Argentina | Megaminería: derogan ley que permitía el uso de químicos en el agua tras las masivas movilizaciones
Tras la presión social, la Legislatura derogó la ley 9.209 y vuelve a regir la 7.722
Tras la sanción inicial en el Senado, finalmente la Cámara de Diputados aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo para derogar la ley 9.902 que modificó la 7.722 al flexibilizar el uso de sustancias contaminante en la minería.
Hubo solamente cuatro votos negativos de Guillermo Mosso (PD), Josefina Canale (PDP), Hebe Casado y Gustavo Cairo (PRO) y un ausente (Ana María Andía).
Ahora, el gobernador Rodolfo Suárez deberá promulgar la ley y mañana saldrá publicada en el Boletín Oficial.
De esta forma, la ley 7.722 vuelve a estar vigente para regular la minería en Mendoza prohibiendo el uso del cianuro y el ácido sulfúrico.
Voces en Diputados
El debate en el recinto -que resultó con 43 votos afirmativos y 4 en contra- transcurrió luego de la Sesión de la Cámara Alta que también acompañó la derogación de la Ley 9209.
Al hacer uso de la palabra, desde la bancada de la UCR, la diputada Daniela García expresó que “estamos apoyando a este gobierno de diálogo. Todos los que votamos a favor consideramos que era la manera de diversificar la matriz productiva, generar empleo genuino y colaborar con una respuesta al 40% de pobres que hay en Mendoza, porque ninguna solución es mágica”. Consideró que “es necesario que todos los sectores productivos converjan para generar una economía sana a largo plazo”. “El recurso hídrico es lo más importante que tenemos, tal es así que en nuestra Constitución tenemos establecido el gobierno del agua”.
Desde el Frente de Todos – Partido Justicialista, el diputado Germán Gómez explicó: “Hemos tomado una decisión mucho más valiente que votar una ley. Creo que desde esta bancada hemos escuchado el clamor de muchos mendocinos y mendocinas”. Agregó que “la decisión del gobernador Rodolfo Suárez no ha sido fácil, y la hemos acompañado para que la gente regrese a sus hogares. Tenemos que imperiosamente escuchar a la gente”. Gómez, resaltó que “hay que distinguir entre legalidad y legitimidad, referida está última al contexto social, al reconocimiento social de esta norma”.
“Debemos seguir trabajando y trabajar en serio porque el agua de Mendoza se va a seguir perdiendo, la matriz no se ha mejorado”, agregó.
Asimismo, Cristina Pérez (FdT-PJ) expuso que “la gente dijo que ante la duda, preservemos, cuidemos el agua y salieron todos a la calle. Ésta es la autocrítica, hacía adentro de todos los partidos que no supimos explicar. Por eso, esto es un homenaje a la gente y a la dirigencia porque supo escuchar”.
En tanto que Gustavo Majstruk manifestó que “es el pueblo en la calle el que termina devolviendo la cordura. No era una cuestión de partidos políticos, la voz del pueblo, en este caso, dio resultados. Siempre que el pueblo sale a la calle, desde la política vamos a tener que prestar atención”.
Desde el Partido Demócrata, Guillermo Mosso indicó que “entiendo la actitud responsable del gobernador Suarez como un hombre de Estado, restableciendo la paz social en la provincia”. No obstante el legislador, quien adelantó su voto en negativo, indicó que “no pudimos poner en la agenda social la actividad minera como vector social de desarrollo y cuidado del agua. Hacer ver que hay una relación virtuosa entre agro y minería como en otras partes del mundo”.
“Lo que está haciendo el gobernador es un acto de responsabilidad institucional pero al que no puedo acompañar porque vamos a seguir quedándonos en el eslogan y en el prejuicio”, apuntó.
A su turno, también desde la bancada del PD, Mercedes Llano sostuvo que “esta manifestación popular masiva, muestra una desconfianza ciudadana hacia los órganos de control. Es justamente esta ola de reclamos la que dejó en claro que el proyecto no contaba con respaldo social”.
“Esta situación nos interpela como clase política y nos obliga a dar respuestas inmediatas para reconstruir el lazo con la sociedad”, subrayó.
Desde el PRO, Gustavo Cairo también ponderó “la decisión del gobernador”, señalando que “el tema minero fue eje de la campaña pasada. A pesar de eso y en función de uno de los postulados del Preámbulo de garantizar la paz social”, es que se llega a esta decisión. Sin embargo, “Yo no voy a renunciar al bienestar general, y para eso, no alcanza con el petróleo, el turismo y la agroindustria. Hace falta la cuarta pata que es la minería. Si queremos hablar del agua, aprovechemos bien el recurso porque se está perdiendo, pero no por la minería”.
