Bolivia: ministro de Gobierno Arturo Murillo y la Policía acusan a extranjeros de presunta red de terrorismo
Policía identifica extranjeros implicados en presunta red de terrorismo
La Policía reveló este lunes el nombre de cuatro extranjeros a quienes acusa de formar parte de una red de “narcoterrorismo” y “terrorismo comunicacional” que se estableció en Bolivia.
El teniente coronel Óscar Gutiérrez, director de la FELCC-Santa Cruz, mostró un diagrama de vínculos titulado como “caso terrorismo”, en el cual se puso a la cabeza a Evo Morales y en segunda línea a los hermanos Álvaro y Raúl García Linera.
Ministro de Gobierno @ArturoMurilloS y la Policía Boliviana denuncian conspiración de organizaciones narcoterroristas vinculadas a Álvaro García Linera y Nicolás Maduro para desestabilizar los gobiernos de #Bolivia, #Colombia, #Perú y #Chile pic.twitter.com/6HRzfrOKQt
— MinisteriodeGobierno (@MindeGobierno) December 2, 2019
Según explicó, la investigación surge a propósito del enfrentamiento que hubo en Montero el 30 de octubre, donde murieron dos personas del bando cívico. En dicho enfrentamiento, cayó herido el argentino Facundo Molares, quien resultó ser miembro activo de las FARC.
El teniente coronel Gutiérrez indicó que Molares fue llevado al Hospital Japonés de manera clandestina, después de que personal de salud de la Alcaldía de Montero le dio atención de manera secreta, para evitar que se los encuentre.
Según el informe policial, Molares llegó a Santa Cruz el 13 de octubre en un vuelo de Conviasa desde Venezuela. y que en el mismo viaje estaban el colombiano Pedro Nel Carvajalino Amaya y el venezolano Oswaldo Rivero Curvelo.
El jefe de la FELCC acusó a Carvajalino y Rivero de cometer “terrorismo mediático”.
Ambos son conocidos en Venezuela por presentar el programa televisivo Zurda Konducta, de tendencia chavista, en el canal estatal de este país.
El teniente coronel mencionó que ambos, Carvajalino y Rivero, se ufanaron en redes sociales de estar presentes en países donde hubo conflictos sociales.
Asimismo, acusó a Carvajalino de haber difundido en redes sociales imágenes de tuits falsos de la presidenta interina Jeanine Añez, atribuyéndole mensajes racistas. Acotó que su pareja es hija de un general de Nicolás Maduro.
Sobre Rivero, señaló que está vinculado al movimiento tupamaro.
Un peruano vinculado al secuestro de Samuel
En los vínculos, el jefe policial identificó al peruano Óscar Martín Serna, miembro del Movimiento Revolucionario Tupak Amaru, y que estaba involucrado al secuestro de Samuel Doria Medina ocurrido en 1995.
El cuadro presentado respecto a Serna, lo describe como un “instructor de narco-guerrilla, en el Chapare y Yapacaní – San Julián – Montero”.
Según el informe, Serna tenía en se poder el pasaporte del argentino Molares y mantenía contacto con el padre de éste.
El peruano tenía que viajar el 11 de noviembre por aire, y la Policía estaba lista para detenerlo, pero el acusado no apareció. El teniente coronel indicó que el peruano habría regresado a su país.
Aseveró que Serna tenía una “relación estrecha” con Raúl García Linera, quien al igual que su hermano Álvaro tiene antecedentes por terrorismo.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que este caso es alarmante. Acusó a Maduro por una conspiración no sólo contra Bolivia, sino contra toda América.
Caso Neurona: Gobierno denuncia a exministra López y a 22 personas por corrupción
La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, anunció que en las próximas horas presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público contra la extitular de esa cartera de Estado, Gisela López, y 22 personas por corrupción en la contratación de la empresa Neurona, entre ellas funcionarios.
En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, precisó que de las 23 personas acusadas 14 son funcionarios.
«Esta es la primera denuncia que ha presentado la Contraloría, todas estas personas que ha sido denunciadas ya están registradas y se ha pedido los informes migratorios y se ha pedido informes a la UIF, para que no salgan del país y puedan responder por este caso», dijo Lizárraga.
