México expresa preocupación por la intención de Trump de recolectar ADN de migrantes
Preocupa a México intención de EU de recolectar ADN de migrantes
La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su preocupación por una propuesta de reglamentación emitida ayer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que el Departamento de Seguridad Nacional recolecte muestras de ADN de detenidos no estadunidenses para facilitar la investigación y reducción de delitos federales.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta su preocupación por dicha medida y reitera el compromiso de asistencia y protección a sus connacionales en Estados Unidos”, informó en un comunicado.
Cancillería aseguró que, a través de la red consular, permanecerá atenta a la implementación de las medidas políticas para garantizar el uso apropiado y el respeto a la privacidad de la información de los ciudadanos mexicanos almacenada por las autoridades estadunidenses.
Estados Unidos ha reforzado medidas para reducir la migración indocumentada a su país, principalmente centroamericana, pero también de cubanos y africanos que llegan a México tratando de cruzar la frontera.
La inmigración ha sido un tema central para Trump y en su campaña para la reelección. Su gobierno ha tomado una serie de medidas cada vez más fuertes para frenar el acceso al asilo y limitar la inmigración legal.
Peligra salud de mujeres migrantes en EU
Las autoridades de migración ponen en peligro la salud física y mental de mujeres y niñas bajo su custodia e incluso niegan el derecho al aborto en casos de abuso sexual, reveló un estudio publicado este lunes por el Center for American Progress.
El reporte «Immigration Detention Is Dangerous for Women’s Health and Rights» encontró que las políticas del Gobierno del Presidente Donald Trump aumentaron el riesgo para la salud de las migrantes y violan sus derechos básicos sistemáticamente.
El informe destaca que, desde octubre de 2017 hasta agosto de 2018, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) detuvo a mil 655 mujeres embarazadas, que en su mayoría supuestamente no recibieron la atención médica necesaria.
Además, otro gran obstáculo que tendrían que enfrentar las niñas y mujeres migrantes son los abusos sexuales que sufren bajo custodia del Gobierno estadounidense.
Nora Ellmann, autora del estudio, subraya que de mil 224 denuncias de abuso sexual bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) entre enero de 2010 y septiembre de 2017, sólo 43 fueron investigadas.
También, el 59 por ciento de los presuntos autores fueron identificados como agentes de migración o contratistas privados.
En el texto se cita el caso de una migrante salvadoreña, a quien nombran Teresa, que en 2017 llegó con cuatro meses de embarazo en busca de asilo al puerto de entrada de San Ysidro, California, y resultó detenida.
A pesar de que la migrante expuso a las autoridades en repetidas ocasiones que estaba embarazada y presentaba sangrado, no le prestaron atención médica.
Sólo unos días después, el personal médico en el centro de detención confirmó que había tenido un aborto espontáneo, pero nunca le dieron atención fuera del centro a pesar de que tuvo serias complicaciones.
Las autoridades también hicieron caso omiso a las peticiones para que fuera liberada por razones humanitarias. Cuatro meses después de abortar, Teresa continuaba detenida y no había recibido tratamiento médico.
Asimismo, el estudio destaca que entre los años fiscales 2017 y 2018 se reportó que 28 mujeres tuvieron abortos espontáneos bajo custodia de ICE.
De acuerdo con la investigación, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) socavó el acceso a la atención de salud reproductiva al negar solicitudes de aborto a menores migrantes, a pesar de que algunas habían sido abusadas sexualmente.
El ex director de ORR, Scott Lloyd, no aprobó ni una sola solicitud a menores de edad en busca de atención por aborto.
Aquellas que pudieron recibir un aborto lo hicieron sólo después de que un tribunal interviniera, anota el reporte.
El informe recomienda al Gobierno y al Congreso restablecer la liberación de migrantes embarazadas, así como prohibir la práctica de encadenarlas.
Pide prohibir el uso de confinamiento solitario a los migrantes y asegurar que las agencias que los detiene estén implementando estándares de atención médica y de salud mental culturalmente competentes e informados en el tema.
«Los legisladores deben realizar una supervisión agresiva de las agencias de aplicación de la ley de inmigración para garantizar que defiendan la salud y los derechos de cada individuo, pero especialmente de las mujeres», puntualizó Ellmann en un comunicado.
Organizaciones acusan a titular de INM de criminalizar a migrantes y exigen castigo para él
Organizaciones reprobaron las declaraciones del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien dijo que los migrantes indocumentados serán enviados a sus lugares de origen “así sean de Marte”.
El Consejo Ciudadano del INM hizo público un exhorto dirigido al comisionado y censuró sus palabras “despectivas” hacia los migrantes, pronunciadas el martes durante la inauguración de una exposición.
“Este consejo ciudadano encuentra sumamente desafortunadas las declaraciones hechas por usted en el marco de la inauguración de una exposición fotográfica, con las cuales hizo referencia a migrantes africanos”, dice la nota.
“Promueve la criminalización de quienes por diversos motivos se encuentran actualmente en México en una situación de vulnerabilidad, misma que requiere se comprendida y adecuadamente atendida, como lo marcan los estándares más altos en la materia”.
Hace una semana, el INM deportó a 311 personas procedentes de India en un vuelo directo a Nueva Delhi y el comisionado quiso hacer una comparación con los migrantes africanos que permanecen varados en Tapachula desde hace casi cuatro meses.
