Parlasur constata el asesinato de 32 personas y violaciones a los DDHH durante la represión
Parlasur constata en Bolivia asesinato de 32 personas y violación de DDHH
Una delegación del Parlamento del Mercosur (Parlasur) constató en Bolivia el asesinato de 32 personas y la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Gobierno de facto instalado tras el golpe de Estado perpetrado contra el presidente Evo Morales, el pasado 10 de noviembre.
En una sesión del Parlasur, con sede en Montevideo, Uruguay, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del organismo regional, Cecilia Merchán, divulgó el informe de las actividades realizadas por la comisión durante su estancia en Bolivia los días 27 y 28 de noviembre pasado.
«La delegación de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos concretó una nutrida agenda durante los días 27 y 28 de noviembre de 2019 en territorio del Estado Plurinacional de Bolivia luego de los sucesos que se constituyeron como un golpe cívico-militar y de acuerdo al mandato aprobado en la Declaración 64/2019 por el pleno del Parlamento del MERCOSUR”, detalló la diputada.
#VIDEO ? ?? Parlamentaria @chechamerchan : "Hemos constatado el asesinato de 32 personas, más de 800 personas heridas. Han habido detenciones arbitrarias" #Bolivia pic.twitter.com/AcMcryXuXZ
— Parlamento MERCOSUR (@PARLASUR) December 22, 2019
Detalló que sostuvieron reuniones con todos los bloques políticos, con organizaciones defensoras de los derechos humanos, con la Defensoría del Pueblo, que fue la que recibió la mayor cantidad de denuncias, y mantuvieron contacto directo con los testimonios de las víctimas.
“Hemos constatado el asesinato de 32 personas con armas de calibre grueso, más de 800 personas heridas, entre ellas una niña. Han habido detenciones arbitrarias, así como quema de casas, torturas y vejaciones públicas», indicó Merchán.
Señaló que el poder Judicial no garantizó “ni garantiza los más elementales derechos a la vida y a la integridad física en Bolivia en estos momentos, sigue habiendo de las más de mil personas detenidas, 54 personas que no tienen defensa ni el debido proceso”.
Merchán apuntó que “debemos exigir una ley de garantías constitucionales para que todos y todas las personas puedan participar en el proceso de reestructuración, de reinicio de una vida democrática”.
Asimismo, solicitó que exista la presencia de organismos internacionales que puedan velar por el correcto desarrollo del próximo proceso electoral en Bolivia.
La APDH denunció un genocidio en Bolivia
Una nueva denuncia contra los gobernantes de facto de Bolivia se presentó en la Justicia Federal. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) patrocinada por un grupo de abogados especialistas en causas por crímenes de lesa humanidad se constituyó como querellante para acusar por genocidio a la autoproclamada presidenta Jeanine Añez y a poco más de una docena de funcionarios que la acompañan desde el golpe de Estado del 10 de noviembre. En el marco que le permite la jurisdicción internacional, la APDH aportó prueba documental (más de un centenar de comunicaciones oficiales, videos, audios y artículos periodísticos) para respaldar su escrito de 24 carillas que firmaron letrados del Colectivo Nacional Mario Bosch. El grupo homenajea con ese nombre al penalista chaqueño y militante de DDHH fallecido en noviembre de 2016.
La denuncia es la tercera que se presenta en la Argentina desde que se produjo el derrocamiento del ex presidente Evo Morales, quien hubiera finalizado su mandato el 22 de enero próximo. La primera quedó radicada el 22 de noviembre en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría y fue “por crímenes perpetrados en Bolivia contra argentinos y bolivianos con documentación argentina”. La realizaron Daniel Segovia, del Consejo de Política Indígena de nuestro país y el diputado boliviano Víctor Gutiérrez junto a organismos de DDHH como Madres de Plaza de Mayo. El fiscal Guillermo Marijuan la desestimó con la rapidez de un rayo y la magistrada la archivó.
La segunda querella avanza en la Justicia Federal de Córdoba desde el 29 de noviembre y la impulsó el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos. Ahora la APDH acaba de formalizar la tercera que recayó en el Juzgado 8 a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi y que analizará el fiscal Carlos Rívolo.
En el texto que se presentó en los Tribunales de Comodoro Py, la APDH promueve la denuncia “por los delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos por las autoridades de facto que asumieron el control político en el estado Plurinacionl de Bolivia a partir del 10 de noviembre del corriente año”. Firman como querellantes María Elena Nadeo, Gisela Cardozo y Norma Ríos por el organismo de Derechos Humanos con el patrocinio de los abogados Eduardo Tavani y Roberto Martínez.
Las imputaciones van contra la presidenta provisional Jeanine Añez, el designado ministro de Gobierno Arturo Murillo, su par de Comunicación, Roxana Lizarraga, quien amenazó a periodistas extranjeros con detenerlos por sedición, otros siete integrantes del gabinete, el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el ex candidato a presidente de Bolivia, Carlos Mesa Guisbert, el ex comandante de las fuerzas armadas, Williams Kaliman Romero y su sucesor Sergio Carlos Orellana Centellas, más otros jefes militares, policiales y civiles que actuaron antes y después del golpe de Estado que provocó el asesinato de 34 personas, varias de ellas en masacres como las de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) y más de mil heridos, varios centenares de detenidos ilegalmente, torturados, mujeres violadas y decenas de personas asiladas en embajadas sin posibilidades de salir al exilio.
