Chile: el gobierno adelantará egreso de estudiantes de carabineros mientras visita de DDHH de la ONU alerta sobre «testimonios pertubadores»
Contexto NodalEl 4 de octubre el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos (1,16 USD, aproximadamente), lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran “evasiones” en el Metro para no pagar el pasaje. Esa forma de protesta se masificó desde el 17 de octubre y dio lugar a un estallido social en el que salieron a la luz las múltiples demandas del pueblo chileno. La respuesta del gobierno fue la represión y la implementación del Estado de Emergencia y el Toque de Queda. Las movilizaciones, huelgas y cacerolazos continúan en todo el país. Hay numerosas denuncias de violaciones a los DDHH: asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y abuso sexual por parte de las fuerzas de seguridad.
Gobierno anuncia que adelantará egreso de estudiantes de Carabineros y PDI
Tras la defensa que realizaron durante esta mañana los ministros Karla Rubilar y Alberto Espina al actuar de las Fuerzas Armadas y Carabineros, luego fue el turno de los titulares de Justicia, Hernán Larraín, y del Interior, Gonzalo Blumel.
Ambos cuestionaron en duros términos el informe de Amnistía Internacional, documento que, aseguraron, “tiene deficiencias múltiples”.
Gonzalo Blumel senaló que “el informe que entregó ayer Amnistía Internacional tiene deficiencias múltiples, como imputaciones equívocas. Por eso, en el Gobierno tenemos disposición a entregar más información relativa a los derechos humanos”.
“Imputar que hay una suerte actuación concertada par dañar a la población es irresponsable. Todo lo contrario, respetamos las manifestaciones legítimas y necesarias en democracia; para plantear inquietudes como mejorar salud, sueldos y pensiones”, complementó Blumel.
Además, aseguró que desde su asunción como ministro del Interior ni él ni el Presidente Sebastián Piñera han recibido una solicitud de reunión por parte de Amnistía. Sin embargo, indicó que “en el momento que quieran nos reunimos y entregamos toda la información necesaria para aclarar sus dudas”.
En tanto, su par de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, comparó el accionar de Amnistía Internacional con el de otras instituciones que han desarrollado informes sobre la situación actual de los derechos humanos en Chile, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) o la ONU.
“Las otras organizaciones han trabajado en terreno, no sólo se han reunido con una parte, sino que han conversado con todos, llevaron a cabo un debido proceso (…) Cuando llega una organización que llega y dispara sin consultar, y sin hacer un debido proceso, no está bien”, aseguró Larraín.
Medidas del Gobierno
Los ministros Blumel y Larraín realizaron una serie de anuncios marcados por el fortalecimiento de las policías y la defensa de los derechos humanos.
El titular de Interior aseguró que “adelantaremos el egreso de los estudiantes de las escuelas de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), con el fin de fortalecer el contingente de ambas instituciones”.
Por su parte, Larraín dijo que “todavía advertimos la necesidad de fortalecer la institucionalidad de los derechos humanos. Por ello, crearemos un comité interministerial, además de reforzar a la Subsecretaría de DD.HH. con un comité técnico asesor que proponga acciones concretas”.
Oficina de DDHH de la ONU concluye visita: Escuchamos muchos testimonios perturbadores
Este viernes terminó su visita el equipo de cuatro personas de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que desde finales de octubre ha estado analizando el actuar de los agentes del Estado y las autoridades nacionales frente a las manifestaciones ocurridas tras el “estallido social”.
En su comunicado, el equipo indicó haber escuchado “extensos testimonios, muchos de ellos perturbadores”, durante su investigación a lo largo de 7 regiones del país (Antofagasta, Araucanía, Bío Bío, Coquimbo, Maule, Región Metropolitana y Valparaíso).
Durante su visita, acudieron a comisarías, cárceles y hospitales, asegurando que “las autoridades proporcionaron acceso sin restricciones para dichas visitas”.
“El equipo ha revisado alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de orden y seguridad en el contexto de protestas; reportes de malos tratos en detención, incluyendo abusos y violencia sexual; alegaciones de vulneraciones a derechos durante la privación de libertad; información sobre acceso a la justicia y rendición de cuentas; la afectación a grupos específicos, y sobre las demandas subyacentes que han desencadenado las protestas”, explicaron, agregando que también han revisado información sobre “actos de violencia contra fuerzas de seguridad y destrucción de la propiedad, entre otros temas”.
