Los recortes en ciencia sacuden a América Latina
“Cuando mi papá murió de fiebre hemorrágica argentina yo era muy joven, tenía 6 años. Para toda la familia fue un golpe muy duro. En ese momento no existía la vacuna”, recuerda Juan Sarasola, intendente de la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe (Argentina). “Gracias al doctor [Julio] Maiztegui y a su equipo, a esa epopeya histórica, posteriormente se obtuvo la vacuna y se salvaron miles de vidas en toda nuestra región, en la zona endémica”, añade.
Sin embargo este año, precisamente cuando se cumplen 40 del inicio del desarrollo de esa vacuna, su producción está frenada en Argentina debido a que la inflación y la constante devaluación de la moneda hacen imposible reemplazar tres equipos dañados, valorados en 267.000 dólares: un enfriador de líquidos, un equipo de ensayo de esterilidad y un contador de partículas.
En Brasil, una investigación para comprobar si la cloroquina, un medicamento usado contra la malaria y las enfermedades autoinmunes, puede inhibir la replicación del virus del zika y algunas de sus secuelas —como la microcefalia— podría quedar inconclusa debido a los recortes a miles de subvenciones a la investigación, anunciadas recientemente por las entidades del sector.
En realidad, la inversión en el sector de CTI de Brasil ha caído en picado desde 2016, y 2019 es el peor año: el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones tiene un presupuesto equivalente a 750.000 dólares, una tercera parte de lo que tenía en 2010.
Los anteriores son solo dos ejemplos de cómo los recortes presupuestarios y la baja inversión en ciencia, tecnología e innovación, que se extienden como una perniciosa tendencia en la región, no solamente están causando daños a la investigación, sino a la sociedad en su conjunto, impedida de beneficiarse de las innovaciones tecnológicas para el desarrollo.
“Si bien algún cínico ignorante pueda argumentar que no pasa nada si se deja de financiar la ciencia y la tecnología en nuestros países, el impacto de interrumpir la investigación y los múltiples beneficios de la ciencia para la sociedad sería profundamente perjudicial porque perderíamos una de las pocas brújulas y fuentes de ideas para pensar y hacer efectivo un futuro mejor”, reflexiona Hebe Vessuri, doctora en antropología social y premio Bernardo Houssay 2017 a la Trayectoria en las ciencias sociales de Argentina.
En Venezuela, las posibilidades de investigar y producir innovaciones son prácticamente nulas debido a la crisis económica y política generalizada. Con una hiperinflación anualizada estimada en 135,379 por ciento a fines de agosto, dos procesos de reconversión monetaria y 15 años de control cambiario, las universidades no tienen acceso a dólares para la compra de reactivos o nuevos equipos.
Además, desde 2009, las universidades públicas y autónomas dejaron de recibir presupuestos para la investigación. En la actualidad esas instituciones apenas obtienen recursos para pagar sueldos y salarios al personal. Las instalaciones y laboratorios científicos lucen abandonados y deteriorados. En muchos casos sobreviven gracias a donaciones que realizan sus egresados desde el exterior, lo que sigue siendo insuficiente para las necesidades de la academia.
Para Gabriela Dutrenit, coordinadora de posgrado en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, detrás de todos estos recortes e indiferencia hacia la ciencia y las innovaciones tecnológicas hay un “desconocimiento generalizado de la población y de los políticos respecto del papel de la investigación científica, que no les hemos sabido transmitir”.
“Tenemos que hacer ver a la sociedad los beneficios que obtiene de la investigación, y hacerles entender a los políticos que incluso económicamente no es conveniente una reducción de la inversión en desarrollo científico-tecnológico, por las consecuencias que trae para la sociedad”, afirma.
Y prosigue: “Hay que hacerles ver que la afectación [a la sociedad] no será de un día para el otro: si yo le bajo un dólar a la inversión no voy a ver de inmediato [sus efectos], pero a mediano plazo sí, porque quienes estaban haciendo determinada investigación ya no pueden seguir, y algo que podía ser un beneficio para una población afectada demorará más tiempo en generar el conocimiento que se plasma en nuevas técnicas”.
Por su parte, Hebe Vessuri advierte de que “nuestros países» en su gran mayoría ya tienen capacidades instaladas de ciencia y tecnología «en una situación bien diferente a la de hace medio siglo. Esas capacidades deberían aprovecharse de maneras mucho más creativas”.
“Lamentablemente, lo que vemos como parte del proceso autoinfligido de deterioro por parte de nuestras autoridades y políticos es el serio riesgo de desmantelamiento de las capacidades construidas con tanto esfuerzo”, añade.
Ella cree que los científicos “no han sabido encontrar la forma de hacer entender a los políticos y empresarios el gran potencial que tienen para sus países”. Tampoco la clase dirigente ha sabido aprovecharlos, remarca.
Y tal vez sea ese desconocimiento uno de los factores que lleva a ciertos funcionarios y burócratas a desviar a otros fines los fondos destinados a equipos tecnológicos y desarrollo de innovaciones cuando están escasos de recursos.
Es el caso del Perú, donde los diversos programas de financiamiento público para el desarrollo de innovaciones tecnológicas cumplen su cometido, pero la población se ve impedida de acceder incluso a tecnologías de larga data, como el uso de incubadoras, monitores y bombas de infusión para bebés prematuros, tal como lo admitió ante el Congreso Nacional la ministra de Salud, Zulema Tomás el 4 de septiembre.
Así, en el Hospital Regional de Lambayeque —al norte del país— murieron 30 bebés en el primer trimestre del año “por falta de presupuesto para reparar y comprar más incubadoras”, según fuentes del hospital. Sin embargo, la Contraloría General de la República comprobó que se había usado un millón de soles (poco más de 300.000 dólares), la mitad del presupuesto destinado a Neonatología, para comprar canastas de navidad para sus trabajadores.
En medio de este poco esperanzador panorama hay voces que proclaman el cese de la inversión pública en ciencia y tecnología. Pero para Gabriela Dutrénit “no es el momento”. “No creo que la inversión privada pueda suplir [a la inversión pública] en nuestros países”, opina.
Precisa que los países latinoamericanos todavía tienen muchas capacidades científicas y tecnológicas por construir. “Aún no hemos llegado a tener esas masas críticas que se requieren para que se adquiera dinámicas propias” por lo que el estado “no se puede retirar de seguir asumiendo la necesidad de una fuerte inversión pública en ciencia y tecnología”.
“Se requiere todavía de inversión pública, no solo por liderazgo, sino para que marque las áreas donde hace falta invertir para que contribuir al desarrollo económico y al bienestar social, porque la empresa privada se va a guiar por criterios de rentabilidad”, concluye.
Con información de El País: https://elpais.com/elpais/2019/11/15/ciencia/1573816247_796813.html
