Argentina: suspenden la reglamentación de la ley que permitía utilizar cianuro en la minería
En Mendoza, una victoria de la lucha contra la megaminería
El rechazo popular en las calles contra los cambios a ley 7.722 tuvo sus frutos. Finalmente, el gobernador Rodolfo Suárez anunció que no reglamentará la reforma que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico para la explotación minera . La norma está ya sancionada, publicada y promulgada pero restaba su reglamentación, proceso legal que ahora quedará en suspenso hasta que se abra el espacio de diálogo anunciado por el gobernador radical. El siguiente paso sería la convocatoria a una consulta vinculante.
Suárez alegó que su decisión intenta llevar «paz social» ante supuestos «hechos de violencia en la provincia». Ayer la Corenave, que nuclea a reinas de la Vendimia, amenazó con suspender todos los festejos si no se cambiaba la ley . En tanto que los ambientalistas convocaron en los últimos días masivas movilizaciones para repudiar el proyecto.
«No va a estar vigente esta ley hasta que no se reglamente y vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo y a la información de la gente», anunció ahora el gobernador en una conferencia de prensa.
Los ambientalistas creen que la decisión puede leerse como «una señal de debilidad» de la administración provincial y que la apuesta de Suárez será «convencer a la gente» en este nuevo espacio de diálogo. «Si no resulta lo que está buscando, llamará una consulta vinculante», resaltaron.
Suárez, por su parte, se quejó de que «no se está entendiendo» a lo que apunta la iniciativa y que se está intentando «asustar» a la población con desinformación. «La prioridad es garantizar la paz social. No voy a hacer nada en contra del pueblo mendocino. Vamos a convocar al arzobispado, a los sindicatos, a los partidos políticos, a las universidades, a las distintas organizaciones. No vamos a hacer nada sin consenso social», agregó.
Sin embargo, al mismo tiempo respaldó el accionar violento de las fuerzas de seguridad en las últimas marchas y negó cualquier tipo de represión. «Este debate oculto, dogmático, sin fundamentos y en base al miedo no nos está haciendo bien. No queremos que los violentos gane este debate», apuntó nuevamente contra los ambientalistas.
Además, defendió la legalidad de la iniciativa, a pesar del descontento popular que despertó. Resaltó que la propuesta «se planteó en campaña y se votó en una Legislatura por amplia mayoría». Pero por primera vez dio el brazo a torcer y reconoció que «aparentemente no tendría la legitimidad del pueblo». «Es mentira que donde hay una explotación minera hay contaminación», se defendió por último.
El gobernador de Mendoza suspendió la reglamentación de la nueva ley minera
Primero hubo una “reseña” para explicar los “beneficios”, incluso ambientales, de los proyectos extractivistas; luego se explayó sobre lo fácil que es “inculcar el miedo” y las amenazas que sufrieron los funcionarios de parte de “ciertos sectores muy violentos”, hasta que finalmente el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, pronunció aquello por lo que vino luchando el pueblo desde varios días y noches: “Voy a suspender la reglamentación de la Ley”, anunció y de esa forma se materializaba la exigencia de los miles de manifestantes que repudiaron la decisión oficial de permitir el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería a cielo abierto.
Alrededor de las 13, en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, el gobernador Suárez confirmó en rueda de prensa que no iba a reglamenta la ley 9209, que modificó la histórica ley de minería 7722 que “protegía el agua de los mendocinos”
Escoltado por el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor ibáñez Rosas; el vicegobernador, Mario Abed; el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié; y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, Suárez argumentó que “el primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social del pueblo. Todos sabemos que ante los acontecimientos a raíz de la ley N° 9209, que ha habido hechos de violencia en la provincia, que hay cortes de ruta, que hay una queja de ciertos sectores, algunos muy violentos, donde muchos funcionarios, como pasa con todos en mi casa, estamos padeciendo amenazas y hostigamientos, y queremos evitar que eso pase a mayores”.
El funcionario insistió en que «es mentira que, porque hay explotación minera hay contaminación” y agregó que “los mendocinos somos capaces de hacer las cosas bien; se tenía que llevar adelante el desarrollo minero, preservando por sobre todas las cosas nuestro recurso más preciado que es el agua porque estamos viviendo una época de sequía”.
Sin embargo, enseguida aclaró que “la ley 9209 es una decisión legal, pero aparentemente no tendría la legitimidad del pueblo mendocino, y no voy a hacer nada que no sea legitimado por el pueblo”.