Para la APDH los hechos que denunció configuran “la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier otro acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional en concordancia con el artículo 7 inciso H del Estatuto de Roma”.
La presentación también señala que como Argentina no ha reconocido al régimen de Añez y los denunciados encabezan el gobierno de facto o participan del mismo, se solicita “la detención de todos ellos con carácter de urgente – según los tratados que rigen la materia – para que puedan ser extraditados y juzgados en nuestro país”.
Morales forma un equipo internacional de abogados para defenderse
Evo Morales elige al jurista español Baltazar Garzón como parte del equipo de abogados ante la orden de captura emitida por el gobierno de facto de Bolivia.
“Constituimos un equipo internacional, con el doctor Baltasar en Europa. Vamos a actuar jurídicamente contra esta orden de aprehensión”, indicó el jueves el expresidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, en una rueda de prensa en Argentina, donde tiene estatus de refugiado.
El gobierno de facto de Bolivia emitió la semana pasada una orden de captura contra Morales, acusándole de “sedición y terrorismo”. Argentina, a su vez, declaró que no extraditará a Morales y ordena su custodia policial.
El también dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) afirmó que la orden de aprehensión “no es constitucional ni legal” y sigue siendo presidente de Bolivia, señalando que para procesar a un jefe de Estado en ejercicio requiere un juicio de responsabilidades, si bien la denuncia contra él se ha tramitado por la vía ordinaria.
Además, el expresidente boliviano reiteró que debido a que la Asamblea Legislativa no ha aceptado su dimisión, su retirada no se ha materializado. “Yo no tengo miedo a las detenciones, fui cuántas veces detenido y confinado, (…) asilado y refugiado, solo me faltaba eso”, enfatizó.
En otra parte de sus declaraciones, Morales aclaró que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, no respetó la línea de sucesión presidencial en la Constitución, “por lo que cualquier acto del gobierno de facto (…) es ilegal”.
Morales dimitió el 10 de noviembre tras un golpe de Estado en su contra por la oposición que desconoció su reelección en las elecciones presidenciales de 20 de octubre. El gobierno de facto, se autoproclamó inmediatamente, lo que desencadenó protestas y marchas por los seguidores de Morales que exigían el regreso de su líder indígena y la retirada de Áñez.
El gobierno de facto de Bolivia ha anunciado que preguntará al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para respaldarse y presentar una queja formal y, en caso de ser necesario, recurrirá a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Morales, por su parte, aseguró el miércoles que no le asustaba la orden de detención emitida en su contra tachándola de “injusta, ilegal e inconstitucional”.
Denuncian que EEUU orquestó orden de detener a Evo en Bolivia
La orden de detención de Evo Morales fue orientada por Estados Unidos, según denunciaron el Movimiento al Socialismo (MAS) y organizaciones sociales, integrantes del Pacto de Unidad, en medio de una persistente ola represiva.
‘La orden de tomar prisionero nuestro hermano Evo ha sido orquestada desde del Departamento de Estado norteamericano, porque el golpe de Estado es también un golpe de apropiarse de litio y otros recursos naturales’, señala un comunicado del bloque social.
El pronunciamiento condena la orden dictada por el gobierno surgido del golpe de Estado que en noviembre pasado obligó a renunciar a Evo Morales, a quien reconoce como ‘único líder histórico de la democracia y la revolución democrática y cultural’.
Señala que Washington y la derecha local pretenden desaparecer el liderazgo de Morales, a lo que responde la orden que pretende descuartizarlo judicialmente, a él y al pueblo boliviano, como hicieron los españoles con la atroz ejecución del líder rebelde nativo Túpac Katari, en el siglo XVIII, y la heroína Bartolina Sisa.
La orden de detención dictada esta semana tras una declaración de Morales en Argentina, señalando que puede volver en cualquier momento a Bolivia, se basa en una investigación por los delitos de terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo, abierta por la fiscalía bajo notoria presión del régimen golpista.
La acusación se basa en una grabación en la que una voz similar a la del líder indígena orienta a un dirigente de los cultivadores de hoja de coca sobre acciones de resistencia social al golpe de Estado.
En la presentación del documento, Segundina Flores, dirigente de la Federación de Mujeres ‘Bartolina Sisa’, advirtió que las organizaciones sociales han asumido la defensa de Morales, a quien reconocen como presidente, porque su renuncia no fue aprobada por el Parlamento, como corresponde constitucionalmente.
Entretanto, las operaciones represivas que el ministro del Interior del gobierno golpista, Arturo Murillo, llamó ‘cacería’, continuaron tras el allanamiento de la casa del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, un intelectual y exmilitar que tiene también orden de captura.
A ello se sumó la detención de Luis Hernán Soliz, señalado como asistente de Morales, cuando se presentó a la Policía, que también lo acusa de terrorismo y sedición.
Además, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, anunció represalias contra los militares constitucionalistas que se sumaron al proceso de cambio e inclusión encabezado por Morales.
