Vizcarra promulga decreto para realizar las elecciones legislativas en enero de 2020
Ejecutivo publicó decreto de urgencia por elecciones 2020: ¿En qué consiste?
A través de una edición extraordinaria de la separata de normas legales en el diario oficial “El Peruano”, el Poder Ejecutivo publicó la tarde de este miércoles el Decreto de Urgencia N° 002-2019, que establece medidas para la realización de las elecciones 2020 para el Congreso de la República. Esto tras la disolución de este poder del Estado, dispuesta por el presidente Martín Vizcarra.
De acuerdo a las motivaciones del decreto de urgencia, se busca dar estricto cumplimiento a la Constitución Política del Perú y a la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), aunque con adecuaciones en torno a la situación producida y de cara a los comicios del 26 de enero próximo, dentro de poco más de tres meses.
—El objeto—
Según el decreto de urgencia, el objeto del mismo es establecer medidas “urgentes y excepcionales” que permitan a los organismos de sistema electoral garantizar el desarrollo delas elecciones parlamentarias.
Los organismos del sistema electoral son el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
—Normas electorales—
Se autoriza al JNE, la ONPE y el Reniec —en el marco de sus competencias y atribuciones— a expedir los reglamentos, normas y demás disposiciones necesarias para el proceso electoral, “incluyendo aquellas destinadas a adecuar los procedimientos y plazos del cronograma electoral”.
Por ejemplo, es el JNE el que emitirá el reglamento para la inscripción de las listas de candidatos para las elecciones.
En un proceso normal, según la LOE, la convocatoria a elecciones se hace por lo menos 9 meses antes de la votación. En el caso actual, los plazos son ajustados, pues faltan menos de 4 meses para el día del sufragio.
—Excepción para contratación de bienes—
El decreto de urgencia permite al JNE, la ONPE y el Reniec exonerarse de la aplicación de la Ley de Contrataciones de Estado con el fin de “contratar los bienes y servicios necesarios para realizar el proceso electoral”.
Sin embargo, el Gobierno espera que dichas contrataciones se hagan “sin menoscabo de los principios de transparencia, publicidad, eficiencia y eficacia, integridad, vigencia tecnológica, sostenibilidad social y ambiental, equidad, entre otros principios aplicables al derecho público”.
Entre otras disposiciones sobre este punto, se establece que las contrataciones sean aprobadas mediante resolución de la máxima autoridad de los organismos electorales, con facultad delegable; que los procesos sean publicados en los respectivos portales institucionales; y que se remita un informe a la contraloría.
—Financiamiento y presupuesto—
El financiamiento que demande la aplicación del decreto de urgencia se rige por lo dispuesto al respecto en la LOE.
“Convocado un proceso electoral no previsto en el calendario fijo, los demás organismos del Sistema Electoral coordinan con el Jurado Nacional de Elecciones la presentación de los presupuestos requeridos. El Jurado Nacional de Elecciones debe presentarlo ante el Poder Ejecutivo dentro del plazo de siete (7) días naturales contados a partir de la convocatoria”, dice el artículo 373 de la LOE.
En tanto, el decreto de urgencia también autoriza que se incorpore en el presupuesto institucional del JNE, la ONPE y el Reniec, referido al año fiscal 2020, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, “los recursos no devengados al 31 de diciembre del 2019 por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios”.
La norma, aprobada en Consejo de Ministros, es firmada por el presidente Martín Vizcarra, el primer ministro Vicente Zeballos y la titular de Economía, María Antonieta Alva.
Se publicó el #DecretoDeUrgencia que aprueba medidas para la realización de las elecciones para un nuevo Congreso.
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— Consejo de Ministros (@pcmperu) 9 de octubre de 2019
Investigados por la justicia pueden ser candidatos al nuevo Congreso
Políticos y exfuncionarios que son investigados por corrupción y otros delitos pueden participar como candidatos al Parlamento en las elecciones de enero próximo, buscando así el amparo de la inmunidad en caso resulten electos.
En la normativa vigente nada impide sus candidaturas, y considerando la lentitud del sistema de justicia es casi imposible que alguno sea sentenciado, al menos en primera instancia, en los próximos meses.
