Chile: «Un violador en tu camino» resonó en el Estadio Nacional para denunciar la violencia política y sexual
Miles de chilenas protestan contra abusos de Carabineros
En el marco de las protestas masivas contra el Gobierno de Sebastián Piñera, miles de mujeres manifestaron este miércoles frente al Estadio Nacional de Chile, para repudiar los abusos y violaciones cometidas por Carabineros (policía militar) durante las violentas represiones contra la población.
Tras el impacto mundial de la canción difundida por el movimiento feminista «Las tesis», replicada en varias ciudades de América Latina y Europa, un grupo de mujeres se organizó para hacer una nueva versión de la actuación que emula la intervención feminista “Un violador en tu camino”.
Frente a lo que fuera un centro de detenciones y torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet, féminas de todas las edades entonaron la canción que ya se ha convertido en himno contra la violencia de género.
Miles de feministas se concentran en los alrededores del Estadio Nacional en #Chile pic.twitter.com/ORXJYH3670
— teleSUR TV (@teleSURtv) 4 de diciembre de 2019
El canto, que condena al patriarcado y la violencia policial, hace referencia específica a una frase del himno institucional de los Carabineros, “duerme niña tranquila”, contraponiéndolo con los abusos sexuales que han sido víctimas muchas mujeres en las protestas.
Vestidas de negro, con vendas en los ojos, pañuelo y labios rojos, las coordinadoras del movimiento supervisaron los movimientos de la coreografía de alto impacto, la misma replicada en ciudades como Bogotá, París, Berlín, Madrid y Barcelona.
En la plazoleta también se escucharon llamados como «Chile despertó» y “Paridad en la Constituyente”, cánticos recurrentes durante las últimas semanas de movilizaciones.
Las manifestantes chilenas cantan el himno feminista «Un violador en tu camino» en el marco de las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera pic.twitter.com/txSymSXTpK
— teleSUR TV (@teleSURtv) 4 de diciembre de 2019
Por su parte, la ministra de la Mujer, Isabel Plá, escribió en su cuenta Twitter que la intervención “es una interpelación a todas las instituciones del Estado en su actuar en defensa de las mujeres agredidas o vulneradas en sus derechos”.
Sin embargo, organizaciones feministas han pedido su renuncia al condenar su silencio ante los hechos de violencia de género cometidos por agentes de la fuerza pública en las protestas.
El performance se hizo viral en redes en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, ideada por Daffne Valdés Vargas y Sibila Sotomayor Van Rysseghem (artes escénicas), Paula Cometa Stange (diseño-historia) y Lea Cáceres Díaz (diseño de vestuario), todas de 31 años y residentes de Valparaíso.
Senado aprueba en general ley antisaqueos y aguarda por indicaciones hasta el viernes
Un fuerte debate respecto a qué se entiende por desorden público cruzó la discusión del proyecto de ley antisaqueos, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia.
Las ideas matrices de la iniciativa fueron aprobadas por la Sala del Senado con 33 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, durante una sesión extraordinaria realizada durante la noche del miércoles.
Lo anterior, luego que el proyecto sorteara su primer trámite en la Cámara de Diputados con un respaldo de 127 votos, siete en contra y 13 abstenciones.
En detalle, la propuesta establece que quien, valiéndose de una manifestación o reunión pública, “tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a cinco años”.
Para continuar su trámite, habrá plazo hasta el 6 de diciembre para que los legisladores y el Ejecutivo presenten indicaciones, de manera que la Comisión de Seguridad Pública vuelva a analizar el texto, ahora en particular.
La incorporación de una indicación que busca sancionar tomas de predios agrícolas sería una de las piedras de tope, lo que fue considerado como una forma de criminalizar la causa mapuche. Misma situación ocurriría con las movilizaciones pacíficas dado que, cuando se detenga el tránsito vehicular, por ejemplo, se considerará desorden público y el peso de la ley caerá sobre esos ciudadanos.
