Informe Unesco 2019: Migración, reto para la educación en América Latina

El considerable aumento de niños migrantes y refugiados alrededor del mundo, es uno de los aspectos más resaltantes del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) 2019, publicado por Unesco. El documento, Migración, desplazamiento y educación: construir puentes, no muros, precisa que desde el 2000 estas cantidades han crecido en un 26%.

“Todos estos niños y niñas deben tener sus derechos a beneficiarse de una educación de calidad garantizados”, afirmó la Directora General de la Unesco, Audrey Azouley. Añadió que “el aprendizaje no es un lujo. Cuando se niega la educación a migrantes y refugiados, todos pierden. La educación es clave para la inclusión y la cohesión y la mejor forma de forjar comunidades más fuertes y resilientes”.

El número de niños y niñas migrantes y refugiados en edad escolar alrededor del mundo actualmente podría llenar medio millón de aulas, un aumento del 26% desde el 2000. En el Informe se destacan los logros y deficiencias de los países a la hora de garantizar el derecho de los niños y las niñas migrantes y refugiados a beneficiarse de una educación de calidad, un derecho que sirve a los intereses tanto de los alumnos y las alumnas como de las comunidades en las que viven.

El Informe revela en qué lugares de América Latina y el Caribe se ve cuestionado este derecho. Así, cada vez hay más menores no acompañados en los centros de detención, donde por lo general no cuentan con acceso a educación. Cerca de 50.000 niños de El Salvador, Guatemala, Honduras y México fueron detenidos cada año en promedio en la frontera de los Estados Unidos entre 2013 y 2017.

Sin embargo, en la región hay también numerosos buenos ejemplos de inclusión en la educación de migrantes y personas desplazadas a la fuerza.

Aquellas personas que emigran alcanzan mayor educación

El Informe calcula también el alcance del éxodo intelectual, y demuestra que una de cada 12 de las personas profesionales mejor calificadas de América Latina y más de 1 de cada dos en el Caribe están emigrando a otros países. A su vez, algunos países promueven la inmigración de personas calificadas.

Manos Antoninis, Director del Informe GEM, indica: “A pesar del discurso político habitual, son los más educados quienes más suelen migrar, ya sea en busca de mayores retornos de su educación o porque están mejor capacitados para responder a las oportunidades en otras partes.”

El Informe revela también un efecto positivo de la migración en la educación de la región: las remesas enviadas por las personas migrantes a sus países.  En promedio, las remesas aumentaron el gasto en educación en América Latina en un 53%, llegando a un 66% en Guatemala y Lima en comparación con un 35% en países de ingresos bajos y medios.

Por eso, el Informe GEM aboga por que los costos de transacción para el envío de remesas al país de origen sean reducidos al objetivo del 3% que preconiza la ONU, en lugar del promedio actual, que alcanza 7,1%, ya que ello podría aumentar el gasto en educación en el mundo en 1.000 millones de dólares estadounidenses al año.

Estas son las recomendaciones del informe:

1. Proteger el derecho a la educación de las personas migrantes y las personas desplazadas
2. Integrar a las personas migrantes y a las personas desplazadas en los sistemas nacionales de educación
3. Comprender y planificar para cumplir con las necesidades educacionales de las personas migrantes y las personas desplazadas
4. Representar historias de migración y desplazamiento en la educación de forma realista para desafiar los prejuicios
5. Preparar a profesores de personas migrantes y refugiadas para abordar la diversidad y la adversidad
6. Sacar partido al potencial de las personas migrantes y las personas desplazadas
7. Apoyar las necesidades educativas de las personas migrantes y las personas desplazadas en la ayuda humanitaria y de desarrollo.

América Latina y el Caribe

En cuanto a la región, el informe revela en qué lugares este derecho a la educación se ha visto debilitado.  El caso más resaltante es el de miles de niños que se encuentran no acompañados en centros de detención en la frontera con Estados Unidos.

Cerca de 50.000 niños de El Salvador, Guatemala, Honduras y México fueron detenidos en la frontera entre 2013 y 2017, sin acceso a servicios de educación adecuados.

En la República Dominicana, los haitianos sin Estado se encuentran con varias barreras burocráticas que dificultan su admisión en las escuelas, por lo que muchos no consiguen graduarse.

Chile destaca positivamente por la presencia de numerosos ejemplos de inclusión en la educación de migrantes y personas desplazadas a la fuerza. También se cita a Colombia, que se ha convertido en líder y usa su marco legal para proteger la educación de su población desplazada internamente.

Argentina ayudó a muchos migrantes no documentados a convertirse en ciudadanos regulares por medio de una ley de migración en 2004, y de su posterior “Plan de Patria Grande”, el cual afirma que “bajo ninguna circunstancia deberá el estatus irregular de un inmigrante impedir su admisión como estudiante en ninguna una institución educativa”.

Perú ha demostrado interés por adaptar su legislación a la CDN, y por implementar políticas públicas que favorezcan el respeto de los derechos de los niños y las niñas.

Según la representante de Unicef en Perú, Olga Isaza, el país debe sentirse orgulloso de los avances que se han conseguido como “la reducción de la desnutrición crónica infantil y de la mortalidad materna, el incremento de la escolaridad especialmente a nivel inicial, la inversión estatal orientada a implementar y mejorar la educación bilingüe y una legislación que prohíbe el uso de castigo físico y humillante”. 

Pero, “enfrenta aún diversos desafíos que requieren atención inmediata para darle sostenibilidad a lo avanzado. Es el caso de la anemia, déficit nutricional que obstaculiza el pleno desarrollo cognitivo y físico de 46 de cada 100 niños menores de 36 meses”, escribió Isaza.

Actualmente, el número de niños y jóvenes supera los 3,5 millones en el Perú. Ellos requieren de un mayor número de oportunidades tanto educativas como de acceso a una atención sanitaria buena. “Asegurar esas oportunidades es un deber ético y una decisión estratégica”, dijo la representante de la organización que trabaja por los derechos niños y niñas. 

Conclusiones

Entre las recomendaciones finales del informe de UNESCO figuran: 

1. Proteger el derecho a la educación de los migrantes y las personas desplazadas
   2.    Integrar a los migrantes y a las personas desplazadas en los sistemas nacionales de educación
   3.    Comprender y planificar para cumplir con las necesidades educacionales de los migrantes y las personas desplazadas
   4.    Representar de migración y desplazamiento en la educación de forma realista para desafiar los prejuicios
   5.    Preparar a profesores de migrantes y refugiados para abordar la diversidad y la adversidad
   6.    Sacar partido al potencial de los migrantes y las personas desplazadas
2. Apoyar las necesidades educativas de los migrantes y las personas desplazadas en la ayuda humanitaria y de desarrollo
   

La Convención sobre los Derechos del Niño –CDN– fue aprobada de manera unánime por los 78 miembros de que formaban la ONU el 20 de noviembre de 1989. En estos 29 años, estos países han mostrado interés en que cada niño y niña del mundo ejerza estos derechos, pero todavía queda mucho camino que recorrer.