Puerto Rico: estudiantes repudian orden de allanamiento a medios universitarios
Estudiantes se expresan sobre orden de registro de Justicia
La investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia a las cuentas de redes sociales de los medios periodísticos estudiantiles contó con el rechazo de la asamblea de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, quienes presentaron varias mociones a los fines de repudiar las acciones de la agencia, entonces liderada por la actual gobernadora, Wanda Vázquez Garced.
«Es claro que la administración de la UPR persigue y le facilita el trabajo al Estado para seguir criminalizando a los estudiantes. […] La UPR no tan solo encubre acoso sexual, también persigue a los estudiantes que protestan por una educación de calidad y accesible. Que no pasemos por alto que durante el proceso huelgario hubo retención de matrícula a estudiantes y esos nombres no los han revelado», expresó Jaime Rodríguez, estudiante y miembro de Centro de Comunicación Estudiantil (CCE).
La semana pasada, salió a relucir que la agencia obtuvo una orden de registro en mayo de 2017 para acceder a las páginas de fotos, comentarios y conversaciones de las cuentas de Facebook de Diálogo, Pulso Estudiantil y el CCE.
La orden, que resultó en un expediente de unos 1,500 documentos, se solicitó a raíz del caso judicial aún en curso a siete estudiantes que interrumpieron una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR el 27 abril de 2017, a modo de protesta por los recortes presupuestarios a la institución educativa.
Aunque se trató de más de una veintena de manifestantes, solo siete estudiantes, que también eran en ese momento líderes estudiantiles, son encausados por cargos como restricción a la libertad agravado y violencia e intimidación contra la autoridad pública. El caso continúa dilucidándose en el Tribunal de San Juan.
De acuerdo a Rodríguez, el CCE cesó sus operaciones después del conflicto huelgario del 2017 y se ha abstenido de emitir expresiones «por cuestiones de seguridad, porque sabemos que tienen información de nosotres, incluyendo números de teléfono». No obstante, y al reconocer que se trataba de un medio hecho por y para los estudiantes y para compartir información confiable sobre los asuntos que atañen a la universidad, anunció que el CCE retomará sus labores próximamente.
Con el reinicio de funciones del CCE, solo el periódico Diálogo sería el único medio estudiantil cerrado, ya que su orden de clausura provino de la administración universitaria en abril de 2019, producto de un recorte presupuestario que imposibilitó la renovación de contratos al Director y a otros cinco periodistas. El presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, el licenciado Walter Alomar Jiménez, insistió en que el proyecto continuaría desde la UPR en Arecibo al comienzo del semestre académico en curso, no obstante, esa promesa no se ha concretado.
Rodríguez, también estudiante de Historia de la Facultad de Humanidades, advirtió que todas las personas que comentaron o de alguna forma interactuaron con la página del CCE (al igual que Pulso Estudiantil y Diálogo), aparecen en el expediente construido por el Departamento de Justicia.
En los micrófonos del público, un estudiante de la Facultad de Educación presentó una moción para repudiar los actos de «carpeteo y fabricación de cargos» contra los medios de prensa estudiantil, mientras que otra alumna solicitó el rechazo al juicio político contra los siete estudiantes que irrumpieron la reunión.
En otros asuntos, la asamblea también abordó los temas de seguridad, acoso sexual y la transportación. Uno de los datos revelados por el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Humanidades apuntó a que, al presente, existen 20 casos de hostigamiento sexual activos en el Recinto, 43 que han sido cerrados y cinco aún en algún tipo de procedimiento formal administrativo.
Por otra parte, los alumnos presentaron su preocupación ante el caso de la estudiante de 22 años que fue agredida sexualmente en horas de la madrugada en el puente peatonal Henry Klumb, que conecta la calle Brumbaugh con el Recinto de Río Piedras.
Como parte de las soluciones presentadas por los estudiantes se encontró solicitarle a la administración universitaria una revaluación de su plan de seguridad, la instalación y arreglo de alumbrado, al igual que la donación de guaguas en desuso para que sean los estudiantes quienes las operen.
La asamblea también abordó los recortes a exenciones de matrículas y el impago administrativo a los estudiantes que son asistentes de cátedra, la necesidad de mayor equidad de género y la reapertura de residencias estudiantiles.
En cuanto a manifestaciones, abordaron la posibilidad de realizar un piquete frente a Administración Central en la próxima reunión de la Junta de Gobierno de la UPR y otro frente a La Fortaleza el próximo 8 de noviembre a las 5 p.m. en conjunto con la Escuela de Artes Plásticas, el Conservatorio de Música y la Escuela Superior de la UPR.
Todas las mociones serán revisadas por el Consejo General de Estudiantes (CGE) en su próxima reunión pautada para el jueves, 24 de octubre, a las 5:30 p.m., ya que la asamblea fue una informativa con unos 916 estudiantes de los 1,440 requeridos para establecer quórum.
