Luis Lacalle Pou lidera la alianza multicolor de derecha
Luis Lacalle Pou, el candidato que busca poner fin a 15 años de izquierda en Uruguay
El candidato por el opositor Partido Nacional (PN) a la Presidencia de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue un joven rebelde que se ufanaba en decir que no sería político en una familia con un padre presidente de la República y un bisabuelo caudillo.
Sin embargo, a Lacalle Pou la tradición le ganó y con 26 años fue electo diputado por el histórico PN.
Se subió por primera vez a un estrado en 1999 para hablar en un acto político en la ciudad de Bella Unión (norte), donde dio un discurso que, según le dijo a un amigo, fue «corto pero malo», admite entre risas.
Con una carrera política que forjó voto a voto más allá de sus apellidos, hoy, con 46 años y segundo en la intención de voto según las encuestas, es la esperanza de muchos uruguayos de concretar un cambio para poner fin a 15 años de gobiernos de izquierda.
Nacido el 13 de agosto de 1973 en Montevideo, es uno de los tres hijos del matrimonio de Luis Alberto Lacalle y Julia Pou.
Se educó en el colegio British School, reservado para una élite de la sociedad uruguaya y enclavado en el exclusivo barrio de Carrasco.
La primera salida con su esposa, ella con 16 años y él con 19, fue un aburrimiento para los dos, cuenta su mujer, Lorena Ponce de León, hoy de 43.
«Me pareció un petiso agrandado que sufría de vértigo y al que le recomendé empezar a tomar Flores de Bach», relata Lorena al diario «El Observador».
Se reencontrarían seis años más tarde para empezar una historia de amor que dio como fruto tres hijos: Luis Alberto, Violeta y Manuel.
Apodado «Cuquito», por el sobrenombre de su padre, conocido como «Cuqui», quien por su gobierno entre 1990 y 1995 quedó identificado por sus políticas neoliberales, Lacalle Pou afirma sentir «un profundo orgullo» por su padre.
«Quien se crea que me critica hablando de mi padre no lo siento así», afirma en una entrevista con el diario «El País», aunque aclara que «no forma parte» de su proyecto político.
En 2014 ganó la interna del PN y llegó a competir en un balotaje (segunda vuelta) con quien resultó electo como presidente por segunda vez, Tabaré Vázquez (2005-2010 / 2015-2020), con una diferencia de 56 a 43 por ciento.
Hace cinco años hizo una campaña «positiva» con propuestas, pero desde hace unos años su discurso es más crítico con el gobierno y se respalda en un equipo sólido de técnicos y asesores.
«Estamos preparados para gobernar», repite una y otra vez en discursos donde promete aplicar una política de austeridad fiscal, liberalizar la importación de combustible y dar confianza a la policía para mejorar la seguridad pública.
«Cuando vas creciendo en la actividad política tienes el peligro de dejar de tocar el piso, de olvidar la razón por la cual entraste. Los tirones de oreja son muy importantes y leer el libro fue un gran balde de agua fría», explica en la presentación del libro biográfico: «Un rebelde camino a la Presidencia», escrito por Esteban Leonís.
Este es el acuerdo firmado por los partidos de la coalición de cara al balotaje
“Hay cambios, había matices”, planteó Lacalle Pou respecto a los comentarios que recibieron del resto de los partidos que son parte de la coalición. “Va a ser un documento base, no pretende ser un programa de gobierno” pero “sí lineamientos claros”, sostuvo.
“Es una síntesis de lo mejor de cada programa”, afirmó.
Consultado acerca de los aspectos que se incluían en la primera versión del documento y que ahora fueron suprimidos, Lacalle Pou respondió: “La vida es ceder, ¿no? Uno cede en la pareja, en un grupo de amigos”.
¿Qué cambió frente a la primera versión?
Uno de los puntos que se quitó fue la propuesta de excluir del régimen de salidas transitorias a los reincidentes en delitos de narcotráfico, homicidio simple, homicidio agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad y secuestro. Tampoco está en esta versión la pena perpetua revisable para delitos gravísimos ni la inexcarcelabilidad de todos los delitos previstos por la ley de estupefacientes.
Se agrega, por otro lado, el planteo de reestructurar la Fiscalía General de la Nación.
Además, a diferencia del documento conocido anteriormente, éste propone realizar en 2020 una “auditoría de gestión para identificar ineficiencias e irregularidades”.
En el capítulo de la “protección de los más débiles”, agregan que “en la medida en que el estado de las finanzas públicas lo permita, considerar una eliminación gradual del IASS”, que grava a las jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividad.
