Bolivia: siguen las manifestaciones que exigen la renuncia del gobierno de facto
Continúan las movilizaciones en La Paz contra el golpe de Estado
En el octavo día luego del golpe de Estado continúan las movilizaciones en la ciudad de La Paz rechazando al gobierno golpista y su represión que ya se cobró la vida de 23 personas.
Al grito de “Añez fascista, queremos tu renuncia”, una multitudinaria movilización de las juntas vecinales y de las 20 provincias de la ciudad de El Alto ingresa por el centro paceño.
La Izquierda Diario transmite en vivo la movilización mientras continúan los cantos contra los grandes medios que juegan a favor de los golpistas, “Dónde está la prensa, la prensa mentirosa”, resuena por la Plaza San Francisco.
Un grupo de jóvenes de la ciudad de El Alto se movilizaron al mismo tiempo por el centro de La Paz con banderas que exigen, “¡Liberad de expresión, abajo la ley de sedición!, ¡Los jóvenes no negociamos con nuestros muertos! ¡Abajo el golpe!
Mientras tanto denuncian la militarización en el distrito 8, Senkata, donde los vecinos de El Alto sostienen un bloque de la planta de abastecimiento de gas y combustibles, y desde el fin de semana hay amenazas de intervención de las fuerzas armadas.
Policías reprimen masiva manifestación en Cochabamba, Bolivia
Diversos sectores populares de Bolivia, denunciaron este lunes que fueron atacados por agentes de Policía en el marco de la masiva manifestación que exige la renuncia del Gobierno de facto y adelanto de comicios generales para recuperar la estabilidad e institucionalidad en el país.
Según informes, la jornada registró un saldo de tres personas heridas producto de los balines disparados por las autoridades, así como 25 detenidos.
La jornada corresponde a una serie de marchas a nivel Nacional que exigen recuperación de la institucionalidad y justicia ante los asesinatos perpetrados por militares contra dirigentes indígenas que salen a la calles de manera pacífica.
#Indignante la marcha en #Cochabamba fue reprimida, observen cómo el militar le echa dos veces gas pimienta a un joven que ya tenían en el piso neutralizado #GolpeDeEstadoEnBolivia pic.twitter.com/BGEGDPZQ60
— Madelein Garcia (@madeleintlSUR) November 18, 2019
Ante la profunda crisis social y política que padece el país después del golpe de Estado perpetrado contra el presidente, Evo Morales, delegados de organismos internacionales como Naciones Unidas y Unión Europea, se encuentran reunidos con dirigentes opositores y líderes del Movimiento Al Socialismo (MAS) para dirimir las diferencias y convocar a elecciones generales.
Se estima que el próximo martes se divulgue un informe sobre los avances del Diálogo, asimismo, se conoció que la sesión de la Cámara de Diputados quedó suspendida tras no llegar acuerdos entre bancadas opositoras y del MAS.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, desde que se rompió el hilo Constitucional en el país, 25 personas han sido asesinadas y más de 125 gravemente heridos.
Examen forense confirma que 9 muertes fueron por arma de fuego
Después de más de siete horas de intervención, ayer, cerca de las 20:00, culminó el examen forense de las nueve víctimas fatales de los enfrentamientos en Huayllani, en la avenida Villazón, entre las fuerzas del orden y personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
El representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, informó que la totalidad de las víctimas (9) falleció producto de impactos de bala. El reporte defensorial señala que existe una persona más con riesgo de perder la vida. “Ahora debemos aguardar los resultados de balística para saber la procedencia de los proyectiles que causaron las nueve muertes, esto queda en manos del Ministerio Público”, dijo.
La Fiscalía General del Estado dispuso de un equipo completo de peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para realizar las valoraciones médicas de heridos y la autopsia de las personas fallecidas.
“Mi cuñado murió con tres impactos de arma de fuego. Deja una niña de dos años en la orfandad. Pedimos justicia para nuestro hermano. Él vino de Villa 14. Allá tenía su cato de coca. Por eso salió a marchar”, contó uno de los familiares de Armando Carballo (25), una de las víctimas fatales de los enfrentamientos del viernes por la tarde.
Cox mencionó que realizó una visita a diferentes hospitales de Cochabamba y no encontró a funcionarios policiales y militares heridos.
Al respecto, el comandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, señaló que existen varios policías heridos por quemaduras ocasionadas tras la explosión de bombas molotov y dinamitas.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, declaró que nadie merece sufrir la pérdida de una vida humana y atribuyó la responsabilidad de lo que pasa en Cochabamba a exautoridades de gobierno.
“Tenemos un grupo de personas que hace sedición, busca desestabilizar el Gobierno transitorio. Unos están en lugares lujosos en el exterior disfrutando del dinero que nos robaron y otros, en embajadas a buen recaudo, mientras que la gente engañada está en las calles”, señaló.
