Estallido social en Chile: el Congreso comenzará a debatir la posibilidad de una nueva Constitución
El debate constituyente que se activó en el Congreso
Con las manifestaciones aún firmes en la calle, la clase política debate cómo darles cauce a las demandas. Lo primero que asoma es una nueva Constitución, que cruza el espectro político desde el Frente Amplio hasta algunos sectores de Chile Vamos. La cuestión es cómo y quién la hace.
A una maratónica sesión de cinco horas fueron convocados para mañana lunes los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El objetivo de la cita es debatir y consensuar un mecanismo que permita la redacción de una nueva Carta Fundamental que tome en cuenta los cambios estructurales que se han visto reclamados estos días.
La instancia que preside el diputado DC Matías Walker se fijó como propósito escuchar en un solo día -desde las 14.30 hasta las 19 horas- a abogados constitucionalistas y a diversos actores políticos y sociales que les ayuden a concordar y refundir en un solo texto los cinco proyectos que ya existen sobre la materia. La idea es votar, a más tardar el martes 5, “un camino institucional y democrático, mediante un proceso constituyente radicado en la ciudadanía, que permita dar una salida a la grave crisis de legitimidad y al desplome completo de todo el sistema político”, según describe el diputado PS Leonardo Soto.
La idea de reactivar el proceso constituyente que se abrió a fines del gobierno de Michelle Bachelet, y que quedó congelado en los últimos años, tomó fuerza en los partidos de oposición el viernes de la semana pasada, luego de la masiva concentración que reunió a cerca de 1,2 millones de personas solo en Plaza Italia. Una movilización que, según reconoció el gobierno, marcó un “antes y un después”, y que tuvo lugar pese a los esfuerzos de La Moneda por descomprimir la crisis, que incluyeron un giro en favor del diálogo y el anuncio de un paquete de 15 medidas -la llamada “agenda social”- que hizo el Presidente Sebastián Piñera la noche del martes 22 de octubre. Los puntos de la agenda, sin embargo, no fueron interpretados como cambios significativos, capaces de satisfacer las diversas demandas ciudadanas.
A partir de ese momento, algunos parlamentarios de oposición comenzaron a desempolvar los diferentes proyectos que se han presentado para cambiar la Carta Magna, que no concitan consenso al interior de los partidos y menos aún entre los bloques opositores.
En paralelo, senadores y diputados redactaron nuevas iniciativas, haciendo aún más engorrosa la discusión y complicando un posible entendimiento. Fue tal la confusión, que el martes 29, los jefes de ambas cámaras, el senador PPD Jaime Quintana y el diputado DC Iván Flores, junto a los presidentes de las comisiones de Constitución del Senado, Felipe Harboe, y la Cámara de Diputados, Matías Walker, debieron reunirse para definir dónde y cómo quedaría radicada la discusión legislativa.
Antes de esa cita, eso sí, Walker jugó una carta que terminó inclinando la balanza en favor de los diputados. Puso en tabla para la sesión siguiente el debate sobre los proyectos que ya estaban circulando, aprovechando que la Cámara había votado en general el texto enviado por el gobierno de Bachelet, en abril de 2017, para modificar el capítulo XV de la Constitución. Dicha reforma establece un mecanismo para modificar completamente la Carta Fundamental a través del una convención constituyente, cuyos miembros deben ser establecidos por el Parlamento mediante una ley orgánica constitucional. La decisión de establecer una convención constituyente debe ser aprobada por 2/3 de los legisladores en ejercicio. Actualmente, esa cifra es difícil de alcanzar sin el respaldo de algunos parlamentarios de Chile Vamos. Y, hasta ahora, el gobierno no se ha mostrado dispuesto a abrir esa compuerta.
En caso de aprobarse este mecanismo, tanto sus miembros como su organización y funcionamiento, igualmente deben ser ratificados por 4/7 de los parlamentarios en ejercicio.
Este martes, durante el primer consejo de gabinete, justo tras el cambio ministerial, el Presidente Piñera insistió en la estrategia implementada por La Moneda para hacer frente a la crisis: priorizar el control del orden público, avanzar en la “agenda social” y fortalecer los diálogos ciudadanos como vía para escuchar y jerarquizar las demandas de los chilenos.
Pese a que en el oficialismo admiten que “Chile cambió”, que “se necesita un nuevo pacto social”, y a que incluso el propio Piñera no descartó “reformas estructurales” cuando se le consultó por el debate constitucional, hay sectores que se resisten a que ese acuerdo se exprese en una nueva Carta Magna. “No creo que cambiar la Constitución sea una salida a la crisis. Esto no es una crisis política, sino social. El derecho a la salud, a la educación, están en la Constitución. El problema está en cómo lograr salud y educación de calidad y eso no lo resuelve una nueva Constitución. Me asusta que el mundo político esté respondiendo a esta crisis con un discurso político cuando el problema es social”, sostiene la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.
