El Ministerio de Salud actualiza el protocolo para el aborto no punible derogado por Macri
El pañuelo verde entró de lleno a la Casa Rosada
El derecho al aborto legal recibió un fuerte respaldo de la Casa Rosada. El ministro de Salud, Ginés González García, firmó la resolución que actualiza el «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo», que había sido derogado por el expresidente Mauricio Macri. Saldrá publicado este viernes en el Boletín Oficial. El anuncio se hizo en Balcarce 50. Todo un símbolo. En su segundo día como mandatario y poco antes de la conferencia de prensa que brindó GGG para dar detalles de la medida, el presidente Alberto Fernández lo recibió junto a su par a cargo del flamante ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. A la reunión fueron invitadas integrantes del consejo asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable –como la abogada Nelly “Pila” Minyersky– la mayoría de las cuales también son parte de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Otro gesto. El pañuelo verde entró por la puerta grande de la Casa de Gobierno.
“Ha sido actualizado y va a seguir siendo actualizado. ¿Y cuáles son las dos razones centrales? Por un lado las modificaciones que ocurren en la legislación de nuestro país. En el Código Civil y Comercial del 2015 se incluyeron derechos que no estaban en el protocolo del 2015. Y la segunda parte es que la evolución del procedimiento hace que se modifiquen cuestiones científicas, la medicación que se utiliza y eso usando cánones internacionales está puesto en este nuevo protocolo”, precisó el ministro. “Iniciamos un camino que es el de aplicación de la ley y creemos que va a haber algunas organizaciones antiderechos que van a cuestionar. Nosotros estamos dando un instrumento sanitario para que se cumpla la ley y los derechos de la persona que lamentablemente están en situación de Interrupción Legal del Embarazo”, agregó. También subrayó que «la objeción de conciencia no puede ser una coartada para el incumplimiento de la ley en el caso de una institución». El protocolo aclara que la objeción de conciencia es un derecho individual. Si un centro médico no quiere hacerse cargo de la atención, debe ocuparse de la derivación a otro lugar de la mujer o persona gestante. En caso de que se trate de una emergencia, el profesional deberá garantizar la práctica.
«No creo que sea fácil ni que el protocolo en sí mismo cambie la historia, pero nosotros estamos dispuestos a cambiar la historia mucho más allá del protocolo», proyectó GGG a dos días de asumir en el rejerarquizado ministerio. El sanitarista señaló que la guía —que tuvo pocas modificaciones respecto de la presentada por el ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein, a quien firmarla le costó el cargo— sistematiza los procedimientos médicos para que la ley se cumpla «de igual manera en cualquier parte del país», aunque reconoció que «dependerá de la adhesión de cada provincia» y criticó a aquellas que han hecho de su rechazo un «combate contra el protocolo», por lo cual se comprometió personalmente a seguir su aplicación. Anunció también que presentará el protocolo actualizado en la próxima reunión del Consejo Federal de Salud, que se realizará en pocos días, para darle respaldo federal. En ese espacio participan los ministros del área de las provincias.
Ya adhirieron al protocolo actualizado en 2015 diez provincias (Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco). Otras 9 redactaron sus propios protocolos (Catamarca, Chubut, Caba, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza. Dos, Formosa y San Juan, no tienen una guía de esas características pero usan el protocolo nacional. Y tres, Corrientes, Tucumán y Santiago del Estero no tienen ni lo aplican y el acceso al aborto legal es mucho más dificultoso, como quedó en evidencia este año con el caso de la niña Lucía, de 11 años, en Tucumán.
De todas formas, aunque no haya protocolos se deben garantizar igual, dado que están previstos en el Código Penal.
«La sociedad va cambiando y eso nos fortalece», valoró GGG en relación a la lucha del movimiento feminista, pero puso su anhelo en que el protocolo sea un «respaldo para los profesionales que estén cumpliendo con la ley». Aseguró también que se comenzará por hacer cumplir las leyes de Salud Sexual y Reproductiva y la Educación Sexual Integral.
Durante la conferencia de prensa estuvo acompañado por la titular del Programa Nacional de SSyPR, Valeria Isla –quien ocupó ese cargo durante la anterior gestión de GGG–, y dos integrantes de los equipos técnicos, las médicas Mariana Romero, directora del CEDES, y Analía Mesina, quien participó en la redacción del protocolo.
Respecto a la legalización del aborto, Ginés señaló que ya son conocidas tanto su posición como la del presidente Alberto Fernández a favor de la legalización, pero consideró que es una discusión que tiene otros tiempos, ya que se debe discutir en el Congreso. En ese punto, criticó que el debate abierto por el ex presidente Macri terminó siendo «una pelea electoral, lejos del debate sobre la salud pública» y ratificó que la legalización evitará 30 muertes por año y casi 50 mil internaciones.