De acuerdo a parlamentarios de oposición, las tomas o paralizaciones en general serían condenadas por sí mismas sin discriminar aquellas que tienen un carácter social como las de vivienda o sindicales.
“El Gobierno quería aprobación inmediata, pero en el Senado le dijimos que no, porque tiene graves errores. Sanciona hechos que no son delito, pone igual pena a conductas muy distintas y normas del saqueo con baja sanción. Aprobamos idea de legislar para hacerle cambios”, subrayó el senador Felipe Harboe (PPD), presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
En esa línea, algunos calificaron el texto como populismo penal puesto que el término “antisaqueo” no correspondería al nombre del proyecto, dado que no se hace referencia al término saquear o robar, sino otras conductas.
En contraposición, congresistas oficialistas aseguraron que “el fin no justifica los medios”, por lo que mencionaron la pertinencia de discriminar entre quienes se manifiestan y aquellos que se escudan en los primeros para hacer vandalismo.
Desde un punto de vista legal también se cuestionó la redacción de la norma, en cuanto a la dificultad que habrá a la hora de probar el delito de desorden público y la desproporción de las penas que se generaría. Por esa razón, se espera que estos aspectos sean corregidos en la redacción de las indicaciones.
Infraestructura crítica
Mientras tanto, durante la jornada la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general y particular la reforma constitucional que permitiría a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, anunció que le pondrán urgencia a la discusión en la Cámara Alta y que además habrá que legislar respecto de lo que se definirá como infraestructura crítica. El secretario de Estado añadió que al Gobierno le interesa modernizar la legislación y se espera que los plazos sean breves.
El senador Francisco Huenchumilla, quien integra la Comisión de Constitución que aprobó la iniciativa para ser discutida en la Cámara Alta, dijo que -según lo que se presentó en la instancia- la única misión de las Fuerzas Armadas será vigilar de forma estática la infraestructura crítica.
Recordemos que por tratarse de una modificación constitucional se requiere de 2/3 de votos favorables en el Senado para que el proyecto siga avanzando en su trámite legislativo.
Diputados del Frente Amplio explican por qué votaron a favor de la ley antisaqueos
Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que busca modificar el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública a través de la ejecución de actos de violencia, iniciativa conocida también como ley antisaqueos.
La propuesta, impulsada desde el gobierno, fue aprobada por 127 votos a favor, 6 en contra y 13 abstenciones. En el texto, el proyecto establece además sanciones con penas más altas para quienes resulten responsables de incendiar barricadas, en el marco de manifestaciones.
Para esta sanción, el documento indica que se entenderá por desorden público las siguientes situaciones:
- Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.
- Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.
- Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.
- Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.
- Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
- Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.
“El que valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años”, detalla el proyecto.
Críticas a diputados del FA
Dentro de los 127 votos a favor se incluye la aprobación de parlamentarios del Frente Amplio, quienes anteriormente habían criticado el proyecto por “criminalizar la protesta social”.
Los únicos que votaron en contra de la tipificación fue Florcita Motuda (PH), Pamela Jiles (PH), Félix González (Partido Ecologista), Amaro Labra (PC), Hugo Gutiérrez (PC), Emilia Nuyado (PS) y Esteban Velásquez (FREVS).
El sufragio a favor de los diputados frenteamplistas causó polémica incluso al interior del conglomerado. El sociólogo Carlos Ruiz, considerado el ideólogo del bloque, criticó duramente la decisión de “la izquierda parlamentaria”.
La izquierda parlamentaria no puede quedar sometida a la conceptualización con que la derecha mezcla, confunde y deslegitima la protesta social.
Es el costo de haber tardado tanto en enfrentar el vandalismo: la que impone sus términos es la derecha— Carlos Ruiz Encina (@carlosruize) 4 de diciembre de 2019
La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, se sumó a las críticas a sus colegas. “Cuando los repriman, les lancen balines, los golpeen o los apresen por tener una bufanda en la cara acuérdense de estos 127 diputados que blindan a Piñera”, emplazó.
