Congreso aprueba ley de garantías constitucionales pero el gobierno de facto la vetará
Diputados aprueban ley de garantías constitucionales
Con más de dos tercios, esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó en grande el proyecto de ley de Garantías para el Ejercicio Pleno de los Derechos Constitucionales. Este plan normativo es cuestionado por los sectores opuestos al Movimiento Al Socialismo (MAS) por ser considerado como un intento de buscar la impnuidad de Evo Morales, por lo cual, la administración de la presidenta Jeanine Áñez ya adelantó que lo vetará.
«@Diputados_Bol aprueba con más de dos tercios en grande Proyecto de Ley «Garantías para el Ejercicio pleno de los Derechos Constitucionales», informó la Cámara Baja en su cuenta de Twiter pasada la medianoche.
Legisladores del actual oficialismo, representantes cívico y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) interpretan que con esta norma el MAS pretende dar impunidad al expresidente Morales, a exautoridades del anterior gobierno y a los dirigentes que participaron en los hechos violentos poselectorales.
El miércoles, la diputada Fernanda San Martín (UD) había denunciado que los parlamentarios del MAS aprobaron de manera ilegal el proyecto de ley en la Comisión de Derechos Humanos, siendo que esa no era la instancia competente.
MAS proyecta ley para proteger a amenazados por represión en Bolivia
La bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) confirmó que impulsa una ley de garantías constitucionales que preserve a autoridades elegidas y dirigentes sociales, en medio de una ola represiva desatada en Bolivia.
‘Es una ley que garantiza las libertades establecidas en la Constitución, al igual que el derecho a la libre expresión, la presunción de inocencia y el debido proceso’, explicó el diputado Franklin Flores, del MAS, mayoritario enel poder legislativo.
La propuesta fue planteada en medio de una campaña mediática y política que busca criminalizar al MAS y sus dirigentes, al extremo de acusar de terrorismo al expresidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y otros exgobernantes y dirigentes.
La campaña coincide con otras acciones y acusaciones contra dirigentes del MAS, y políticos y medios de comunicación de línea afín al régimen producto del golpe de Estado que el 10 de noviembre obligó a renunciar a Morales, sostienen que la ley busca supuestamente la impunidad del líder indígena y de los participantes en las protestas contra la asonada.
‘Esta es una ley de amnistía para Evo Morales, el exministro Juan Ramón Quintana, dirigentes y exautoridades del MAS’, sostuvo el parlamentario Gonzalo Barrientos, de la minoría derechista legislativa que secunda al gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.
Barrientos imputó a los exgobernantes y líderes sociales ‘los delitos de terrorismo, de sedición, de organización criminal y de lesa humanidad’, a tiempo que soslayó matanzas cometidas por órdenes gubernamentales en la represión de las protestas antigolpistas.
Flores, a su vez, negó que se trate de una ley de amnistía, pues no está referida a determinados beneficiarios, sino una norma que garantiza la protección de derechos y libertadas constitucionales.
El clima de persecución al MAS se evidenció al pedir otro parlamentario derechista, Tomás Monasterio, la detención de Alpacino Mojica, excandidato de la organización al parlamento, por el departamento oriental de Santa Cruz, por aceptar que tuvo como asesor electoral al exalzado peruano Martín Serna Ponce.
Mojica dejó en claro que la labor de Serna fue legal y que nada tiene que ver con las actividades ilegales anteriores del peruano, que estuvo preso en Bolivia, por el secuestro del empresario y político boliviano Samuel Doria Medina, realizado por un comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en 1995.
Serna Ponce radicaba legalmente en Santa Cruz y hasta era accionista mayoritario de una empresa de decoraciones, según una escritura legal de 2016.
Tanto el peruano como el MRTA son incluidos en el organigrama presentado por las autoridades de facto, para sostener que el MAS está involucrado en una supuesta organización terrorista internacional, lo que para críticos del gobierno es un montaje para justificar la represión.
Sin embargo, fuentes cercanas a la embajada peruana anotaron que el MRTA como tal ya no existe, pues fue desarticulado hace más de 20 años, tras la toma militar de la embajada de Japón en Lima, ocupada por el grupo, cuyos integrantes anunciaron hace varios años su integración a un partido legal, con fines de participación en elecciones.
Justicia revoca detención domiciliaria y envía a la cárcel al gobernador Esteban Urquizu
La Justicia revocó la detención domiciliaria del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu (MAS), y lo envió a la cárcel de San Roque con detención preventiva por tres meses, en el proceso que se le sigue por abandono de funciones, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos.
La Fiscalía apeló la detención domiciliaria con la que Urquizu fue beneficiado en primera instancia. En una audiencia de apelación, el vocal del Tribnal Departamental de Justicia Iván Sandoval revocó esa determinación inicial hasta tanto se sigan con la investigación. Se fijó un plazo de tres meses, como manda la nueva normativa, para la investigación.
Urquizu está acusado de abandonar su cargo después de las elecciones nacionales del 20 de octubre, tras desatarse una ola de violencia que incluyó la quema de varias instalaciones electorales, entre ellas en Sucre. El 10 de noviembre anunció su renuncia poco después de que el expresidente Evo Morales anunciará su dimisión. Después, la autoridad retrocedió en su determinación y pidió coordinar con el gobierno transitorio.
La Fiscalía imputo a Urquizu por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes del estado y uso indebido de influencias.
A raíz de los procesos que enfrenta, Urquizu solicitó a la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca una licencia hasta enero de 2020. En una sesión accidentada, Efraín Balderas fue elegido para ejercer como gobernador interino.