El protocolo actualizado no crea derechos nuevos. Apunta a garantizar la atención en los casos en los que ya es legal desde 1921 –cuando el embarazo es producto de una violación o cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer–, tomando en cuenta las definiciones sobre la posibilidad de dar consentimiento ante prácticas médicas de personas menores de edad y con discapacidad, según el nuevo Código Civil y Comercial. Además, incorpora recomendaciones de la OMS basadas en evidencia científica, para brindar la mejor atención médica. En la actualización trabajó un nutrido grupo de reconocidas especialistas en salud y derecho.
Su derogación por parte del ex presidente Macri no quitó derechos. Pero causó confusión. Siguió vigente el protocolo redactado en 2015.
Al momento de las preguntas, tomó la palabra Mariana Romero del CEDES, y brindó algunos detalles más: “La normativa argentina no establece un límite de edad gestacional. Por lo tanto, este protocolo está hecho en base a los mismos estándares que maneja la OMS. Los equipos de salud vamos a tener que trabajar como venimos haciéndolo. Respecto a la objeción de conciencia, es individual, la ejercen las personas y no las instituciones. El protocolo es claro. Da lugar a la objeción de conciencia, pero las instituciones y particularmente las instituciones públicas somos responsables de prestar los servicios en el marco de la ley. El plazo es de 10 días. No es que aplica a la violación, aplica al momento de la solicitud, no importa la causal: en 10 días debe darse lugar a la práctica”.
Referentes de la lucha por la legalización del aborto celebraron la publicación del Protocolo
El anuncio de la publicación en el Boletín Oficial del nuevo Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, realizado esta tarde por el ministro de Salud Ginés González García desde la sala de conferencias de la Casa Rosada, fue celebrado por las organizaciones de mujeres, particularmente las que bregan desde hace años por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, muchas de cuyas referentes estuvieron presentes durante el anuncio.
La conferencia fue precedida por un encuentro entre el presidente Alberto Fernández, Ginés y la flamante ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Lo que hace el Protocolo es reafirmar una guía para que los profesionales de la salud puedan brindar una mejor atención y garantizar el derecho a la ILE en el marco de las leyes vigentes, de acuerdo a las tres causales que la normativa reconoce desde 1912: si el embarazo pone en riesgo la salud integral (psicológica, física, emocional y social), si el embarazo es en una niña o adolescente menor de 15 años y se considera, por tanto, riesgoso para su salud integral, o si es producto de una violación.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito celebraron la resolución de Ginés. Señalaron que 2500 niñas menores de 15 años llegan a los hospitales a parir, que Tucumán, Salta, Misiones y Santiago del Estero son las provincias con más alto índice de embarazo infantil y que ese registro “se fundamenta en un diagnóstico que organizaciones de Derechos Humanos elevaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de este año. El mismo estudio muestra que 80% de esos embarazos son producto de violencia sexual, agresiones que en su mayoría ocurren en el ámbito intrafamiliar o en círculos cercanos a las víctimas”.
A pesar de que está próximo a cumplirse el centenario del artículo 86 del Código Penal, que permite el aborto legal por esos tres motivos “hay varias provincias que impiden que las niñas víctimas de violencia sexual puedan acceder a ese derecho. Esto es discriminación. Obligar a gestar, parir y maternar es tortura”.
Para la Campaña, “la decisión de Ginés Gonzalez García es fundamental para que el Estado atienda nuestra lucha. Estamos recuperando un piso de derechos. Que se nos escuche ante lo evitable, traemos una propuesta de vida digna: exigimos la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que forma parte de la emergencia social. Según datos oficiales, se realizan 354.627 abortos al año. Son 487.695 desde que el Senado rechazó la Ley, el 8 de agosto de 2018, y serán 98.500 al finalizar los primeros 100 días de un nuevo gobierno”.
Diversos referentes expresaron su satisfacción tras el anuncio oficial. “Como cualquier otra política sanitaria, aprobar un protocolo de actuación médica es competencia de la autoridad de Salud, y celebramos que se haya aprobado por resolución brindando respaldo político para desterrar las dudas, arbitrariedades y falsas interpretaciones de quienes deliberadamente deciden no aplicar la ley vigente desde hace más de 100 años”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Para Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir, “es emocionante que a pocas horas de asumir el nuevo gobierno ya tengamos respuestas tan claras como este protocolo. No podíamos esperar menos de Ginés. Ahora vamos por la ley de aborto legal para 2020”.
Minutos antes del anuncio de su par de Salud, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta había tuiteado una fotografía junto a Alberto Fernández y referentes de la lucha por la legalización del aborto, como la abogada Nelly Minyersky y la dirigente feminista y diputada del Parlasur Cecilia Merchán, con el siguiente texto: “En la previa a la presentación del protocolo para la interrupción legal del embarazo. Cuando avanzamos en derechos, la alegría se nos nota mucho”.
«Entendemos que no hay margen para incumplir la ley y que los abortos que ya son legales se deben garantizar de la manera más rápida y segura en todos los casos de conformidad con el nuevo Código Civil que se sancionó en 2015. Es un avance que este nuevo protocolo actualice la guía de prácticas teniendo en cuenta los avances científicos”, sostuvo Gómez Alcorta.
Comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Resolución del Ministerio de Salud de Argentina
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