En ese sentido, reflexionó que “existe la posibilidad de una consulta popular vinculante”, aunque destacó que “queremos llegar en base al diálogo, dejando de lado la violencia por sobre todas las cosas”.
El retroceso del gobierno mendocino fue celebrado tanto en las calles como en redes sociales, no obstante, todos coinciden en advertir que se trata de una “victoria parcial”.
“No existe la posibilidad jurídica de suspender una ley, salvo jurídicamente. La única salida del gobernador Suárez es convocar a sesiones extraordinarias a la legislatura provincial y derogar –con otra ley– la 9209 (que modificó 7722)”, alertó en su Twitter el abogado ambientalista Enrique Viale.
Entre los mensajes de rechazo al proyecto que favorecía los intereses de las mineras, en las últimas horas se sumaron los de Residente, de Calle 13, y de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia. “No hay nada que festejar, sin agua no hay Vendimia”, amenazaron.
Tras el anuncio de Suarez, asambleas por el agua piden derogar la ley minera
Asambleas del Agua, organizaciones sociales y sindicatos estuvieron reunidos en la sede del SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) durante la mañana de este jueves para planificar un «plan de lucha» contra de las modificaciones a la Ley 7722 de minería en Mendoza.
En el lugar, escucharon la conferencia de prensa del gobernador Rodolfo Suarez, quien comunicó que suspendió la reglamentación «y haremos una gran convocatoria al diálogo y a que la gente se informe». El mandatario afirmó que la minería colaborará a generar empleo y mejorar las condiciones del 40% de la población pero, debido «a los acontecimientos sucedidos» en la provincia en los últimos días, donde habló de «violencia», «cortes de ruta» e «incidentes», expresó que «el primer deber que tiene un gobernador en garantizar la paz social de un pueblo».
Suarez expresó que, durante su campaña, afirmó que iba a impulsar los cambios en la Ley 7722. «Ya participé de siete debates sobre esto, la gente votó y es fácil sentir miedo cuando se propaga por la población», detalló. Y expuso que convocará a «todas las entidades y a que todos lo que opinen».
María Teresa Cañas, de la Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Luján de Cuyo, manifestó en Canal 7 que al gobernador «no le creemos, que con no reglamentarla no basta, que queremos la derogación de la Ley 9209 que es la modificatoria de la 7722. Queremos que nos devuelva la 7722 que es la única que nos garantiza que no se usen venenos en la minería metalífera».
«Nos encontramos reunidos las asambleas, organizaciones y sindicatos en una convocatoria bien amplia de gente que estamos bien preocupados por la modificación de la 7722. Nos hemos constituido hoy en una coordinadora por los bienes comunes y el agua para coordinar acciones a lo largo y ancho de toda la provincia, sumadas a las que se están produciendo y se han venido produciendo», afirmó.
Sebastián Henríquez, secretario general del SUTE, sobre si asistirían a una reunión convocada por el Gobierno con todos los sectores: «Habría que ver los términos. Nos parece importante que entendamos que lo que acaba de hacer el Gobernador es reconocer que no tenía la famosa licencia social que decía que tenía».
«Acaba de reconocer que tiene que haber una discusión que debería haber abierto desde el principio y que para nosotros ya estaba saldada con la 7722. A los primeros que tiene que convocar es a las Asambleas por el Agua, porque son ellas las que han gestado esa ley, son la han construido en las calles, la han sostenido y han generado consciencia», determinó.
«Cualquier discusión debería comenzar con la derogación de esta ley (9209), respetando a la 7722 y ahí abrir discusiones si quiere cambiar algo. Primero discutir, después cambiar y no al revés», finalizó.
Carolina Alanís, Asamblea Popular por el Agua en el Gran Mendoza, expresó: «No creemos en esta gran mesa de debate porque ya ha habido muchas instancias. Cuando se sancionó la Ley 7722, todas las instituciones y organismos nos sentamos en la mesa junto al pueblo de Mendoza para que esa ley saliera. El Gobernador y los legisladores han tenido esta posibilidad ahora y no lo hicieron».
«El agua es escasa, estamos viendo el retroceso de los glaciares, cómo ha disminuido el agua en nuestros diques y esta gran contradicción que el Gobierno dice que se cuide el agua y a la vez se la quiere dar a las grandes empresas mineras», agregó.
Nora Moyano, de la Asamblea por el Agua en Las Heras, profundizó: «El hecho de que haya ganado las elecciones no le da la legitimidad para envenenar nuestra agua. Nuestra exigencia es que se derogue la ley del cianuro y que nos restituya la 7722».
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