En tanto, Mario Vadillo (Protectora) expresó el “agradecimiento a las familias que vi en las marchas. Hay que preocuparse por el futuro de Mendoza, yo no creo en las matrices productivas. Lo primero es cuidar el agua porque sin agua no hay vida. Esta lucha por la 7722 se tiene que hacer extensiva para defender todo nuestro recurso hídrico. El pueblo nos marcó un camino”.
Desde el bloque Frente Renovador – Unión Popular, Jorge Difonso sostuvo que “es un tema que lleva mucho tiempo en debate, en el que han participado muchos sectores, distintos gobiernos” hasta que se sancionó la Ley 7722, de allí “la legitimidad del reclamo de la ciudadanía de Mendoza respecto al cuidado del agua”.
“La reforma planteada, quedó claro que no tenía ni la licencia ni el consenso social para avanzar”, dijo, tras lo cual agradeció “a los mendocinos que son los dueños de lo que pasó y los dueños de la 7722”.
De igual forma, Mailé Rodríguez (FIT) sostuvo: “Aplaudo al pueblo de Mendoza que a lo largo de toda la provincia se manifestó para defender el recurso más preciado para nuestra provincia que es el agua”. “Estos días han sido de un enorme aprendizaje, de demostrar la fuerza que tiene nuestro pueblo”.
Ambientalistas festejaron el retorno de la ley 7.722
Un grupo de ambientalistas que se encontraban haciendo una manifestación frente a la Legislatura festejó el retorno de la ley 7.722. Las cámaras del Senado y de Diputados, respectivamente, derogaron este lunes la Ley 9.209 que flexibilizaba la explotación minera en la provincia, con sustancias químicas como el cianuro.
Luego del banderazo que se realizó este domingo en el KM 0, los manifestantes habían prometido volver y hacer guardia en la Casa de las Leyes esperando la “liberación de la 7.722”, como rezaba la convocatoria lanzada en las redes sociales.
Desde las 8.30, permanecieron en Peatonal y Patricias. Primero escucharon atentos el tratamiento en Senadores, para después celebrar el debate en Diputados que derivó en la aprobación de la derogación.
La memoria del agua. Megaminería y conflictos ambientales en Mendoza
Por Gabriela Merlinsky y Lucrecia Wagner
Desde comienzos del presente milenio en Argentina ha tenido lugar un proceso de cambio destacable debido a la emergencia de conflictos ambientales que ponen en discusión al acceso, la disponibilidad, la apropiación, la distribución y la gestión de los recursos naturales en diferentes regiones del país. Desde las primeras movilizaciones que tuvieron lugar en Esquel en el año 2003, pasando por el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay en los años 2004-2008; las demandas se fueron multiplicando en torno a un movimiento de asambleas de vecinos autoconvocados en las provincias cordilleranas, por la sanción de leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental (bosques, glaciares, humedales), en la definición de la recomposición ambiental del Riachuelo como asunto de derecho colectivo y en torno al derecho a la salud de los pueblos fumigados, quiénes reclaman por los impactos ambientales y sanitarios de la expansión del agronegocio. Es este conjunto de demandas, movilizaciones y acciones colectivas lo que ha dado lugar a la inscripción de la cuestión ambiental como asunto social y político.
Créditos: Alber Piazza
Los conflictos por minería a gran escala
La minería a gran escala se instala en Argentina en 1997 con el proyecto La Alumbrera, en Catamarca. Pocos años pasarían para que se convirtiera en una de las actividades que mayor conflictividad ambiental ha generado en el país. Desde 2003, año en el que la localidad de Esquel, en la provincia de Chubut, se manifestó contra un proyecto minero de oro, realizando un plebiscito donde más del 80% de la población votó en contra de la minería metalífera con uso de cianuro, diferentes comunidades del país han llevado adelante acciones de resistencia al extractivismo minero a gran escala.
Producto de estas movilizaciones, siete de las veintitrés provincias argentinas poseen legislación que prohíbe esta actividad o restringe ciertos aspectos inherentes a la misma, como el uso de ciertas sustancias químicas. En algunas provincias, como Mendoza o La Rioja, existen movimientos ambientales a escala provincial, en otras como Neuquén -Loncopué, Las Coloradas- hay reclamos provienen de una organización local tenaz que logra mantener vivo el reclamo a lo largo de los años. En provincias donde ya existe megaminería, como Catamarca, otros proyectos no pudieron instalarse por la resistencia social que nació posteriormente. Existen también articulaciones regionales, y una red nacional: la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), que reúne a la mayor parte de organizaciones vecinales del país que resisten a diferentes actividades que consideran saqueantes y contaminantes.
