Golpe de Estado en Bolivia: asciende a 10 el número de muertos por la represión en Senkata
Muere un herido y sube a 10 el número de víctimas mortales en Senkata
Calixto Huanacu Aguilar es la décima víctima fatal de los hechos de violencia del martes 19 de noviembre en Senkata, El Alto, desde donde un operativo policial-militar evacuó un convoy de cisternas y camiones con gas licuado para paliar el desabastecimiento de ese entonces en la ciudad de La Paz.
Según informó la Defensoría del Pueblo en un comunicado, Huanacu Aguilar murió al mediodía de este miércoles en el hospital de Villa Dolores por un cuadro de traumatismo cráneo encefálico «severo por arma de fuego».
En medio del operativo fallecieron seis personas que formaban parte del bloqueo que impedía el paso de combustibles a La Paz en apoyo a Evo Morales y en rechazo al gobierno de Jeanine Áñez.
Entre el 20 y 24 de noviembre otras tres personas perdieron la vida producto de la gravedad de sus heridas en distintos centros hospitalarios de El Alto.
Todos perdieron la vida, según informe defensorial, por impacto de herida de bala. La Fiscalía estableció que las víctimas no murieron por disparos de armas militares.
La administración de Áñez aprobó un decreto que eximió de responsabilidad penal a los militares que participen de los operativos para restablecer el orden.
Al menos 31 personas perdieron la vida en medio de los hechos de violencia desatados tras la dimisión de Morales, como consecuencia de un prolongado paro cívico, un motín policial nacional y la sugerencia del mando militar de dimitir
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Bolivia para verificar la situación de los derechos humanos y calificó de «grave» el contenido del decreto que eximió de responsabilidad penal a los militares.
CIDH sugiere panel internacional para investigar muertes
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, sugirió que el Gobierno de Bolivia conforme “un panel internacional de expertos” para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país. El representante señaló que durante los días de conflicto en Bolivia se dio una “masiva” vulneración de derechos humanos.
“El secretario ejecutivo de la CIDH recomienda una investigación externa de las violaciones de DDHH en Bolivia”, escribió Abrao en su cuenta de Twitter. La afirmación la hizo debido a que -en su criterio- en el país no hay instituciones preparadas para analizar y tratar las denuncias que recibió en sus visitas a El Alto, Cochabamba y otras regiones.
De acuerdo al portal Notimérica, Abrao aseguró en entrevista con Reuters desde Cochabamba que “normalmente en estas situaciones (…) las instituciones nacionales no están preparadas para resolver violaciones masivas de derechos humanos”.
Tras los hechos de convulsión social y violencia que se registraron antes y después de la renuncia de Evo Morales, una misión de la CIDH llegó al Bolivia, entre el 22 y el 26 de noviembre, para observar la situación de los derechos humanos en el país.
La misión internacional, durante su visita a Bolivia, mantuvo encuentros con diferentes sectores de la población boliviana. En La Paz se reunió con el Comité de Defensa de la Democracia (Conade), la Conferencia Episcopal, con periodistas y medios de comunicación, entre otros.
De la misma manera, los comisionados de la CIDH se trasladaron a El Alto y Cochabamba, donde conversaron con los familiares de las víctimas de Senkata y Sacaba. En esos lugares, en enfrentamientos con fuerzas policiales y de las FFAA, fallecieron al menos 16 movilizados.
La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, sostuvo que “quienes tienen hoy la conducción de Bolivia están evaluando la importancia que tiene la presencia de un organismo internacional para conducir el proceso democrático”.
Entre las denuncias que recibió la CIDH figuran una treintena de fallecimientos, gran parte por arma de fuego, que se registraron desde el 20 de octubre. Además de quemas, violencia y heridos en ambos bandos.
Observan su trabajo
- 21F Varios políticos observaron que la CIDH no mostró el mismo interés en la investigación de vulneración de derechos en el Gobierno de Evo Morales y las reivindicaciones por el 21F en 2016.
- Crisis El expresidente Jorge Quiroga denunció a la CIDH como una de las responsables de la crisis, por no pronunciarse antes sobre la respostulación de Evo Morales.
