Perú: 7 plagas congresales – Por José Toledo Alcalde

Por José Toledo Alcalde *

Añadamos 7 ingredientes -seguro existen muchos más- a la jugosa lista de pecados capitales en la cultura parlamentaria del Perú: inmunidad, falsificación de información, tráfico de influencias, transfuguismo, nepotismo, privilegio salarial y enriquecimiento ilícito.

Ser funcionario público en el Perú fue, y seguro sigue y seguirá siendo, considerado unos de los más atractivos negocios que ciudadana/o alguno podía, o puede, ostentar. Cientos de candidatas/os a los curules planificaron, y seguro siguen planificando, su vertiginoso ascenso social y económico en base a la atractiva remuneración y nuevo statu de privilegio que el nuevo oficio ofrece.

Todo esto de espaldas a la triste realidad, de exclusión socio-económica, en donde por ejemplo, el ínfimo salario mínimo es equivalente a 280.86 dólares y en donde beneficios como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), al cual es recibida como apoyo al desempleo al término de la relación laboral, las/os parlamentarias/as cuentan con el beneficio en los meses de julio de cada año.

Por mencionar sólo uno de los varios antidemocráticos beneficios que se autoatribuyen funcionarias/as públicos con base legal en una Carta Magna redactada por un puñado de privilegiadas/os.

Entonces, ¿por qué generamos la presente reflexión? Reflexión que no pretende ser en nada un intento de análisis técnico sobre cada uno de los “ingredientes” mencionados sino un sentir colectivo puesto en blanco y negro.

Una de las razones, el Perú se encuentra en medio de una situación de excepción: el cierre del Congreso de la República y próximas elecciones congresales extraordinarias programadas para el 26 de enero de 2020 el cual tendrá que cubrir el tiempo restante del actual régimen hasta el 2021 y tendrá, una vez más, que cubrir 130 puestos.

Los 7 vicios, y muchos más, que históricamente han deteriorado la esquelética estructura política del Perú amenazan con ser replicadas de generación en generación sino se le pone fin de raíz.

Nos remitimos a los hechos, es vox populi la generalización de una cultura de la corrupción en las esferas de poder (negocio) público y privado. Poderes del Estado, gobiernos regionales, distritales, locales están involucrados en la más grande red del crimen organizado siendo esta indiferente a la bandera política que la autoridad pública haya representado. Lo sabemos, el entramado delictivo con corporaciones privadas han hecho del oficio político la mejor herramienta del ilícito enriquecimiento y abusiva concentración de poder.

Es sabido que la inmunidad ha sido la gran cobertura en la cual se han escudado las más obscenas sinfonías del delito público. Somos participes del parecer que funcionarios públicos, como lo es con la ciudadanía en general, deben estar sujetos a la misma resolución penal en caso de actos punidos por ley lo cual no ha sucedido convirtiendo la inmunidad en el mejor escudo legal de protección al crimen so pretexto de proteger políticamente a la/el funcionaria/o.

Hacemos eco de lo sostenido por la ministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Revilla Vergara lo cual, consideramos, sería una de las exigencias a la cual las nuevas candidatas/os al Congreso deberían adherirse en respaldo con cargo de obligatoriedad:

“Sería ideal que los próximos candidatos al Congreso tengan como propuesta normativa quitar esta protección de inmunidad a los congresistas […] No es posible que por comisión de delitos anteriores a sus funciones como congresista se mantenga la inmunidad. Eso ha pasado con representantes del Congreso, eso no es lo correcto […] como país hemos venido haciendo un Frankenstein con el Código Penal”. [1][1]

Todos los demás vicios como Inmunidad, falsificación de información, tráfico de influencias, transfugismo, nepotismo, privilegio salarial y ausentismo amenazan con ser la comidilla de los ávidos titulares del lucrativo business farandulero de la mayoría, salvo honrosas excepciones, de medios de comunicación.

Debería , por lo menos en partidos o movimientos de izquierda o progresistas, ser una exigencia con carácter de obligatoriedad de precandidatas/os y candidatas/os al Congreso comprometerse con aceptar la separación del partido u organización y, en caso de ausencia de inmunidad, ser denunciados/as ante las esferas jurídicas correspondiente por haberse válido del apoyo de la ciudadanía y espacios públicos con fines personales ajenos al interés común.

Se teme que la alusión a la “juventud” como recurso “salvavidas” ante la caduca estructura política sea una muletilla que pueda englobar serios problemas de cohesión y madurez política.

Pareciera ser que en la actualidad signos de modernidad política tenga que ver con declarar a Venezuela “Dictadura” y a la izquierda con “terrorismo” a no ser que sea la “izquierda moderada” o “democrática” como si el socialismo inclusivo y decente no lo fuese.

Ojalá que dentro de las exigencias que se puedan solicitar a las nuevos rostros, y no tan nuevos, al Congreso, y al mundo de la política en general , se encuentre la adhesión a la renuncia de hacer de estos, y otros vicios, la esperanza de sueños de opio que ya ha metido a más de un representante de la “democracia” a la sombra o a placenteras cárceles doradas como clínicas o acogedoras residencias familiares.

Que sean la decencia, honestidad, integridad, coherencia y soberanía aquellos vicios que por su hábito y repetición sean inscritos en el nuevo ADN de una cultura política auténticamente inclusiva y democrática.

* Licenciado en Teología y Magíster en Terapia Física. Publicado en Conuestraamérica