Qué viene tras una semana de paro – El Deber, Bolivia

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Santa Cruz cumplió una semana de contundente paralización de activi­dades y bloqueos en la ciudad y el departamen­to.

Y en varias ciudades del país se han producido también movili­zaciones masivas y bloqueos de­nunciando fraude en la elección del 20 de octubre y demandando, primero, la segunda vuelta, aun­que luego esa demanda comenzó a ser reemplazada por una nueva: anulación de las elecciones.

Resulta llamativa, en este sen­tido, la multitudinaria concentra­ción que el martes por la noche se realizó en la avenida Costanera de la ciudad de La Paz. Entretanto, se siguen produ­ciendo choques entre bolivia­nos: los que respaldan a Evo Morales y los que piden nueva elección.

El lunes el epicentro estuvo en Santa Cruz y ayer en Cochabamba. Hay varios he­ridos y detenidos.

La violen­cia tiene al pueblo enfrentado en horas que son decisivas.

Y por primera vez desde el ini­cio de las movilizaciones, ayer comenzaron a observarse las primeras señales que parecen mostrar, aunque de manera muy precaria aún, el posible camino de un entendimiento político que pudiera dar fin a la crisis po­selectoral que tiene su origen en el penoso papel del desprestigia­do Tribunal Supremo Electoral durante el conteo de la votación.

Una de esas señales es la aper­tura del Gobierno, anunciada en voz de su ministro Manuel Canelas, a aceptar como vin­culantes los resultados de una auditoría electoral de la OEA en un plazo corto, y que en caso de que se determine la realización de una segunda vuelta electoral, podrían producirse cambios en los resultados y modificacio­nes en la normativa boliviana.

En Santa Cruz, el candidato Carlos Mesa dijo que la solu­ción ideal para salir de la cri­sis es la realización de nuevas elecciones, pero sea por esa vía o por la de la segunda vuelta, el Gobierno debiera garantizar que el mandato de Evo Morales concluirá el 22 de enero de 2020 y no se produzca ninguna prolonga­ción de la gestión más allá de esa fecha.

Y preguntó al Go­bierno si está dispuesto a no aceptar los resultados del TSE. En tanto, el presidente del Co­mité Cívico cruceño, Luis Fer­nando Camacho, ha reafirma­do ayer la nueva posición de la movilización de Santa Cruz al proponer que la única solución pasa por anular el proceso elec­cionario por los vicios de fraude que afectaron también a la elec­ción de senadores y diputados.

Es llamativo que en el discurso del Gobierno se identifica úni­camente a Carlos Mesa como el interlocutor de la oposición, y no se menciona al Comité Cívico cruceño ni al Conade nacional.

Si bien el candidato es Mesa, los líderes de la movi­lización no tienen una iden­tificación propiamente con el candidato, sino con la de­mocracia y el derecho a que se respeten los resultados de una elección. Por tanto, to­da negociación futura debe contemplar a esos actores.

También, si prospera la idea de la auditoría de la OEA, será necesario garantizar la idoneidad e imparcialidad de esa comisión, probable­mente sobre la base de la que ya intervino el 20 de octubre y ya emitió conclusiones preliminares que dejan en evidencia las irregularida­des de la jornada electoral.

Y, finalmente, uno de los aspectos finales que segu­ramente contemplará este proceso de búsqueda de so­luciones es el cambio de todo el actual Tribunal Supremo Electoral por otro que resulte de una elección esta vez de ciudadanos que no respon­dan al partido de Gobierno.

El Deber

 

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