¿Qué pasa en Ecuador? – Por Daniel Kersffeld
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Daniel Kersffeld
El actual conflicto en Ecuador comenzó a principios de octubre motivado principalmente por la quita del subsidio estatal al combustible (Decreto 883) y, consecuentemente, por su inevitable suba y, de manera correlativa, por el aumento general del costo de vida.
Posiblemente, los actores centrales en este conflicto hayan subestimado la capacidad de actuación del otro.
El gobierno no pensó que la CONAIE arrastraría a Quito a más de 20 mil indígenas fundamentalmente de la Sierra (y eso sin contar otras movilizaciones en otras ciudades del país), ni tampoco que tendría energías suficientes para afrontar una huelga de tantos días de duración, y que mostraría tanta capacidad para la realización de acciones simultáneas en todo el país.
Por el lado del movimiento indígena, igualmente, se subestimó la capacidad de respuesta por parte del gobierno: el nivel de represión de los últimos días es inédito en la historia de un país trazado por reiteradas convulsiones sociales.
Pero inevitablemente la movilización encabezada por el movimiento indígena y la capacidad represiva desde el gobierno han empezado a mostrar signos de debilitamiento y de reprobación creciente por parte de aquellos sectores que optaron por mantenerse por fuera del conflicto.
A partir de la asamblea realizada el pasado jueves 10 en la Casa de la Cultura, el movimiento indígena llegó a su punto límite en cuanto a sus exigencias y demandas. Así, pudo percibirse que desde allí se pasó de una estrategia ofensiva a un repliegue táctico frente al avance de las fuerzas de seguridad. Así, la CONAIE constituye ahora un actor cifrado más en una “ética de la resistencia”, que en una fuerza política capaz de torcer de manera directa la voluntad del gobierno: la legitimidad de su protesta se sitúa en su condición histórica de miseria y atraso, en el estigma político y social, y en estos días también en una cantidad creciente de muertos y heridos, cuyo número final todavía sigue siendo indeterminado.
El correísmo también ha perdido fuerza política y asume sobre todo una incidencia a nivel discursivo. El relato del oficialismo que lo señala como responsable de los desmanes, en alianza con Venezuela, con Cuba, y últimamente también con las FARC (entre otros grupos y actores), solo parece ser asimilado por aquellos ultras (muchos pertenecientes a las clases medias) que ya tenían una clara aversión hacia la figura del ex Presidente. Hoy el correísmo se encuentra desbandado, sin coherencia interna y con una prédica que oscila entre el recurso institucional (muerte cruzada, disolución de la Asamblea y convocatoria anticipada a elecciones) y el más simple e infantil llamado al desconocimiento inmediato del gobierno.
Por su parte, el gobierno de Lenin Moreno ha optado por una salida pretoriana y por recostarte ante las Fuerzas Armadas en su intensión de recomponer el orden social. La capacidad de coerción frente a los manifestantes en Quito, la imposición del toque de queda y del estado de excepción y, sobre todo, la militarización general de la seguridad constituye un factor político novedoso, pero también preocupante en la actualidad y en la futura escena política del Ecuador.
Si bien la elección por la vía militar pudo tener un costo político, es probable que haya sumado una valoración positiva, sobre todo, para las clases medias (hoy sin claros referentes políticos) y, más ampliamente, por todos aquellos trabajadores que se ven afectados en sus labores cotidianas por el paro, la falta de transporte y el conflicto en las calles y que ansían una pronta respuesta por parte de las autoridades.
De manera simultánea, el gobierno optó por perder legitimidad ante los manifestantes, pero en cambio apostó a fortalecerse mediante la imposición del orden ante determinada opinión pública. El tiempo dirá si esta estrategia fue conveniente o no. En todo caso, podría tratarse de una ganancia vital para el sostenimiento del gobierno en el tiempo, mostrando control de la situación, y en un momento propicio cuando otros dirigentes con ambiciones presidenciales están ausentes o en cambio equivocan su estrategia.
Buena parte de la CONAIE y en general de los manifestantes ya no se contenta con la derogación del decreto de aumento del combustible y va directamente en contra del FMI. Con el antecedente del caso argentino, ¿las autoridades y técnicos del FMI estarían dispuestos a revisar el caso ecuatoriano? Hasta el día de hoy, no hay declaraciones sobre este punto.
Un nuevo mensaje presidencial este sábado por la noche reiteró la política bifronte entre la convocatoria al diálogo y el sostenimiento del toque de queda, junto al análisis de diversas medidas ahora en observación. Tal vez, efectivamente, el gobierno esté dispuesto a dar marcha atrás a los subsidios a los combustibles, pero eso no elimina la posibilidad de ajustes en otras áreas en un futuro inmediato. El bajo precio del petróleo, la dolarización y en general la precariedad hacen todavía más vulnerable a la economía ecuatoriana.
Dos elementos finales a ser resaltados. En primer lugar, el notable impacto generado en la noche del sábado por la protesta del “cacerolazo”, generada desde las redes sociales, mucho más efectivas a la hora de publicitar y de sumar voluntades que los anquilosados canales, emisoras y diarios tradicionales, los que hoy conforman un verdadero “cerco mediático”.
Por último, se debe mencionar que el gobierno convocó a un primer encuentro entre ambos sectores en pugna, lo que sin duda aumenta las esperanzas sobre alguna forma de resolución de este conflicto. La reunión se concretó ayer por la noche. La CONAIE exigía por la derogación del decreto y el gobierno proponía la conformación de una comisión que estudiara el asunto.
Finalmente se impuso la CONAIE y el gobierno de Moreno accedió a derogar el decreto, de manera tal que el combustible siga subsidiado.
