Chile: las propuestas del feminismo para una nueva Constitución
Mientras la comisión técnica de partidos que trabaja para definir el proceso constituyente avanza dificultosamente, las organizaciones feministas y en defensa de los derechos de las mujeres empiezan a plantear sus demandas para que sean incorporadas en la nueva Carta Fundamental.
Las mujeres exigen ser consideradas en el proceso que recién empieza y en el cual, por ahora, ya quedaron infra-representadas, con sólo cinco expertas de los 14 que integran el órgano negociador. Para las activistas es fundamental participar activamente de la nueva etapa que se ha impulsado desde la calle, y la consideran una oportunidad para terminar con el texto diseñado e implementado en dictadura. Una texto que ellas mismas han tenido que enfrentar en varias peleas; quizás las más larga y difícil fue la de la aprobación de la Ley de Aborto en tres Causales, que tuvo su batalla final en el Tribunal Constitucional.
Ante la relevancia del momento y la ventana de oportunidad que se abre para reivindicar los derechos de las mujeres en la nueva Carta Magna, El Desconcierto ha conversado con tres abogadas de tres organizaciones distintas –Abofem, La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Corporación Humanas– para conocer sus propuestas para la nueva Constitución.
Un proceso constituyente paritario
En junio de 2017, a partir del intento de proceso constituyente iniciado por Michelle Bachelet al final de su mandato, Corporación Humanas publicó el documento “Por un proceso constituyente inclusivo, participativo y paritario. Cambios constitucionales y derechos humanos de las mujeres”, en el que buscaba aportar una mirada de género y de derechos humanos, a partir de la sistematización de las experiencias de cambios constitucionales en países de la región y del mundo. La investigación es hoy más contingente que nunca tiene relevancia por su foco en los procesos que llevaron a cabo los movimientos feministas para incorporar los derechos de las mujeres en las nuevas constituciones.
En el estudio, Humanas pone énfasis en que “la elección de asambleístas en los procesos constituyentes latinoamericanos dan cuenta que, independientemente de asegurar la participación a las mujeres en candidaturas, es importante establecer mecanismos que garanticen la paridad en la composición final del cuerpo colectivo”. La paridad (traducida en las cuotas de género) es hoy, de hecho, uno de los principales obstáculos de las negociaciones de la comisión técnica, puesto que la derecha rechaza una fórmula de 50%-50%.
“Hay que asegurar que la Asamblea Constituyente (AC) o la Convención Constituyente sea una mecanismo democrático, participativo, representativo y paritario, y establecer cuotas o escaños reservados para pueblos originarios, población LGBTIQ y personas”, explica Bárbara Sepúlveda, abogada y presidenta de Abofem. Según ella, es necesario dejar atrás la lógica de las elecciones al Congreso o para concejales. Propone implementar un “mecanismo que corrija los vicios de la democracia liberal representativa”, pero que a la vez asegure el resultado de la elección. Se trataría de un sistema distinto a la Ley de Hondt “propiamente tal”, dice, y que tendría que ser pensado “para esta elección de la AC en particular, de forma puntual”.
Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo planteó dos consideraciones acerca del proceso hacia la redacción de una nueva Constitución. Por una parte, mencionó “otros cortapisas” para quienes sean electos: “Exigimos que no sean agresores de mujeres, no hayan tenido ni denuncias ni condenas”. Además, la abogada criticó que en el proceso actual “ni movimientos sociales ni partidos políticos estén incluyendo a las mujeres”. Astudillo criticó que tanto unos como los otros están “invisibilizando” a las mujeres y llamó a asegurar “que quienes escriban esta Constitución tengan la conciencia suficiente de lo que significa ser mujer en este país”.
Los derechos en del nuevo texto
En 2016 la Corporación Humanas publicó una encuesta a más de 1.200 mujeres que reveló que el 93% de las encuestadas considera que la Constitución debe incorporar derechos específicos de las mujeres. ¿Cuáles son estos derechos y cómo incorporarlos al texto?
Constanza Schönhaut, abogada de Humanas, sostiene que “la perspectiva de género no se puede limitar a una norma o un capítulo, sino que tiene que atravesar toda la norma y estructura constitucional”. Para ella, los puntos esenciales son cuatro: “El reconocimiento y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; asegurar una vida libre de violencia, en particular, de la violencia de género; el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados; y reconocer la diversidad de las mujeres que habitan nuestro territorio”. La organización dispone de una publicación online en la que recoge algunos de los derechos de las mujeres que una nueva Carta Magna debiera considerar. Algunos de ellos son: “derecho a la maternidad voluntaria, derecho al reconocimiento del trabajo realizado (reconocimiento formal del trabajo doméstico como labor productiva), derecho a la igualdad de remuneración por trabajos de igual valor, derecho al reconocimiento de las diversas familias e iguales derechos para todas las familias, derecho al buen vivir”.
Las feministas de la Red, por su parte, están en proceso de estudio de los derechos específicos que quieren exigir, pero consideran como lineamientos básicos “ser nombradas [en la nueva Constitución] y reconocidas en nuestra diversidad y en nuestra amplitud de ser mujer, no bajo el estereotipo clásico”. Proponen la elaboración de un texto “antipatriarcal, plurinacional, antirracista y que reconozca la dignidad de la vida”.
Desde Abofem, Bárbara Sepúlveda sugiere cuatro ideas “estructurales”. En primer lugar, generar mandatos específicos para que instituciones concretas saquen adelante políticas públicas en paridad de género, para erradicar la violencia, contra la discriminación, etc. “La Constitución actual tiene mandatos formales y abstractos (‘El Estado deberá…’), pero nunca llega a determinar quién es el responsable de generar los cambios”, dice.
En segundo término, Sepúlveda apunta hacia “los derechos específicos” para mujeres, niñas, adolescentes, y población LGBTI y su exigibilidad: “Que estén asociados a una acción de protección constitucional que se pueda interponer ante los tribunales de justicia cuando éste se vulnere o amenace”, precisa. En tercer lugar, la abogada considera imprescindible que el texto contenga una cláusula específica que indique cómo se van a incorporar los tratados internacionales a derechos nacional para resolver “la ambigüedad que hoy existe respecto a este tema”.
Finalmente, en relación a los órganos e instituciones del Estado, propone “reconfigurarlos” y que sean paritarios; la creación de la figura del ombudsman o defensor del pueblo, que vele por los derechos de las personas; y “una redistribución del poder para quienes históricamente no lo han ejercido”. Critica, también, el sistema “hiperpresidencialista” vigente y la conformación “contra-mayoritaria y antidemocrática” del Tribunal Constitucional.
Sean cuáles sean las demandas de las mujeres, Lorena Astudillo, de la Red, lanza una reflexión para mirar un poco más allá del proceso constituyente y su resultado. Recuerda que la nueva Constitución “no hará que de un día para otro dejen de matarnos, de violarnos y de darnos agarrones” y subraya que es necesario un cambio estructural más profundo: “El machismo y el patriarcado imperan en este país y la responsabilidad va más allá del legislador o de la Constitución, es de quienes replican este patriarcado en las prácticas cotidianas y diarias”.