La defensa del territorio y el activismo jurídico
Al calor de estos conflictos ha sucedido otro fenómeno que ha pasado desapercibido y que, sin embargo, es gravitante para entender esta nueva centralidad de la cuestión ambiental. En 1994 se reformó la Constitución Nacional de la Argentina y esto implicó la inclusión del derecho al ambiente sano (artículo 41), considerado un derecho de incidencia colectiva. Si bien en los años noventa esto no tuvo grandes implicancias, fue a partir del ciclo de conflictividad que comenzó en 2003 cuando este artículo de la Constitución empezó a ser gravitante en los reclamos judiciales por afectaciones ambientales. El cambio de la Constitución además modificó el reparto de competencias entre la Nación y las provincias. Si estas últimas tienen el dominio originario de los recursos naturales, el gobierno federal no puede desentenderse de estos asuntos y le corresponde sancionar leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, es decir, normas que fijen un piso legal por debajo del cual ninguna provincia puede legislar.
Las leyes que prohíben la utilización de sustancias peligrosas en la minería metalífera son un capítulo central del proceso de juridificación de la cuestión ambiental.
Se trata de batallas provinciales que, incluso silenciadas por los medios de comunicación nacionales, son centrales para impedir el avance extractivo allí donde los gobernadores están dispuestos a realizar concesiones a las grandes corporaciones mineras. La renta extraordinaria de las corporaciones mineras proviene del uso intensivo del agua, minerales, tierra y biodiversidad, algo que colisiona con otras visiones y usos del territorio en las que estos mismos comunes son una pieza esencial para las producciones locales y la reproducción de la vida.
“La 7722 no se toca”. Sin licencia social en Mendoza
Mendoza es una de las siete provincias que sancionaron legislación restrictiva a la minería metalífera. La ley 7722, nació en el año 2007 al calor de una gran movilización social que puso freno a la megaminería metalífera en territorio mendocino. La misma ha sido atacada por el sector empresarial minero, que presentó demandas de inconstitucionalidad en su contra, algo que se resolvió en 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia de Mendoza ratificó su estatuto constitucional. Desde entonces, la estrategia corporativa ha sido impulsar proyectos de modificación para desvirtuar su esencia.
A días de haber iniciado su mandato, el gobernador Rodolfo Suárez (UCR) envió a la legislatura provincial un proyecto de reforma de la ley 7722. Con el aval de la mayoría de legisladores oficialistas, y de la mayoría de legisladores del partido justicialista (PJ), esta modificación fue sancionada el viernes 20 de diciembre (ley 9209), en una legislatura completamente vallada para contener a la movilización social que -se sabía- se concentraría en sus alrededores.
Este cambio implicó la pérdida de artículos centrales de la ley 7722, dando de baja el artículo 1, que prohibía el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en procesos mineros metalíferos. La nueva normativa solo mantenía la prohibición del mercurio, habilitando el uso de las otras sustancias, por lo cual fue denominada “la ley cianuro”. Además, quitaba la ratificación por ley (por la legislatura provincial) de la declaración de impacto ambiental (el permiso ambiental que da el poder ejecutivo provincial a una actividad). Para entender la importancia de este último aspecto, debemos recordar que esta ratificación por la legislatura fue central para rechazar en 2011 el proyecto minero San Jorge, que hubiera iniciado su explotación en la localidad de Uspallata y que generó una gran conflictividad social en esa localidad y en toda la provincia.
Ante la modificación de la ley 7722, la reacción social no se hizo esperar. Las promesas de inversiones y trabajo, y de controles ambientales “con los más altos estándares a nivel internacional” no lograron convencer a la población mendocina. El gobernador y los legisladores que avalaron la modificación, no sólo no escucharon el reclamo de miles de mendocinos y mendocinas, ni buscaron aportes científicos para sustentar el debate, sino que además cometieron un error fundamental: negar -o no considerar- la historia corta de conflictividad socioambiental asociada a la megaminería, y la memoria larga de una Mendoza agrícola, de una sociedad hídrica, en la cual esta conflictividad se inscribe.
