Chile: abogados y organizaciones sociales presentan querella contra Piñera por delitos de lesa humanidad
Abogados y organizaciones sociales presentan querella contra Piñera por delitos de lesa humanidad
Las organizaciones y abogados de derechos humanos presentaron una querella por delitos de lesa humanidad, establecido en la Ley 20.357, contra el presidente Sebastián Piñera, ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
La acción tiene por finalidad que se investigue la participación criminal del mandatario como autor del delito de lesa humanidad que, segpun detalla el documento, se encuentra acreditado a través de las graves violaciones a los derechos humanos.
“Están enmarcadas en un ataque sistemático y generalizado contra la población civil que ha salido a las calles durante estas dos últimas semanas, exigiendo cambios estructurales a las políticas neoliberales afianzadas por la Concertación y la derecha durante casi 30 años. Dichas violaciones a los derechos humanos han sido constatadas por diversos organismos nacionales e internacionales, abogadas y abogados quienes han denunciado la enorme cantidad de delitos en contra de niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y en general en contra de toda la población que ha ejercido su legítimo derecho a manifestarse“, indican.
Además, los profesionales sostienen que estos delitos han sido cometidos por parte de órganos del Estado -policías y militares- y que son constitutivos de violaciones de derechos humanos, considerando que se incluyen asesinatos, detenciones ilegales, torturas físicas, sicológicas y sexuales, detenciones selectivas, disparos a manifestantes, mutilaciones oculares, entre otros.
Bajo su mirada, “el presidente de la República y las diferentes autoridades policiales y militares, lejos de controlar y condenar el alto número de atentados a la población civil, han declarado públicamente su respaldo y felicitado el actuar de las fuerzas miliares, de orden y seguridad en los medios de comunicación nacional”.
Revisa aquí el documento completo:
Súper represión para el Súper lunes en Chile
Por María Daniela Yaccar
Desde Santiago
Mientras estas líneas se escriben, Plaza Italia y sus alrededores, epicentro de las numerosas y esencialmente pacíficas protestas chilenas, es caos. Humo y fuego, personas corriendo, policías atropellando civiles, vidrios rotos, barricadas. Con gases e hidrantes desde temprano, el despliegue de Carabineros logró vaciar la Plaza en la tercera movilización masiva de la sociedad, llamada “Súper Lunes”. La versión oficial de los hechos la acaba de pronunciar el ministro del Interior, Gonzalo Blumel: el argumento para la represión es que hubo dos ataques con bombas molotov a la Policía.
A las 21. 30, el funcionario repudió “el cobarde ataque” a dos carabineras que se encuentran con lesiones de gravedad. “Llamamos a condenar la violencia, que no tiene nada que ver con el legítimo planteamiento de la ciudadanía. Ha sido un día complejo. Vamos a seguir investigando para sancionar estos hechos”. Dio cifras de detenidos en todo el conflicto (9 mil, 500 en prisión preventiva). Una periodista le consultó por las patrullas que se vieron atropellando civiles, como circuló en un video subido a Twitter (https://twitter.com/i/status/1191497132735451136). En principio la evadió. Luego dijo que todos los hechos, incluso los que tuvieran “efectos en civiles” debían ser investigados. “El mensaje a la ciudadanía es que nos abramos al diálogo. Estamos haciendo un esfuerzo para escuchar humildemente todos sus planteamientos”, afirmó.
En cuestión de minutos, una manifestación pacífica que reunía a estudiantes, trabajadores de todos los sectores, jubilados, militantes y familias enteras se volvió un infierno. Los gases se habían sentido desde temprano, ingresando por la Alameda, a una larga distancia de la Plaza Baquedano con su monumento parcialmente destruido en la revuelta, con su caballo a casi toda hora ocupado por alguien que flamea la bandera nacional o mapuche. Por la tarde, mientras terminaba una ronda de organizaciones sindicales y sociales alrededor del Congreso para pedir a los legisladores que no abordaran la agenda social de Piñera, en Plaza Italia ya se veían hidrantes y explotaban las lacrimógenas. En ese entonces había poca gente. Horas más tarde, varios manifestantes admitían sentir miedo cuando iban llegando con sus barbijos, sus máscaras, antiparras limones y agua con bicarbonato, pero a la vez con sus carteles, silbatos, cornetas, cualquier objeto metálico para golpear, pañuelos verdes y hasta sus danzas en plena calle, con un deseo encendido, profundo, al parecer inclaudicable, de que Chile cambie para siempre.
Esta tarde, la Asociación Nacional de Funcionarios Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que solicitó la rectificación de declaraciones de su director, Sergio Micco. Ayer, Micco afirmó a un canal de televisión que la violación a los derechos humanos “no es sistemática” en Chile. “Consideramos que demuestra un profundo desconocimiento de la normativa nacional e internacional sobre la materia. Algunos vivimos en comunas donde han ocurrido situaciones de represión”, afirma la Asociación.
