Persecución al correísmo en Ecuador: dictan prisión preventiva contra la prefecta de Pichincha
Justicia de Ecuador ordena prisión preventiva para prefecta de la provincia de Pichincha
La justicia de Ecuador ordenó este martes la prisión preventiva de la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, informó la Fiscalía General del Estado.
“Por pedido de la Fiscalía, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, dictó prisión preventiva”, dijo la Fiscalía en su cuenta de la red social twitter.
La prisión preventiva se ordenó para Pabón y su asistente Christian González; se dictó también prohibición de salir del país y obligación de presentarse ante un juez cada 8 días para Pablo del Hierro, asistente del ex asambleísta Virgilio Hernández.
Pabón, González y del Hiero tienen además inmovilización de sus cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.
La funcionaria fue acusada en días pasados por el Gobierno del presidente Lenín Moreno de ser una de las instigadoras para las movilizaciones y protestas que se realizaron en varias ciudades del país y en las que hubo saqueos, destrucción de bienes y violencia nunca antes vista en el país, sobre todo en Quito, la capital de la nación, pero también en otras ciudades como Cuenca, al sur de Ecuador.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) asegura que nada tiene que ver con los actos violentos y vandálicos, mientras el Gobierno de Moreno ha dicho que detrás de ellos hubo un plan estructurado para acabar con la Democracia en Ecuador.
Arrieta ordenó la prisión preventiva por sospecha de rebelión contra Pabón, del partido Revolución Ciudadana, cuyo líder es el ex presidente Rafael Correa (2007-2017).
El abogado de Pabón, Ramiro Aguilar, presentó el martes la respectiva apelación oral y en las próximas horas presentará la escrita.
Aguilar dijo a periodistas luego de la audiencia que las pruebas presentadas por la Fiscalía consisten en chats de WhatssApp, que contienen discusiones internas políticas y no constituyen pruebas que demuestren la rebelión de la que se acusa a Pabón.
Pabón, González y Del Hierro fueron detenidos el lunes y trasladados a la unidad de Flagrancia de la Fiscalía.
Durante la respectiva audiencia, el fiscal provincial Alberto Santillán formuló cargos por el presunto delito de rebelión basándose en estipulados del Código Integral Penal de Ecuador, cuyo artículo 336 establece sanciones para quienes promuevan, ayuden o sostengan cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado.
La Fiscalía General de la Nación dijo también en su cuenta de twitter que durante el allanamiento que realizó a la casa de González, “presunto financista de alimentación, medicina y escudos de protección para el paro nacional”, se incautaron tarjetas de crédito, panfletos y material que habría sido usado en las protestas.
El lunes la Fiscalía allanó tres inmuebles para ejecutar una orden de prisión contra Hernández, que finalmente no se concretó.
En uno de esos allanamientos se encontró dinero en efectivo –dólares y euros- así como banderas y otros elementos que según la Fiscalía podrían haberse utilizado durante el paro nacional contra Moreno.
La Fiscalía también allanó el domicilio del esposo de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, en donde incautó una caja fuerte, una liberta de ahorros que detallan “pagos al señor presidente”, libretas de notas de pagos, dispositivos electrónicos y material electoral.
Rivadeneira, su esposo, así como otros 6 miembros del partido político de Correa se encuentran en la Embajada de México en Quito, en calidad de protegidos, aunque no se ha aclarado por qué pidieron protección en esa sede diplomática.
Políticos a nivel mundial expresan preocupación «por persecución política» en Ecuador
Varios actores políticos, a nivel mundial, expresaron su preocupación por la situación que vive Ecuador. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, criticó detrás de los préstamos del Gobierno con el FMI “se encuentra la agenda neoliberal, el interés del mercado financiero y la protección de las élites del país cliente”. Alberto Fernández, candidato a la presidencia de Argentina, lamentó “la persecución política y judicial” en el país.
Tras la detención de la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, por presunta rebelión, varios actores políticos lo calificaron de “persecución política”.
Fernández publicó: “Veo con mucha preocupación los graves hechos que se viven en Ecuador y la persecución política y judicial que están sufriendo dos mujeres jóvenes que son referentes de la oposición política”.
Veo con mucha preocupación los graves hechos que se viven en Ecuador y la persecución política y judicial que están sufriendo dos mujeres jóvenes que son referentes de la oposición política. pic.twitter.com/M3C79XMI9W
— Alberto Fernández (@alferdez) October 15, 2019
De igual forma, su binomio, Cristina Fernández, dijo que “la democracia tiene nombre de mujer y en Ecuador está presa”.
