Bolsonaro indulta a policías y militares condenados por homicidios

Bolsonaro concedió un indulto navideño a policías y militares condenados por homicidios

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, firmó su primer indulto navideño y los beneficiados son, en su mayoría, policías condenados por homicidio.

«El decreto innova al conceder indulto a aquellos que dedican sus vidas a la salvaguarda de la sociedad», entre los que figuran agentes de la Policía Federal, Civil, Militarizada y del cuerpo de bomberos, afirmó la Presidencia de Brasil en un comunicado, informó la agencia de noticias

El indulto navideño es un beneficio previsto en la Constitución brasileña que concede la supresión de las penas por esta época del año siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

«El decreto innova al conceder indulto a aquellos que dedican sus vidas a la salvaguarda de la sociedad» (Jair Bolsonaro)

La medida también beneficiará a aquellos agentes de los cuerpos de seguridad del Estado que «hayan sido condenados por actos practicados» en sus días libres y cuya intención fue «eliminar un riesgo existente» para sí mismo o para un tercero.

Bolsonaro, líder de la extrema derecha en Brasil y capitán de la reserva del Ejército, concedió también el indulto «a los militares de las Fuerzas Armadas», que «en operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO)», hayan «cometido crímenes no intencionados en determinadas hipótesis».

Las misiones de GLO son autorizadas por el presidente de Brasil y conceden a los militares la facultad de asumir por completo las labores de seguridad pública en graves situaciones de perturbación del orden.

El mandatario sudamericano, que el próximo 1 de enero cumplirá un año en el poder, defiende la «mano dura» contra el crimen, acostumbra a decir que «bandido bueno es bandido muerto» y afirma que si un policía mata a un delincuente, cualquier sea la circunstancia, debería recibir una «condecoración» en vez de ser investigado.

El gobierno de Bolsonaro ya intentó beneficiar a los agentes de seguridad por medio de una iniciativa legislativa que eximía de castigo a los policías que causasen bajas en situaciones de «miedo justificado, sorpresa o violenta emoción», pero ésta fue rechazada por el Congreso.

El indulto se produce en un contexto de creciente violencia policial en el país, según han denunciado diversas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch.

Ámbito Financiero

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Jair Bolsonaro aprueba paquete anticrimen, pero veta 25 artículos y mantiene la figura del juez de garantías, desaprobado por Moro

El ex juez dice que se opone a este figura porque no está claro su rango de actuación.

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, sancionó con vetos la ley que endurece el código penal para combatir el crimen, que incluye algunas propuestas del ministro de Justicia y Seguridad Pública, el ex juez Sérgio Moro. El texto fue aprobado por el Senado en los primeros días de diciembre, informó ayer la Secretaría de la Presidencia.

La sanción de la ley por parte del mandatario se hizo oficial en una edición extra del Diario Oficial publicada en la noche del martes 24, horas antes de la Navidad. Según informó O Globo, la ley del denominado paquete anticrimen impulsado por Moro tiene 25 artículos que habían sido aprobados por el Congreso y fueron vetados por el mandatario. Por otra parte, y para disgusto de Moro, la ley aprobada mantiene la creación del juez de garantías, enmienda que había sido presentada en el Legislativo por el diputado federal Marcelo Freixo, perteneciente al izquierdista Partido Socialismo y Libertad.

Según detallaron medios brasileños, la figura del juez de garantías tiene la función de tomar determinadas decisiones durante la investigación, antes del comienzo del proceso criminal. La idea es que este juez asegure los derechos individuales del investigado. Este juez tiene la potestad respecto de la legalidad de las acciones de los investigadores, así como en la prisión preventiva, la interceptación de llamadas telefónicas, el levantamiento del secreto bancario y las órdenes de búsqueda y detención, entre otros.

Al respecto, ayer Moro, mediante un comunicado, se mostró reacio a la creación de esta figura jurídica como parte del paquete anticrimen promovido por él, porque no está claro de qué manera funcionará en la práctica.

“El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública se posicionó en favor del veto al juez de garantías, principalmente porque no fue explicado como funcionará esta nueva figura en las localidades que sólo tienen un juez, que son aproximadamente 40% del total; además, este juez podría intervenir en procesos pendientes en los que tienen actuación tribunales superiores”, argumentó el ministro en el texto, citado por la revista Fórum. De todas maneras, Moro destacó que Bolsonaro “vetó varios artículos” propuestos por su ministerio y concluyó que “el texto final sancionado por el presidente contiene avances para la legislación contra el crimen en el país”. De cualquier forma, la medida de Bolsonaro de mantener esta figura irritó a los seguidores acérrimos de Moro, que descargaron su malestar contra el mandatario mediante mensajes en las redes sociales.

