Golpe en Bolivia: la CIDH condena la represión tras una jornada que dejó seis manifestantes asesinados
CIDH condena uso excesivo de la fuerza durante protestas en Bolivia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes el uso de la fuerza de policías y militares por parte del Gobierno de facto de Bolivia para reprimir manifestaciones populares a favor del presidente Evo Morales.
La CIDH anunció que realizará una visita urgente a Bolivia, entre el 22 y 25 de noviembre, frente a lo que describió como el «riesgo de impunidad para violaciones de DD.HH.»
De acuerdo al comunicado emitido por la Comisión condena el uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas e instó al Gobierno de facto a tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad.
La CIDH constató que desde el Golpe de estado al presidente Evo Morales «la fuerte respuesta represiva por parte de las fuerzas de seguridad, con la utilización de armas de fuego, ha generado un incremento en el número de personas muertas y heridas».
Además, advirtió, que resultan de «particular preocupación» por la actuación de las fuerzas de seguridad para controlar el orden público, «sin que haya adecuado sustento legal».
En el texto la Comisión planteó su preocupación por el Decreto Supremo 4078 que «pretende eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para restablecimiento del orden interno y estabilidad del orden público».
Para la CIDH son «inadmisibles» las disposiciones de amnistía y de prescripción para impedir la investigación y sanción de responsables de violaciones de derechos humanos durante las protestas.
CIDH alerta riesgo de impunidad para violaciones de DDHH en #Bolivia y hace llamado al diálogo nacional para alcanzar una solución constitucional para la crisis. Más información: https://t.co/tnuAPRlfV7
— CIDH – IACHR (@CIDH) November 19, 2019
La Comisión reclamó al Gobierno de facto «garantizar el derecho a la reunión pacífica (…) preservar la vida e integridad de sus habitantes (…) garantizar el trabajo de los periodistas y de los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos».
La CIDH citó información pública según la cual desde el 20 de octubre fallecieron 23 personas «en el contexto de la violencia social poselectoral», 715 personas habrían sido heridas y otras 624 personas habrían sido detenidas.
En el contexto de la represión militar y policial este martes se presentó un nuevo episodio en los alrededores de la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en Senkata, de la ciudad de El Alto, en donde fallecieron al menos tres personas y más de 30 resultaron heridos.
En el reporte del corresponsal de teleSUR en Bolivia, los pobladores denunciaron que el accionar policial cobró la vida de tres manifestantes y dejó varios heridos. Mientras que otra persona develó que son cuatros la personas muertas, sin embargo, la información hasta el momento no ha sido confirmada.
Sube a 6 el número de muertos por la violencia en Senkata
Clemente Mamani, un joven de 24 años, falleció aproximadamente a las 23.00 de este martes en el Hospital Corazón de Jesús, con lo que sube a seis el número de víctimas mortales en medio del operativo militar-policial para evacuar combustible de la planta de Senkata hacia La Paz.
«Lamentablemente el paciente ha fallecido y esa información ya fue comunicada a la familia», explicó el médico Jorge Jiris del centro hospitalario Corazón de Jesús.
Mamani falleció aproximadamente a las 22.55 a causa de la herida penetrante por proyectil de bala en el abdomen, según el reporte médico.
En la noche de este martes ya se velaban cinco muertos como consecuencia del operativo policial-militar de traslado de combustible de la planta de Senkata a La Paz. Tras los hechos gente de Senkata recorrió algunas zonas de El Alto exigiendo a los vecinos se sumen a los bloqueos.
Vecinos de diferentes zonas reactivaron las vigilias ante eventuales ataques.
El ministro de Defensa, Fernando López, aseguró que de las Fuerzas Armadas (FFAA) no salió ni un solo disparo en esos hechos de violencia y consideró que debe esperarse el informe de autopsia y pericial para establecer las causas.
«Hordas en estado inconveniente decidieron ingresar a la planta de Senkata con cachorros de dinamita, decideron voltear paredes con cachorros de dinamita, quemar vehículos y robar garrafas de gas, consideramos que lo que está moviendo a esas personas es un mero vandalismo», denunció y aseguró que «(los movilizados) están recibiendo órdenes, dinero, alcohol y coca para causar vandalismo, para causar terror, para causar pánico, solo con ese objetivo».
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, dijo que preliminarmente se conocía de tres muertos, uno confirmado por impacto de bala.
«El día de hoy (martes) hemos tomado conocimiento de la muerte de tres personas por la tarde en la ciudad de El Alto, en el lugar denominado Senkata», dijo Alave en conferencia de prensa, aunque después se conoció que la cifra de muertos era de cinco y posteriormente se comunicó el fallecimiento de Mamani.
Evo Morales denuncia cerco militar a plaza en La Paz, Bolivia
Evo Morales, desde su asilo en México, denunció que la Plaza Murillo en el centro de La Paz, se encuentra cercada por tanquetas militares.
‘Denunciamos ante la comunidad internacional que al viejo estilo de las dictaduras, la Plaza Murillo se encuentra cercada de tanquetas militares’, escribió en su cuenta en Twitter.
Añadió que ‘el gobierno golpista de Mesa, Camacho y Áñez tiene un plan para cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional. #GolpeDeEstadoEnBolivia.’
