Indira Huilca, congresista de Nuevo Perú: “Lo que le dio legitimidad a la disolución del Congreso fue el respaldo de la ciudadanía”

Entrevista a Indira Huilca, congresista de Nuevo Perú

Por Lucio Garriga y Gerardo Szalkowicz*

La crisis crónica que atraviesa el sistema político peruano desde hace varios años tuvo su último capítulo el lunes pasado, cuando el presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias –un mecanismo amparado en la Constitución- como respuesta a las trabas que la bancada mayoritaria del fujimorismo venía poniendo a las reformas que intentan hacer frente a la infinidad de escándalos de corrupción. Indira Huilca, socióloga y congresista de Nuevo Perú, clarifica en esta entrevista los detalles de esta controversia y destaca el apoyo popular a la medida presidencial. Además, afirma que “salir de esa crisis requiere no solamente juzgar a los políticos corruptos, sino cambios más estructurales. Creemos que estos cambios pasan por discutir una nueva constitución en nuestro país”.

¿Qué lectura hacen desde Nuevo Perú sobre la disolución del Congreso y el choque de poderes con la mayoría parlamentaria del fujimorismo? ¿En qué contexto se da? ¿Cómo se llegó a esta situación?

En los últimos años hemos tenido en el Perú una situación muy álgida en relación a casos de corrupción vinculados al Lava Jato, que tuvieron como protagonistas a presidentes, expresidentes, excandidatos a la presidencia, parlamentarios, gente que sigue teniendo mucho poder y que tiene presencia en el Parlamento. Se ha ido tensando la situación cuando se requirió que el Congreso discuta reformas políticas o reformas al sistema de justicia. Y esto es lo que ha originado que el presidente, en determinados momentos, haga uso de mecanismos que la Constitución le daba para poder garantizar que estas reformas se pudieran aprobar. Entonces cuando estábamos debatiendo la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, el presidente hizo uso de un mecanismo que le da la Constitución, que es el mecanismo de cuestión de confianza, para plantear la modificación del mecanismo de elección del Tribunal Constitucional. Si este pedido de confianza se rechazaba, el presidente estaba habilitado a disolver constitucionalmente el Parlamento. Eso es lo que ha pasado y lo que finalmente ha generado que el Congreso sea disuelto, insisto, de manera constitucional.

No hay una controversia en términos legales ni en términos de legitimidad, a la gente le queda claro cuál ha sido el contexto de esta disolución. Ha habido además una discusión muy intensa en los últimos meses sobre cómo el Parlamento ha ido perdiendo legitimidad, porque la gente percibe que las bancadas mayoritarias dentro del Parlamento lo que han hecho es usar este poder del Estado para evitar que sus integrantes respondan ante la Justicia y además encubrir a algunos aliados en el Poder Judicial. Entonces, la respuesta por parte de quienes se han quedado fuera del Parlamento con este cierre carece de legitimidad y de legalidad, lo de la señora (Mercedes) Aráoz, que era la vicepresidenta del señor Vizcarra, se puede entender también en esa misma lógica. Ella es muy cercana al fujimorismo en la actualidad y su juramentación no tiene legalidad, el presidente en funciones sigue siendo Vizcarra. Ella no ha sido reconocida por nadie, no tiene una norma en la que ampararse.

¿Podemos decir entonces que el trasfondo de la actitud del fujimorismo en el Congreso tiene que ver con entorpecer estas investigaciones en relación al Lava Jato?

Totalmente. Por ejemplo, lo que termina generando el pedido de confianza de Vizcarra -que generó la disolución- es que se intentaba elegir a los reemplazantes de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Por qué el intento de que esta renovación de magistrados sea tan rápido? Porque la señora Keiko Fujimori, que es la lideresa de la bancada mayoritaria en el Parlamento, tiene pendiente la resolución de un recurso constitucional para poder salir en libertad. Ella está con prisión preventiva, por lavado de activos, por presuntamente recibir dinero de Odebrecht, entonces cambiando los magistrados se presume que se aseguraría la libertad. Por eso el presidente decidió usar un mecanismo de la Constitución para plantear que el proceso de elección del Tribunal se detuviera por un tiempo para que hubiera otras reglas para la elección que no se presten a condicionamientos de carácter político.

¿Qué incidencia tuvo el respaldo a Vizcarra de las Fuerzas Armadas y la movilización ciudadana apoyando el cierre del Congreso?

El respaldo de las Fuerzas Armadas es anecdótico, lo que le dio legitimidad a la disolución del Congreso, sobre todo, fue el respaldo de la ciudadanía. En los últimos meses el Congreso venía siendo evaluado por la ciudadanía de una forma muy crítica, había una sensación de que el Parlamento se había vuelto una instancia corporativa de defensa de intereses políticos de alguna gente que estaba acusada de corrupción. La gente ha salido a saludar esta decisión.

¿Cuáles son los pasos que siguen en términos legales y cuál es su percepción sobre cómo se moverán las fichas en los próximos días?

Lo que corresponde es que en cuatro meses haya elecciones para renovar el Congreso, que asumirá de manera temporal hasta el 2021, es decir para completar el mandato del Congreso que fue disuelto, y mientras lo que va a funcionar en el Parlamento es la comisión permanente, una instancia mínima de representación.

Es importante aclarar que ninguna institución de nuestro país ha reconocido a la señora Aráoz, por ejemplo los organismos electorales ni el Poder Judicial, en fin, ninguna institución ni mucho menos una instancia internacional. La respuesta a esta crisis se va a dar en las urnas en los siguientes cuatro meses. Entonces, creo que lo ideal es que veamos esto como un punto de inflexión para empezar a superar la crisis y que se puedan generar todas las garantías posibles para que los actos de corrupción que se están investigando no tengan interferencia del poder político.

¿Por dónde pasan, para Nuevo Perú, las soluciones de fondo a esta crisis permanente que vive el país?

Para nosotros lo fundamental es que en este momento empecemos a salir de esta crisis de corrupción generalizada, y que no tiene que ver con la clase política solamente. Hay un vínculo muy fuerte con el sector empresarial, que es el que ha podido hacer que estos mecanismos de corrupción se vuelvan institucionales, permanezcan en el tiempo, que haya sido muy difícil enjuiciar estos hechos que se han dado por más de dos décadas y que recién los podamos conocer a través de información que llega más bien de otros países. Entonces, el gran reto es ese: superar estos mecanismos de corrupción que se han vuelto parte del funcionamiento del Estado peruano, mecanismos bajo los cuales las empresas privadas siempre terminaban imponiéndose sobre nuestro Estado, que es un Estado muy débil, que es un Estado que se ha debilitado mucho más en los últimos tiempos. Entonces, salir de esa crisis requiere no solamente judicializar a los políticos corruptos, sino que requiere hacer cambios más estructurales. De nuestra parte, creemos que estos cambios pasan incluso por una discusión sobre una nueva constitución en nuestro país, recordando además que la que tenemos fue producto justamente de un golpe de Estado en el año 1992 y producto de una dictadura.

(*) Entrevista realizada en el programa “Al sur del Río Bravo” que se trasmite por Radionauta FM 106.3 (www.radionauta.com.ar)

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