Marcha y paro en Ecuador: decenas de miles de manifestantes pidieron la renuncia de Lenín Moreno
Masiva marcha y paro en Quito contra el ajuste
Decenas de miles de personas marcharon a Quito en el marco del paro nacional contra el ajuste que lleva adelante el gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, siguiendo las recetas del FMI. La multitud estuvo encabezada por el movimiento indígena, pero también se plegaron sindicatos, estudiantes, colectivos de mujeres y organizaciones sociales. Mientras el gobierno pedía abrir el diálogo, por otro lado enviaba a la policía y los militares a reprimir. En un mensaje transmitido por la TV pública, Moreno manifestó su confianza en encontrar una pronta solución a las protestas. Continúa el toque de queda.
Miles de manifestantes llegaron desde la mañana a la capital de Ecuador, pese al toque de queda con el que el gobierno buscó detener la circulación en todo el país. El llamado principal a la jornada de paro nacional vino desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). A ellos se sumaron estudiantes de secundarios, universidades, miembros de organizaciones sociales y políticas, así como el colectivo de mujeres. Muchos venían acamparon desde hace días en distintos puntos de Quito a la espera de la marcha del miércoles. Durante toda la jornada reclamaron la renuncia de Lenín Moreno y que dé marcha atrás al el ajuste que quiere aplicar con el apoyo del FMI. «Que se vaya el gobierno. Ha tenido suficiente tiempo para demostrar qué puede hacer por este pueblo y no ha hecho nada», señaló Diana Guanatuña, integrante de la comunidad indígena de Zumbahua, ubicada en la región andina de Ecuador.
Durante la noche del martes Moreno decretó el toque de queda que rigió hasta la mañana del miércoles. Pero aún antes de que entre en vigencia, policía y militares atacaron con gases lacrimógenos los campamentos de los manifestantes. No discriminaron entre hombres, mujeres, ancianos y niños, muchos de los cuales debieron ser trasladados a los hospitales cercanos. Ante estos hechos las universidades cercanas abrieron sus puertas para recibir a cientos de personas. Organismos de derechos humanos denunciaron la detención irregular de 83 personas, que fueron trasladadas a un cuartel de policía en Pomasqui, a las afueras de Quito. Recién hoy al mediodía pudieron acceder a una atención legal.
Ante la presencia de policías y militares apostados por todo el centro histórico de Quito, los manifestantes marcharon portando banderas de Ecuador y también la multicolor de los pueblos ancestrales. «Violento no es el pueblo que lucha sino el Estado que reprime», se podía leer en uno de los tanto carteles que portaban. También manifestaron su rechazo a Moreno, a la corrupción, el FMI y Estados Unidos. “Los grandes medios están diciendo que ya nos vamos, y no! Acá estamos y seguiremos! Somos un pueblo y una sola lucha”, manifestó en diálogo con el medio comunitarios Wambra, una militante indígena.
En el transcurso de la tarde, organizaciones de derechos humanos informaron que los hospitales no entregaban información sobre heridos. Alegaron que por el estado de excepción que rige en el país todos los datos debían pasar previamente por la Secretaria de Comunicación del gobierno. Estudiantes universitarios formaron brigadas de primeros auxilios para atender a los cientos de heridos que dejó el accionar policial. Se estima que durante la jornada más de 100 personas resultaron heridas. Las manifestaciones se replicaron en 21 de las 24 provincias del país.
Lenín Moreno se trasladó desde Guayaquil a Quito donde lo mantuvieron al tanto del operativo seguridad. “Sin duda alguna, esto se va a solucionar muy pronto», dijo el mandatario en un video retransmitido por un canal estatal de televisión. Ministros de su gobierno buscaron apaciguar la situación convocando al diálogo. También lanzaron un plan de medidas orientado hacia el sector agrícola. Así lo anunció el Secretario General de la Presidencia, José Agusto Briones, que dio los detalles de los seis puntos que componen la medida: propone trabajar en sistemas de riego parcelario, reestructurar la deuda para aquellas asociaciones que no hayan podido pagar sus parcelas, un seguro agrícola, la condonación del 100% de deudas que se mantienen con la Secretaría del Agua, ‘kits’ tecnológicos y cuatro centros de acopio de productos. Briones sostuvo que se encuentran en diálogo con organizaciones sociales y esperan llegar pronto a un acuerdo, según el diario El Comercio de Ecuador. El gobierno también decidió paralizar el transporte de petróleo de uno de sus oleoductos principales, la mayoría del cual está destinado a la exportación.