Hoy se aprobó la primera de 1 serie de leyes represiva del gobierno con 127 votos a favor. Fui uno de los 7 votos en contra. Cuando los repriman, les lancen balines, los golpéen o los apresen x tener una bufanda en la cara acuérdense de estos 127 diputados que blindan a Piñera. pic.twitter.com/HegKDXwBO2
— #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) 4 de diciembre de 2019
Algunos parlamentarios del FA salieron a explicar sus razones tras el voto. Uno de los primeros fue Giorgio Jackson (RD), quien respondió a Jiles señalando que “parece que hay una confusión”, ya que “el mal llamado proyecto ‘antiencapuchados’ está en el Senado y no ha pasado por la Cámara”, recalcó.
Diputada @PamJiles, parece q hay una confusión. El mal llamado proyecto «antiencapuchados» está en el senado y no ha pasado por la cámara, como se ve acá (https://t.co/RPs3cSsxy5). Por lo tanto, nada de balines o golpes por taparse el rostro se votó hoy. ✌ https://t.co/SLs9AKC53X
— Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) 4 de diciembre de 2019
Otro que respondió al tweet de la militante del PH fue el diputado Jorge Brito (RD), quien indicó que “algunas personas buscan dividir y desinformar”.
Algunas personas buscan dividir y desinformar. La ley anti capuchas está en el senado y no se ha votado. Yo no respaldaré proyectos que buscan criminalizar el descontento social y respaldar a un gobierno nefasto y violador de los #DDHH https://t.co/pdz2HHTHdb
— Jorge Brito Diputado (@jorbritoh) 4 de diciembre de 2019
Gabriel Boric (CS), por su parte, explicó que aprobó “penalizar ataques a bomberos y otros servicios de utilidad pública que pongan en peligro la vida de la gente (como SAMU) y rechacé todo lo que criminaliza la protesta social”.
“Aprobamos en general porque rechazamos los saqueos y sabemos el daño que han causado a trabajadores/as. La izquierda no debe temer respaldar la protesta social, enfrentar a quienes intenten criminalizarla y a la vez enfrentar a quienes se aprovechan de ella para su beneficio individual“, justificó.
Se aprobó en la Cámara ley que crea el delito de saqueos. Aprobé penalizar ataques a bomberos y otros servicios de utilidad pública que pongan en peligro la vida de la gente (como SAMU) y rechacé todo lo que criminaliza la protesta social. Que no le vendan cuentos.
— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) 4 de diciembre de 2019
La presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, también respondió a los cuestionamientos. “Teníamos que hacernos cargo de los saqueos y enfrentar a bandas delictuales que les acomoda el modelo de competencia y desigualdad infundiendo miedo. Rechazamos la criminalización de la manifestación”, aseguró.
Otra de las parlamentarias que aceptó modificar el Código Penal fue Maite Orsini (RD), quien a través de un hilo en Twitter explicó las razones de su voto.
“No aprobamos la criminalización de tomas, cortes de calle, meros rayados en bienes o huelgas legítimas de servicios públicos. Aprobamos solamente la criminalización de saqueos, impedir actuar de bomberos e impedir la protesta (para este último faltaron votos)”, dijo.
Además, aclaró que hoy no votaron por la “ley antiencapuchados”. Sin embargo, adelanta que esta será rechazada por su bancada, ya que “es una medida ineficiente, que priva de un medio de protección contra las lacrimógenas y criminaliza la protesta social legítima”, aseveró.
Cabe destacar que Camila Vallejo (PC) se abstuvo de votar a favor del proyecto. “Tuvimos diferencias sustantivas sobre el proyecto, en lo único que votamos a favor fue en la tipificación del saqueo como el robo en lugar no habitado cuando se hace de manera organizada, como lo ocurrido con el concejal RN”, puntualizó.
