Colombia: la ONU pide capturar y condenar a asesinos de líderes sociales
ONU pide capturar y condenar a asesinos de líderes ambientalistas y sociales
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, rechazó los seis casos de asesinato que se registraron en Colombia en las últimas horas contra dos ambientalistas, una lideresa social, un integrante de la Anuc y un indígena.
La ONU confió en que se capture, se juzgue y se sancione a los asesinos y a los responsables intelectuales de estos crímenes.
«Lamentamos el asesinato de los ambientalistas Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve; de la lideresa de Nariño Lucy Villarreal; del integrante de la Anuc Huila Reinaldo Carrillo; del indígena Nasa Jairo Ortiz; y de Richard Caicedo en Putumayo», señaló la Organización en su cuenta de Twitter.
En el caso de la bióloga Nathalia Jiménez y de su esposo, Rodrigo Monsalve, oriundos de Bogotá fueron asesinados en la vía que de Santa Marta, conduce al municipio de Palomino, al parecer por hurtarles la camioneta en la que se movilizaban.
Por este doble crimen fueron capturados Andrés Felipe García Socarrás, alias Pipe Bareta, Luis Rodríguez Tovar alias ‘Luchito’; y Jaider Lazaro Jaramillo- quienes habrían tenido participación en este hecho y quienes en las últimas horas de este jueves fueron enviados a prisión.
En otro hecho, registrado en Tumaco, Nariño fue asesinada Lucy Villareal, lideresa y gestora cultural de esta zona del país.
La líder social fue abordada por desconocidos cuando salía de un taller con niños en una institución educativa ubicada en el corregimiento de Llorente del distrito de Tumaco y fue abordada por un hombre que le disparó en varias ocasiones.
En el caso del integrante de la Anuc, Reinaldo Carrillo, éste fue asesinado el pasado jueves en Pitalito, Huila, al parecer por disidentes de las Farc.
Carrillo era integrante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y coordinador del comité de paz en Pitalito.
En este mismo departamento fue asesinado Jairo Ortíz, miembro de la guardia indígena en el corregimiento de Rio Negro de Iquira, Huila.
Por su parte, el líder social Richard Caicedo fue asesinado en Mocoa, Putumayo, según se conoció ya había denunciado en diez ocasiones amenazas de muerte en su contra.
Caicedo contaba con esquema de seguridad desde hace 3 años, sin embargo no fue posible que este detuviera el ataque que finalmente acabó con su vida.
Líderes sociales, un problema sin “sistematicidad”, según el Gobierno
El consejero presidencial en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales, Francisco Barbosa, hizo su balance del 2019. Según su oficina, los crímenes contra líderes sociales han sido menos que el año pasado y están asociados a fenómenos de criminalidad que responden a particularidades territoriales, por lo que, insiste, no existe sistematicidad ni relación entre uno y otro homicidio.
“Desde el 6 de agosto de 2018 se han presentado, producto de la constatación de la ONU, el grupo elite y Fiscalía, 121 homicidios”, puntualizó el consejero presidencial y quien fue postulado por el presidente Iván Duque para asumir la Fiscalía General de la Nación. Barbosa asegura que desde el primer día de este año los homicidios de líderes han ocurrido en 58 de los 1.103 municipios del país. Además, reveló que en el periodo entre el 1° de enero de 2019 y el 17 de diciembre fueron 84 los líderes asesinados, lo que, a su juicio, implica una reducción del 25 % con respecto al 2018.
Los datos de la alta consejería consignan que el 87 % de los homicidios corresponden a hombres y 12 % a mujeres, y recuerda que la categoría de líderes sociales empezó a utilizarse a partir de 2016. Barbosa aprovechó para destacar que, en el marco de la implementación del Plan de Acción Oportuna (PAO), puesto en marcha desde noviembre de 2018 hasta hoy, la reducción de crímenes fue del 23 %.