Represión al MAS mientras las organizaciones sociales se declaran en resistencia al nuevo régimen
Por Marta Dillon
Desde La Paz
“¡Somos representantes del pueblo, y somos pocas porque el pueblo está trabajando!”, grita la mujer a un volumen que no guarda relación alguna con la pregunta que buscaba saber de qué se trataba el pequeño amontonamiento de personas que llevaban la bandera boliviana atada al cuello como una capa. Está indignada, roja la cara, fruncido el ceño, la mano agitándose como si fuera a golpear; es el tercer día de plantón frente a la Defensoría del Pueblo, a cargo interinamente -desde hace más de un año-, de Nadia Cruz, cuya renuncia se reclama bajo el cargo de “proteger a las hordas masistas”, ese enemigo gigante, homogéneo y arrasador que tan bien se supo construir en los últimos dos meses aunque los muertos y las heridas estén de su lado. En la sede de la Defensoría iba a iniciar su tarea la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur que preside Checha Merchán, pero no pudo ser. No sólo por las indignadas sino porque la policía estaba dispuesta a protegerlas.
“Andá a preguntarle a la yegua Kirchner”, dijo a esta cronista el coronel Alarcón, comandante de la EPI de San Pedro, mientras sacaba fotos con su celular a modo de amedrentamiento. “Ahora los tenemos registrados, ya sabemos para qué vienen ¡y no vamos a liberar la puerta porque nosotros no reprimimos mujeres!” Cientos de videos que circularon en redes de manera desordenada en las últimas semanas podrían desmentirlo, pero no era el momento. “Nuestra policía no es como esa masista que nunca defendió al pueblo, ¿por qué no se vuelven a su país? ¿Por qué no se meten en sus cosas?”, dijo otra indignada mientras detrás de ella el coro gritaba “¡que se vayan! ¡a la cárcel con las hordas masistas y sus amigos argentinos!”
–Usted me ofende cuando habla así –le dijo un hombre de sombrero a la que habló de hordas y nunca dio su nombre, “por seguridad”– eso es racista.
El griterío creció hasta tapar las bocinas de los autos, que eran muchas porque la calle se cortaba intermitentemente. “¡Eso es lo que hizo el Evo, el dictador, meter odio! ¡Yo no soy racista, ustedes son unos vándalos, violadores, asesinos y acá tienen a las que los defienden, ¿no?” El hombre siguió de largo, los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría decidieron ir a la oficina regional de El Alto y a la Comisión del Parlasur le tocó recibir las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en la Legislatura nacional, frente a la plaza Murillo donde, a la tarde, la policía también intentó evitar que ingresen un grupo de campesinas que habían bajado desde Ovejuyo, cerca del lago de las ánimas, donde las montañas rectas como murallas protegen varias poblaciones: Quiliwaya, Pedregal, Chaskipampa.
¿Es curioso que al mismo tiempo que Merchán, presidenta de la Comisión, tuvo que pedir personalmente que dejen ingresar a estas personas a la sala donde se tomaban las denuncias, en la sala de prensa se anunciara un proyecto para otorgar un aumento de sueldo para la policía y los militares “por su labor arriesgada”? Casi tanto como que el gobierno “de transición” que tiene como única función declarada el llamado a elecciones haga planes para reforestar la Chiquitania que ardió con las llamas que quemaron la amazonia brasilera, sin que la ministra designada, María Eva Pinckert, haya tomado el tiempo para averiguar que la reforestación inmediata podría dañar todavía más el ecosistema. Al mismo tiempo que la canciller Karen Longaric designa embajador en Estados Unidos –donde no hubo en los últimos diez años– y amenaza con romper relaciones con México desde la pantalla de CNN si no se le entregan cinco ex funcionaries que encontraron refugio en la embajada a la espera de un salvoconducto que les permita salir del país.
“No les entregaremos ningún salvoconducto, son delincuentes comunes”, dijo Longaric sobre el ex gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vázquez, el ex ministro de gobierno, Juan Ramón Quintana, la ex ministra de Culturas, Wilma Alanoca; todos acusades de sedición; y de dos ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, acusados de fraude, aun cuando todavía no está presentado el informe final de la OEA tal como lo reconoció el lunes ese organismo a pedido del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
El clima en La Paz no sólo cambia al ritmo del sol que aparece intermitente y sube de inmediato la temperatura o de las nubes que lo cubren y obligan a cubrirse. El clima es esa tensión entre los testimonios que familiares y víctimas de la represión repiten cada vez que se les ofrece escucha –como ayer en la legislatura– porque está asumido que la Justicia tiene que llegar desde más allá de las fronteras y la arremetida judicial contra quienes tienen o tuvieron cargos electivos o de funciones públicas. La misma cita para la sesión de mañana por la mañana para tratar el reglamento que complete la ley de elecciones extraordinarias está amenazada por las amenazas contra diputados y diputadas, senadores y senadoras.