Justicia interviene redes sociales de Diálogo y Pulso Estudiantil
Las cuentas de redes sociales de los sitios periodísticos de Diálogo, Pulso Estudiantil y Centro de Comunicación Estudiantil (CCE) están siendo investigadas por el Departamento de Justicia, específicamente todo su tráfico de noticias y comentarios durante la pasada huelga estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
De acuerdo con lo publicado por Pulso Estudiantil, Justicia obtuvo una orden de registro en mayo de 2017 para acceder a las páginas de fotos, comentarios y conversaciones de las cuentas de Facebook de las tres organizaciones de prensa.
Sin embargo, la gobernadora Wanda Vázquez afirmó hoy, miércoles, que no hubo violación a la libertad de prensa con relación a dicha orden.
Pulso Estudiantil denunció que supo de la intervención de Justicia la semana pasada.
«Entre la información intervenida, figura material audiovisual de Pulso Estudiantil y los nombres de las personas que hicieron las publicaciones y de los seguidores que comentaron. Además, tuvieron acceso a las conversaciones privadas entre el medio y sus seguidores e información personal del exdirector y cofundador del medio Roberto Nava Alsina, como su número de tarjeta de crédito», publicó.
La orden de registro se solicitó a raíz de un incidente en el que estudiantes interrumpieron una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR en la que estuvo presente la entonces presidenta de la institución Nivia Fernández Hernández. Esa reunión se celebró el 27 de abril de 2017.
De hecho, la orden de registro establece que fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia tras hallarse causa por una posible violación al Artículo 156 (Restricción agravada de libertad) y al Artículo 242 (Motín) del Código Criminal del 2012. Fue firmada por el juez Rafael Jiménez Rivera.
Pulso Estudiantil explicó en su publicación que fue alertado de la intervención por empleados del representante independentista Denis Márquez Lebrón, quien presentó la Resolución de la Cámara 1545 para investigar el asunto.
«Hoy miércoles 9 de octubre de 2019, los exempleados de Diálogo advinimos en conocimiento sobre una orden de registro emitida por el tribunal en mayo de 2017, en respuesta a la solicitud del Departamento de Justicia para obtener acceso a información y datos del ‘fanpage’ en Facebook del medio universitario», dijo hoy en declaraciones escritas Víctor Rodríguez Velázquez, exdirector interino de Diálogo (2016-2018).
«Como director interino en funciones en ese momento, confirmo que nunca recibimos ninguna orden de registro del Departamento de Justicia. Tampoco recibimos ningún aviso de Facebook en el que se reportara la entrega de datos privados de Diálogo y de quienes manejaban, comentaban o compartían el contenido periodístico que se colocaba en esa plataforma. Solo la administración de la Universidad de Puerto Rico, por vía de la exdirectora ejecutiva interina, Lcda. Yvonne Huertas, informó que se había extraído un video en directo (Facebook Live) emitido por Diálogo el 27 de abril de ese año. Se pidió a Diálogo validar la integridad de este video. No obstante, como periodistas, nos amparamos en el derecho constitucional a la libertad de prensa para no firmar la certificación solicitada. El tema quedó ahí. Sin embargo, como periodistas, nos preocupa la información divulgada hoy por el medio Pulso Estudiantil respecto a la orden de registro y una posible entrega de datos personales. Exhortamos al Departamento de Justicia a esclarecer la raíz de esta información y revelar su postura respecto a la orden de registro solicitada. Por nuestra parte, repudiamos la intervención del Estado contra el derecho de libertad de prensa que nos cobija en Puerto Rico. Por lo pronto, evaluaremos la información en vías de tomar las acciones legales correspondientes sobre este suceso», expresó.
Por su parte, Gabriel Casals, uno de los portavoces del CCE exigió la desestimación de los cargos que pesan contra líderes del movimiento estudiantil de la UPR acusados de interrumpir una reunión de la Junta de Gobierno del centro docente a la vez que repudiaron la alegada intervención del gobierno en cuentas de redes sociales de medios periodísticos y organizaciones estudiantiles.
«Exigimos la desestimación inmediata de todos los cargos contra los militantes del movimiento estudiantil pues no toleraremos vivir en un país donde se nos persiga por luchar por una universidad, un país y un mundo justo. Haremos todo lo necesario para ponerle fin a la persecución política y a la clase política corrupta que la ordena», dijo Casals en una comunicación escrita.
Añadió que, «Supimos del allanamiento hace dos años debido al proceso judicial que se inició en contra de siete estudiantes acusados de interrumpir una reunión en la presidencia en contra de nefastos recortes millonarios a la UPR», que sucedió mientras la hoy Gobernadora era Secretaria de Justicia.
Según el líder estudiantil, «Dentro del material recopilado por Justicia, hay un expediente de más de 1,500 páginas que contiene información personal de nuestro equipo de trabajo, el cual tenía acceso a las cuentas de Facebook. Se nos allanaron nuestras identidades, localizaciones cada vez que se hacía una publicación, conversaciones íntimas con otros e incluso información bancaria y números de teléfono. Parte de los documentos presentados por la Fiscalía en el caso contra los siete estudiantes incluyen una lista de cientos de perfiles de seguidores del CCE que interactuaban con nuestras publicaciones».
Para Casals la situación evidencia que el estado identificó parte del liderato estudiantil para supuestamente fabricarle casos, imponerle cargos y detener su militancia.
