuchó la Comisión, se encuentra el de un joven que recibió el disparo de una bomba lacrimógena en su cara. En su declaración acusó acoso policial, puesto que miembros de Carabineros lo hostigaron durante la internación y funcionarios del Hospital Regional se negaron a atenderlo.
Otro joven hizo un relato similar. “El 23 de diciembre en la rotonda Paicaví recibí un balín en mi pierna, en el Hospital Regional, al día siguiente, se me negó la atención, en el hospital Higueras, ocurrió lo mismo. El día 27 de diciembre fui a un recinto privado de salud, al cual llegó un carabinero a tomarme declaraciones y la enfermera le preguntó si él quería asistir a la cirugía”.
Durante la audiencia, se escucharon críticas al intendente Sergio Giacaman y a la Cámara de Comercio de Concepción por el llamado a armarse que hicieron hacia sus asociados, a raíz de los saqueos ocurridos en el centro penquista.
Otro de los jóvenes presentes acusó que tras estos tres meses existe una normalización de la violencia por parte de agentes del Estado.
Reacciones
Diversas reacciones dejó la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Concepción. Se espera que en febrero se entregue un informe preliminar, mientras que en marzo será el documento final con recomendaciones.
La abogada especialista en DD.HH. y académica de la UdeC, Amaya Alvez, comentó que la presencia en la zona del grupo significa “un acto de relevancia, puesto que lo que ocurre en Santiago no es lo mismo que ocurre en regiones, la última vez que Chile tuvo una “visita in loco” fue en 1974, por lo que no quiero pensar que estamos viviendo lo mismo que hace 40 años atrás”.
Postura similar tiene la presidenta de la Corporación Fundamental, Tania Busch, quien estimó que “este es un hito histórico, puesto que se generó un espacio para la recepción de antecedentes y lo importante es que los sistemas de protección de los derechos humanos lo conozcan de primera mano”.
En tanto, la académica especialista en temas de género y académica de la UdeC, Ximena Gauché, adelantó que los informes podrían sugerir recomendaciones en “materia normativa, políticas públicas y actuaciones policiales por parte de quienes están a cargo del orden público”, cerró.
Chile: informe final de la Misión Internacional de Observación
El documento, elaborado por el conjunto de organizaciones veedoras que se trasladaron a Chile del 6 al 11 de noviembre del 2019, da cuenta de las violaciones generalizadas a los derechos humanos por agentes estatales. También recalca que esta violencia, constatada entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre 2019, fue exacerbada por el dictado presidencial de estado de excepción.
La Misión detalla, en este informe basado en testimonios de víctimas, testigues y aportes de organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas, los actos violentos cometidos por agentes estatales chilenos y revela una situación de violaciones generalizadas de derechos humanos, producto de una política estatal de represión en todo el país.
El escrito, disponible en su versión completa, establece que las fuerzas de seguridad, en particular Carabineros de Chile, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza con la intención de castigar y aleccionar a les manifestantes. Trae también un conjunto de recomendaciones para la garantía de memoria, verdad y justicia y para la reforma de las instituciones estatales, de forma de garantizar que estos lamentables hechos no se repitan.
Las violaciones a los derechos humanos verificadas desde el comienzo de la protesta social incluyen al menos cuatro casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes estatales y cientos de casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes al momento de la detención y en las comisarías. También dan cuenta de casos de violencia sexual, de miles de personas heridas por el uso abusivo de armas menos letales y de detenciones masivas y arbitrarias, entre otras violaciones.
La Misión concluye que la situación de las violaciones a los derechos humanos en Chile no puede ser entendida sin tener en cuenta las decisiones políticas que la provocaron. Asimismo, el informe resalta que estas violaciones fueron el resultado de la adopción de medidas a toda luz inadecuadas para proteger a las personas y poner término a la violencia estatal injustificada, arbitraria y desmedida.
Participaron en la misión Artículo 19, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Perú Equidad, la Alianza Global contra la Incineración de Basura (GAIA), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (Argentina), la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL).
Informe Completo
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