Ecuador: la CIDH otorga medidas de protección para Paola Pabón y otros dos dirigentes acusados de rebelión
CIDH otorga medidas de protección a favor de Paola Pabón, Christian González y Virgilio Hernández en Ecuador
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 6 de diciembre de 2019 su Resolución 58/2019 mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Paola Pabón, Christian González y Virgilio Hernández en Ecuador. Las personas beneficiarias se encuentran actualmente privadas de libertad y supuestamente expuestas a amenazas y actos de hostigamientos.
En el análisis del presente asunto, la Comisión tomó en cuenta los hechos denunciados se enmarcan en un contexto de polarización que se habría agudizado especialmente a raíz de las protestas sociales recientes, con la subsiguiente declaración del estado de excepción y numerosas vulneraciones a derechos humanos que presuntamente tuvieron lugar. Particularmente con relación a la presente medida cautelar, la CIDH valoró la situación de riesgo alegada de los propuestos beneficiarios a la luz de amenazas y actos de hostigamientos presuntamente relacionados con sus labores como líderes de oposición política. De entre ellos, cabe destacar la modalidad con la que se habría producido el allanamiento y detención de la señora Pabón, las declaraciones supuestamente estigmatizantes de altas autoridades y, según lo reportado por los solicitantes, la existencia de amenazas de muerte en su contra, incluyendo dentro de las cárceles. A modo de ejemplo, se relató el hallazgo de armas blancas en las celdas vecinas a la de la señora Pabón, con la presunta intención de ser empleadas en contra los “correístas”, constantes amenazas a Virgilio Hernandez en un centro que no garantizaría su seguridad, además de amenazas con navajas y elementos corto punzantes dentro de las instalaciones en contra del beneficiario Christian González.
La CIDH ha dado seguimiento cercano a la situación desarrollada en Ecuador en el contexto de las protestas sociales que tuvieron lugar del 3 al 13 de octubre de 2019, habiendo conformado una visita in loco al Estado entre el 28 y 30 de octubre. En la visita, la CIDH tuvo oportunidad de visitar el Centro de Rehabilitación Social Mixto Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi, en donde actualmente se encuentra privada de libertad la señora Pabón, y el Centro de Detención Provisional de Libertad masculino “El INCA”, en donde se encuentra el señor González. Particularmente en el primero de los establecimientos, la Comisión pudo constatar el clima de hostigamiento que prevalece en la cárcel, el cual empeoró al momento en que la delegación oficial se encontró con la señora Pabón. De hecho, no ha resultado posible llevar a cabo una entrevista con ella en condiciones adecuadas, debido a la actitud percibida de parte de las autoridades carcelarias.
En el marco de la presente medida cautelar, la CIDH solicitó información al Estado, el cual indicó que los procesos penales llevados en contra de los beneficiarios se habrían dado en respecto al debido proceso y en apego al derecho interno. Sin embargo, la Comisión observó que el Estado no aclaró que se haya efectuado un análisis por parte de las autoridades competentes sobre la alegada situación de riesgo a la vida e integridad personal de los beneficiarios, considerando su perfil y circunstancias personales, particularmente ante la gravedad de los alegatos sobre la existencia de serias amenazas.
En consecuencia, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la CIDH solicitó a Ecuador que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Paola Verenice Pabón Caranqui, Virgilio Hernández y Christian Fabián González Narváez; particularmente, valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales de cada uno de los beneficiarios y que permita crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos. Asimismo se solicitó al Estado que se concierten las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; además que se informe sobre las acciones implementadas tendentes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen un prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Paola Pabón busca reunión con el Gobierno
La defensa de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón y de los militantes del movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y Christian González, analizan dos vías para encontrarle un revés a la medida de prisión preventiva que pesa en su contra.
Respaldados en las medidas de protección que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los tres políticos (donde no se incluye su liberación, sino que tengan seguridades y derechos), la mañana de ayer definieron los mecanismos para que los tres recuperen su libertad.
Cabe recordar que en el Gobierno de Rafael Correa, el exmandatario denostó las sugerencias de la CIDH.
Fausto Jarrín, abogado de González, y Ramiro Aguilar, defensor de Pabón y Hernández; presentaron en conjunto a la Corte Provincial de Pichincha un pedido de revocatoria de la prisión preventiva, la que deberá tramitarse mediante audiencia. Ese organismo deberá fijar fecha y hora para analizar si el pedido procede.
Jarrín no descartó interponer un recurso de Hábeas Corpus para que sea un Tribunal el que decida sobre la libertad de los procesados por un presunto delito de rebelión, relacionado con los acontecimientos del último paro nacional registrados en octubre pasado y que degeneraron en violentas manifestaciones.
Para Jorge Rodríguez, expresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, la medida cautelar que pesa sobre Pabón, Hernández y González debería mantenerse según los plazos establecidos en las respectivas audiencias.
El jurista aseguró que lo expuesto por la CIDH no tiene carácter de vinculante, es decir, el Estado está en la libertad o no de acoger las medidas cautelares.
‘Mesa de concertación’
Otra de las vías que los abogados analizan es una “mesa de concertación de medidas cautelares”. Ayer, Jarrín y Aguilar entregaron en la Cancillería un documento donde solicitan una reunión con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General, Procuraduría General, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Gobierno y Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, para Rodríguez esta “mesa de concertación” no tendría cabida, pues representaría una injerencia del Estado en temas que le concierne a la Justicia.
EL DATO
A los implicados se les abrió instrucción fiscal de 90 días por el supuesto delito de rebelión, tras los hechos del paro de octubre.