Aprehendidos
El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Yury Tapia, informó que a dependencias de esta unidad llegaron 10 personas en calidad de aprehendidas, nueve de ellas fueron imputadas por alzamiento armado, tenencia y portación de armas de fuego, fabricación y comercio de sustancias explosivas o asfixiantes.
“Uno de ellos es uno de los máximos dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marco Carrillo, quien es investigado por alzamiento armado, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa”, explicó Tapia.
El comandante informó que en el operativo del pasado viernes se arrestó a 138 varones mayores de edad, cuatro mujeres y el resto menores de edad.
“Se tiene un total de 191 arrestados y aprehendidos de este operativo, los arrestados fueron liberados tras cumplir las ocho horas de arresto”, explicó Tapia.
Como resultado de la intervención en la zona de Huayllani, las fuerzas del orden secuestraron un arma de fuego, bazucas artesanales, petardos y granadas de gas entre otros artefactos explosivos.
191 personas arrestadas
Permanecen en la UTOP y ambientes de la Felcc, donde fiscales a cargo les tomaron las declaraciones correspondientes.
LENTITUD
Observan al Ministerio Público
El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, en una conferencia de prensa, condenó la lentitud del Ministerio Público en la realización de las autopsias de ley de las nueve víctimas fatales.
“Debieron actuar con la celeridad que este procedimiento amerita. Tomaremos las acciones correspondientes en torno a los fallecidos”, manifestó.
Justiniano señaló que, al inicio, los familiares de los fallecidos se negaron a trasladar los cuerpos al IDIF y rechazaron el examen forense.
“Esto también retrasó el trabajo de los peritos. Sin embargo, estaremos expectantes a los resultados”, finalizó.
Familias de los cocaleros muertos y heridos en Bolivia esperan justicia
Las familias de los fallecidos y heridos en la jornada más trágica del conflicto que sufre Bolivia esperan justicia y niegan que fueran obligados a participar en una marcha de cocaleros, que derivó en graves disturbios frente a policías y militares.
«Nosotros pedimos justicia», dijo hoy a Efe una familiar de William Gutiérrez, internado en un hospital de la ciudad boliviana de Cochabamba tras recibir un balazo en el pecho.
LA VERSIÓN DE LOS COCALEROS
La bala le entró por el pecho y salió por la espalda, dejando «un agujero» en el pulmón, relató la joven, que no se identificó, al explicar lo que ocurrió el pasado viernes a las afueras de esta ciudad del centro de Bolivia.
Una marcha de cocaleros en apoyo de Evo Morales intentaba llegar a la ciudad cuando se encontró con un fuerte cordón de policías y militares, que emplearon gases lacrimógenos para dispersarlos y se produjeron disparos.
Los disparos procedían de fuerzas del orden, según los manifestantes mientras que la versión oficial apunta a que algunos pudieron surgir de los propios cocaleros.
«Estaba con su sindicato», comentó la joven sobre la presencia de William Gutiérrez, de 25 años, entre las federaciones de productores de hoja de coca procedentes del trópico de Cochabamba que intentaban llegar a la ciudad en su apoyo a Morales.
Evo Morales nunca dejó su puesto de líder de estas federaciones durante sus casi catorce años en el poder en Bolivia, tras haber surgido como sindicalista en esta zona, el Chapare, desde la que se dio a conocer antes de asumir las riendas del país en 2006.
«Estaba junto con sus compañeros del sindicato pidiendo democracia, que se haga justicia», subrayó esta familiar en alusión a los cocaleros, que piden a su líder, Evo mOLrales, en condición de asilado en México que vuelva a Bolivia y no reconocen a la presidenta interina del país, Jeanine Áñez.
La joven recalcó que a los cocaleros «nadie les obligó, ni nada, él estaba por voluntad propia» en la marcha.
CRÍTICAS AL NUEVO GOBIERNO
Las denuncias de que los seguidores de Evo Morales están pagados para asistir en estas marchas de apoyo son recurrentes estos días en Bolivia, donde el Gobierno provisional de Áñez acusa a grupos subversivos de alimentar la violencia.
Los graves enfrentamientos del viernes en la carretera de Cochabamba a la vecina ciudad de Sacaba dejaron al menos nueve muertos, más de cien heridos, algunos aún hospitalizados de gravedad, y cerca de doscientos detenidos, según datos oficiales, en la jornada más trágica desde las elecciones del 20 de octubre.
Gutiérrez sigue en el Hospital Viedma de Cochabamba esperando una plaqueta para «para poner en lugar la clavícula», explicó la joven, de una familia de «escasos recursos».
Lo ocurrido el viernes está bajo investigación judicial entre una polémica por la actuación de las fuerzas del orden desde que asumió el Gobierno provisional, que tras estos disturbios aprobó un decreto que exime de responsabilidad penal a policías y militares si actúan de forma proporcional y en legítima defensa.
UN POLÉMICO DECRETO
El decreto es muy criticado por organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que en el país la Defensoría del Pueblo reclama a las fuerzas del orden que respeten la vida y el derecho a la protesta.