No avalamos los saqueos,pero hay saqueos institucionalizados q el Gob no quiere hablar ni combatir. Lo urgente son los saqueos de cuello y corbata, las AFP, los de nuestros RRNN…pero el Pdte pone las urgencias en el Congreso y está es la agenda q quiere instalar #leyantisaqueos pic.twitter.com/izKqho0BFG
— Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) 4 de diciembre de 2019
Lo más grave que enfrenta: Cómo va la querella contra Piñera por crímenes de lesa humanidad
Mientras todos los ojos están puestos en la polémica que ha surgido en torno a los dichos que, de lado a lado, han manifestado el Gobierno y el Ministerio Público, poco a poco, de manera silenciosa e incluso hasta imperceptible, han ido prosperando las diligencias en torno a la acción judicial más grave que enfrenta hoy en día el Presidente de la República.
Y es que la acusación constitucional que enfrenta en el Congreso Nacional hoy es un detalle en comparación a la querella por crímenes de lesa humanidad y genocidio que interpusieron el pasado 4 de noviembre, en conjunto, 16 abogados y abogadas de la Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo y la Cooperativa Jurídica, en contra de Sebastián Piñera Echenique.
Entre los delitos que le imputan al mandatario hay nueve de los denominados “de lesa humanidad”, entre los que se encuentran homicidios, torturas y apremios ilegítimos físicos, mentales y sexuales; así como también la mutilación de miembros importantes, como en los casos de casi 300 víctimas que han sufrido la pérdida de alguno de sus ojos.
Sobre las razones que motivaron la presentación de esta grave denuncia, la abogada de la Defensoría Popular y quien lidera la querella, María Rivera, dijo a nuestro medio que éste es más bien un deber de todo defensor de los derechos humanos.
“Hemos visto que la represión se ha profundizado y se ha convertido, según nuestro criterio, en la comisión de crímenes de lesa humanidad”, señaló Rivera.
“Como defensores de los derechos humanos nos vemos evidentemente estimulados a presentar una querella en contra de quien nosotros creemos que tiene toda la responsabilidad sobre las Fuerzas Armadas y Carabineros, que es el Presidente de la República, toda vez que el Estado chileno ha suscrito tratados internacionales y que se encuentran vigentes para todo el territorio nacional y él, como representante de ese Estado, le cabe absolutamente la responsabilidad“, subrayó la abogada querellante.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a tramitación la querella y en seguida fue derivada al Ministerio Público, quien designó a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para llevar a cabo las diligencias correspondientes al caso. Así, hace dos semanas la Fiscalía comenzó a citar a testigos y, hace una, a oficiar a distintas instituciones, todos procedimientos que fueron solicitados por los demandantes y acogidos por el ente persecutor.
En ese sentido, la abogada querellante del caso señaló que lo que pretenden es que el mandatario sea llevado a un juicio oral, pero en caso de que esto no ocurra, acudirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Lo ideal para nosotros es que llegue a una formalización del querellado y, evidentemente, lo ideal es llegar a un juicio y que haya una condena. Pero sin duda, nosotros, que tenemos legítimas dudas de que resulte eso acá en el Estado chileno, pretendemos llegar evidentemente a las instancias internacionales”, afirmó la abogada de la Defensoría Popular.
Respecto a los detalles de las diligencias que lleva a cabo la Fiscalía, el Ministerio Público confirmó que ya se ha oficiado a Carabineros de Chile, así como también a los ministerios del Interior y de Justicia; también se han solicitado oficios al Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Oftalmología, así como también se ha hecho con el Hospital de Urgencia Asistencia Pública y el Hospital El Salvador.
Respecto de la labor que recae en el ente persecutor frente a esta investigación, en conversación con este medio, el fiscal nacional, Jorge Abbott manifestó que tienen una “responsabilidad reforzada” de actuar al nivel de las circunstancias.
