El Salvador: protestas rechazan naturalización de la violencia sexual hacia niños y niñas
“Tocar niñas si es delito”, repitieron a una voz cientos de personas frente a la sede del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, donde la ciudadanía mostró su indignación y repudio a la resolución de la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro, que tipificó como una falta y no como un delito la acusación contra el magistrado Jaime Escalante, por supuestamente tocar en sus partes íntimas a una niña de 10 años.
Entre muestras artísticas teatrales y carteles señalando al Magistrado como violador, fueron algunas de las expresiones en contra de los hechos denunciados por la ciudadanía, ya que se está naturalizando el cometimiento de delitos.
Morena Herrera representante de la Colectiva Feminista Para el Desarrollo Local expresó su rechazó e indignación por la manera en que se ha calificado el delito del Magistrado Escalante, y es que a su juicio esta tipificación tiene que ver con el hecho de que el magistrado está siendo protegido por el sistema judicial, ya que en otros casos ha sucedido que por el mismo hecho de conducta han apresado y condenado a otros hombres.
“Es importante que como ciudadanía expresemos nuestra indignación. Aquí tenemos problemas con la Ley, pero también tenemos problemas como se aplica la Ley. La tipificación de la conducta no la comparto. Han ubicado y favorecido al hechor, y esto es lo que tiene que revisar, si se necesita cambiar la ley, hay que cambiarla pero lo que no he visto es que en unos casos si constituya delito y otros no”, sostuvo.
Por su parte, Keila Cáceres de la Red de Colectiva Jóvenes alegó que se está naturalizando el delito y la violencia contra niños y niñas en el país. “Ha rebalsado tanto que un magistrado que ha tocado a una niña en una vía pública se le ha dejado y se le tratado como una falta. Y se le está naturalizando una vez más el tema de la violencia sexual”, comentó.
Asimismo, explicó que en El Salvador el 50 % de los embarazos son menores de edad. Por lo que la resolución de la Cámara Primero de lo Penal está enviando un mensaje a no creer en el sistema judicial.
“Las mujeres feministas organizadas hemos luchado para que exista legislaciones. Y los jueces actúan de acuerdo a su conveniencia. Porque cada quien tiene una niña en su vida, nadie va querer que se le trate mal y menos con estos hombres que saben evadir la ley”, sostuvo.
Ima Guirola de CEMUJER reiteró que el marco normativo es claro, y tocar los genitales de niños y niñas es una grave violación a los derechos humanos. Por lo que cuestionó a los magistrados en aseverar como una falta y una situación menor.
“No les estamos violentando su independencia judicial, pero si les estamos exigiendo que se apeguen a la constitución. Todas las semanas se reciben denuncias, muchas veces las personas no creen en la institucionalidad o tienen miedo de los agresores y lo cierto es que cada tres horas hay una violación sexual en El Salvador, y nueve de cada diez de estos casos son niñas y adolescentes. Niños que también son violentados por diferentes personas”, dijo.
De acuerdo al artículo 160 y 161 del Código Penal se considera una agresión sexual en menor e incapaz, porque el magistrado se valió de su situación de superioridad y la menor no tiene la capacidad de razonar ni resistir. El artículo reitera que con o sin violencia es una agresión sexual, denunciaron los diferentes sectores.
El Grupo Parlamentario de Mujeres emitió un comunicado en el que explica que la resolución de la Cámara atenta contra la imagen e integridad física, sexual y psicológica de la víctima, ya que el hecho por el que se inicia la denuncia y el proceso penal es constitutivo de delito y no de una falta como lo ha catalogado la Cámara Primera de lo Penal.
“Estos hechos constitutivos de delito que requieren un mayor juzgamiento y al ser minimizados como una falta reflejan la impunidad con la que la referida Cámara ha actuado en violación flagrante de los derechos de la niña y su familia”, sostiene.
Salvadoreños se indignan por fallo en caso de abuso de niña
Ciento de mujeres se concentraron el lunes frente al Centro Judicial de la capital salvadoreña para protestar por el reciente fallo de un Tribunal Superior de Justicia que resolvió que no hubo agresión sexual contra una niña de diez años, sino una falta llamada “actos contrarios a las buenas costumbres y al decoro público”.
El Ministerio Público acusó al abogado Eduardo Jaime Escalante Díaz, magistrado de la Cámara Primera de los Civil de la Corte Suprema de Justicia, de agredir sexualmente a una menor en una populosa colonia en la periferia este de la capital. Según las denuncia, el abogado se habría acercado a la niña para tomarla de los hombros y tocar sus partes íntimas.
El arresto del magistrado ocurrió en la colonia Alta Vista de Ilopango después de que la madre de la víctima lo denunciara ante la policía.
El magistrado no guarda prisión porque goza de fuero constitucional y fue entregado en custodia a la presidencia de la Asamblea Legislativa para cumplir con el procedimiento de ley.
Los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal emitieron un comunicado de prensa en el que justifican su decisión y aseguran que actuaron apegados a derecho.
La Cámara sostiene que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para describir la conducta del magistrado Escalante como agresión sexual en menor y se calificó jurídicamente como una “infracción penal constitutiva de falta” en lo relacionado a las “buenas costumbres” y “decoro público”. Según el Código Penal, quien comete este tipo de faltas es “el que aprovechándose de aglomeraciones públicas o del descuido de quien transita por calles o lugares públicos, realizare tratamientos impúdicos”.
La decisión del Tribunal provocó la indignación de diferentes sectores del país y de organizaciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así como también de instituciones nacionales que defienden los derechos de los niños.
El arzobispo capitalino, José Luis Escobar Alas, se unió a la indignación popular y calificó la resolución como “una aberración jurídica”.
“Me da pena y vergüenza que una Cámara de la Corte Suprema de Justicia de esa resolución. Qué pena, que vergüenza que una institución así venga a decir que esos tocamientos no son delito, que son falta”, manifestó el prelado católico en conferencia de prensa.
El presidente Nayib Bukele también exigió a la Corte Suprema de Justicia una pronta acción en favor de la niñez y pidió la intervención de los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, portaban carteles con mensajes como: “Las Niñas no se tocan, ni se violan, ni se matan”. “Tocar Niñas sí es Delito”.
La manifestación, que se desarrolló sin incidentes, fue custodiaba por la Policía Nacional Civil. Se colocaron conos y bloquearon el paso de los vehículos frente a los tribunales de justicia.
En su comunicado oficial, la Cámara dice que respetuosos de la libertad de expresión, están conscientes de que las reacciones de la ciudadanía pueden diferir con los pronunciamientos del Tribunal y que estas críticas son valiosas en toda sociedad democrática, “siempre que se los cuestionamientos e inconformidades sean realizados de manera respetuosa”, y sobre todo teniendo conocimiento tanto del caso en particular, como de los hechos atribuidos y de las disposiciones legales aplicables, por lo que deben de esperar a que exista una decisión por escrito y debidamente notificada a las partes.
El Tribunal también rechazó los señalamientos de funcionarios públicos, de diversas instituciones y órganos del Estado, incluido el presidente Bukele, “por cuanto constituye una clara violación a la independencia de poderes y obstaculiza indebidamente nuestra función judicial”.