Por otro lado, se añade: «Profundizar y ampliar la formación policial en todos sus niveles y tareas, creando la especialidad de investigación criminal y poniendo sus planes operativos en sintonía con las mejores prácticas a nivel internacional; fortalecer el cuidado de los policías en toda su trayectoria laboral; profesionalizar los procesos de selección y valoración de competencias, desarrollar capacidades institucionales para la atención de enfermedades profesionales y desarrollar buenas prácticas de apoyo y cuidado al personal retirado; revisar la Ley 18.315 (Ley de Procedimiento Policial) en materia de uso de armas de fuego, registros, identificación y detenciones; revisar y asegurar el efectivo cumplimiento de la Ley de Faltas; revisar el sistema de libertades vigiladas, limitando su aplicación y verificando su efectivo cumplimiento».
Sobre las políticas de Defensa, en este documento no incluyen el punto acerca de la vivienda militar, en el que se buscaba fomentar el acceso digno por parte del personal subalterno.
En tanto, agregan que buscarán “establecer una nueva escala salarial para las FF.AA y proceder a su aplicación progresiva, poniendo especial énfasis en la recuperación de los niveles salariales mínimos”.
En Educación, dieron marcha atrás con el punto que buscaba modificar la gobernanza del Codicen, en el que entre otras cosas pretendían mantener a los representantes docentes en el Codicen, con voz y sin voto, lo que generó polémica.
Al respecto, el documento nuevo solamente se refiere a “fortalecer el rol director del Codicen de la ANEP, al que se incorporarán los Directores Generales de los subsistemas, manteniéndose los consejeros electos por los docentes”.
En tanto, el texto incorpora la ampliación de la cobertura, así como profesionalizar y fortalecer la atención a la primera infancia, “con foco en el niño y su derecho a ser cuidado, desarrollarse y aprender”.
Además, agregan la modificación del Estatuto Docente de ANEP, para que “la antigüedad deje de ser el factor determinante para el ascenso y se valore la evaluación y formación, respetando los derechos adquiridos”.
Suman además la “extensión del tiempo pedagógico y de permanencia de los alumnos en los centros educativos de inicial y primaria en los barrios vulnerables de todo el país”.
Agregan la creación de un “Plan de instalación de centros modelo de educación media en barrios vulnerables de todo el país, que funcionarán en el marco de una nueva modalidad educativa de la ANEP”.
También suman el “desarrollo de proyectos de formación técnico-profesional destinados a jóvenes de 15 a 25 años que no estudian ni trabajan, iniciándolos en el aprendizaje de oficios y en la incorporación de nuevas tecnologías constructivas”.
Así como mantienen respecto al borrador el profundizar la alianza estratégica entre tecnología y educación, ahora agregan que esto será “apoyándose” en la experiencia del Plan Ceibal y de UTU.
En tanto, se cambia el término “analizar” por “reducir” “la cantidad de asesores y adscriptos contratados por el Estado, manteniendo solo los imprescindibles”.
Además, agregan la “incorporación de un paquete de leyes anticorrupción: enriquecimiento ilícito, arrepentido y extinción de dominio”.
En el capítulo de las empresas públicas, modificaron el punto de la gobernanza. Mientras en el borrador hablan de “reforma” de la misma, en el documento aprobado por todos se habla de “aplicar a las empresas públicas las mejores prácticas de gobierno corporativo”.
En tanto, también cambian otro punto sobre las empresas subsidiarias de Derecho Privado. Pasan de establecer “revisión sistemática” a “establecer mecanismos de control estrictos y eficaces de las empresas subsidiarias de derecho privado, con auditorías de gestión».
Además, agregan la “fijación de tarifas de servicios públicos basadas en criterios técnicos definidos por las unidades reguladoras”.
Respecto a las medidas de impulso al crecimiento, dieron marcha atrás a la autorización de importación de combustibles refinados, así como de flexibilizar la cadena de distribución. Ahora, plantean “avanzar hacia precios de combustibles que sean competitivos con la región y el mundo, introduciendo gradualmente acciones que transparenten y racionalicen el mercado, buscando trasladar a los consumidores las eficiencias obtenidas”.
Además, suman que buscarán “impulsar al sector agropecuario como motor de la economía”.
En materia de inserción internacional, ahora plantean “establecer un Plan Estratégico de Política exterior 2020-2025, que guarde estrecha relación con las necesidades y oportunidades del país productivo”.
Respecto al corralito mutual, el documento da marcha atrás y en vez de plantear que lo “eliminarán” -como señalaba el borrador conocido días atrás- ahora se señala que “es necesario superar” esta herramienta.
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