“Eso es un aviso para toda la migración transcontinental, de que así sean de Marte los vamos a mandar, hasta la India, hasta Camerún, hasta el África”, dijo Garduño, que acusó a los extranjeros de agredir a la Guardia Nacional. “No es posible ver compañeros o humanos de la raza negra con esa conducta en contra de los agentes migratorios, de los agentes de la Guardia Nacional, de los agentes que trabajan en migración, lanzándoles botellas, siendo rehén en nuestro propio país de ese tipo de migración”, afirmó.
El consejo consideró poco apropiadas estas palabras, especialmente en un contexto en el que la xenofobia y la discriminación hacia los migrantes están en aumento.
“Lamentamos profundamente estas expresiones suscitadas en un contexto de hostilidad y discurso de odio hacia las personas migrantes a nivel internacional. Consideramos que las expresiones hechas por usted no corresponden a las de un servidor público cuya encomienda es la aplicación de la política migratoria, que esta administración federal reiteradamente ha afirmado que se encuentra apegada al respeto a los derechos humanos”, dice la nota.
“Por este motivo, el consejo ciudadano le exhorta a conducirse con el debido respeto que merecen las personas en movilidad y llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas con apego irrestricto al compromiso de respeto a la dignidad humana”, concluye.
El consejo ciudadano es una institución dependiente del INM que tiene entre sus funciones emitir opiniones sobre la política migratoria, formular propuestas para la defensa de los derechos humanos de los migrantes o establecer lazos de unión con asociaciones de la sociedad civil.
Su presidente, Rafael Alonso Hernández, dijo a Animal Político que el objetivo con esta nota es buscar una “reflexión”.
“Esperamos una reconducción de sus formas. Nos parece que en el marco del discurso, ya no solo del INM, sino de otras instituciones como la propia secretaría de Gobernación o la secretaría de Exteriores, expresiones y formas como las que mencionamos en el exhorto no son las de una persona que piensa en esta perspectiva de la complejidad en la que se dan los flujos migratorios en el país en este año”, dijo.
Animal Político quiso conocer la respuesta de Garduño a la nota del consejo ciudadano pero, al cierre, no había recibido respuesta.
Francisco Garduño llegó al INM en el mes de junio en sustitución del anterior comisionado, Tonatiuh Guillén, que apenas duró siete meses en el cargo. La llegada de Garduño se produjo apenas una semana después de que México firmase un acuerdo con Estados Unidos por el que se comprometió a reducir el flujo migrante hacia el norte. Desde entonces el número de extranjeros indocumentados arrestados y deportados se ha multiplicado.
El INM tiene registrada la llegada de 5 mil 286 migrantes africanos entre enero y agosto. Casi la mitad de ellos, 2 mil 613, eran originarios de Camerún, como las víctimas del naufragio. El otro colectivo más numeroso es el procedente de la República Democrática del Congo, con mil 396 personas.
Muchos de ellos llevan atrapados en Tapachula desde hace cuatro meses. Todos han recorrido miles de kilómetros y atravesado medio continente. La mayoría, al menos, han pasado por Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala hasta llegar a México.
Hasta el 10 de julio de este año, los migrantes africanos llegaban y se entregaban directamente al INM para que los encerrara en Siglo XXI. Al recuperar la libertad, se les daba un oficio de salida que les daba dos opciones: regularizar su situación o abandonar el país en 20 días. Este plazo era aprovechado por los extranjeros para atravesar México con destino a Estados Unidos.
Todo cambió con un documento firmado Ana Laura Martínez de Lara, entonces directora general de Control y Verificación Migratoria. En él se cambian las reglas y se dice que tendrán que salir por la frontera sur, algo que no viene regulado en la ley mexicana.
Desde entonces, cientos de migrantes africanos están atrapados en Tapachula. Muchos de ellos duermen en tiendas de campaña en el exterior de la estación migratoria Siglo XXI. Se quejan de que han intentado realizar los trámites de regularización que les pide el INM pero que, a pesar de todo, no reciben documentos para seguir su camino.
Garduño reconoció que su presencia en el sur genera problemas a México debido a los acuerdos con Estados Unidos. “El costo político y el costo de tenerlos en nuestro país con el problema con Estados Unidos y el problema de la migración en el sur, no es posible mantenerlos aquí”, dijo, durante una exposición en la que se recordaba a figuras del exilio como el cineasta español Luis Buñuel, el compositor cubano Dámaso Pérez Prado o la escritora María de los Remedios Alicia Rodriga Varo y Uranga, originaria de España.
Queja ante el Conapred
Sobre lo dicho por Garduño, la organización Sin Fronteras IAP expresó en un comunicado que “el odio obstaculiza el acceso a derechos fundamentales, dejando también a un lado la violación al derecho al asilo y su principio de no-devolución”.
Por ello, presentó una queja ante el Conapred, “ya que dichas declaraciones impactan a un amplio número de personas extranjeras, al centrarse en las afectaciones que originan la discriminación y racismo”.
“Dichas palabras demuestran falta de conocimiento en derechos humanos del máximo dirigente del INM”, aseveró la asociación.
Sin Fronteras IAP solicitó al Conapred que el comisionado “sea sancionado como lo dicta la ley”, y ofreció al INM asesorías para crear un protocolo de actuación para la atención de personas migrantes y sujetas de protección internacional.
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