El desgaste en cuerpos y rostros se hacía evidente. El pueblo –la parte de él que no ha sufrido lo peor– acumula días marchando, debatiendo, sin dormir o durmiendo poco, con estrés, largas caminatas por el funcionamiento parcial del metro y adicción a un sistema de información que se teje por redes sociales. Pero “no nos cansamos”, repetían los chilenos, que también coreaban: “Ya van a ver. Las balas que nos tiraron van a volver”.
Lo que se veía esta tarde no era distinto a lo que se viene viendo en Chile hace ya más de dos semanas. Un movimiento transversal, vivo, potente, rabioso, esperanzado, autoconvocado, sin líder, que no sólo no confía sino que repudia partidos políticos e instituciones. Que une al feminismo, la lucha mapuche, los estudiantes, los trabajadores, jubilados, los hombres de traje y que hasta movilizó a los ricos. En él hay también profesionales que aportan sus saberes –como arquitectos que denunciaron con una instalación la precariedad de las viviendas sociales o geógrafos que elaboraron mapas de registro de los cabildos–. Los jóvenes que en la marcha decían que no les interesaba cuando volverá a haber clases en la Universidad de Chile –se encuentra cerrada– o que flameaban banderas mapuches porque hay que “representar a las raíces” fueron los que prendieron la mecha. “Violan a alguien y el Carabinero sigue libre. En cambio, un profesor puede quedar preso diez años por romper los torniquetes del metro”, contrastaba Mireya, 18 años, un limón en la mano, respecto del caso de Roberto Campos Weiss.
El INDH acumula cifras de querellas por violencia sexual, de niños y adolescentes detenidos (en lo que va del conflicto 479), heridos, torturas. Hubo detenciones a periodistas y en las calles se dice que hay infiltrados amenazándolos. Cientos de heridos que pueden perder un ojo. Presuntos montajes de muertes. Calcinados en los que se sospechan balas, suicidios que nadie cree que sean tal cosa. Chile arde, y el presidente es en esta marcha una marioneta que danza salida de un carro alegórico por una lateral de la Alameda, secundada por máscaras de Pinochet y Jaime Guzmán. “Cuando el año pasado participé de una masiva marcha feminista, creí que podía morirme, pero ahora puedo ver esto”, festejaba Isabel, de 70 años, antes del caos. Por su tendencia de izquierda debió exiliarse en la dictadura. Esta tarde ya percibía que algo andaba mal. “No sé por qué tenía miedo de venir. Creo que tiene que ver con el golpe, pues.”
No solamente los cabildos de los que participaron 10 mil ciudadanos arrojaron que la principal demanda chilena es una asamblea constituyente, con fuerte participación popular, que dé origen a una nueva constitución para desterrar a la de la dictadura, que les privatiza la vida. Incluso una encuesta de CADEM, medición financiada por la derecha según uno de los manifestantes entrevistados, difundió que el 87 por ciento de los consultados se pronunciaron a favor de esos dos objetivos.
¿Hacia dónde va este Chile herido y despierto, ese que hasta hace poco parecía un oasis? Mejor que hable un chileno. Un camarógrafo que se estaba manifestando, antes de dejar la Plaza, hizo su análisis: “El periodismo no rescata la belleza, la parte humana de todo esto. Esta wea’ está peluda. Estiremos esta wea (huevada)’. No va a parar. La gente está indignada. Esto lo encabezaron los jóvenes por sus abuelitos. Les daba lástima ver cómo mendigaban salud. Y también las mujeres, que son bravísimas. Estamos mal pero a la vez bien. Antes estábamos bien pero estábamos mal. Es una verdad incómoda, pero es nuestra verdad”, reflexionó. “Tal vez cualquier weón de la milicia se vuelva loco y pase armas para el otro lado. El neoliberalismo se va a caer. Que Chile sea el puntal de esa manera de vivir.”
Comisión dio luz verde a proyectos de reforma para iniciar proceso constituyente
En votación dividida, y con el rechazo de todos los diputados de Chile Vamos, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados aprobó este lunes la idea de legislar una serie de proyectos de reforma constitucional que permiten la participación ciudadana en la elaboración de una nueva carta fundamental, en medio de la presión de las protestas que se mantienen -ya por tercera semana- en las calles de Santiago y del resto del país.
Entre las iniciativas aprobadas en general se encuentra el proyecto de reforma constitucional para modificar el capítulo XV de la actual Carta Fundamental, que se relaciona con los plebiscitos, y la realización de una Asamblea Constituyente (AC).
La idea de legislar fue aprobada con siete votos a favor y seis en contra.
