Cancillería de Ecuador envía a la CIDH respuesta al informe sobre las represiones de octubre
El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, dijo el martes que la Cancillería envió una respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el informe del paro de octubre y se encuentra a la espera de su pronunciamiento.
«La Cancillería ya respondió como se debe (…) Nosotros estamos atentos a la respuesta y a la posición de la CIDH, a la que pedimos que haga un trabajo justo, nada más», dijo Sonnenholzner en declaraciones a medios locales.
El informe de la Comisión, presentado el 14 de enero, contiene once recomendaciones y conclusiones sobre las protestas del pasado octubre en Ecuador en contra de la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a los combustibles.
La CIDH pidió respeto y garantía de los derechos a protestas, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.
El organismo también instó al Gobierno ecuatoriano a que investigue y sancione a los responsables de la «violencia y excesivo uso de fuerza» de agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, así como agresiones y saqueos por parte de la población.
Sonnenholzner señaló que los ecuatorianos saben «lo que verdaderamente ocurrió en octubre y creemos que lo justo es que se sepa la verdad (…) Hubo gente que actuó de forma ilegal, por decir lo menos, afectando a ciudadanos que poco o nada tenían que ver en esto, a policías, militares secuestrados y de eso nada», comentó el funcionario sobre el informe.
El lunes en la noche, el presidente Lenín Moreno cuestionó enérgicamente el anuncio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) de demandar al Estado por los presuntos excesos de la fuerza durante las manifestaciones de octubre.
El mandatario señaló que en 40 años de democracia Ecuador nunca había presenciado un hecho de tal magnitud, al referirse a los actos de violencia durante las protestas.
La Conaie respondió el martes que el Estado debe asumir su responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza; por los fallecidos, mutilados, detenidos, perseguidos y criminalizados.
Durante las movilizaciones y protestas de octubre, hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia de Ecuador.
Según la Defensoría del Pueblo, durante las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.
Datos del Ministerio de Gobierno establecieron que durante las jornadas de protesta 42 ambulancias fueron agredidas, 435 policías heridos, más de 400 agentes de la policía y militares retenidos contra su voluntad y en varios casos sometidos a vejaciones y malos tratos, 26 unidades de Policía Comunitaria destruidas y 108 vehículos policiales afectados, algunos de ellos incinerados.
Un reciente estudio del Banco Central dijo que las protestas que por 12 días convulsionaron a Ecuador en octubre pasado dejaron daños y pérdidas por un monto cercano a 822 millones de dólares.
Indígenas y activistas de Derechos Humanos apoyan a la CIDH
Seis entidades que forman parte de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos aseguraron que, en el paro de octubre del año pasado en contra de la eliminación del subsidio de los combustibles, constataron que hubo violaciones de derechos humanos, las mismas que forman parte de las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estas son agresiones y ataques a la prensa, violaciones al derecho a la libertad de expresión y asociación, afectaciones a la integridad personal en el marco de las protestas sociales, afectaciones a la vida en el marco de las protestas sociales; detenciones, criminalización y estigmatización de manifestantes durante las protestas.
La Alianza de Derechos Humanos pidió al Estado acoger las recomendaciones planteadas por la CIDH, entre ellas atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias.
En tanto, la Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbí anunció que presentará una denuncia en contra del Estado.
Carlos Poveda, exabogado del hacker Julian Assange y que forma parte del equipo jurídico de la asociación, indicó que la Fiscalía tenía la obligación de investigar los hechos, sobre todo para las víctimas, pero en vista de que no lo ha hecho van a plantear una denuncia.
“Desde octubre, que se dan los primeros lesionados, afectados y muertes, indíquenme ustedes si hay una investigación previa”, dijo en una rueda de prensa en la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Sostuvo que todos los dirigentes indígenas están siendo investigados por presuntos delitos como sabotaje, terrorismo, ataque y resistencia, y paralización de servicios públicos, pero que ningún servidor público ni secretario de Estado ha sido investigado hasta el momento.
Para Jorge Rivera, vicepresidente de la asociación, el presidente Lenín Moreno, quien en una cadena de radio y televisión cuestionó en tono enérgico la intención de la Conaie de demandar al Estado por el supuesto uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, actuó de una manera muy alterada y nerviosa.
Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi (MICC), mencionó que tomar una decisión económica que va a afectar a la gran mayoría de ecuatorianos es un “acto irresponsable” de las autoridades estatales encabezadas por Moreno.
