Bolivia: la CIDH constata discriminación, intolerancia, racismo y “graves violaciones de DDHH”
CIDH halla ‘graves violaciones de derechos humanos’ en la crisis política y social de Bolivia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) halló “graves violaciones de derechos humanos” en la crisis política y social desatada tras las elecciones del 20 de octubre anuladas por fraude y la renuncia del presidente Evo Morales. La postura está contenida en el informe preliminar sobre la situación de derechos humanos en Bolivia que verificó una comisión.
“La Comisión observa con extrema preocupación que, en el contexto de la violencia sociopolítica generalizada que se desencadenó en los períodos previo y posterior a las elecciones generales, caracterizada por la polarización, la hostilidad y el odio en las relaciones sociales, fundados en la discriminación, la intolerancia y el racismo, se ha registrado una serie de graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias, mucho más allá del contexto de la protesta social”, reseña parte de las “conclusiones previas” del reporte publicado en el portal del organismo este martes.
Investigación internacional
En ese contexto, ha sugerido la conformación de un “Grupo Internacional de Expertos Independientes” para que encaren “una investigación internacional independiente e imparcial sobre estos hechos” que, según los datos a los que tuvo acceso la CIDH, se saldó con al menos 36 fallecidos y más de 800 heridos.
El planteamiento surge porque el organismo considera que “no es claro que la institucionalidad nacional esté en condiciones o en capacidad de cumplir con la obligación estatal internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables”.
La CIDH recordó que la delegación enviada por su Secretaría Ejecutiva visitó las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Sacaba entre el 22 y 25 de noviembre de 2019 para recopilar datos sobre la escalada de violencia que derivó en la renuncia de Morales, el 10 de noviembre, y la asunción a la Presidencia de Jeanine Áñez.
El Gobierno, con anterioridad, se abrió a investigaciones de cualquier orden, aunque cuestionó que la CIDH no haya seguido con la misma atención otros casos como el de la repostulación de Morales.
Operaciones conjuntas
El informe observa las operaciones conjuntas encargadas a la Policía y las Fuerzas Armadas por encargo de Áñez y bajo el amparo del Decreto Supremo 4078 que eximía de responsabilidad penal a los militares que participaron en operativos para el restablecimiento del orden interno.
En ese marco, los agentes de las fuerzas involucrados en los actos de violencia “no pueden quedar amparados por ningún tipo de amnistía o exención”.
“En ese sentido, la CIDH recuerda al Estado que, bajo los estándares interamericanos de derechos humanos, el Decreto 4078 es jurídicamente inoponible en virtud de su invalidez, por lo cual los actos de violencia que se hayan cometido durante los días en que estuvo vigente no pueden quedar amparados por ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidad para los agentes del Estado”, reseña el documento.
Masacre en Senkata y Sacaba
La misión de la CIDH habla de una “masacre” en los hechos de violencia de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) e inclusive advierte que los “patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial”.
El organismo, por eso, “condena de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos. En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”.
Observación a la ley de garantías
En ese marco, también hace referencia a la denominada “ley de garantías” que debate el Legislativo boliviano que, presume, “eximiría de responsabilidad penal” a Morales y su exvicepresidente Álvaro García.
Para el Gobierno, Morales y el exministro Juan Ramón Quintana son responsables de alentar la violencia en su favor.
“Al respecto, la CIDH advierte que bajo los estándares interamericanos, son inadmisibles las leyes de amnistía, o sus equivalentes, que pretendan excluir la responsabilidad penal individual de quienes son responsables por violaciones graves de los derechos humanos, independientemente de su rango o nivel de mando en la estructura del Estado”.
Críticas al acápite de indemnización
También cuestiona el Decreto Supremo 4100 que promulgó el actual gobierno de Áñez que establece una indemnización monetaria y servicios de salud para las familias de las víctimas mortales y los heridos durante la crisis.
Observa que la norma disponga que una vez pagada tal indemnización, los familiares de las víctimas “tendrán por reparado su derecho ante cualquier instancia internacional”. La CIDH advirtió que una “norma administrativa nacional como ésta no puede jurídicamente cerrar u obstruir el acceso de esas personas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Asimismo, pide que se cumplan con los trámites de salvoconductos para personas que tramitan asilo y cuestiona la violencia y censura ejercida en contra de la prensa nacional e internacional.
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Recomendaciones preliminares de la CIDH
Con base en sus observaciones y a la luz de las normas que rigen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH recomienda en forma preliminar al Estado de Bolivia:
- Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia a partir de octubre de 2019, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables; específicamente, un Grupo Internacional de Expertos Independientes.
- Respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. En esa misma medida, asegurar que los operativos de seguridad con respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según protocolos de actuación que estén acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley.
- Tomar medidas dirigidas al cese de la violencia y de la represión armada de las protestas sociales. Como medio idóneo para ello, suspender el despliegue masivo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía por las calles de las ciudades y poblaciones de Bolivia, y restablecerlos a sus posiciones normales en tiempos de paz, conforme a sus criterios usuales de mando y disposición. Igualmente, cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas, así como garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que se están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas.
- Desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido la violencia contra la población civil en todo el país, del bando que sean.
- Establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas y sus familias.
- Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte; dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo, y debe proveer un sustento informativo básico para las acciones de reparación de los perjuicios causados, incluyendo la garantía por parte del Estado de que a las personas heridas y lesionadas se les provea atención integral en salud sin costo adicional para ellos.
- Entregar los salvoconductos a las personas que se encuentran asiladas en las embajadas de México y Argentina, o en otras sedes diplomáticas, para que así puedan ejercer su derecho humano a obtener asilo y refugio, en forma tal que no se fragmenten sus respectivos núcleos familiares.
- Fortalecer la Defensoría del Pueblo, proteger a sus funcionarios y respetar su autonomía e independencia para que pueda cumplir sus funciones sin intervención política de ninguna índole.
- Realizar una revisión legal independiente e individualizada de todas las imputaciones hechas a las personas arrestadas y detenidas durante las protestas, y liberar en forma inmediata a quienes estén detenidos en forma arbitraria o injustificada a la fecha de hoy, en centros de detención de cualquier tipo. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas, y asegurar su acceso a una defensa técnica y a la administración de justicia.
- Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación. En relación con éstos últimos, el Estado debe garantizar el respeto de la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura.
- Garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales.
- Conducir desde el más alto nivel del Estado un proceso nacional de diálogo y reconciliación que permita desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana.
- Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas.
- Es deber del Estado proteger a quienes testificaron, y continuarán testificando, ante la CIDH. Sin perjuicio de la procedencia de medidas cautelares interamericanas para casos concretos, en tanto medida preventiva básica, la CIDH solicita formalmente al Estado boliviano que adopte las disposiciones necesarias para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de todas y cada una de las personas que testificaron ante la Comisión Interamericana en su visita y dialogaron de alguna forma con ella. De especial interés es la situación de las personas privadas de la libertad y hospitalizadas con las que habló el equipo técnico de la CIDH, con respecto a las cuales se urge al Estado que brinde una protección inmediata mediante las medidas más expeditas y eficaces. El Estado también deberá abstenerse de tomar represalias, o de permitir que se tomen represalias, en su contra.
- Comprometerse a instalar de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Bolivia para operar en el territorio nacional y contribuir a la pacificación social.
- Llamar a la CIDH a realizar una visita in loco por la CIDH a la mayor brevedad, que haga posible a la Comisión ampliar el marco temporal de verificación de la situación de los derechos humanos en el país, incluyendo en su análisis hechos, procesos y factores causales anteriores al periodo estricto de las observaciones, que pueden tener alto valor explicativo.
Familiares de víctimas de Senkata anuncian huelga
Los familiares de las víctimas de los enfrentamientos en la zona de Senkata (El Alto) advirtieron con iniciar una huelga de hambre a partir de hoy, miércoles, en demanda de una indemnización y renta vitalicia y en rechazo al Decreto 4.100 que promulgó el Gobierno la pasada semana, que fija en 50.000 bolivianos la compensación.
«El pedido ya ha sido presentado formalmente a la señora Presidenta, aunque primero se ha rechazado el decreto que ellos han promulgado, pero hasta ahora no hay respuesta. Si no hay nada, las familias de heridos y fallecidos han decidido entrar en una huelga de hambre», aseveró David Inca, representante de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto.
Para Inca, el pedido de indemnización y renta vitalicia no es algo descabellado, sino real, ya que, dijo, hay personas que quedaron en permanente discapacidad y familias que perdieron a su sustento económico.
En ese sentido, Inca señaló que también se enviaron notas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Naciones Unidas para que sean mediadores en el diálogo con el Gobierno.
Argentina | Denuncian ante la CIDH la muerte de Sebastián Moro
Por Gustavo Veiga
El 14 de noviembre, dos días antes de que falleciera Sebastián Moro, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció: “Rescatamos y pusimos a salvo a los periodistas argentinos amenazados en Bolivia. Gracias Gendarmería por el compromiso permanente”. Como mínimo la funcionaria estuvo mal asesorada e informaba peor. Sebastián – quien colaboraba con Página/12- nunca quedó a resguardo de los grupos fascistas que habían salido a la caza de militantes del MAS, campesinos, sindicalistas y cronistas críticos del régimen ilegítimo de Jeanine Añez. Agonizaba desde el domingo 10 en una clínica privada del barrio paceño de Miraflores. El golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales acababa de producirse. Durante los seis días que duró su internación, entre aquella fecha y el 16 en que murió, a su hermana Penélope le había costado mucho obtener asistencia del consulado argentino. Hoy que su cuerpo se transformó en cenizas y su vida es un recuerdo imborrable para quienes lo conocieron, su familia busca justicia. Las condiciones en que lo alcanzó la muerte a sus 40 años son cuanto menos dudosas.