Ecuador entró en estado de ebullición el jueves pasado, luego de que Moreno anunciara varias medidas económicas por decreto, haciendo que entren en vigencia de inmediato. También impulsó una reforma laboral que deberá ser discutida por el Congreso ecuatoriano. De estas medidas la que generó mayor rechazo fue la liberación del precio de los combustibles, vehiculizada a través de la quita de subsidios. El rechazo del pueblo ecuatoriano se da por una simple motivo: el aumento de los combustibles conlleva el aumento del precio del transporte público y de los alimentos de primera necesidad. Detrás de estas medidas está la mano del FMI. El gobierno de Moreno tiene pautado un préstamo por 4.200 millones de dólares con el organismo, a cambio de una reducción drástica del déficit fiscal.
El sector transportista respondió con un paro nacional que se prolongó durante dos días y estuvo acompañado por movilizaciones en todo el país. Moreno decretó el estado de excepción que le permitió hacer uso de las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social. También decretó el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil, centro económico y ciudad más poblada del país. Las agrupaciones indígenas y movimientos sociales convocaron a un paro nacional para el miércoles. Las protestas continuaron llegando a su pico más alto el martes cuando los manifestantes lograron ingresar a la sede de la Asamblea Nacional. Esa noche Moreno decretó el toque de queda que duró hasta la madruga del miércoles.
Hasta el momento, el saldo de la feroz represión que se empezó el jueves pasado es de aproximadamente 800 personas detenidas, centenares de heridos y dos fallecidos, según informaron organizaciones de Derechos Humanos.
Informe: Juan Manuel Boccacci
Confirman fallecimiento de manifestantes tras represión en protestas de Ecuador
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) confirmó este jueves del fallecimiento de varios manifestantes tras las acciones represivas del Gobierno que preside Lenín Moreno.
La información fue revelada por la organización indígena más grande del país, y uno de los movimientos que protesta contra las políticas de Moreno, al tiempo que aseguraron que en los próximos días emitirán un informe completo con los nombres de todas las víctimas que dejaron las protestas.
De igual manera, el organismo se comprometió a tratar con organizaciones de derechos humanos los procesos necesarios para evitar la impunidad contra estos crímenes.
La CONAIE con profundo dolor comunica al Ecuador que en la represión desmedida y brutal del día miércoles 09 de octubre, direccionada por las políticas represivas de @Lenin @mariapaularomo @DefensaEc confirmamos que existen compañeros que perdieron la vida.#SOSEcuador pic.twitter.com/D0i5mKJ6dJ
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 10, 2019
Diversos movimientos sociales del país se mantienen desde hace una semana en las calles y ratificaron que no abandonarán la protesta hasta que el Gobierno derogue el Decreto Ejecutivo 883, que abarcó la eliminación de subsidios al combustible y la liberación de precios del diesel y gasolinas.
Al menos 20.000 indígenas llegaron este martes a la capital (Quito) para sumarse a las manifestaciones populares tras los anuncios económicos de Moreno.
Policía Nacional arremete contra mujeres y niños que se encontraban acampando en universidades de Quito
“Estamos en zona de paz” se escucha en un video difundido por redes sociales donde jóvenes, de manera desesperada, denuncian que la Policía Nacional, sin ninguna justificación, está lanzando bombas lacrimógenas en las Universidades Salesiana, Católica y calles aledañas.
En dichos videos se indica qué hay mujeres, niños y heridos que estaban resguardándose en las Instituciones de Educación Superior y en el fondo se observa a uniformados en motos lanzando bombas.
Ana Acosta, activista social y directora del Churo Comunicaciones, indicó que estos lugares eran puntos de atención médica, comedor y guardería de niños.
“En una universidad que está recibiendo alimentos. No tiene como objetivo detener la protesta o parar disturbios o controlar la seguridad. ¿Quién ordena eso? Solo genera más caos”.
En ese contexto la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en rueda de prensa, reconoció que esos hechos sí sucedieron, pidió disculpas y aseguró que no volverá a suceder.
