El Salvador: la Corte Suprema confirma condena de 10 años al expresidente Tony Saca
Corte Suprema de Justicia confirma condena contra Saca y su red de corrupción
La Sala de lo Penal de la CSJ determinó que el expresidente y sus colaboradores deben devolver al Estado $301 millones que desviaron de fondos públicos, tal y como lo determinó el Tribunal Segundo de Sentencia en el fallo contra la estructura en 2018.
El expresidente Elías Antonio Saca y su red de corrupción, integrada por los exfuncionarios Élmer Charlaix, César Funes y Julio Rank, y los exempleados de Casa Presidencial Francisco Rodríguez, Jorge Herrera y Pablo Gómez deben pagar $301 millones al Estado. Además de permanecer en la cárcel conforme con la sentencia que dictó el Tribunal Segundo Sentencia de San Salvador en julio de 2018, según la ratificación dada a conocer ayer por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La decisión de los magistrados de la Sala de lo Penal ordenó que sean revertidas las disposiciones tomadas por la Cámara Segunda de lo Penal a inicios de julio pasado. En ese momento, los magistrados de la cámara establecieron que el peritaje presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) no era suficiente como para establecer el monto a ser reintegrado por los condenados.
«La pericia tuvo limitaciones, entre ellas la imposibilidad de valorar toda la documentación solicitada, se advierte que esta cámara verificó otros beneficiarios finales, entre estos personas naturales y jurídicas», dijo la cámara, en ese entonces, en respuesta ante las apelaciones de la defensa por la sentencia del tribunal.
La cámara, en julio pasado, consideró que los condenados por peculado (apropiación de fondos públicos) y lavado dinero no debían regresar el dinero en ese momento. Sin embargo, el secretario de la cámara explicó que eso no significaba la anulación del reintegro del dinero, sino daba una «oportunidad» para que la Fiscalía presentase ante un juzgado civil un nuevo caso para definir mejor las cantidades que debían reintegrar cada uno de los sentenciados.
- “La pericia tuvo limitaciones, entre ellas, la imposibilidad de valorar la documentación solicitada”.
- Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, comunicado oficial sobre su decisión de suspender el reintegro de los fondos por parte de los condenados.
La Sala de lo Penal, en cambio, consideró que los exfuncionarios deben reintegrar el dinero tal y como fue previsto por la sentencia inicial. Además, deben pagar $347,117.17 adicional por un «error material» en la condena. Eso por sobre los $300 millones ya establecidos por el Tribunal Segundo de Sentencia.
La cantidad adicional dada a conocer por la sala, de acuerdo con los magistrados, corresponde a la parte de la condena que no había sido incluida a la fecha.
De acuerdo con la sentencia del tribunal, el expresidente Elías Antonio Saca debe devolver $260,731,171.64; el exsecretario privado, Élmer Charlaix $15 millones; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank $8,341,130.39; el exgerente financiero, Francisco Arteaga $7 millones; el ex auxiliar contable, Pablo Gómez $5 millones; el extesorero, Jorge Herrera $3 millones y el exsecretario de la Juventud, César Funes $886,697.97.
REITERA CONDENAS
También, la Sala reiteró las condenas en años de cárcel para cada uno de los imputados, por lo que invalidó la reducción de penas realizada por la cámara meses antes para dos de los condenados: el exauxiliar contable de Saca, Pablo Gómez y el exdirector de Finanzas, Francisco Arteaga.
A Gómez (el único que no se sometió al procedimiento abreviado), con la decisión de la Sala, le quedó anulada su rebaja a un año más un mes y 10 días en prisión, por lo que permanecerá en prisión por 16 años; y Arteaga pasará seis años y no tres como habían especificado los magistrados de la Cámara. Ambos, Gómez y Arteaga, fueron condenados por peculado (apropiación de fondos públicos) y lavado de dinero y activos en julio de 2018.
Tras la resolución de la cámara, los magistrados dijeron que la Fiscalía no había probado cómo Arteaga y Gómez se habían aprovechado de los fondos públicos y argumentó que la pena del ex auxiliar contable fuera menor, pues «sus acciones fueron cumplir las órdenes de Saca».
Desde el 5 de julio pasado, Gómez había recuperado su libertad por este caso, sin embargo, permanecía en prisión por estar vinculado a la red de corrupción del expresidente Mauricio Funes, quien recibió asilo en Nicaragua, se nacionalizó nicaragüense y huye de la justicia salvadoreña.
De todos los condenados de pertenecer a la red de corrupción liderada por el expresidente Saca, sin embargo, el único que no confesó sus crímenes a cambio de una pena menor fue Gómez. Fiscalía estableció que el ex auxiliar contable cobraba los cheques, por lo que Gómez dijo que obedecía órdenes superiores.
El magistrado presidente José Luis Giammattei, sin embargo, durante la lectura de la sentencia del tribunal, dijo que «no hubo desconocimiento» por parte del entonces acusado, sino que «un acuerdo en común de participar en sustraer los fondos y luego la intención de desvanecerlos».
Al no haber confesado, Gómez recibió ocho años por cada delito (peculado y lavado de dinero y activos). La defensa del exauxiliar contable se mostró en desacuerdo, pues consideró que el exempleado de la Presidencia pudo haber obtenido una pena mínima para quedar en igual términos que Saca.