Los votos favorables correspondieron a Matías Walker (DC), Gabriel Boric (Convergencia Social), Marcelo Díaz (PS), Hugo Gutiérrez (PC), Tomás Hirsch (PH), René Saffirio (independiente) y Leonardo Soto (PS).
En tanto, todos los diputados de Chile Vamos votaron en contra de la iniciativa: Jorge Alessandri (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Diego Schalper (RN), Gonzalo Fuenzalida (RN) y Paulina Núñez (RN).
«Hay un proyecto, que es el de la Presidente Bachelet, que ya está aprobado en general y dentro de todos los proyectos que revisé me pareció que ese era el mejor para poder avanzar, más que la Asamblea Constituyente que se planteaba hoy y más que los plebiscitos», afirmó el senador Alessandri (RN) al argumentar su voto en contra.
Recordar que el proyecto de reforma constitucional fue enviado al Congreso una semana antes de que la ex presidenta Michelle Bachelet (2014-2018) dejara el poder, situación que fue criticada por la entonces oposición por «improvisar», mientras que también fue cuestionada por algunos sectores de la entonces Nueva Mayoría.
Consultado sobre si la bancada de Chile Vamos está pensando retomar el proyecto de Bachelet II, Alessandri reconoció que esa es «la idea, al menos de los miembros de esta comisión».
En el Senado, la comisión de Constitución aprobó, luego de siete años de inactividad legislativa, el proyecto que limita la reelección de parlamentarios, CORE, alcaldes y concejales.
Balance del INDH por protestas: 1.659 heridos, 4.364 detenidos, 5 querellas por homicidio y 133 querellas por torturas
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó la tarde de este lunes un nuevo balance sobre los recursos judiciales presentados por violaciones a los derechos humanos.
El balance, correspondiente a la noche del jueves 17 de octubre hasta las 12:00 AM del lunes 4 de noviembre, el Instituto detectó 1.659 heridos (1.506 adultos y 135 menores) en hospitales por disparo de bala, perdigones, arma de fuego no identificada y balines. 160 de esas personas tienen heridas oculares.
El informe también da cuenta de 4.364 (3.856 adultos y 479 menores de edad) personas detenidas en comisarías.
Además, el organismo detalló que se presentaron 181 acciones judiciales de un total de 299 víctimas.
De ellas, 13 corresponden a recursos de amparo, 5 querellas por homicidio, 19 por violencia sexual, 133 querellas por otras torturas y 11 otras querellas y acciones.
Acusación constitucional en contra de ex ministro Chadwick se dará cuenta hoy en la Sala de la Cámara de Diputados
Siguiendo las formalidades legales y reglamentarias, la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, será presentada en la cuenta de la sesión de Sala de la Cámara de Diputados.
Cabe mencionar que las acusaciones constitucionales tienen su base normativa en la Constitución Política (artículo 52), en la Ley Orgánica del Congreso Nacional (Título IV) y en el Reglamento de la Cámara de Diputados (Título VI).
Conforme a dichas normas, tras darse cuenta del ingreso del libelo acusatorio, se deberá sortear a los cinco legisladores que integrarán la comisión que estará encargada de evaluar el mérito jurídico de la presentación.
Posteriormente, dentro del plazo de tres días, se deberá notificar, personalmente o por cédula, al exsecretario de Estado, estableciéndose con ello la prohibición de salida del país, mientras se desarrolla este proceso.
A partir de la notificación, el ex ministro Chadwick tendrá un plazo de diez días para hacer presente sus descargos ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito.
La instancia, a su vez, desde el momento de dicha comparecencia, tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el libelo a disposición de la Sala de la Corporación.
La acusación constitucional fue ingresada el pasado miércoles 30 de octubre con la firma de diez diputados: Boric, Monsalve, Celis, Barrera, Cicardini, Alexis Sepúlveda, Pérez, Alejandra Sepúlveda, Rojas, Hirsch y Silber.
Se trata de un libelo centrado en la responsabilidad de mando del exsecretario de Estado, en materia de violaciones a los derechos humanos, esto en el marco del accionar de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en las tareas de orden público, durante las movilizaciones sociales registradas en el territorio nacional.
En tal sentido, se recalca que el Estado de Emergencia que se decretó tras el estallido social solo permite limitar dos derechos civiles; el derecho a reunión y el derecho a la locomoción, por lo que es obligación de la autoridad velar por el respeto del resto de los derechos consagrados en la Constitución, entre ellos: el derecho a la vida, a la integridad física y a la integridad síquica, los cuales no habrían sido cautelados por el exministro Chadwick.
Cabe agregar que, si bien Chadwick ya dejó su cargo en el Gobierno, la acusación constitucional solicita la inhabilidad del exministro para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de cinco años.