Pabón de vacaciones
Este medio intentó obtener una versión de la Prefectura sobre la licencia sin sueldo de Pabón, que caducó el pasado domingo, pero no hubo respuesta.
Sin embargo, en su cuenta de Twitter, la institución recogió declaraciones del prefecto (e), Alexandro Tonello, donde informa que el Consejo Provincial de Pichincha concedió un período de vacaciones a la funcionaria, esto pese a que no cumple un año en sus funciones.
“La Prefecta no está asistiendo al Gobierno de Pichincha por razones ajenas a su voluntad”, dijo.
Ante esta posibilidad, el exprocurador, Gustavo Medina, dijo que “las vacaciones proceden cuando se ha cumplido un año de ejercicio del cargo. Es un derecho que se establece con la condición del paso del tiempo establecido en la Ley”.
En la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en el capítulo 1, artículo 25, literal G, se señala que se puede “disfrutar de 30 días de vacaciones anuales pagadas después de 11 meses, por lo menos, de servicio continuo; derecho que no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de cesación de funciones, en que se liquidarán las vacaciones no gozadas conforme al valor percibido o que debió percibir por su última vacación”. (FLC)
Misiva de Aguilar
° En una carta dirigida al prefecto subrogante de Pichincha, Alexandro Tonello, Ramiro Aguilar señala que, ante el llamado de la CIDH, “de conformidad con el artículo 23.2 de la Convención Americana y los estándares en la materia, respete integralmente los derechos políticos de aquellas personas elegidas mediante el voto popular”.
En la misiva, el abogado adjuntó la Resolución del organismo internacional.
Informe sobre el paro dividió a Comisión
Los integrantes de la Comisión Multipartidista que investiga los hechos relacionados con las manifestaciones de octubre temen que su trabajo termine en un “informe tibio”.
El jueves 12 de diciembre del 2019 termina el plazo que les dio el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) para esta tarea. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, todavía no había consensos sobre sus conclusiones y recomendaciones.
Los desacuerdos giraban en relación a por lo menos tres temas. En primer lugar, a si hubo o no un intento de golpe de Estado. A establecer responsabilidades de los hechos violentos que se dieron durante el paro, en segundo orden. Y, por otro lado, al rol que cumplieron la Policía y las Fuerzas Armadas.
Por la mañana, en la sesión de ayer, en la Comisión se evidenciaron dos grupos. Uno compuesto por el presidente de la Comisión, Fernando Burbano (Badi), Héctor Yépez (Creo) y Doris Soliz, de la Revolución Ciudadana (RC).
Ellos plantearon que el informe deje en manos de la justicia el establecimiento de responsabilidades sobre los hechos de violencia que se suscitaron durante el paro, entre el 3 y 13 de octubre pasado.
“Que se investiguen los actos de vandalismo sin insinuaciones hacia ningún sector”, insistió Soliz, del correísmo.
Además, tanto Burbano como Yépez remarcaron que la Comisión no logró contar con los elementos para catalogar a lo ocurrido como un intento de golpe de Estado.
Pero los reparos vinieron del segundo grupo compuesto por Carlos Vera y Rosa Orellana, del oficialismo, y César Rohón, del bloque del Partido Social Cristiano (PSC).
Rohón enfatizó que detrás de los hechos de vandalismo “fue evidente la preparación para algo más grande. Y eso se llama como mínimo desestabilización contra el Estado”.
Apuntó que la Comisión cuenta hasta el momento con un borrador, al que calificó como “bastante general, tibio, que no establece ningún tipo de responsabilidades”.
Mientras que Orellana recordó que durante las comparecencias, los dirigentes indígenas argumentaron que en las manifestaciones hubo infiltrados, pero no contribuyeron a identificarlos.
“Si dejáramos pasar este tipo de situaciones, cada vez que haya una protesta o cada vez que haya una manifestación, los hechos vandálicos estuvieran justificados”, apuntó el asambleísta Vera.
En relación al uso progresivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, Rohón y los oficialistas señalaron que estas instituciones actuaron con mesura, y pidieron que en el informe se respalde su trabajo para el restablecimiento del orden público y que se reconozca su actitud de respeto al orden constituido.
Cada uno de los siete integrantes de la Comisión presentó ayer sus observaciones. En la reunión no estuvo el vicepresidente de la mesa, Jaime Olivo, de Pachakutik, brazo político de la Conaie.
Por su parte, la asambleísta Soliz llegó, además, con una propuesta para que dentro de las recomendaciones se incluyera la posibilidad de plantear una amnistía para quienes están detenidos tras las protestas.
Rohón replicó que “no es prudente” ese planteamiento y pidió esperar que las investigaciones por parte de la justicia sigan su curso. Sin embargo, Yépez mencionó que “no se ha aportado ningún elemento” que justifique el encarcelamiento.
Soliz también pidió que dentro del documento se incorpore a la resolución con la que, el 6 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, su excolaborador Christian González, y el exasambleísta Virgilio Hernández. El tema quedó en debate.
Los comisionados coincidieron en que la violencia fue de lado y lado. Hablaron de la necesidad de exigir al Estado garantizar la reparación integral a los familiares de las personas fallecidas, así como a las víctimas de lesiones permanentes y no permanentes, de detenciones arbitrarias y de daños económicos y materiales durante las protestas.
El asambleísta Burbano esperaba que la mesa parlamentaria aprobara entre la noche de ayer y hoy un informe para remitirlo al Pleno.
El presidente de la Asamblea, el oficialista, César Litardo, prevé convocar a una reunión de la Legislatura la próxima semana para conocer este documento.
