Chile | Baltasar Garzón, exjuez español: “Las investigaciones del Ministerio Público no están siendo lo suficientemente contundentes”
Por Sebastián Labrín
Un abanico negro con la leyenda “80 aniversario del exilio republicano”, escrita en color rojo, acompaña al exjuez español Baltasar Garzón en cada uno de sus viajes. “Me ha servido para soportar el calor que hace aquí”, dice mientras arroja aire a su rostro y estira su chaqueta gris. En entrevista con La Tercera, el exmagistrado aborda la visión internacional que hay sobre Chile en materia de Derechos Humanos, el rol de las autoridades políticas y judiciales.
¿Cómo es vista la situación de Derechos Humanos en Chile tras el estallido social del 18 de octubre?
A partir del 18 de octubre del año pasado, la situación se ha convertido en algo altamente peligroso para la defensa y la protección de los Derechos Humanos de los ciudadanos, en el sentido de que, en el estallido social, lo que era el desarrollo de una protesta ciudadana, por la acción de las fuerzas de seguridad, los Carabineros, hoy hay el uso desmedido de la fuerza que no es discutible hoy día (…) Esa sensación de inseguridad determina que la ciudadanía se sienta muy vulnerable. Desafortunadamente la protección no ha sido equivalente. Ha habido más protección y justifica de quienes han ejercido la violencia desde el Estado que, al contrario. Quizás esa ha sido una de las razones por las cuales hasta hoy se sigue manteniendo con firmeza estas protestas.
La ONU entregó un informe que asegura que en Chile hay violaciones a los DDHH. ¿Eso podría dar pie para que se inicien acciones legales internacionales contra las autoridades de gobierno?
La investigación, un debido proceso, una investigación independiente, ágil, eficaz, tiene que producirse aquí adentro, en Chile. Se me antoja que las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público no están siendo lo suficientemente contundentes y expeditas. Sin embargo, una vez más en este tipo de hechos son las víctimas y los organismos de DD.HH. las que están impulsando esas investigaciones. Eso es preocupante. Eso quiere decir que el Estado con sus instituciones es un tanto remiso a la hora de efectuar esa investigación. Si esa investigación no fuera efectiva, independiente o hubiera duda racional de que fuera así, evidentemente que puede haber una reacción de instancias internacionales. No estamos en el año 1973, no estamos en los años 90, estamos en el 2020 y la comunidad internacional tiene resortes y los organismos internacionales también para tomar conciencia de lo que aquí está pasando, en caso de que no haya una investigación.
¿Cómo deberían enfrentar las policías y las autoridades las situaciones de violencia para evitar violaciones a los DD.HH.?
Es un planteamiento sobre qué es la seguridad. Es la seguridad de los ciudadanos, los titulares de la seguridad no es el Estado como un ente abstracto, sino que son los ciudadanos y ciudadanas del país. Por tanto, esa seguridad tiene que ir siempre enfocada de abajo hacia arriba y no como aquí sucede, y en otros países, de arriba a abajo. Es decir, la protección de quienes representan a esas instituciones. Es importante ya que, según se perciba la seguridad como un derecho de los propios ciudadanos a interpretarla de una manera diferente a como se está haciendo, cambia totalmente la perspectiva. Por tanto, eso implica una generación de dinámicas de defensa de DD.HH., de penetración de DD.HH. en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de una percepción de que el enemigo no es el pueblo, no son los ciudadanos, no son los discrepantes sino quienes no utilizan los mecanismos del Estado de Derecho para proteger a los ciudadanos. Ese cambio de paradigma es lo que creo que falta y un compromiso muy claro y decidido por parte del Poder Judicial que no debe cometer el error de proteger a quienes han generado o están generando estas dinámicas, sino a los ciudadanos.
¿Qué temas ha tratado con las víctimas con las que se ha reunido?
Quería conocer los casos. He venido como invitado al Foro de Derechos Humanos en el excongreso, un encuentro internacional y, a la vez, me tomé un día previo para tomar el pulso a la situación, he escrito sobre esta situación una carta abierta al Presidente Piñera en su momento, y he seguido y sigo todos los acontecimientos con especial interés, pues se trata de Chile, país com el que tengo especial vinculación, y por eso a lo largo de todo el día de ayer y hoy he ido reuniéndome con colectivos, presidentes de víctima de la dictadura, pero también muy transversal porque lo mismo estamos hablando de temas de la dictadura y saltábamos al momento presente y se hacían demasiadas referencias a la impunidad y eso es lo que trataba de decir antes, que es muy peligroso. Si hoy día tuviéramos la convicción de que las instituciones van a responder, eso quiere decir que habríamos avanzado sustancialmente. Si la duda se vuelve a instalar, de que las investigaciones no van a ser claras si no hay una dinámica de protección de los perpetradores es peligrosísimo.
¿Ve alguna similitud entre los que ocurrió en Chile en 1973 y lo que ocurre hoy en las calles?
No podemos hacerlo equivalente. El Chile de hoy día no es el Chile de 1973, cuando se da el golpe de Estado contra Salvador Allende. Se ha avanzado en democracia muchísimo, pero precisamente la democracia no es un reino conquistado para siempre, está en constante peligro. Hemos visto que aquí se ha producido un ataque a la seguridad de los ciudadanos que, demandando mejoras sociales y un estilo de vida más digno, de protección de los derechos económico, sociales y culturales; es decir, mejores condiciones de vida, más igualdad, y eso ha generado una contestación brutal desde el Estado que, desde mi punto de vista, no ha sido proporcional. Si tenemos que distinguir en algo, lo vamos a tener que hacer partiendo de cómo sean las respuestas institucionales, cómo será la respuesta judicial, la respuesta de una investigación independiente, ágil, eficaz.
¿Ha visto algún cambio positivo del gobierno para evitar que ocurran otros casos de violaciones a los DD.HH.?
Lo que he visto en principio fue una reacción brutal, contraria a los planteamientos y a los propios ciudadanos por parte del gobierno y del Presidente de la República ante la inmensidad de los hechos que estaban aconteciendo y la gravedad de los mismos. Luego hubo un cambio transitorio que después, conforme a que se ha ido relajando, pero sigue la tensión, se están implementando normas que no van precisamente en aras a la protección de los ciudadanos y a garantizar la libre manifestación de los derechos, sino de restricción de los mismos acudiendo al Código Penal, la tipificación de hechos delictivos que no deberían ser. El esfuerzo tiene que ser de generar espacios y dinámicas de diálogo que no se ha producido para que sea precisamente ese escenario y no el uso del Código Penal el que reponga a la sociedad en el lugar que debe de estar, en relación a la protección de sus derechos.