Los muertos desde las pasadas elecciones del 20 de octubre en Bolivia son al menos 23 y los heridos 715, según la Defensoría.
Al día siguiente de los comicios comenzaron los incidentes entre denuncias de fraude en los resultados que dieron vencedor a Morales para un cuarto mandato consecutivo.
El pasado 10 de noviembre un informe de la Organización de Estados Americanos reveló «graves irregularidades» en las elecciones, tras lo que Evo Morales anunció su renuncia y al día siguiente salió del país rumbo a México, denunciando un golpe de Estado en su contra desde la oposición y la Policía, que se había amotinado contra él.
Los seguidores de Morales no reconocen a la presidenta interina, que asumió el poder de forma provisional el pasado martes con el objetivo de convocar nuevas elecciones.
Sectores sociales en Tarija realizarán un cabildo para llamar a la pacificación del país
El martes 19 de noviembre, a las 9 de la mañana, los sectores y organizaciones sociales de Tarija y sus provincias que rechazan el mandato transitorio de Jeanine Áñez realizarán un cabildo para hacer un llamado a la pacificación del país, afirmó la asambleísta de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sara Armella.
El cabildo se efectuará en la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct) en rechazo -a lo que denominan- “golpe de estado” y para hacer un llamado al cese de enfrentamientos, debido a los recientes hechos de violencia suscitados en Cochabamba y El Alto, mencionó Armella.
La Asambleísta cuestionó que en protestas realizadas por el comité cívico, los policías se amotinaron, sin embargo cuando los sectores sociales afines al Gobierno de Evo Morales salen a las calles, “son enfrentados por Policías y militares”.
“Esperamos que los Policías y Fuerzas Armadas respeten esta movilización (…) es importante en Bolivia lo que tiene que reinar es la paz, no la confrontación discriminación y racismo”, dijo.
Impugnan el decreto que avala la represión militar en Bolivia
La defensora del Pueblo de Bolivia, Cruz Tarifa, presentó un pedido de inconstitucionalidad del decreto 4078 firmado por la autoproclamada presidente Jeanine Áñez, que exime a las fuerzas armadas de responsabilidad penal para reprimir las movilizaciones contra el golpe de Estado. «Hay que recordarles a los policías y militares que consideren que este decreto les da un margen de protección que no es así», advirtió la defensora del pueblo y exigió no «olvidar las muertes» ocurridas en Cochabamaba el viernes pasado. Por el momento, la Justicia boliviana solo ordenó la detención de 9 cocaleros y un dirigente del MAS.
El decreto —que consiguió la rápida condenada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) — fue firmado por Áñez en la mañana del sábado, tras la masacre producida por la represión contra los sindicatos cocaleros en la localidad de Sacaba , a pocos kilómetros del centro de Cochabamba. La defensora del Pueblo confirmó que hubo 9 muertos y 122 heridos tras la represión, «el número más alto» de víctimas desde que la violencia comenzó a escalar en Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre. Tarifa, en diálogo con FM La Patriada, precisó que desde las elecciones se produjeron 23 muertes, pero 14 de ellas ocurrieron, por impactos de bala, a manos de policías y militares desde el golpe de Estado, mientras que el resto ocurrieron por enfrentamientos entre civiles.
La defensora desmintió «absolutamente» la versión oficial repetida por medios bolivianos y algunos argentinos sobre que las muertes de Sacaba fueron provocadas por armas de fuego en manos de los cocaleros. «No existe un solo policía ni un solo militar que haya perdido la vida», resaltó la defensora y agregó que en los hospitales tampoco había registrados heridos de gravedad entre los agentes de las fuerzas.
Los medios bolivianos consignaron este lunes que el fiscal de Sacaba ordenó encarcelar a nueve cocaleros que participaron de la movilización y le otorgó prisión domiciliaria a un vocero del MAS, a quien además le prohibió mantener contacto con organización sociales y políticas. A todos se los acusa de «atentados contra la seguridad del Estado y alzamiento armado».
«El Ministerio Púiblico debe determinar las responsabilidades, esperemos que esa investigación sea oportuna para esclarecer lo sucedio. En Bolivia no tendría que haber impunidad y dejar estas muertes en el olvido», exigió la defensora del Pueblo.
Ante la carta blanca que significa para militares y policías el decreto 4078 del gobierno autoproclamado, Tarifa adelantó que la Defensoría estaba presentado un pedido de inconstitucionalidad y le recordó a los integrantes de las fuerzas que a la larga el decreto no les daría ningún margen de protección.
«El decreto no considera las garantías mínimas establecidas en nuestro marco constitucional y en el sistema internacional de derechos humanos. Estos delitos deben considerarse como ordinarios y van a ir al sistema de justicia penal. Vamos a insistir como Defensoría para que haya un procesamiento y sanción», aseguró Tarifa.
VOLVER