«Repudiamos la creciente persecución política a la que hemos sido sujetos bajo la administración del Partido Nuevo Progresista en el contexto de la Junta de Control Fiscal. Tanto el Departamento de Justicia y la entonces secretaria, Wanda Vázquez, continúan persiguiendo y fabricando casos contra manifestantes, por ejemplo, de las protestas del Verano 2019. Repudiamos a la administración de la UPR por haber sido cómplice del aparato carpetero y represivo del Estado al facilitar el proceso de fichaje contra estudiantes manifestantes», concluyó.
Para la Gobernadora no hay violación a la libertad de prensa
La Gobernadora alegó que no hubo violación a la libertad de prensa cuando fungía como secretaria del Departamento de Justicia y mediante orden judicial lograron acceso a información de tres medios universitarios.
«Si ustedes recuerdan, con relación a este tipo de intervención, como parte de las investigaciones del Departamento de Justicia, la fiscal Olga Castellón estableció unas directrices (de) que no se va a intervenir con miembros de la prensa y con su función. Y que se va a respetar y salvaguardar ese derecho de la prensa a obtener información.
Cualquier solicitud, ya sea mediante ‘supoena’ o mediante cualquier requerimiento, porque algún periodista haya participado de un evento, va a ser examinado por la jefa de fiscales directamente. Para que nosotros podamos salvaguardar los derechos de la prensa, la confidencialidad de sus fuentes y el trabajo periodístico. De igual manera, los directores de prensa en las diferentes citaciones con los periodistas directamente. No se va a intervenir con ellos, cualquier situación que ocurra de esta naturaleza, tiene que ser examinada la petición por la jefa de fiscales», dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.
Según Vázquez, luego de que la jefa de fiscales, Olga Castellón evalúa la información, recurre al Tribunal para que sea un juez el que valide la orden de registro.
«Es el tribunal quien en última instancia toma la determinación. Nosotros tenemos un deber de esclarecer los delitos. Aquella persona que tenga información- porque las personas perjudicadas quieren que los delitos se esclarezcan-si como parte de esa investigación, la información solamente la tiene una persona en particular, como la puede tener un medio, el procedimiento es no de manera arbitraria e interferir con el medio, con el periodista. Vamos a hacerlo conforme al orden constitucional, le hacemos la solicitud al tribunal y el tribunal al final del camino va a hacer el juicio, la evaluación de si procede hacer esa petición o no. Si el tribunal la otorgó quiere decir que estábamos en derecho, tenemos acceso a esa información y eso obviamente paso el juicio de un tribunal», sostuvo.
«¿Eso no viola el derecho a la libertad de prensa?», se le preguntó.
«No, no puedo entrar en las interioridades de ese caso porque no tengo a la mano los fundamentos que se hicieron. Lo que sí puedo decir es que si la fiscalía solicitó el desglose de esa información y el tribunal pasó juicio sobre los fundamentos de la fiscalía y sobre los fundamentos de la defensa, el tribunal ordenó la orden de registro de allanamiento, en derecho procede la orden», contestó.
UPR analiza orden de allanamiento contra medios universitarios
El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, no quiso precisar si la institución llegó a recibir alguna notificación sobre la orden de allanamiento que obtuvo el Departamento de Justicia en mayo de 2017 para acceder información de las plataformas en redes sociales de Diálogo, el medio oficial universitario.
“Nosotros estamos mirando eso desde el punto de vista legal. Yo estoy esperando por un informe de la oficina de asuntos legales, antes de poder decirles responsablemente la situación que tenemos. Tenemos varias versiones y tenemos que mirar responsablemente cuál es la oficial”, insistió Haddock, durante una improvisada conferencia de prensa en La Fortaleza, donde sostendría una reunión con la subsecretaria de la Gobernación, Lilliam Sánchez.
“Tienes que recordar que esto fue antes que yo llegara. Lo que sí tengo entendido es si hubo la orden (de registro) pero si hubo la notificación o no, yo no estaba aquí, no tengo los detalles oficiales. Responsablemente tengo que esperar ese informe de asuntos legales”, agregó el presidente universitario, que asumió el cargo en septiembre de 2018.
Como parte de la orden de registro contra las publicaciones en Facebook de Diálogo, el Departamento de Justicia también consiguió acceder a los portales en esa plataforma de los medios Pulso Estudiantil y Centro de Comunicación Estudiantil.
Según la orden, que fue divulgada la semana pasada, Justicia pudo obtener información privada de los administradores de los tres medios universitarios, así como conversaciones y comentarios de otros usuarios que seguían estas páginas.
La orden del tribunal fue emitida a raíz de la investigación que el Departamento de Justicia llevaba a cabo contra un grupo de estudiantes que el 27 de abril de 2017 irrumpió en una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR en la que se discutían los recortes al presupuesto universitario y el consiguiente aumento a los costos de matrícula. Diálogo y los dos medios estudiantiles transmitieron el suceso a través de Facebook Live.
Al momento, siete estudiantes enfrentan cargos criminales con relación a los hechos, ocurridos en las oficinas de Administración Central de la institución mientras prevalecía una huelga estudiantil en varias unidades de la UPR.
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