Desde la firma del acuerdo de paz fueron asesinados 198 indígenas
Desde 2016 han sido asesinados 198 indígenas en Colombia
En Colombia hay 1,9 millones de indígenas, según el último censo del Dane, población que aumentó un 36,8 por ciento respecto al 2005.
Un gran porcentaje de las etnias están desprovistas de varios servicios básicos, debido, entre otros factores, a la lejanía de sus ubicaciones. Según los resultados, el 58,6 por ciento de estas poblaciones no cuenta con servicio de acueducto y el 34 por ciento no tienen energía eléctrica.
Estas comunidades también han insistido en que el Estado ha incumplido con medidas cautelares internacionales para proteger a su población vulnerable, en La Guajira.
La seguidilla de asesinatos de indígenas en el Cauca no es el único foco de preocupación en torno a la violencia que sacude a estas comunidades.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), desde noviembre de 2016 han sido asesinados 198 nativos en diferentes partes del país, de los cuales, señala ese colectivo, 134 homicidios han ocurrido en el actual gobierno.
Uno de ellos fue el asesinato de la gobernadora indígena Cristina Bautista y 4 guardias del resguardo Tacueyó, en Toribío, norte del Cauca, que causó preocupación en organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La alerta de la Onic va más allá del Cauca y se ubica en departamentos como Nariño, Chocó y Antioquia, donde las etnias corren el peligro inminente de caer en ataques de bandas criminales que se disputan el control de estos territorios como paso para el negocio del narcotráfico.
Para Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Onic, “la paz nunca llegó” a estos pueblos, y lugares como el Pacífico colombiano son complejos y críticos para las comunidades indígenas.
“Hay una total orfandad por parte del Gobierno colombiano para la atención de las comunidades indígenas. Eso se suma al contexto de guerra en los territorios. Si no nos mata el conflicto, nos mata el hambre por la desidia del Estado”, manifiesta Arias.
En Chocó, por ejemplo, la alerta fue elevada por la propia Defensoría del Pueblo, organismo que pidió tomar acciones por el confinamiento de 2.250 personas, entre indígenas embera y afrodescendientes, por cuenta de choques entre el Eln y el ‘clan del Golfo’.
De otro lado, en Nariño, el pueblo awá está amenazado, explica Arias, por los grupos ilegales y narcotraficantes, quienes buscan controlar esa región del país.
La violencia en los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, hogar de los pueblos awá, incluso, es una de las prioridades de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ya ha escuchado a cientos de víctimas en estos territorios, en su mayoría indígenas.
Según líderes de estas comunidades, la situación de violencia en esta zona pende de un hilo, pues los actores armados se quieren apropiar de los terrenos indígenas. El hecho violento más reciente fue en octubre, cuando un encapuchado asesinó a Lilia García, secretaria del Cabildo Indígena awá de Watsalpí.
Por los lados de Antioquia, en las últimas semanas se presentaron dos hechos de violencia que han generado alerta: el primero, el 31 de octubre, fue el asesinato de Gilberto Domicó Domicó, del resguardo Polines, ubicado en Chigorodó, y perteneciente a la comunidad embera eyábida; y el segundo, el crimen al indígena senú Luis de la Cruz, de la Guardia Indígena del municipio de Cáceres.
Ante estos hechos, el Gobierno Nacional está avanzando en apoyo social y ayudas económicas, como viene sucediendo en el Cauca.
Sin embargo, algunos líderes indígenas han hablado de unirse al paro nacional del próximo 21 de noviembre para protestar por el supuesto abandono estatal.
Este gobierno no ha tenido voluntad de cumplir los acuerdos de paz: Mesa de Víctimas
A raíz de la muerte de sus hermanos por actores armados en el municipio de Barrancabermeja, Santander, Orlando Burgos emprendió su misión como líder, con el fin de que la voz de las víctimas del conflicto fuera escuchada.
A pesar de los obstáculos y de las amenazas de las cuales ha sido objeto y que han generado su exilio, Orlando sigue en su labor de velar por los derechos de las víctimas del conflicto a ser reparadas, desde su nuevo cargo como coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas.
Colprensa habló con él sobre los retos que sigue teniendo el proceso de Paz en medio de las confrontaciones que aún se presentan en varias zonas de Colombia.
¿Cómo ha sido su trayectoria en la lucha por las problemáticas sociales que afectan al país?
Mi trayectoria ha venido desde épocas estudiantiles. Fui líder estudiantil y cívico, he aspirado a cargos como el concejo en Barrancabermeja, acabo de ser aspirante a la Asamblea y siempre he tenido sentido de pertenencia y el don de servir a los demás desde la lucha social.
He hecho mi recorrido desde abajo como miembro de la población en situación de desplazamiento ocupando diferentes cargos, entre las juntas directivas hasta esta instancia contemplada en la Ley 1448.
¿Cuáles son los mayores retos a los que se deberá enfrentar como coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas e integrante del Comité Ejecutivo de este organismo?
