El deber de los demócratas es dialogar y llegar pronto a acuerdos concretos – El Mostrador, Chile

La crisis –si se prolonga– instala no solo el ethos del populismo sino también el de la especulación y la posibilidad de afiebradas soluciones autoritarias. Por ello parece casi absurda la lentitud política con que el Gobierno ha actuado y todo lo que demoró para armar –por fin– un gabinete con una perspectiva de real interlocución política, aunque con un Presidente que parece no comprender que debe levantar una agenda de acciones concretas e inmediatas contundentes, tanto en lo social como en lo institucional, que satisfaga a los ciudadanos. Tanto o más incomprensible aparece que parte de la oposición se niegue a dialogar de verdad con el Gobierno y proponga soluciones que solo proyectan la crisis con cambios institucionales completos, inabarcables en el corto plazo: elecciones generales con renuncia o remoción del Presidente, o una asamblea constituyente, que no es respuesta a la crisis sino agitación de programas electorales que no triunfaron en las urnas. Todo indica que es imprescindible para Chile una nueva Constitución, pero con tiempos más largos y con responsabilidad, retomando el trabajo constitucional ya comenzado durante el último período presidencial de Michelle Bachelet, por las vías institucionales, plebiscito incluido.

En el país los diagnósticos están hechos, en lo grueso. El malestar de la población, luego de 30 años de acumular frustraciones y rabia, finalmente se ha instalado como manifestación ciudadana en la calle, persistente, como ecología política del sistema. Y el enfermo, esto es, el Estado y sus instituciones, incluido el sistema político, están en la UTI.

Sin embargo, la única que insiste en tener una voz fragmentada frente a la grave crisis social y política del país es la elite política, en la que predominan los intereses particulares de sus ejecutores y activistas. En esta situación, los que ganan son los especuladores y los delincuentes; los que pierden, el país, su gente de empresa y de trabajo, y la democracia en su conjunto. Los que mejor resisten la crisis son aquellos que, por cualquier causa que sea, tienen asegurado el ingreso a fin de mes y viven casi en ausencia de realidad, esto es, los súper ricos y los narcos (con mucho efectivo corrupto y corruptor).

La pregunta lacerante es cuánto más pueden resistir las instituciones del país, políticas y económicas, la anomia a la que sus propios gobernantes las han conducido. También, cuánta inercia y de qué alcance son las convicciones democráticas de la gente, para mantener la fe en que el sistema finalmente rectificará y dará respuestas sólidas y creíbles. Por último, cuánto más podrá esperar la ciudadanía a que los actores políticos se sienten a conversar entre ellos y generen soluciones ya, pese a toda la complejidad microsocial que su propia prescindencia en años anteriores terminó por generar en el país.

La crisis –si se prolonga– instala no solo el ethos del populismo sino también el de la especulación y la posibilidad de afiebradas soluciones autoritarias. Por ello parece casi absurda la lentitud política con que el Gobierno ha actuado y todo lo que demoró para armar un lado de la mesa para dialogar, con un cambio de gabinete que –por fin– sí abrió una perspectiva de real interlocución política (aunque tiene la presencia irritante de la ministra de Transportes, aceleradora de la crisis). Y con un Presidente que parece no comprender que debe levantar una agenda de acciones concretas e inmediatas contundentes que satisfaga a los ciudadanos.

Todo indica que es imprescindible para Chile una nueva Constitución, pero con tiempos más largos y con responsabilidad, retomando el trabajo constitucional ya comenzado durante el último período presidencial de Michelle Bachelet, por las vías institucionales, plebiscito incluido.Tanto o más absurdo parece que la oposición, que se autoproclama conectada permanentemente con la realidad social, haya sido sorprendida y sobrepasada por los hechos, los que siguen un curso de enorme espontaneidad. Una parte de ella aún se niega a dialogar con el Gobierno y además propone soluciones que proyectan la crisis con cambios institucionales completos, elecciones generales con renuncia o remoción del Presidente, o una asamblea constituyente, que no son respuestas a la crisis sino agitación de programas electorales que no triunfaron en las urnas. Ello parece una autorreceta de protagonismo político para varios años adelante, en la que los amparos legislativos actuales de quienes lo predican los pone como voceros y negociadores sin ninguna legitimidad y para una solución que no existe de inmediato para esta crisis.

El deber de los demócratas es sentarse a dialogar ahora, gobierno y toda la oposición,  con los medios que tienen y la legitimidad que ostentan, y encontrar una plataforma mínima nacional inmediata que permita estabilizar al país. Ojalá afirmada en cambios de prioridades de la actual Ley de Presupuestos (para el año 2020) que se debate en el Parlamento. Que brinde soluciones para recuperar el mínimo de confianza, y que ponga las bases para luego empezar a dialogar soluciones de mayor plazo.

Eso implica no presionar más a las instituciones pidiendo la renuncia de un Presidente legítimamente elegido. O gastar tiempo en acusaciones constitucionales que solo van a enervar la situación, sin perjuicio de perseguirse las responsabilidades políticas y criminales por violaciones a los Derechos Humanos. Hacerlo solo contribuiría a abrir las compuertas a una avalancha de soluciones populistas o autoritarias, o ambas, que terminarían definitivamente por romper la paz social y la estabilidad institucional que tanto le costó al país recuperar después de la dictadura.

El Mostrador ha sido insistente en orientar su Línea Editorial a atender con visión de República los desajustes que se producen en el sistema político. Entendemos que algunos son inevitables pero sí susceptibles de solución, y otros, son rezagos autoritarios o espejismos ideológicos de un sistema constitucional inacabado, pero que debe buscar en los resortes de la política su legitimidad.

Hemos sido insistentes también en llamar la atención de las elites sobre el abandono de la sociedad, su crisis de representación y de las injusticias sociales de un modelo económico concentrador y enemigo de la transparencia, de la competencia leal y de un desarrollo con justicia  social. Hemos escrito llamando a no desviarse en el perfeccionamiento de la democracia y hemos tratado de ser una tribuna plural y abierta a todas las opiniones.

El año 2005, con mucha anticipación a lo que hoy sucede, dijimos que las reformas constitucionales aprobadas no hacían de la Carta de 1980 una “nueva Constitución”, y que llamarla así era un extravío democrático. Y en todos los momentos hemos hecho una defensa irrestricta de las minorías, los Derechos Humanos, el medio ambiente y los derechos civiles, posiblemente con aciertos y errores, como todo acto humano.

Por eso, ante el grave momento que vive el país, sentimos la obligación de expresar Editorialmente que el imperativo de todo demócrata hoy es sentarse a dialogar. Con la urgencia de buscar y encontrar soluciones que estabilicen ahora al país, no mañana o después de una futura asamblea constituyente si es que llega a ocurrir, sino para soluciones ahora, que reconstruyan confianzas y rectifiquen el curso de colapso social e institucional que hoy lleva el país.

Esta es una tarea sin exclusiones que creemos aún tiene piso. Ponerle trabas u objeciones no corresponde. Pero el único y esencial requisito es que sea con transparencia y de cara a la gente, que esta vea que no se trata de ganar tiempo para algo que desconocen o, nuevamente, instrumentalizarla para beneficio de terceros.

El Mostrador