“Yo no puedo salir sola por la calle, siempre tengo que estar acompañada; ya he recibido hostigamientos y amenazas”, dice la diputada Sonia Brito a Página/12, aunque de todas maneras ve síntomas positivos en el funcionamiento de “una bancada que se mantiene unida, que no va a dar lugar a la proscripción de nuestros compañeros y que confía en el acompañamiento internacional. Porque lo que pasa acá no es sólo importante para Bolivia sino para toda la región. Porque nosotros nos sentíamos cómodos, éramos la primera economía emergente de la región y no vimos venir la magnitud del golpe fascista.”
La voz de las bases se levanta
Sin anunciarlo, moviéndose en silencio desde Potosí, Santa Cruz y El Alto, desde El Beni y también desde La Paz; las organizaciones sociales, campesinas, de mujeres, sindicales, las 6 federaciones del trópico de Cochabamba –la lista es tan larga que ocuparía toda la página enumerar cada organización–, se reunieron para declararse como “Ampliado en resistencia al golpe” y debatir durante todo el martes cómo posicionarse frente al discurso de la pacificación asentada sobre un millar de detenidos y detenidas, 34 muertes y más de 800 personas heridas. “Todas las organizaciones necesitamos la pacificación, pero no a cualquier precio ni tampoco a espaldas de nuestras bases. Por eso se hizo el ampliado, para poder debatir, para que lo que decidamos sea de conjunto”, dice Yolanda Calani, secretaria de juventudes de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales, una organización que reúne a un millón de productoras de todas las zonas de país y también a profesionales y estudiantes.
Fue en el mercado Lauca Ñ y los seis puntos de acuerdo se sellaron por aclamación y con los puños en alto haciendo una pausa entre consenso y consenso para gritar “¡Gloria por los caídos!” dejando que fluya un dolor que es también rabia y que no cesa. Andrónico Rodríguez, el joven polítologo y cocalero del Chapare, fue quien enunció los acuerdos que incluyen la renuncia de Jeanine Áñez y el “apoyo moral a nuestro presidente” Evo Morales. Aunque sin dudas, lo más importante fue el anuncio de un cuarto intermedio en las movilizaciones para sumarse al deseo común de la pacificación del país pero no sin condiciones. A partir de ese momento se levantaron los últimos bloqueos que interrumpían la ruta entre Cochabamba y Santa Cruz.
Saludamos y respaldamos al movimiento de resistencia pacífico contra el golpe de la derecha racista. El movimiento indígena, con sectores populares y profesionales patriotas han definido lucha permanente para defender la vida, recuperar la democracia y la dignidad de la Patria. pic.twitter.com/Q57FWvEHEj
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 27, 2019
El cuarto intermedio podría terminar si no se aprueba la Ley de Garantías que implique el cese de la persecución política contra miembros del MAS o si no se deroga el decreto 4078 que, como dijo la senadora Eva Copa a este diario, es “una carta blanca para matar”. “El objetivo del ampliado es uno solo: encaminar la unidad de las organizaciones sociales en lucha”, dijo Andrónico Rodríguez al final del encuentro que también, entre sus acuerdos, dio un plazo de cinco días para que las autoridades del MAS IPSP para convocar a un “ampliado nacional”; una intimación desde las bases a reorganizar “la herramienta que se ha parido entre estas organizaciones”, según la definición de Yolanda Calani, quien además subrayó la importancia del último punto: que la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales entre en la mesa de unidad de donde habían quedado excluidas. “Nosotras queremos estar ahí porque tenemos pliegos de reivindicaciones propios, sobre nuestros derechos al trabajo, a la salud sexual; pero también necesitábamos que nuestras bases nos autoricen a entrar en esa mesa donde la COB –Central Obrera de Bolivia– se sentó sin dialogar con sus bases ni con nadie y por eso también le pedimos que rectifique su postura”.
Esta apuesta de las organizaciones de base es un escenario más que se abre y una posición de fuerza para empujar las garantías que la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional busca sancionar, una vez reglamentada la ley de elecciones extraordinarias, el camino más próximo a una salida política a una crisis que ha producido ya demasiadas heridas que están muy lejos de cerrarse.