Tras la asonada golpista contra Evo Morales el pasado 10 de noviembre, diversos sectores fundamentalmente campesinos, indígenas, docentes y mujeres, iniciaron intensas jornadas de movilizaciones para exigir la renuncia del gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez.
Bloqueos de carreteras, vigilias, marchas y cabildos son algunas de las formas de protestas, varias de ellas reprimidas por el ejército y la policía.
La autoproclamada mandataria firmó un decreto que exime de responsabilidad penal a los militares desplegados contra las movilizaciones.
‘El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad’, señala.
La orden fue promulgada el viernes, el mismo día en que al menos nueve manifestantes fallecieron a manos de uniformados en un enfrentamiento en una zona cocalera cercana a la ciudad de Cochabamba.
Asimismo, según la agencia de noticias Fides, ante la salida de carros con GLP y cisternas con combustible, de la planta de Senkata en la ciudad de El Alto, rumbo a La Paz, manifestantes intentaron oponerse, pero fueron dispersados por la Policía que utilizó agentes químicos.
La ONU llamó a las autoridades bolivianas a rendir cuentas por la represión
La ONU subrayó que la muerte de civiles no se puede aceptar, y que las autoridades bolivianas tienen que rendir cuentas al respecto. Sin embargo Stéphane Dujarric, vocero del titular de la organización, Antonio Guterres, no se pronunció respecto al decreto que le quita responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas frente a la represión. Días atrás, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había condenado el «uso desproporcionado de la fuerza» por parte de las Fuerzas Armadas.
«Estamos preocupados por los acontecimientos. Es importante volver a llamar a todos los actores a que den una oportunidad al diálogo, incluyendo el ejercicio de contención tanto en actos como en palabras», dijo ante la prensa acreditada en las oficinas del organismo en Nueva York, Stéphane Dujarric.
El vocero de la ONU lamentó los fallecimientos de ciudadanos «cuando trataban de expresarse», y subrayó que «ninguna muerte de manifestantes civiles es aceptable. Es muy importante que se permita a las personas manifestarse y que el gobierno muestre contención. Y que cuando hay violencia y hay muertes, haya rendición de cuentas», agregó.
Sin embargo, Dujarric no se pronunció respecto al decreto aprobado por el gobierno transitorio de Bolivia, que exime de responsabilidad penal a militares cuando actúen en condiciones de necesidad y bajo legítima defensa. La medida, en cambio, fue criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, que advierten que dicho decreto puede estimular la represión violenta de las protestas.
Mientras tanto, la ONU continúa colaborando en la búsqueda de una salida a la crisis en Bolivia a través del enviado nombrado por Guterres, el francés Jean Arnault, que se encuentra en La Paz desde el 15 de noviembre.
Según contó Dujarric, Arnault está manteniendo contactos con actores políticos y sociales con el fin de que termine la violencia y se protejan los derechos humanos en el país. El enviado también busca aportar para lograr una salida «pacífica a la crisis» con unas «elecciones libres, creíbles e incluyentes».
Días atrás, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había denunciado el «uso innecesario o desproporcionado de la fuerza» contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad en Bolivia. En concreto, se refirió a la muerte de manifestantes en la ciudad de Sacaba , Cochambamba, «presuntamente a consecuencia del uso de munición letal por parte de las fuerzas de seguridad».
«En una situación como ésta, las acciones represivas de parte de las autoridades simplemente avivarán más esa ira, y pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible», advirtió.
Según la Defensoría del Pueblo de Bolivia, al menos 24 personas murieron y más de 700 resultaron heridas desde las elecciones del pasado 20 de octubre en Bolivia, en las que Evo Morales triunfó en primera vuelta luego de un lento escrutinio, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición. Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo.
Defensoría acude al TCP para que declare ilegal el decreto que exime a FFAA de culpa penal
La Defensoría del Pueblo presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta contra el Decreto Supremo 4078, que exime a los efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) de responsabilidad penal cuando actúen en legítima defensa durante las movilizaciones. Además, exigió al Gobierno interino de Jeanine Áñez la desmilitarización para evitar más muertes.
«Nadia Alejandra Cruz, defensora del Pueblo a.i (…) interpongo acción de inconstitucionalidad abstracta contra el Decreto Supremo 4078, concretamente contra el artículo 3 de la referida norma», establece el recurso dirigido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El documento explica que el artículo 3 de ese decreto viola la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad.
«El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad (…)», resalta el artículo 3 del DS cuestionado.
Dicho decreto fue cuestionado por varios sectores debido a que consideran que es un instrumento que viola los derechos y da vía libre a la impunidad de los militares. Incluso instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional calificaron «grave» porque desconoce los estándares internacionales sobre los derechos humanos.
En ese sentido, Cruz resaltó que la presentación de este recurso al TCP quiere garantizar que los hechos de violencia y muerte que se dieron en los últimos días no queden en la impunidad.
PEDIDO DE DESMILITARIZACIÓN
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, exigió al Gobierno de Áñez la desmovilización de las FFAA a fin de evitar que se produzcan más muertes.
«Pedimos que el primer paso para pacificar nuestro país y evitar más muertes, la desmilitarización de las Fuerzas Armadas», dijo Cruz en conferencia de prensa.
Dijo que la desmilitarización podría ser un primer paso que el Gobierno pueda abrir un acercamiento e iniciar un proceso de diálogo efectivo para promover una real pacificación del país.
