Golpe de Estado en Bolivia: la CIDH anuncia «visita inmediata» para corroborar situación de DDHH
Comunicado de la CIDH
Alta Comisionada Bachelet desplaza ‘misión técnica’ para ver situación de DDHH en Bolivia
Por Carlos Corz
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, desplazó una “misión técnica” para recabar información sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, en medio de una situación de conflictividad que cobró solo el viernes 9 muertos por herida de bala en Cochabamba.
“@mbachelet desplegó una misión técnica para recabar información sobre la situación de #DerechosHumanos. Equipo de @UNHumanRights contribuirá a esclarecer hechos de violencia y ya inició reuniones con actores nacionales”, informó desde su cuenta en Twitter la ONU Derechos Humanos – América del Sur.
En una nota publica el 16 de noviembre, un día después de que en Sacaba, Cochabamba, murieran nueve cocaleros, Bachelet, expresidenta de Chile, reportó que “tiene información de que al menos 17 personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas 14 solo en los últimos seis días”.
Las movilizaciones son en respaldo a Evo Morales, que dimitió el 10 de noviembre presionado por protestas cívicas, el motín policial y la “sugerencia” del comandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman de dimitir. Las denuncias de fraude y un informe de la OEA, que detectó irregularidades, agudizaron y llevaron al límite el conflicto.
Uno de los momentos más trágicos se vivió el viernes, con la muerte de nueve cocaleros por herida de bala, proveniente de armas largas, según el reporte de la Fiscalía General. Los productores de coca quisieron entrar a Cochabamba en su marcha hacia a La Paz para respaldar a Morales y exigir la renuncia de Jeanine Áñez.
Los militares y los policías, ahora en las calles, impidieron su paso. Para el Gobierno los disparos salieron de las mismas filas cocaleras.
Bachelet urgió a las autoridades bolivianas a abstenerse de emplear a las fuerzas militares en operaciones de orden público, incluyendo las protestas.
“Esta situación no será resuelta por medio de la fuerza y la represión”, alertó Bachelet y recordó que “todos los sectores tienen el derecho a hacer oír sus voces, cuestión fundamental para la democracia. Insto a todos los actores, incluyendo a los manifestantes, a que renuncien a la violencia para transitar hacia una solución pacífica a la crisis actual”.
Desde España también se hizo saber la condena a la escalada de violencia. “España condena tajantemente la escalada de violencia en #Bolivia, que ha resultado en 23 muertos hasta el momento, y comparte la posición de la Alta Comisionada de @UNHumanRights @mbachelet y de la @CIDH sobre el Decreto Supremo 4078”, sostiene.
El decreto 4078 exime de responsabilidad penal a los militares que participan de los operativos para restablecer el orden.
“Tras el decreto gubernamental, recordamos a #Bolivia que los militares no deberían ejercer tareas policiales. Si sucede, su participación debería estar sujeta a la ley internacional de #DDHH. Las fuerzas del orden deben rendir cuentas de sus actos, incluido el uso de la fuerza”, cuestionó la oficina de DDHH dirigida por Bachelet.
Uruguay reclama a Bolivia evitar represión y que el Ejército cumpla tareas policiales
En ese sentido, respaldó las afirmaciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el sentido de que los militares no deben ejercer tareas policiales y, en su caso, su participación debería estar sujeta a la ley internacional de los derechos humanos.
«El gobierno del Uruguay expresa su profunda preocupación por el aumento de la violencia en el Estado Plurinacional de Bolivia que ha causado hasta el momento al menos 23 muertos, y reitera su urgente llamado a quienes han asumido el poder luego del Golpe de Estado, a controlar el uso de la fuerza y a evitar la represión a fin de que la situación no escale a niveles mayores», dice el comunicado de la Cancillería publicado el lunes por la tarde.
«En particular, adhiere a las manifestaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el sentido de que los militares no deben ejercer tareas policiales y, en su caso, su participación debería estar sujeta a la ley internacional de los Derechos Humanos», agrega el texto.
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