Los secretos del “milagro boliviano” – Por Mariano Féliz
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Mariano Féliz
Foto: Cédric Gerbhaye
El capitalismo dependiente boliviano ha sorprendido a muchxs observadores. Suele presentarse como ‘modelo’ en términos de política macroeconómica. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elogiado la gestión económica del gobierno de Evo Morales que ha garantizado más de una década de crecimiento económico por encima de la media mundial.
Estas valoraciones se presentan como contradictorias con la radicalidad política que dimana del proyecto político nacido de las Guerras del Agua y el Gas, plasmado luego en el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia y la proyección del capitalismo andino-amazónico. El llamado “modelo económico social, comunitario y productivo” pretende expresarse constitucionalmente en la llamada ‘economía plural’ y se apoyó en la recuperación parcial del control estatal de los recursos naturales y de las empresas públicas, junto con la liberalización del comercio, la desregulación y liberalización del sector financiero y el mercado laboral. Esto fue complementado con un proceso de redistribución de ingresos desde sectores apropiadores de renta del suelo (en especial, el sector hidrocarburífero exportador) hacia sectores generadores de empleo. La tasa de desocupación bajó a menos de 5% tanto para varones como para mujeres, mientras que los salarios mínimos subieron sustancialmente a lo largo de una década.
Junto al buen ritmo de crecimiento del PIB, otra característica relevante del modelo boliviano es su bajo nivel de inflación comparado con otras economías de la región, por debajo del 7% anual desde 2012. Cabe recordar que esta tendencia a la baja se dio incluso en un contexto de aumento del salario real, pero de fijación del tipo de cambio nominal. En este mismo sentido, se habla de una bolivianización del sistema financiero: mientras hacia 2000 el 95% de los depósitos bancarios eran en dólares y sólo el 3% de los créditos otorgados eran en moneda nacional, eso ha cambiado radicalmente. Hoy, 97% del crédito interno es en Bolivianos mientras 84% de los depósitos son en moneda nacional.
El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció durante el Gobierno de Evo Morales (periodo 2006-2017) un 78% a precios constantes, un 27% más que los doce años previos, con un crecimiento promedio anual de 4,9%. Este proceso apenas se desaceleró a partir del comienzo de la crisis en el centro capitalista en 2008 y su impacto negativo en los precios internacionales de mercancías de exportación (commodities).
Ese proceso de crecimiento fue sostenido fundamentalmente con la expansión de la producción hidrocarburífera y minera que pasó de representar un 8% del PBI en los primeros años del ciclo masista hasta llegar al 20% del PBI en 2012, decreciendo luego hasta alcanzar un 13% en 2017. Ese proceso fue acompañado por un crecimiento acelerado del gasto público, tanto en transferencias como -sobre todo- en inversiones en infraestructura: de conjunto, la administración pública pasó de representar un 5% del PBI, a expresar el 18,8% en los últimos años. En 2017, por primera vez en más de una década, la inversión pública se contrajo.
Es en este plano que la política fiscal del gobierno boliviano ha mostrado una consistente tendencia contracíclica, sosteniendo el mercado interno. Entre 2006 y 2013 el Estado mantuvo un superávit fiscal, mientras a partir de allí -en el marco de la caída en los términos de intercambio- ese indicador pasó a un sostenido déficit. El gasto público ha sido el motor del dinamismo del modelo boliviano, en contraposición con la etapa previa y con la experiencia reciente de la mayoría de los países de América del Sur. Sin embargo, la inversión pública ha mostrado una tendencia decreciente y el interrogante que surge es si es probable que continúe ésta tendencia en los próximos años. Hacia 2018 y 2019 la economía boliviana recupera sus bríos a partir de una cierta mejora en los precios internacionales y el efecto de la política fiscal expansiva.
En tiempos recientes se registra una fuerte reversión del peso de las exportaciones respecto al PIB a niveles similares a la etapa previa, pero manteniéndose solo una reducción moderada de la importancia de las importaciones. Desde que gobierna Evo Morales, Bolivia atravesó dos shocks externos adversos —el de 2009 que duró cuatro trimestres y el segundo que si bien se inicia en 2011 con la caída del precio de los minerales se acentúa desde 2013, siendo más prolongado con una duración hasta el 2016. Desde 2011, los términos del intercambio (relación de precios entre exportaciones e importaciones) cayó 55%, más que el 20% de caída registrado para el resto de América Latina. Eso ha repercutido en el balance de pagos que en ha tornado fuertemente negativo por la caída en la exportaciones, siendo parcialmente compensado por la Inversión Extranjera Directa, el endeudamiento externo y el significativo flujo de remesas (transferencia de recursos de Bolivianos en el exterior).