Los retos más importantes que tenemos que asumir son: la extensión del cumplimiento de la Ley 1448, el tema de las curules, la reforma al protocolo de participación, el tema de las indemnizaciones y el Plan Nacional de Desarrollo.
En nuestra primera reunión, algunos compañeros que están en este comité hablaron del tema, se plantearon algunas cosas y queremos seguirlas planteando porque estamos bastante preocupados frente a este aspecto.
¿Cuáles aspectos del Plan Nacional del Desarrollo aún faltan por llevar a cabo para reparar a las víctimas?
Temas como vivienda, que es fundamental para las víctimas, el tema de generación de ingresos, por supuesto; los proyectos productivos que igualmente se traslada a lo anteriormente dicho; la restitución de tierras; las iniciativas de desarrollo rural y la indemnización a las víctimas, ya que el gobierno se ha quedado corto al indemnizar tan solo a 500.000 víctimas en 4 años.
En cuanto a este último asunto, hay que decir que existe una propuesta gubernamental que está buscando disminuir los montos de indemnización a la población desplazada.
A pesar de que dicen que no va el decreto, todavía está en la página y no descansaremos hasta que no sea retirado, porque finalmente, es una violación de nuestros derechos y además, a las sentencias de la corte, en especial la C-154 que fue la que definió los montos de indemnizacióna
La educación superior es otro punto que sigue teniendo falencias en el país, por lo cual pedimos que sea gratuita y de calidad para quienes han sido víctimas del conflicto y quieren salir adelante con su formación académica; esa sería la mejor forma en la que se puede reparar a las víctimas.
La educación primaria y secundaria de alguna forma se han cubierto, sin embargo, la educación superior tiene un largo camino por recorrer debido a la violencia sufrida por nuestros hijos en el conflicto armado en Colombia, y porque sin esta, se limitan las opciones de acceder a empleo y a una calidad de vida digna.
¿Cómo ha sido el proceso de trabajo con las víctimas en medio de la polarización que vive el país y el riesgo en el que han estado los líderes sociales?
Hemos mantenido la lucha por medio del trabajo social, hemos estado permanentemente allí, no hemos bajado la guardia a sabiendas de los riesgos que se asumen en este país cuando se trata de derechos humanos y de labor con las comunidades.
Sin embargo, las mesas y las organizaciones han estado ahí, mantenemos nuestra apuesta de diálogo y de interlocución con la institucionalidad, en aras de sacar adelante las propuestas que nosotros consideramos deben mejorar o reestructurarse. Tenemos que asumir los riesgos, no hay de otra porque sino el proceso de víctimas terminaría totalmente invisibilizado.
Entre los seis enfoques existentes en la Mesa Nacional de Víctimas (Juventudes, LGBTI, desplazamiento forzado, víctimas de violencia sexual, mujeres y víctimas en el exterior), ¿cuáles necesitan mayor atención y por qué?
De todas las poblaciones, las más vulnerables son la de los adultos mayores; las personas en condición de discapacidad; las mujeres, puesto que una gran mayoría son madres cabezas de hogar. Estos son lo tres enfoques que más trabajo y atención requieren.
Las políticas públicas hacia los connacionales está también bastante atrasada, por lo tanto es algo que también debemos ir fortaleciendo.
¿De qué forma cree que debería promoverse el ejercicio de hacer memoria y conocer los rostros del conflicto armado colombiano?
Este debe ser un trabajo de territorio, es un proceso de ir a donde están las víctimas, conocer, vivir y escuchar a quienes realmente hemos tenido que vivir el conflicto en carne propia, para construir una memoria que realmente salga a la luz.
La memoria está allá, donde se vivió, donde se sintió, con quienes lo vivimos, ese es el mejor ejercicio de memoria que pudiéramos hacer.
¿Cree que se les está dando la suficiente visibilidad a las víctimas del conflicto como actores de empoderamiento en Colombia?
La ley 1448 da apertura a la Mesa de Víctimas, esta ha sido una ayuda muy grande y también hemos tenido interlocuciones de la Mesa de Desplazamiento Forzado. Todo ha sido producto de nuestra gestión.
A través de estas acciones, la institucionalidad del Gobierno se ha tenido que dar cuenta que las víctimas tienen que estar en un espacio de diálogo, ya que no somos 100.000 o 200.000 personas, somos 9 millones de habitantes en condición de desplazamiento forzado y creciendo, porque desafortunadamente, este fenómeno sigue vigente.
Cabe resaltar que en cuanto a gestión gubernamental, no se ha querido cumplir el acuerdo de Paz, no ha existido cumplimiento de manera tácita a lo que se firmó con el anterior gobierno, sea mal, bien o regular. Desafortunadamente, el Gobierno del Presidente Duque no quiere, no tiene la voluntad de cumplir, y eso que ha disminuido el número de actos violentos.
Si los acuerdos no estuvieran, serían mucho mayores las cifras de actos violentos. No obstante, la ola de ataques ha aumentado, sobre todo en el suroccidente del país donde el panorama ha ido empeorando.