De acuerdo a la reforma constitucional aprobada por el Congreso disuelto, por iniciativa del Ejecutivo, solo están impedidos de ser candidatos al Congreso o a cualquier cargo popular “quienes se encuentran condenados en primera instancia por delitos dolosos, con pena privativa de la libertad mayor a cuatro años”.
Con este panorama legal pueden postular varios políticos investigados en el escandaloso caso Lava Jato por la recepción de millonarias coimas pagadas por Odebrecht y otras constructoras brasileñas.
Para el analista Fernando Tuesta, la ex candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, no solo podría postular al próximo Congreso sino que tiene los votos suficientes para ganar su curul y lograr que, al menos, otros cinco miembros de su lista parlamentaria resulten electos y así formar parte del nuevo Legislativo.
“No tendría ningún problema. Keiko Fujimori solo necesita 5% de los votos para que resulte electa y asegurar otros cinco escaños para su agrupación. El voto duro del fujimorismo está en alrededor del 10% y eso es suficiente para ingresar al Parlamento”, explicó Tuesta.
La periodista Rosa María Palacios advirtió que Fujimori, según sus fuentes, no solo apunta a liderar la lista de congresistas de Fuerza Popular y salir electa, sino además que se apruebe el proyecto de ley de postulación doble. Esta iniciativa permite candidatear por la presidencia de la República y al parlamento a la vez, de tal modo que si pierde la elección presidencial se queda como legisladora. Así mantendría su inmunidad por cinco años más.
Otros posibles candidatos
Pero no solo la hija de Alberto Fujimori tiene la oportunidad de obtener la prerrogativa de la inmunidad legislativa. Los esposos Ollanta Humala y Nadine Heredia, también investigados por lavado de activos, podrían postular. En las últimas semanas, Humala ha estado viajando al interior del país para intentar relanzar las bases del Partido Nacionalista.
El exalcalde de Lima y líder de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio, guarda silencio, pero si su agrupación no participa perderá su inscripción electoral.
Aunque parezca increíble, el prófugo Félix Moreno, y el ex gobernador regional del Cusco Jorge Acurio, procesados por corrupción, también podrían ser candidatos si algún partido habilitado para participar en los comicios de enero los admite como invitados. Eso podría ocurrir también con la exalcaldesa Susana Villarán.
En ese sentido, el constitucionalista Luciano López advirtió de la responsabilidad que tienen las agrupaciones políticas de presentar listas de candidatos en las que no se incluyan a personas investigadas ni procesadas judicialmente.
Sin embargo, dijo, la ciudadanía deberá asumir su obligación de emitir un voto informado y consciente que evite que personajes cuestionados lleguen al Poder Legislativo.
“Tenemos que ser responsables, partidos y ciudadanos”, indicó y observó que en este proceso electoral bastante corto será fundamental el papel de los medios de comunicación para conocer, a través de su trabajo informativo, a los candidatos que disputarán una curul en el Congreso.
El caso de Keiko Fujimori
Para el exdecano del Colegio de Abogados de Lima Mario Amoretti, el caso de Keiko Fujimori resulta peculiar ya que no solo puede postular al Congreso en estas elecciones, sino que de resultar electa sería liberada inmediatamente y su proceso judicial tendría que suspenderse.
«Si Keiko Fujimori es elegida congresista, sería liberada inmediatamente por su inmunidad de arresto, y su juicio se suspendería por su inmunidad de proceso hasta treinta días después del final de su período. Incluso, su inmunidad podría prolongarse si postula y gana la presidencia en el 2021”, advierte el reconocido penalista.
La lista de investigados
– Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular
– Jorge Acurio, ex gobernador regional del Cusco
– Nadine Heredia, ex primera dama de la Nación
– Jaime Yoshiyama, ex secretario general de Fuerza Popular
– Ollanta Humala, expresidente de la República
– Luis Castañeda, exalcalde de Lima y líder de Solidaridad Nacional
– Susana Villarán, exalcaldesa de Lima
– Luis Alva Castro, ex candidato presidencial del Apra
– Félix Moreno, ex gobernador regional del Callao
– Pier Figari, asesor de Keiko Fujimori