Dicha respuesta fue cuestionada por Francisco Hurtado, activista de derechos humanos y exadjunto de derechos de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, quien recordó que las autoridades deben ser sancionadas y reparar integralmente a las víctimas: «No es un error, ni un caso aislado, es el estado de represión brutal. Ayer y hoy ya lo denunciamos gasearon violentamente el Parque del Arbolito y el Agora de la Casa de la Cultura, donde también funciona la primera zona de paz y apoyo a la movilización. Ahí hay posta médica, cocinas comunitarias, cuidado de guaguas, centro de acopio, zona de descanso y albergue para la noche».
«El perdón y olvido es el lema de los gobiernos represores y las dictaduras. En Derechos Humanos, las autoridades se vuelven responsables de violaciones a derechos humanos, deben ser sancionadas y reparar integralmente a las víctimas (…) Que más vamos a esperar que el siguiente error por el que pida disculpas sean niños fallecidos por asfixia por los gases». acotó.
766 detenidos se registraron durante estos días de protestas
Un total de 766 personas fueron detenidas entre el 3 y el 9 de octubre, como consecuencia de las protestas en contra de las medidas económicas implementadas por el Gobierno Nacional, en particular, por la eliminación de los subsidios de los combustibles, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según el Ministerio de Gobierno, la mayor cantidad de los 766 detenidos se registraron en la ciudad de Guayaquil (177), seguido por Quito (163), Cotopaxi (65), Sucumbíos (43) y Los Ríos (40).
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha señalado que la mayor parte de personas, sobre todo en el Puerto Principal, fueron detenidas por actos de vandalismo.
Las provincias con un menor número de detenidos fueron Zamora (2) y Bolívar (6),
Romo dijo que de las mayoría de las 700 personas detenidas a escala nacional o han salido en libertad o tienen otro tipo de medidas cautelares.
En cuanto a las personas que han recibido asistencia médica indicó que fueron atendidas 360 hasta el 3 de octubre; mientras que 86 policías resultaron heridos.
Sostuvo que cerca de 24 mil militares brindan soporte a la fuerza pública; mientras que 50 mil policías estarían operativos en todo el territorio nacional.
“La Policía Nacional está enfrentando un escenario que nunca antes lo ha vivido”, manifestó.
Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, general Nelson Villegas, se refirió al enfrentamiento entre policías y militares registrado en Guayaquil y señaló que ambos organismos coordinan acciones para trabajar de manera coordinada en estos momentos que vive el país. Sin embargo, expresó que se averiguarán los hechos y que de ser necesario se aplicarán las normas y leyes que rigen a la institución.
En tanto, la ministra Romo mencionó que se espera restablecer el orden a través del diálogo y agregó que en este sentido los alcaldes y otras autoridades han asumido ese compromiso para enfrentar el caso y actos vandálicos como el suscitado en Ambato, en la provincia de Tungurahua.
Asimismo, se refirió a la recaptura de los privados de la libertad que se escaparon de la cárcel El Rodeo, en Manabí., que serían más de 50 personas.
El presidente Lenín Moreno vuelve a Quito
El primer mandatario regresa a Quito este 9 de octubre de 2019 con la ministra de Gobierno, María Paula Romo y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. Así lo anunció la funcionaria hace pocos minutos, desde el ECU-911.
Romo explicó que aún hay carreteras bloqueadas en varias zonas del país y que la decisión de volver a la capital tiene que ver con que hoy es la marcha nacional. En Guayaquil monitoreará la situación el vicepresidente, Otto Sonnenholzner.
Mesas de diálogo han sido instaladas en Quito con las organizaciones indígenas, están actuando como mediadores las Naciones Unidas, las universidades y la Conferencia Episcopal, explicó Romo.
En el marco de esas conversaciones se determinó una ruta que termine en una plaza para diferenciar a marchantes que tienen otras intenciones.
Por otro lado, se cerró el puente de la Unidad Nacional por la amenaza de manifestaciones violentas, “probablemente las mismas que ocasionaron disturbios en Durán hace dos noches”, explicó Romo. Además, hay alerta de personas del Cañar que arribarán a Guayas. A propósito de las manifestaciones, hizo un llamado a la democracia y a la paz.
Romo enfatizó que se realizarán las conversaciones que sean necesarias, para hacer seguimiento a las preocupaciones legítimas de algunos sectores. Porque hay sectores que demandan la atención del campo, de la ruralidad, que exigen derechos. Algo que difiere, según la funcionaria, con el vandalismo y el caos.