La caída en las exportaciones de gas natural son preocupantes para la continuidad del crecimiento boliviano: presentan una disminución sostenida en la producción de este hidrocarburo desde 2014, acentuada a fines de 2018 (con una caída del 24% respecto del mismo período del año anterior) y que continúa en los primeros meses de 2019. Desde mayo de 2016, los envíos de gas a Brasil, empezaron a declinar: estas perturbaciones en la demanda de Brasil constituyen un nuevo golpe externo adverso, ya no de precios, sino de cantidades o volúmenes. Lo mismo ocurre con el vínculo comercial con Argentina a partir de 2014.
Los efectos de la crisis en los precios de las commodities de exportación se expresaron en la disminución de los ingresos fiscales por materias primas en diez puntos porcentuales del PIB desde 2013- 2016. En paralelo, esto ha provocado un déficit en el sector externo (cuenta corriente de balanza de pagos, lo que provocó la pérdida de las reservas internacionales desde 2014. El país sufrió, antes del shock externo, una desacumulación de reservas de un 50% del PIB a un 27,5% en septiembre de 2017. Por otra parte, hacia mediados de 2017 la deuda externa representaba un 23,7% del PIB. A su vez, el servicio de la deuda externa respecto al PIB era de 6,7%. Por último, la relación de la deuda externa y las exportaciones, que antes del shock externo era de 43,1%, subió a 92,1% en 2017, mostrando un significativo deterioro en su sustentabilidad. De todas maneras, las reservas internacionales son aun significativas lo que da a Bolivia un importante margen de maniobra.
Hay cierto consenso en que el más significativo cambio en la estrategia de desarrollo en el capitalismo andino-amazónico fue el papel del Estado. El mismo ganó preponderancia como orientador y protagonista del desarrollo económico a través de su intervención directa en la modalidad de empresas públicas nacionalizadas o creadas con recursos internos. Por otra parte, el proceso de industrialización ha sido más bien limitado. La industria manufacturera mantiene una representación estable del 16% del PBI y si bien las exportaciones crecieron casi 10 veces en valor de 2003 a 2014, la participación de la exportación de recursos naturales en las mismas se ubicó por encima del 70%.
Dentro del marco del proyecto de desarrollo de una forma sui generis de capitalismo andino-amazónico, el cambio en la forma-estatal y las políticas redistributivas permitieron reducir la incidencia de la pobreza por ingresos y la desigualdad en la distribución de ingresos. Si bien todavía ⅓ de la población está por debajo de la línea de la pobreza, este indicador cayó a la mitad en 10 años. La base de esta dinámica ha sido la combinación de crecimiento económico sostenido, apropiación estatal de la renta hidrocarburífera (a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, en especial del gas) y redistribución por la vía de una multiplicidad de programas de transferencia condicionada de ingresos. Con la nacionalización de los recursos gasíferos, más del 80% de la renta correspondiente ingresa a las arcas del Estado. Estas políticas, articuladas con la mencionada expansión en la inversión en infraestructura social, han permitido mejorar sustancialmente el acceso a la educación, salud y consumos básicos buena parte de la población: 2 millones de estudiantes han mejorado su acceso a la educación (a través del Bono Juancito Pinto) y cerca de 12% de la población recibe el Bono llamado Renta Dignidad.
En síntesis, el programa económico del gobierno masista en Bolivia ha conseguido aprovechar el extractivismo a los fines de desarrollar una política de redistribución del ingreso, sin alterar el patrón de acumulación extrovertido del capitalismo boliviano. La renta del suelo en la economía boliviana ha conseguido garantizar una década de crecimiento con baja inflación, a pesar de la crisis global y regional. Las contradicciones de este proceso no pueden ser ignoradas en tanto el avance de muchas inversiones en infraestructura (en el TIPNIS, por ejemplo) y proyectos extractivistas (como el del Litio) atacan las condiciones de reproducción de comunidades enteras y de la Naturaleza.