“Su hermana se encontró con que Sebastián tenía distintos moretones y rasguños en su piel. Por otro lado, surge de la historia clínica donde fue atendido que aparecen politraumatismos. Nosotros la hicimos ver por médicos forenses y ellos dicen que por lo menos hay una muerte dudosa. Más allá del ACV que pudo ser producto de una agresión previa, nos cuentan que ésta no puede descartarse y que hay casi una certeza por los indicadores del informe” le explica a este diario Rodolfo Yanzón, abogado que representa a Raquel, Melody y Penélope, la madre y hermanas de Moro. Ésta última aporta más datos: “Cuando llegué a Bolivia en la madrugada del 11 de noviembre y al encontrarme con mi hermano en la Clínica Rengel de Sopocachi para acompañarlo y hacerme cargo de su situación, noté ciertas marcas y golpes en su cuerpo que a mi entender no correspondían únicamente con un ACV isquémico que fue el diagnóstico que se informó”.
Las circunstancias inciertas del deceso llevaron a Yanzón a denunciar el caso del periodista mendocino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su muerte dejó varios cabos sueltos: “Hay gente que sabe cosas y está clandestina porque ha pasado por situaciones similares. Recordemos el caso del periodista Aramayo que fue privado de su libertad y atado a un árbol. Hay llamados telefónicos de Sebastián que fueron borrados y estamos haciendo un peritaje sobre ese tema. Y por supuesto tenemos un problema porque las autoridades de Bolivia les exigieron a los familiares la cremación para poder sacarlo del país y traerlo a la Argentina. Lamentablemente no podemos tener lo que nos indicaría una autopsia. Pero confiamos en la lectura fina que están en condiciones de hacer los médicos porque hay un escenario previo para pensar que ese ACV fue consecuencia de una agresión anterior”, describe el abogado.
La historia clínica de Moro ofrece elementos de prueba que arrojarán una interpretación médico forense en los próximos días. Pero es más complicada la reconstrucción de las horas previas a que fuera encontrado inconsciente en su departamento sobre la calle Pérez de Holguín, del barrio de Sopocachi. Él vivía solo en un pequeño dos ambientes que alquilaba y al que se accedía por un ingreso común compartido con un complejo de viviendas linderas. O sea, tenía varios vecinos, pero ninguno parece haber escuchado o visto nada el 9 de noviembre en que su familia perdió todo contacto con él.
Ese día previo al golpe de Estado, José Aramayo, el jefe de Sebastián y director del periódico Prensa Rural y de la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) terminó amarrado a un árbol sobre la avenida Saavedra, en Miraflores. Los golpistas que responden a Fernando Camacho no lo lincharon de milagro. Quizás la cobertura mediática que tuvo ese episodio le salvó la vida. No sucedería lo mismo con Sebastián. Ni se sabe si llegó a su apartamento sin ser detectado por las hordas que habían tomado las calles de La Paz. Tampoco si pudo ponerse a salvo sin ser atacado. Ése vacío temporal se da desde que un allegado a la familia lo descubrió tirado en su casa el domingo 10 de noviembre a las 13.30, el día anterior a que publicara su última nota en Página/12.
Penélope supone que “tal vez no quiso preocuparnos contándonos la totalidad de los hechos. Sebastián había llegado a las cercanías del edificio de la CSUTCB para cerrar la edición de Prensa Rural que saldría al día siguiente, pero al notar que un grupo de violentos intentaba tomar la sede resolvió volver a su hogar y continuar trabajando desde allí. La madrugada anterior junto a sus compañeros, advirtiendo lo que podía suceder en el medio, se dedicó a resguardar equipos y material del edificio”.
Lo que Moro no pudo preservar, ya inconsciente, fue un chaleco que lo identificaba como periodista, su grabador y uno de los cuadernos donde tomaba apuntes. Faltaban de su departamento y como esos elementos están vinculados a su actividad profesional, ponen más dudas sobre su muerte. El joven periodista sabía desde bastante antes cómo venía la mano en el país que había elegido para radicarse y vivir del oficio que amaba. El 22 de octubre, dos días después de la elección en primera vuelta que ganó Evo, le envió un wathsapp a este cronista: “Acá está muy heavy la cosa” escribió. Dieciocho días después fue encontrado tirado en el piso de su departamento.
Sebastián es recordado por su amiga Mariana Olguín en el sitio digital Nuestra Memoria como “ese niño grande, testarudo, inquieto, porfiado, desordenado, pero con un corazón enorme, sensible y compañero”. Cuando eligió mudarse a La Paz, buscaba su lugar en el mundo después de haber sido despedido de Radio Nacional Mendoza donde se destacaba en la cobertura de los juicios de lesa humanidad en la provincia. En la primera semana de septiembre de 2018 empezó a desempeñarse como editor de Prensa Rural y en Radio Comunidad de la CSUTCB, donde conducía el programa Encuentros.
Su último artículo en Página/12 se tituló “Un golpe de Estado en marcha en Bolivia” el mismo día en que se produjo. Seguramente no hubiera imaginado que varios días después él sería noticia en un informe de la Delegación Argentina en Solidaridad con el país vecino: “Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro”. Tampoco que su muerte dudosa llegaría a ser denunciada ante la CIDH.