Quienes no se han cerrado a la discusión son los parlamentarios de Evópoli. En 2016, el partido participó activamente de los encuentros locales y cabildos del proceso constituyente que empujó la expresidenta Bachelet e, incluso, el actual presidente de la colectividad, Hernán Larraín Matte, fue parte del Consejo de Observadores convocado por la exmandataria para fiscalizar dichos encuentros. Por estos antecedentes, en la colectividad están dispuestos al diálogo; sin embargo, para ellos la solución a la actual crisis no pasa por cambiar la Constitución. “Nosotros estamos abiertos a conversar sobre esta materia, pero somos escépticos de que este sea el problema de fondo que va a resolver la situación del país y, también, de la capacidad del mundo político de interpretar y de ponerse de acuerdo. Generar una nueva Constitución a partir de cero parece algo voluntarioso. Se pueden hacer reformas profundas a los capítulos de la Constitución, pero no partir con una hoja en blanco”, señala el diputado de Evópoli Luciano Cruz-Coke, miembro de la Comisión de Constitución.
En la Cámara Alta, las conversaciones entre senadores de RN -encabezados por Manuel José Ossandón y Andrés Allamand- y de oposición han ido aún más lejos. “He conversado con senadores de oposición, porque no le tengo miedo en absoluto al plebiscito, a la democracia. Hoy nadie, después de todo lo que está sucediendo, tiene piso para decir que Chile no quiere cambios estructurales. El que sostenga eso está en otro país. Hay que ser prudentes en este tema, pero la prudencia no puede transformarse en miedo a los cambios, porque los cambios tienen que venir”, sostiene el senador Ossandón.
Para Allamand, “el Congreso Nacional está en condiciones de reactivar de inmediato el debate constitucional . Al proyecto presentado por Michelle Bachelet al final de su período debieran adicionarse otras propuestas de reforma, tomando al conjunto como base de la discusión. Al mismo tiempo, deben fijarse mecanismos de participación amplios. Es perfectamente razonable también establecer un plazo para las deliberaciones y convenir un plebiscito en que la ciudadanía apruebe o rechace el proyecto que del aludido proceso resulte”.
Los senadores de RN tienen previsto reunirse mañana -lunes 4 de noviembre- en la sede del Instituto Libertad, entre las 19 y 21 horas, para analizar un posible cambio a la Constitución y los posibles mecanismos para hacerlo.
Parte del problema
Los partidos no son los únicos que en los últimos días se han abierto a un proceso constituyente. El miércoles 30 de octubre, durante un conversatorio organizado por el presidente del Senado para hablar de nueva Constitución, el abogado constitucionalista Sebastián Soto -consejero del CDE y cercano al jefe de asesores del segundo piso, Cristián Larroulet-, sorprendió a los demás asistentes al encuentro al admitir que las movilizaciones sociales lo habían hecho cambiar de opinión. “Antes del movimiento de octubre yo era un profundo escéptico del cambio constitucional (…). Hoy no tengo ninguna claridad, no vengo con ninguna fórmula. He estado mudo por el profundo descontento”, afirmó.
Por eso, una idea que ha ido cobrando fuerza entre los parlamentarios de oposición es apostar por una reforma a la Constitución para incluir un artículo que permita convocar a un plebiscito dentro de los 30 días siguientes a su aprobación -lo que podría ser a fines de noviembre o inicios de diciembre- para que sea la ciudadanía la que decida si quiere una nueva Constitución y elija entre tres alternativas: asamblea constituyente, convención constituyente o una comisión bicameral del Congreso que elabore, dentro de un plazo determinado, un nuevo texto constitucional que deberá ser sometido a su ratificación por la ciudadanía en un nuevo plebiscito.
La Comisión de Constitución de la Cámara ya tiene un proyecto presentado en 2017 por un grupo de 10 parlamentarios de la llamada bancada “AC”-que fue respaldado por otros 40 diputados-que puede servir de base de trabajo.
En ese caso, señalan parlamentarios de oposición, el proyecto de nueva Constitución que presentó Bachelet seis días antes de terminar su mandato -casi a modo testimonial- sería un insumo más para la discusión dentro del nuevo órgano constituyente. La misma suerte correrían los resultados de los más de 7.900 encuentros locales autoconvocados (ELA) que se realizaron durante el proceso convocado durante el gobierno pasado, en los que participaron más de 105 mil personas. El debate de esos cabildos ciudadanos fue sistematizado a fines del año 2017 y todo su contenido es público.
Desde el gobierno, sin embargo, la apuesta por escuchar a la gente va por otro lado. El martes o miércoles próximo, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, tiene previsto dar a conocer el mecanismo que usarán para institucionalizar los diálogos ciudadanos que serán convocados por el gobierno. Estos apuntan a levantar una agenda social de corto, mediano y largo plazo a partir de un proceso de tres fases: jerarquización de las demandas sociales, priorización y ejecución de los cambios, señalan fuentes de La Moneda.