La democracia tiene nombre de mujer y en Ecuador está presa. Libertad a Paola Pabón, prefecta de Pichincha, presa y Gabriela Rivanedeira, asilada. Mujeres, jóvenes, comprometidas y votadas por su pueblo. pic.twitter.com/1iO9ftPRop
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 15, 2019
La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, escribió un artículo titulado: “FMI y Ecuador: terrorismo de estado”. En él, describe, entre otras cosas, que: “El fiasco más reciente del FMI en el laboratorio de crisis de América Latina es Ecuador. En este caso, el fondo parece dispuesto a todo. Después de dos años de implacable imposición de políticas neoliberales, un pueblo que había experimentado un período de grandes logros económicos y sociales con el gobierno de Rafael Correa se cansó y salió a la calle. Dirigido por miles de indígenas, que representan el 25 por ciento de la población del país, el pueblo ecuatoriano dijo que no a un paquete inhumano inspirado en el FMI descargado por el gobierno de Lenin Moreno: recortes de subsidios y 123% de aumento en combustible, contrarreforma laboral que ha extinguido los derechos históricos, la ruina del estado y un aumento abrupto del desempleo y la pobreza”.
Dilma denuncia terrorismo de Estado no Equador – Brasil 247 https://t.co/3eb71mgVgs
— Rafael Correa (@MashiRafael) October 15, 2019
Por su parte, Bernie Sanders, excandidato a la presidencia de Estados Unidos, aplaudió las manifestaciones del movimiento indígenas en contra de las medidas económicas anunciadas por el Presidente Moreno.
I applaud Ecuador’s Indigenous-led grassroots movements who stood up to repression and blocked the IMF's austerity agenda.
Economic elites keep pushing austerity worldwide, making life unbearable for working people. The U.S. should stop supporting this. https://t.co/9DIY4Q1Rpk
— Bernie Sanders (@SenSanders) October 14, 2019
Camilo Lagos, Presidente Partido Progresista de Chile (PROgresistas) mencionó que la situación de DDHH en Ecuador “es gravísima”. “Después de matar y reprimir a indígenas, ahora Lenin Moreno se lanza sobre líderes políticos de oposición. Asambleísta Gabriela Rivadeneira y Prefecta Paola Pabón, mujeres líderes y jóvenes, sufren brutal persecución”, escribió en su Twitter.
Situación de DDHH en Ecuador es gravísima. Después de matar y reprimir a indígenas, ahora Lenin Moreno se lanza sobre líderes políticos de oposición. Asambleista @GabrielaEsPais y prefecta @PaolaPabonC, mujeres líderes y jóvenes, sufren brutal persecución. pic.twitter.com/ABNb0u3Sx4
— Camilo Lagos (@camlagos) October 15, 2019
Continúa la persecución, Indígena Tuala es denunciado por la fiscalía por el delito de paralización
Eustaquia Tuala, dirigente indígena y presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), es uno de los 63 ciudadanos denunciados por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de paralización de servicio público.
Él participó, el domingo 13 de octubre de 2019, en la mesa de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena, junto al presidente Lenín Moreno y otras autoridades, entre ellas la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
El sistema de la Función Judicial arroja que la denuncia fue presentada el 9 de octubre pasado en contra de este grupo de personas y, por tratarse de un delito flagrante, solicita la audiencia de formulación de cargos.
El caso recayó en el despacho de la jueza Paulina Karina Sarzosa Guerra de la Unidad Judicial Penal con competencia en Infracciones Flagrantes de Quito.
Hasta el cierre de esta nota, ningún otro alto dirigente indígena registra denuncia en su contra en el sistema de la Función Judicial por las protestas y desmanes que iniciaron el pasado 3 de octubre.
El delito de paralización de servicio público es castigado en el artículo 346 del Código Orgánica Integral Penal con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Manifestantes retienen a dos militares y un policía
A pesar de que existe ya un acercamiento entre el Gobierno y el sector indígena, un grupo mantiene retenidos a dos militares y un policía en la provincia de Morona Santiago.
Los manifestantes tienen bloqueado el acceso a la Gobernación y han quemado hasta vehículos.
A través de su cuenta de Twitter, Juan Bernardo León, gobernador de Morona solicitó la liberación de las tres personas retenidas.
En tanto, en horas de la mañana, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el mando policial y los gobernadores participaron en una videoconferencia en la que se evaluaron los resultados de las protestas que se efectuaron en el país.