“Entendemos que tenemos una enorme responsabilidad por dos razones: primero se trata de la primera autoridad de la República y, en segundo lugar, se trata de un delito gravísimo“, aseguró el titular de la Fiscalía Nacional.
“En consecuencia, tenemos una responsabilidad reforzada o redoblada de hacer las cosas con la mayor seriedad y creo que la fiscal está precisamente cumpliendo con ese deber“, agregó Abbott.
Durante la mañana de este jueves, en las oficinas del Ministerio Público en Santiago, se llevará a cabo una reunión con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, que fue solicitada por los abogados querellantes.
La cita, a la que asistirán tres representantes de los 16 abogados patrocinantes, tiene como objetivo principal dar cuenta del estado de avance de las indagatorias frente a la denuncia por crímenes de lesa humanidad y genocidio que enfrenta el presidente Sebastián Piñera.
Acusación Constitucional a Sebastián Piñera: el martes 10 debiese presentar su defensa
Durante la jornada de este miércoles se llevó a cabo la tercera sesión consecutiva de la comisión que analiza la acusación Constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera.
En la ocasión fue el tema salud el que se discutió, siempre en el contexto de la crisis social que afecta al país desde octubre pasado.
A la sesión fue invitado, como expositor, el director de Salud de Carabineros, General Luis Soto, quien se refirió a la situación de los uniformados durante las manifestaciones.
Soto afirmó que las lesiones que debe enfrentar Carabineros por estos días de protestas, en su gran mayoría, son de carácter traumatológico.
“Mucho piedrazo, fierro, llegó hasta un carabinero quemado porque en la estación de Metro de Maipú la gente le echaban bencina a pelotas de diario que las amarraban y se las tiraban donde ellos estaban custodiando. Objetos contundentes, boleadoras, llegaban ellos mismos con los rodamientos de hacer, etc. Pero yo me atrevería a decir que la mayoría, en un 80 por ciento, son de carácter traumatológico.
Por otra parte, el uniformado negó que el sistema de salud de Carabineros tenga más privilegios que el de la población civil. Según Soto, es la eficiencia lo que marca la diferencia en el sistema de salud de la institución.
“Una de las misiones que tenemos es eficientar al máximo los pocos recursos en salud que tenemos, es más, yo creo que si nuestro sistema ha tenido, en esta oportunidad, una respuesta adecuada es gracias al sacrificio del personal médico, del personal técnico, enfermeras y enfermeros, no es porque tengamos más recursos ni más privilegios que los que tiene cualquier ciudadano chileno en relación a su sistema de salud”.
En la otra cara de la moneda, fueron invitados a la instancia representantes de las brigadas de salud que atienden a los manifestantes heridos por Carabineros.
José Silva, del Movimiento Salud en Resistencia, denunció que personal uniformado ataca directamente a las brigadas pese a que estas cuentan con signos que identifican su labor.
“Tenemos compañeras, estudiantes de enfermería, profesionales de la salud que han sido atacados directamente por Carabineros a pesar de que andan con sus distintivos: con un casco con cruces, una mochila con cruces, un escudo con cruces, igual se les ha disparado directa y deliberadamente sin mirar hacia ningún lugar, por eso hemos tenido que usar escudos, porque al mismo tiempo que estamos atendiendo a lesionados en la calle, Carabineros no nos ataca directamente a nosotros pero nos lanza una bomba lacrimógena a diez centímetros al lado y a diez centímetros del otro, y nos encierran en una bomba de humo. O empiezan a dispararle perdigones al que está al lado de nosotros y nos rebotan, o nos atacan directamente porque nos están diciendo vende patria”.
Recordemos que el presidente Piñera contestó este miércoles a la Acusación, y el martes 10 se debiese presentar su defensa. El miércoles 11 la comisión debiese votar la acusación, mientras que en Sala se vería el jueves 12.
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