“Se sigue confirmando que estos crímenes ocurren en municipios con alta presencia de grupos armados, donde, además, están luchando por el control de las rutas de narcotráfico. Zonas con aumento de cultivos de coca y al mismo tiempo minería ilegal”, expresó Barbosa. También afirma que en estas regiones el gobierno de Duque está haciendo un esfuerzo por llevar la presencia estatal, como es el caso de los 170 municipios priorizados por el Acuerdo de Paz por ser las regiones donde el impacto del conflicto armado ha sido mayor.
Barbosa hizo un llamado para que los gobernantes locales y departamentales que iniciarán sus mandatos el 1° de enero de 2019 asuman dentro de sus planes de gobierno medidas para proteger a los líderes sociales y denuncien los hechos cuando estos ocurran. A propósito de esto, el consejero presidencial informó que la Unidad Nacional de Protección pasó de 7.150 protegidos a 8.657, de los cuales 4.726 son líderes sociales, 323 son exmiembros de las Farc y se ha requerido un presupuesto de casi $1 billón.
“400 mil millones se destinan exclusivamente a líderes sociales, sobre prevención colectiva ya hay 38 resguardos, 31 consejos comunitarios inscritos y 12 organizaciones sociales que gozan de protección. Un componente colectivo muy importante”, precisó el funcionario. Asimismo anunció que en enero el Gobierno lanzará un plan nacional de empresas y derechos humanos, con el fin de cumplir con los estándares internacionales en esta materia.
Respecto al tema de la sistematicidad en los crímenes, posición que tensiona las relaciones entre organizaciones dedicadas a la defensas de los derechos humanos y el Gobierno, Barbosa aseguró: «Hay cifras que hablan de 121 homicidios en diferentes regiones. Las razones son diversas, aquí no hay una política de exterminio, ni hay una política sistemática, aquí lo que existen son razones diversas que se producen contra nuestros líderes sociales, atadas a fenómenos de delincuencia. Esta idea de sistematicidad hay que rechazarla, lo que existe es una acción de la delincuencia, de los criminales, del narcotráfico, de la gente que practica la minería ilegal, de aquellos que están luchando por apoderase de las rutas del narcotráfico en algunas de esas zonas donde se ha producido un aumento de los cultivos ilícitos. Más que sistematicidad lo que existe es una acción contra nuestros líderes por diversas causas. No podemos hablar de sistematicidad”.
De igual manera, registró que se ha avanzado en esclarecimiento de este tipo de casos, y que, según la Fiscalía General de la Nación, la tasa de impunidad se ha reducido al punto de tener 53 % de esclarecimiento de los casos de lideres sociales. “Es una tasa de esclarecimiento que casi duplica la tasa de esclarecimiento que hay en todos los crímenes en diferentes casos. Lo que hay que hacer es un trabajo conjunto (…) Esas tazas, como lo ha planteado la Fiscalía, han variado entre el 50 y el 60 %. Hoy estamos en 53 %”, añadió
Finalmente, el funcionario de Gobierno envió algunos mensajes al país: “Instar a las autoridades judiciales a avanzar en esas investigaciones. A la ciudadanía, a las autoridades locales y departamentales, este tema de los líderes sociales nos compete a todos. Aquí no puede ser posible que inmediatamente ocurre uno de estos hechos todo el mundo está buscando un solo responsable, cuando todo el mundo tiene que ponerse la mano en el corazón y salir de forma clara a clarificar lo que está ocurriendo. E invito a todos, más allá de partidos y discrepancias política, a que nos pongamos la camiseta por la vida en Colombia y tratemos de avanza en una política de prevención para evitar que a nuestros líderes sociales los sigan asesinando”.
En respuesta, Indepaz, una de las organizaciones de derechos humanos y que lleva un detallado registro de homicidios de líderes sociales, salió a controvertir las cifras entregadas por Barbosa. Según ellos, en lo que va corrido del año se han registrado 234 asesinatos de líderes, siendo Cauca, Nariño y Caquetá los departamentos con mayores registros. Indepaz sostuvo que, contrario a lo planteado por el funcionario público, desde que Iván Duque llegó a la Presidencia los homicidios contra líderes no han sido 121, como asegur a Barbosa, sino 347, y que, desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2018, ya van 745 líderes asesinados.