Entre los artículos vetados por el líder ultraderechista están la triplicación de la pena cuando un crimen fuera cometido o divulgado en cualquier tipo de red social; la toma de registro de ADN únicamente en el caso de crímenes dolosos contra la vida de las personas y crímenes sexuales cometidos contra personas vulnerables, y la limitación de prueba de captaciones ambientales solamente para la defensa. Bolsonaro también vetó una disposición que calificaba el crimen de homicidio en casos de uso de armas de fuego de uso restringido y prohibido. De acuerdo a lo que argumentó el presidente, esta propuesta podía generar inseguridad jurídica “notoriamente a los agentes de seguridad pública”. El presidente explicó que esos efectivos podrían ser “severamente procesados o condenados criminalmente” por emplear sus armas, de uso restringido, en el ejercicio de sus funciones, o en caso de “situaciones extremas” en las que estén intentando garantizar el orden público, así como en confrontaciones armadas con grupos criminales.

El presidente vetó además la disposición que prohíbe la realización de las audiencias de los procesados con el juez de garantías en el plazo de 24 horas mediante videoconferencia, alegando que esto podría generar inseguridad jurídica.

De todas maneras, en el Congreso los parlamentarios tendrán la oportunidad de dejar sin efecto los vetos de Bolsonaro y retomar la confección del contenido final del proyecto.

La Diaria

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Bolsonaro sanciona, com vetos, projeto que endurece a legislação contra o crime

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com 25 vetos, o pacote de medidas que torna mais rígidos o processo penal e a legislação contra crimes. O texto, que já havia sido aprovado pelo Congresso, foi sancionado nesta terça-feira (24) e publicado na madrugada desta quarta no Diário Oficial da União.

O texto contém parte do pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, e parte do projeto elaborado pela comissão de juristas coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A proposta também conta com alterações promovidas por parlamentares.

O texto sancionado, que altera o Código Penal e outras leis de segurança pública, manteve o chamado juiz de garantias, mas vetou um dos trechos que trata desta figura jurídica. Também foram vetados, por exemplo, o trecho que trata de homicídio com arma de uso restrito, o que aumentava a pena de crimes cometidos pela internet e o que mudava a regra da progressão de pena.

A nova lei entra em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Neste dia, começam a valer os pontos sancionados. Os pontos vetados, se derrubados pelo Congresso, entram em vigor posteriormente.

De acordo com o Palácio do Planalto, os vetos do presidente foram aplicados «por razões de interesse público e inconstitucionalidade».

No final da manhã desta quarta, o ministro Sérgio Moro se pronunciou sobre a sanção do projeto e, em nota, disse que foi contra a criação do juiz de garantias, mantida por Bolsonaro, mas que o texto final «contem avanços» (leia mais abaixo neste texto).

Foi vetado o dispositivo previsto no texto aprovado pelo Congresso que aumentava as penas dos crimes contra a honra (calúnia, difamação, injúria) cometidos na internet. O texto previa que a pena poderia ser aplicada até o triplo “se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores.”

Bolsonaro vetou três pontos do trecho do projeto aprovado pelo Congresso que estabelecia que o Estado deveria disponibilizar defensores aos agentes de segurança investigados por fatos relacionados à atuação em serviço.

Os pontos vetados determinavam, por exemplo, que a defesa desses agentes deveria ser feita por defensor público e que, na ausência deste, um defensor deveria ser contratado e pago pela instituição à qual o agente está vinculado.

O presidente vetou alterações feitas pelo Congresso na Lei de Execução Penal. A lei original prevê que “os condenados por crime praticado, dolosamente e com violência de natureza grave contra pessoa”, por exemplo, “serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA”.

Um dos trechos vetados por Bolsonaro alterava esse texto da lei, tornando obrigatória também a coleta de DNA de condenados por “crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável”. Determinava ainda que a extração de amostra de DNA deveria ser feita “por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional”, o que não consta da lei em vigor atualmente.

Ainda neste tema, o presidente vetou trecho do projeto que estabelecia que o DNA coletado de condenados “só poderá ser utilizado para o único e exclusivo fim de permitir a identificação do perfil genético” e proibia o uso da amostra para, por exemplo, busca familiar.