Para ello, se reunieron con autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, de Carabineros, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, así como más de 300 integrantes de la sociedad civil, entrevistando a más de 230 víctimas, incluyendo detenidos y heridos -esto último, tanto civiles como uniformados- durante las protestas.
“Después de haber escuchado extensos testimonios -muchos de ellos perturbadores- y de haber obtenido información de las autoridades y la sociedad civil, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU estará trabajando en un análisis detallado sobre la información recibida de acuerdo a la metodología estándar de la Oficina”, informaron.
Con esta información, se publicará un informe que incluirá recomendaciones para el Gobierno, en un plazo de entre 2 y 3 semanas. Mientras tanto, la oficina regional se mantendrá en Santiago monitoreando el avance de la crisis.
Entre tanto, la Oficina llamó a las autoridades a “asegurar que las manifestaciones sean gestionadas con pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos, sus normas y estándares, y que todas las posibles violaciones pasadas, presentes o futuras –incluido en el contexto de protestas y en centros de detención- sean investigadas plenamente”.
Oficialismo y oposición se reúnen para definir detalles del acuerdo constitucional
Los partidos del oficialismo y algunos de la oposición se reúnen desde eso de las 16:00 horas en la sede del Congreso en Santiago para definir los detalles que aún están pendientes del acuerdo constituyente.
Al encuentro llegaron los presidentes de RN, Mario Desbordes; de Evópoli, Hernán Larraín Matte; y representando a la UDI, la senadora Ena von Baer, por el lado oficialista.
En el caso de la oposición están presentes Heraldo Muñoz, presidente del PPD; Fuad Chahín, presidente de la DC; Carlos Maldonado, presidente del PR; Álvaro Elizalde, presidente del PS, mientras que del Frente Amplio están presentes Catalina Pérez (RD); Gael Yeomans (CS), Javiera Toro (Comunes) y Vlado Mirosevic (PL).
Llama la atención la presencia de Yeomans, considerando que Convergencia Social no suscribió el acuerdo, si no que solo lo hizo a título personal Gabriel Boric, razón por la cual el tribunal supremo de la colectividad le suspendió la militancia mientras lleva adelante un proceso sancionatorio.
Yeomans dijo que asistió porque valoran los avances logrados, tienen una serie de reparos y en la reunión esperan ir solucionándolos.
La oposición plantea que en esta cita se pueda avanzar en temas respecto a como se van elegir los integrantes de la convención o asamblea constituyente, además de establecer criterios de paridad de género, cuota especial para pueblos originarios y si es que los menores de edad pueden votar en este plebiscito, criterios que no son del gusto de la UDI.
También se espera avanzar con el tema del plebiscito para dar el vamos al proyecto constitucional que establece este referéndum, porque los plazos corren, y en las materias en las que no se pueda llegar a acuerdo, dejarlas para más adelante en tramitación parlamentaria.
Se espera que los técnicos, los abogados que tienen que redactar el proyecto se sumen a eso de las 17:30 horas.
Voces antes de la reunión
Antes del encuentro, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, recalcó que «es absolutamente fundamental tener la presencia de los pueblos indígenas, tener independientes que puedan tener presencia en la constituyente, tener una equidad de género, que ojalá los jóvenes de 16 años puedan votar porque la movilización de los jóvenes es lo que ha permitido realmente que estemos ad portas de tener una nueva Constitución».
Desde el Frente Amplio, la timonel de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, indicó que sus exigencias es incorporar en el proceso contituyente la plurinacionalidad.
«Hemos hablado de escaños reservados, tenemos que evaluar el porcentaje, pero esa discusión no las podemos tener nosotros, esa discusión debe ser incluyendo a todos los sectores de la población y esperamos que este proceso de discusión constituyente sea un proceso abierto», agregó.
Por su parte, el presidente del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, explicó que hay personas que buscan «desestabilizar el proceso». «Hay una masa crítica de voluntad política muy potente. Aunque haya intentos no van a lograr desestabilizar el fondo del acuerdo, que es que Chile tenga una nueva Constitución», añadió.
Desde el oficialismo, el jefe de bancada de Evópoli, el diputado Luciano Cruz-Coke, replicó que el sistema es proporcional y que «debe respetarse» para establecer mecanismos de participación sobre independientes.
«Creo que hay voluntad en general para tratar de mejorarlo con un poco el borde. Parto de la base que mientras las reglas estén claras para todas no le den ventaja a ningún grupo por sobre otro, hay mucha voluntad para tratar de llegar a acuerdo y se discutirán razonablemente», sentenció.