Sichel ha estado estudiando los modelos que implementó el gobierno francés de Emmanuel Macron para enfrentar la protesta de los “chalecos amarillos” y el debate ciudadano que llevó adelante en 2006 en Gran Bretaña el entonces primer ministro conservador David Cameron.
En La Moneda aseguran que se han sacado aspectos de ambos modelos. Del francés, la forma en que se institucionalizó el diálogo a través de los municipios y gobiernos locales, en vez de hacerlo por medio de las organizaciones sociales, así como también la idea de participación individual en una plataforma online. Del inglés, se rescató la lógica de que la participación ciudadana esté en función de las demandas de las personas y no de las necesidades de las instituciones, afirman fuentes del gobierno.
Hasta ahora, La Moneda no se ha fijado una meta respecto del número de personas que esperan convocar y el piso mínimo que dé legitimidad a este proceso. Lo que sí han señalado es que el ideal es que el 90% de las comunas participe de estos cabildos autoconvocados. Más que en el número, el énfasis estará puesto en la representatividad de la participación, la gran cuestión en estas materias.
Plebiscito para una nueva Constitución: La respuesta del PS, PPD y PR a la agenda social del gobierno
Este sábado, los presidentes del Partido Socialista (PS), Partido Radical (PR) y Partido por la Democracia (PPD), se reunieron en ex Congreso Nacional para presentar una contrapropuesta a la agenda social que ha planteado el gobierno de Sebastián Piñera.
Esto tiene como antecedente el día jueves, cuando los representantes de estos partidos de oposición acudieron a La Moneda, para reunirse con el ministro del Interior y otros ministros sectoriales, con el objetivo de alcanzar una mesa de diálogo. Reunión que, como declararon los políticos de izquierda a la salida de aquella junta, fue “insuficiente”.
Dentro de las propuestas que presentaron hoy los dirigentes se incluyen: la mejora de las pensiones, transporte gratuito para los adultos mayores, bajar la dieta parlamentaria y desechar la reintegración para la reforma tributaria, punto que el gobierno aseguró que estaba dispuesto a discutir.
Sin embargo, el punto más relevante y estructural que plantean es llamar a un plebiscito ciudadano para votar una nueva Constitución.
“Lo que el gobierno ha puesto hasta ahora en la mesa es insuficiente, tenemos que ir a lo fundamental (…) un plebiscito para una nueva constitución”, declaró el presidente del PPD Heraldo Muñoz.
Por su parte, el timonel del PS, Álvaro Elizalde, dijo que es fundamental “que sea la gente la que se pronuncie respecto de cómo salimos de esta crisis, que se pronuncie respecto de la necesidad de una nueva constitución, que permita que las demandas sociales sean canalizadas”.
Por último, el dirigente de los radicales, Carlos Maldonado, señaló que desde el oficialismo “no están dando el ancho para la magnitud de la crisis y las molestias”.
“Nosotros presentamos una propuesta de cambios reales, políticos y sociales, que se haga cargo de la discusión de nuestras instituciones, del marco común que nos rige”, concluyó Maldonado.
Estas proposiciones serán enviadas al Congreso y al ejecutivo, junto con las propuestas de distintos alcaldes, que recogieron las conclusiones de los cabildos ciudadanos que se han autoconvocado en los últimos días.
Información de los cabildos será sistematizada y plasmada en un «documento ciudadano»
La socióloga Claudia Dides, vocera de la organización Marca AC (Asamblea Constituyente), explicó en Cooperativa el proceso que se está llevando adelante en torno a los 200 cabildos ciudadanos autoconvocados de los últimos días, que ya han convocado a 10 mil personas.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Dides señaló que la información será procesada y sistematizada por expertos en análisis y recopilación de datos, para luego plasmar sus temas en un documento oficial.
«No es que estemos descubriendo la rueda, sino que estamos poniendo a disposición esta metodología para toda la gente que quiera utilizarla y dar cuenta de lo que recogimos», afirmó.
«Proceso político»
La vocera sostuvo que es relevante la voz de la ciudadanía en estos procesos, ya que existe alta desconfianza frente a las encuestas y datos oficiales que presentan las autoridades.
Toda la información recopilada será respaldada por la Universidad de Chile -luego de que se firme un acuerdo en los próximos días- y se sistematizarán los datos en un informe que estará a disposición de la ciudadanía.
«Se hará un resumen, que va a ser parte de los petitorios, y que se convierte en documento ciudadano para que los voceros de las organizaciones puedan usarlo tanto a nivel comunal, regional y nacional, y eso se hará en el marco del proceso político», agregó.
La socióloga sostuvo que los cabildos están recogiendo «malestares de la ciudadanía y el origen del conflicto, los aspectos de justicia social que pudiesen conformar otro tipo de sociedad, y la asamblea constituyente y cómo la gente se podía organizar».
A su juicio, «lo que tiene que hacer el Gobierno es abrir los ojos y no sólo mirar lo que está pasando en la calle, sino también entender que, con el nivel de aprobación que tiene el Presidente y el Gobierno, la verdad que no tienen mucho espacio para negociar«.