La ministra estaba acompañada por Jarrín y por el secretario de Comunicación, Gabriel Arroba.
El ministro Jarrín explicó que las zonas donde se concentra la seguridad son las áreas estratégicas. Sobre todo entidades gubernamentales.
Correa pide elecciones anticipadas y se ofrece como candidato
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa urgió este miércoles al actual mandatario, Lenín Moreno, a convocar elecciones anticipadas ante las protestas ciudadanas contra sus medidas económicas, y se ofreció a ser candidato pese a que cree que no le «dejarán» participar.
«Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron entre comillas para ser presidente porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional, pero de vicepresidente para abajo, yo no tengo ningún problema para participar«, indicó en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, al que fue invitado por el grupo de Izquierda Unida.
A su juicio, las autoridades ecuatorianas «van a crear esos problemas, van a buscar cómo impedir mi participación porque saben que los derrotamos».
El exmandatario, que fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017 y actualmente reside en Bélgica, recordó que durante el Gobierno de Moreno le han abierto «sin pruebas» más causas judiciales que «a Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos», y que si regresa a su país será encarcelado.
«Que me metan preso, pero que me dejen inscribirme. No, me van a meter preso primero y no me van a dejar inscribirme», lamentó.
Sobre una posible participación electoral, dijo no estar «seguro de que ganaría», aunque aseguró tener «confianza en el pueblo ecuatoriano».
Correa, de 56 años, rechazó las acusaciones de que esté detrás de las marchas indígenas y las protestas en contra de medidas como la eliminación del subsidio a los combustibles, y especialmente las alegaciones de que había viajado a Venezuela para instigar junto a su presidente, Nicolás Maduro, las movilizaciones.
«Dicen que ahorita estoy en Venezuela. Por si acaso, vean los informes, con pelos y señales (…) que ayer estuve reunido con Maduro, y que es el que financia para la desestabilización. Esto es de locura, es algo demencial», comentó.
Lamentó que el Gobierno ecuatoriano «construye ese relato, lo repiten, lo repiten, y creen que en la repetición está la demostración», al tiempo que garantizó que «jamás va a poder presentar una prueba, porque no es cierto».
Para Correa, «ellos son los golpistas», mientras que él y los manifestantes «lo que estamos pidiendo es la salida que establece la Constitución, una salida democrática».
Puso como ejemplo el caso de España y la moción de censura que terminó con la presidencia del conservador Mariano Rajoy el año pasado.
«Si asume (el poder el socialista) Pedro Sánchez, a nadie se le va a ocurrir que se rompió la democracia, es parte de la democracia y parte del Estado de derecho lo que pasó en España», comentó.
«Y si anticipa elecciones Pedro Sánchez como lo ha hecho después de nueve meses, a nadie se le va a ocurrir que hay una inestabilidad. Se están resolviendo los conflictos en el marco constitucional y en democracia», agregó.
Aseguró que «Ecuador tiene esos mecanismos», que «establecen la anticipación de elecciones en casos de grave conmoción social, que es lo que estamos viviendo, para resolver ese conflicto de manera pacífica y democrática».
«Que la gente vote en las urnas, como se deben resolver los conflictos en democracia«, pidió, y agregó que «no lo quieren hacer porque saben que la respuesta va a ser más fuerte que la que están recibiendo en las calles, que van a ser arrasados en las urnas».
Sobre las movilizaciones, apoyó «que la gente siga defendiendo sus derechos con firmeza, pero en paz. Porque buscan cualquier excusa para la represión».
En ese sentido, denunció que hay «represión brutal» en Ecuador que ha dejado ya «muertos».
«Y por qué no (van a salir los manifestantes a la calle hoy). Tienen que cuidarse, pero tampoco se van a dejar amedrentar» por el temor a la represión, indicó.
Por lo que respecta a la mediación que ha ofrecido la ONU y la Iglesia católica en la crisis, dijo «desconfiar» de los interlocutores concretos que estarían implicados por su proximidad al Gobierno.
En cuanto al papel de la Unión Europea, Correa lamentó que la actual crisis ecuatoriana «ni siquiera figure en su agenda» y que toda la atención en Latinoamérica la acapare Venezuela.
Criticó esa «doble moral» y aseguró que el caso en su país es diferente porque «ocurre con un Gobierno de derechas que persigue a los líderes progresistas».