La autoridad informó que López huyó a Argentina, tras estar asilada en la Embajada de México en La Paz.
Durante la gestión de López, la empresa mexicana Neurona se adjudicó consultorías para la elaboración de estrategias comunicacionales referidas a la demanda marítima boliviana, la producción de material audiovisual y artes gráficas.
Lizárraga detalló que esa empresa se presentó como allegada al presidente de México, Manuel López Obrador, y no entregó de manera correcta el material que le habría sido encargado y en otros casos ni siquiera aparece el pedido hecho por el Gobierno de Evo Morales.
«El daño económico en ese caso es de 13 millones de bolivianos, pero existen otros procesos de contratación que están bajo auditoría y que son de la gestión de la exministra Gisela López», precisó.
Por su parte, el senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, recordó que en marzo denunció que Neurona Consulting se había adjudicado de forma directa, sin ningún tipo de proceso el contrato, y por eso pidió un informe en cuatro oportunidades sin tener respuesta, y anunció que como legislador se constituirá en parte querellante en ese proceso judicial.
«Creo que este es uno de los casos más escandalosos que hubo de contrataciones directas de abuso de poder, despilfarro de los recursos públicos, pero sobre todo porque en el fondo le dieron a un grupo de activistas para que vinieran de México en la anterior campaña del Movimiento Al Socialismo, estos contratos como una forma de retribución de pago», lamentó.
Ortiz reclamó el por qué ahora el contralor general del Estado, Lucas Ara, da a conocer esas irregularidades, cuando en su momento debería inmediatamente haber intervenido y procesar a esas exautoridades.
Añadió que son cuatro órdenes de servicio y cuatro contratos haciendo un total de ocho, la mayoría para producir material audiovisual.
El director Jurídico del Ministerio de Comunicación, Edwin Beyer, precisó que los delitos tipificados contra esas más de 20 personas son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica.
Exministra López escapó a Argentina y le activan procesos por el caso Neurona
La exministra de Comunicación, Gísela López, “escapó” de Bolivia el 22 de noviembre con rumbo a Argentina y el Gobierno nacional formalizará hoy una denuncia penal contra más de 23 personas, algunos exfuncionarios, por los contratos firmados con la empresa mexicana ‘Neurona’, según informó este lunes la actual titular de ese despacho, Roxana Lizárraga.
En conferencia de prensa junto al senador Óscar Ortiz, que investigó el caso, la autoridad detalló que la expersonera de la administración de Evo Morales se habría apersonado a la embajada de México para solicitar asilo, pero después salió de territorio nacional, de acuerdo al informe migratorio.
Los datos indican que fueron cuatro contratos y cuatro órdenes de servicio encargadas, de forma directa, sin licitación, a la firma extranjera, por un monto de 13 millones de bolivianos y sobre los que se sospechan hechos de corrupción que ocasionaron un daño económico al Estado.
Lizárraga manifestó que López salió vía Yacuiba (Tarija) y que se pedirá a Interpol activar la alerta roja para que se dé con su paradero y se pueda tramitar su retorno al país, para que rinda cuentas ante la justicia.
“Fue un robo a las arcas públicas”, afirmó la ministra de Comunicación, detallando que de los 23 denunciados, 14 son exfuncionarios de esa cartera de Estado y los otros fueron intermediarios de ‘Neurona’, anticipando que realizarán auditorías a unos 90 contratos firmados en la gestión del MAS.
Ortiz anticipó que se constituirá en parte denunciante y reprochó el accionar de la Contraloría General del Estado, que habría dilatado el informe sobre las irregularidades hasta ahora, pese a que se requirió la conclusión de las investigaciones desde hace varios meses.
Los datos indican que la empresa fue fundada un mes antes de aterrizar en Bolivia (tenía escritura legal del 19 de febrero de 2018) y ser contratada por el Estado, y apenas contaba con un patrimonio de 5.000 dólares, accediendo luego a millonarios contratos en el país.
Finalmente, la ministra relacionó a la empresa mexicana con el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, considerando como una suerte de pago del “favor” el trato que ahora recibe Evo Morales en su condición de asilado.
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