Bolsonaro vetou, ainda, o trecho que determinava o descarte da amostra biológica assim que o perfil genético fosse identificado, para impedir o seu uso para outros fins; e o que fixava que a coleta de DNA deveria ser feita por “perito oficial”.

Outro veto atinge o trecho do texto que trata da progressão do regime de pena dos condenados. O ponto vetado estabelecia que os condenados que cometem falta grave na prisão passariam a readquirir a condição de “bom comportamento” após um ano da falta “ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”.

Bolsonaro vetou alterações feitas pelo Congresso na lei que trata das sanções aplicáveis a agentes públicos no caso de enriquecimento ilícito.

O trecho vetado criava a possibilidade de o Ministério Público, nestes casos, celebrar acordo de não persecução cível, ou seja, para evitar processo na Justiça, e estabelecia os critérios para o acordo, como o integral ressarcimento do dano e o pagamento de multa.

Na justificativa do veto, Bolsonaro afirma que o dispositivo, ao determinar que caberá ao Ministério Público a celebração de acordo, contraria o interesse público e gera insegurança jurídica. Ainda na justificativa, o presidente aponta que excluir o ente público lesado da possibilidade de celebração desses acordos representa retrocesso.

Com o veto, fica inalterado o artigo 17 da lei, que diz que a ação judicial pela prática de ato de improbidade administrativa pode ser proposta pelo Ministério Público e/ou pessoa jurídica vítima do ato de improbidade.

Bolsonaro vetou pontos do trecho do projeto aprovado pelo Congresso que alterava a lei que trata de interceptação de conversas e escutas ambientais.

Um dos pontos vetados estabelecia que “a instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada, quando necessária, por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa (…).”

A captação ambiental consiste em uma pessoa gravar a própria conversa privada com outra pessoa sem conhecimento da outra.

Na justificativa do veto, Bolsonaro apontou que o dispositivo, ao limitar o uso da prova obtida mediante a captação ambiental apenas pela defesa, contraria o interesse público uma vez que uma prova não deve ser considerada lícita ou ilícita unicamente em razão da parte que beneficiará.

O presidente apontou ainda que “o dispositivo vai de encontro à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, que permite o uso desse tipo de gravação como prova em processo, mas não diferencia defesa e acusação.

De acordo com ele, a palavra «defesa», no texto, gera confusão ao se referir à defesa processual. De acordo com ele, o objetivo era dar sentido de «proteção da pessoa», mas não ficou claro.

Outro ponto vetado por Bolsonaro neste tema é o que definia que “a captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público poderá ser utilizada, em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação.”

Bolsonaro vetou três alterações feitas pelo Congresso no Código de Processo Penal Militar. Esses trechos estabeleciam as situações em que policiais e bombeiros investigados em inquéritos sobre uso de força letal no exercício profissional podem ter um defensor.

Um dos pontos vetados previa que, havendo a necessidade de indicação de defensor para o agente, ele seria “preferencialmente” um defensor público e que, se não houver defensor público no local, que a União ou o estado deveria “disponibilizar profissional” para acompanhar o processo.

Outro ponto vetado determinava que a contratação de um defensor de fora dos quadros públicos deveria ser precedida de manifestação indicando a ausência de defensor público na região em que corre o inquérito.

O terceiro ponto vetado especificava que os custos com a atuação desse defensor de fora dos quadros públicos “ocorrerão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados”.

Em nota divulgada no final da manhã desta quarta, o ministro Sérgio Moro afirma que o texto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro «contém avanços».

O ministro, entretanto, apontou que defendeu o veto à proposta que cria a figura do juiz de garantias, que foi mantida por Bolsonaro.

«O Presidente da República acolheu vários vetos sugeridos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O MJSP [Ministério da Justiça e Segurança Pública] se posicionou pelo veto ao juiz de garantias, principalmente, porque não foi esclarecido como o instituto vai funcionar nas comarcas com apenas um juiz (40 por cento do total); e também se valeria para processos pendentes e para os tribunais superiores, além de outros problemas», diz Moro na nota.

«De todo modo, o texto final sancionado pelo presidente contém avanços para a legislação anticrime no país”, completa a nota.

Também se manifestou nesta quarta contra o juiz de garantias o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Fernando Mendes.