Una semana después de su sanción, el gobernador, finalmente, asediado por la diversidad y masividad de los reclamos, anunció la derogación de la ley 9209, junto a la devolución de la norma 7722, declarando (sic) “evidentemente esa licencia social no existe en Mendoza”. Esto es muy relevante porque legitima un reclamo que desde el año 2003 -plebiscito en Esquel- está en el centro del repertorio de todos los movimientos socioambientales: nadie nos consultó. ¡No dimos licencia social!
El 30 de diciembre de 2019 ambas cámaras de la legislatura provincial derogaron la ley 9209 y esa fecha será recordada como un punto de inflexión histórica para las luchas por el agua en Argentina y América Latina.
Crédito: Mariano Nadalich
La memoria del agua
Mendoza ya lleva catorce años de conflictividad socioambiental por megaminería. La ley 7722 “se pidió desde las calles y las rutas, es la ley guardiana del agua, la ley nacida desde el pueblo de Mendoza”. Esta conflictividad emerge en el espacio público en San Carlos, en 2005, por un proyecto minero en las cercanías de una reserva hídrica, ante el cual los vecinos de Valle de Uco (oasis centro de la provincia), se organizaron para manifestar su rechazo. Posteriormente un proceso similar se daría en localidades del oasis sur, General Alvear y San Rafael, y este reclamo de frenar el avance de la megaminería “contaminante, saqueante y secante” (como fue caracterizada) llegaría a la capital mendocina, generando un debate legislativo que en junio de 2007 finalizó con la sanción de la ley 7722, en el marco de importantes movilizaciones y quince días de cortes de ruta en pleno invierno en el sur provincial. La legislación surgió de diferentes debates acerca de las posibilidades de desarrollo para Mendoza, una discusión que se fue complejizando a lo largo de los años, desde el “no a la contaminación de las fuentes de agua” hasta “no le otorgamos la licencia social”. La conformación de las “asambleas mendocinas por el agua pura” (AMPAP) permitió la coordinación de acciones en todo el territorio provincial, constituyéndose en un referente social que se mantiene a lo largo de todo el ciclo del conflicto.
Hay una memoria larga en Mendoza, una sociedad que se forjó en oasis de riego, en una cultura del agua, en su perfil agrícola y a partir de una institucionalidad ambiental pionera. Si hubieran tenido en cuenta estos procesos históricos, imaginarios y memorias, quienes impulsaron esta modificación habrían comprendido con antelación aquello que esta última semana podían leer en miles de carteles desplegados en la provincia: “el agua de Mendoza no se negocia”, “la ley 7722 no se toca”. Esto explica por qué más de 50.000 personas se lanzaron a las calles reclamando “devuelvan la 7722”.
La masividad y la diversidad del rechazo a la decisión del gobierno se expresó en la confluencia de asambleas por el agua, productores agrícolas, pescadores, docentes, el arzobispado, la comisión de reinas nacionales de la vendimia -fiesta nacional que constituye la mayor festividad de la provincia, que celebra la cosecha de la vid- y familias mendocinas que comenzaron a desplegar todo tipo de acciones de protesta, superando -por primera vez- la coordinación de las asambleas, que con felicidad declararon “somos el río que desbordó su cauce”.
Escenarios regionales y debates sobre el desarrollo
La derogación de la ley 9209 es apenas un mojón en el conflicto por el avance de la megaminería en Argentina. En Chubut está en riesgo la ley provincial 5001 (ahora llamada XV-N°68) sancionada en 2003, gracias a la lucha de Esquel. A diferencia de lo sucedido en Mendoza, donde una férrea organización popular que incluye a los productores locales logró detener el proceso, en Chubut, donde hay una crisis política, institucional y económica muy profunda, hay un panorama de relaciones de fuerza mucho más complejo.
Las batallas por el agua no se van a detener y esto nos muestra que ya no podemos seguir considerando la cuestión ambiental como un asunto subsidiario.
Por más que los promotores de la megaminería quieran mostrar que existen opciones para controlar los impactos, esta discusión no se va a cerrar porque quiénes se movilizan abren nuevos interrogantes que tienen que ver con escenarios de futuro. ¿Quién está considerando a las futuras generaciones? ¿Cuáles son los criterios de justicia que permiten que haya zonas de sacrificio? Esa pregunta abarca otras que tienen que ver con la salud y las opciones productivas a largo plazo en los territorios. Un debate que ya no podemos soslayar.
Créditos: Alber Piazza
Gabriela Merlinsky
Doctora en Ciencias Sociales (Universidad París 8/Universidad de Buenos Aires). Investigadora Independiente del CONICET y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales,UBA.
Lucrecia Wagner
Doctora en Ciencias Sociales y Humanas (UNQ) y licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental (UNICEN).
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