«A Ajufe, desde a discussão do pacote anticrime no Congresso, se posicionou contrária a criação da figura do juiz de garantias. Sem dúvida, o tema mais polêmico do projeto. Embora a Associação fosse contrária a esse novo instituto, uma vez incorporado ao Processo Penal, pela Lei 13.964/19, o importante agora é a sua regulamentação», disse Mendes em nota.

De acordo com ele, a Justiça Federal será obrigada a «redesenhar a sua estrutura e redefinir a competência penal para tornar possível a implementação do juiz de garantias.» Ele afirma que a Ajufe vai «colaborar com essa agenda».

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) também divulgou posicionamento sobre a sanção da figura do “juiz de garantias”. A entidade vê a medida com “preocupação”, principalmente, em razão dos custos para a implementação.

«A AMB manifestou preocupação quanto à sanção desse instituto […], sobretudo em virtude dos custos relacionados à sua implementação e operacionalização, afirmando em seu pedido de veto o potencial prejuízo à efetividade da jurisdição penal», diz documento assinado pela presidente da entidade, Renata Gil.

«No modelo atual, os magistrados já atuam de forma a controlar a legalidade do procedimento inquisitivo e salvaguardar os direitos e garantias fundamentais», completa a nota.

Entre os itens do projeto aprovado pelo Congresso e sancionados por Bolsonaro sem qualquer tipo de alteração estão:

Altera o Código Penal e passa a considerar a legítima defesa de agentes de segurança pública quando se «repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes». O código entende como legítima defesa, inclusive para civis, se uma pessoa usa com moderação meios necessários para se defender ou proteger uma vítima, repelindo «injusta agressão, atual ou iminente».

Amplia o limite de tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade (prisão, impedimento do direito de ir e vir) de 30 para 40 anos. As penas privativas de liberdade são reclusão (crimes graves), detenção (crimes menos graves) e prisão simples (contravenções penais)

O projeto também endurece a pena nos casos de venda ilegal de arma. A punição atual é reclusão de quatro a oito anos e multa. A proposta aumenta para seis a 12 anos e multa. De acordo com o texto, esta pena valerá também para quem entregar arma, acessório ou munição, sem autorização, para policial disfarçado.

Cria um conjunto de regras da chamada cadeia de custódia (ações para manter e documentar vestígios coletados em locais onde ocorreram crimes). As regras vão disciplinar a atuação das autoridades desde a coleta de material no local do crime até o descarte.

«Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte», estabelece o texto.

Amplia o período de permanência de presos perigosos em presídios federais. A lei atual prevê prazo máximo de 360 dias. A proposta amplia o período para três anos, renováveis por mais três.

Estados e Distrito Federal poderão construir presídios de segurança máxima ou adaptar as instalações já existentes ao regime de segurança máxima.

Determina que a administração pública, direta ou indireta, manterá ouvidorias para garantir que «qualquer pessoa tenha o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público».

Nos casos com pena máxima superior a 6 anos de prisão, a Justiça poderá decretar a perda dos bens obtidos a partir do crime. O bens recolhidos serão equivalentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e o valor da sua renda.

Amplia os crimes que podem ser julgados por varas criminais colegiadas. A possibilidade de decisão colegiada já existe em lei, para o caso de crimes de organização criminosa. A nova redação prevê o uso desse recurso também no caso do crime de associação criminosa armada.

Inclui uma nova hipótese em que pode ser suspensa a contagem da prescrição de penas: quando houver recursos pendentes de julgamento em tribunais superiores. A prescrição ocorre quando termina o prazo para que a Justiça promova a punição contra um acusado de crime. A prescrição varia de acordo com o delito e a pena aplicada no caso concreto.

O texto proíbe a saída temporária da prisão aos condenados por crime hediondo que resultaram em morte. A saída temporária é um benefício concedido a quem cumpre pena em regime semiaberto, em datas específicas.

Muda regras sobre delação premiada. Pelo texto, há a obrigação de o colaborador narrar apenas os atos ilícitos relacionados diretamente com os fatos investigados.

O texto prevê que nenhuma medida cautelar ou recebimento de denúncia poderá ser decretada ou apresentada apenas com as declarações do delator.

Determina também que o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração tiver sido apresentada sem que as autoridades responsáveis pela investigação criminal tivessem conhecimento prévio da infração.

Estabelece ainda que o acordo e os depoimentos do delator serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime. E estabelece que, se o acordo de colaboração não for confirmado, o celebrante (o MP ou polícia) não poderá utilizar as informações ou provas apresentadas para qualquer outra finalidade.

Recurso apresentado contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo.

O’Globo

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