Ecuador

Ecuador: organizaciones indígenas detienen el diálogo y denuncian ataques desde el gobierno

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Presidente CONAIE: “Hemos parado el diálogo porque no hay el ambiente”

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, anunció que han parado el diálogo con el Gobierno porque, dijo, “no podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo”. Expuso que este miércoles 23 de octubre de 2019, en el Consejo Ampliado del movimiento indígena tomarán las decisiones y directrices a seguir.

Vargas inició la rueda de prensa indicando que los pueblos y nacionalidades reconocen a las autoridades electas por el pueblo ecuatoriano, por ende, al Presidente Constitucional, Lenín Moreno. “Hemos decidido mantener el diálogo para construir el verdadero estado plurinacional”, afirmó al inicio de su intervención.

Sin embargo, ante la pregunta de un periodista de si continúa el diálogo, el dirigente de la CONAIE manifestó que han parado el diálogo. “Hemos pedido un tiempo necesario y hoy se va a concretar las directrices”.

Expuso que en el Concejo ampliado de hoy analizarán cuáles son los objetivos. “Lo hemos dicho, si sacan otro Decreto que esté en contra del pueblo, el pueblo está dispuesto a manifestarse. No lo digo yo, uno cumple las resoluciones del pueblo. Uno obedece el mandato del pueblo”, dijo.

Aclaró que el diálogo no es con el indígena, el diálogo es con todos los pueblo y nacionales o sectores sociales. “Nos han traído propuestas del sector pesquero, agrícola, cafetero, transportista, sectores sociales, estudiantes, universidades. Esto nos permitirá construir un decreto donde estemos todos. Que garantice economía del país”, precisó.

Sobre la acción de la Naciones Unidas como mediador, Vargas señaló que, a veces, han sentido que quieren inclinarse a los intereses del Gobierno. “Lo que queremos es que garanticen el diálogo. Hoy decidiremos y conversaremos con ellos y con la Conferencia Episcopal”, aseguró.

Con respecto a la investigación en su contra, tras sus declaraciones de crear un ejército propio. Mencionó que tienen derecho a la autodeterminación, a la justicia ancestral o indígena, y que en ese marco se propuso crear una guardia indígena comunitaria para la seguridad en territorios, en cooperación con la justicia ordinaria e indígena, y con las autoridades de la justicia ecuatoriana.

“Quiero manifestar que no he cometido ningún delito. La Fiscalía ha pronunciado la investigación y me he propuesto dar mis versiones. Me he propuesto colaborar. Estar aquí, no vamos a correr, no iremos a esconder en ninguna embajada. Estaremos aquí presentes para responder y colaboraremos”, aclaró.

Marlon Vargas, presidente CONFENIAE, criticó “la desinformar, desde Quito y Guayaquil”, sobre su forma de vivir. “Rechazo rotundamente la persecución que nos hacen y no lo vamos a permitir”, dijo.

Apauki Castro, por su parte, criticó “esta faceta de llamado al supuesto diálogo. Es ataque y seguimiento contra dirigentes y contra plataformas que están operando”.

Alertaron que han recibido ataques cibernéticos. “Hay un fuerte hackeo a correos institucionales, tanto de Vargas, como de la CONAIE, MICC y otros espacios. Estos queremos responsabilizar al Gobierno”, señaló.

En vivo a la opinión pública

Publicado por Comunicacion Confeniae en Miércoles, 23 de octubre de 2019

Pichincha Universal

Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, dice que hay 10 muertos tras la jornada de protestas sociales

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, aseguró a EL COMERCIO que son 10 los fallecidos en el marco de la jornada de protestas registradas del 3 al 13 de octubre de 2019 y que se llevaron a cabo en rechazo al Decreto 883, que eliminaba los subsidios a los combustibles. Así lo aseguró en una entrevista concedida a este Diario este miércoles 23 de octubre de 2019.

«El número de personas que han fallecido en las protestas sociales aumentó a 10», aseguró Carrión. «Tenemos el reporte de dos personas más (de las ocho que se habían informado en inicio)». Entre las nuevas víctimas se encuentran «un adolescente de 15 años», Angulo Bone, que falleció en Durán, y «la persona que cae fruto de una bala de goma en Quito». De esta segunda persona, existe el video del impacto de un perdigón en su rostro. Su nombre es Edwin Bolaños. «Falleció en el Hospital Pablo Arturo Suárez. Aparentemente es el impacto de una bala de goma. Se desploma y es trasladado a la Cruz Roja y de ahí al hospital. Falleció el 18 de octubre (del 2019). Él ya se encontraba en el hospital, en terapia intensiva, y nos han indicado que ha fallecido».

Entre el resto de víctimas mortales, se encuentran Raúl Chilpe, quien fue atropellado en Molleturo, Azuay. «Un vehículo privado se le fue encima», dijo Carrión. También están Marco Oto y José Chaluisa, «los dos jóvenes que cayeron del puente de San Roque. De acuerdo a las imágenes, se ve que hay dos motocicletas de la Policía Nacional que los acorralan. Sin embargo, a raíz de los videos que fueron difundidos a través de redes sociales, «no se puede llegar a determinar si caen a consecuencia de esto».

También falleció Inocencio Tucumbi, dirigente indígena. «Reporta un golpe cráneo-encefálico. En estos momentos no se va a poder determinar si es por una caída o por la fuerza pública. Eso será parte del trabajo que tendrán que hacer las comisiones especiales que se van a crear», comentó. También falleció a raíz del impacto de un proyectil es Edison Mosquera. Otros de los fallecidos son José Rodrigo Chaluisa, Silvia Mera y Abelardo Vega.

En cuanto a los heridos registrados durante las jornadas, el Defensor del Pueblo aseguró que «tenemos el reporte del Ministerio de Salud que dice que hay 1 340 personas que recibieron atención médica, sin especificar la condición». Algunas de estas personas tienen lesiones permanentes. «Hay ocho personas que han perdido un ojo. Hay una persona que está próxima a perder ambos». De acuerdo al reporte médico, estas personas recibieron el golpe de un objeto contundente, aunque la Defensoría del Pueblo todavía no ha logrado determinar qué tipo de armamento de la fuerza pública ocasionó estas heridas.

A pesar de haber recibido este informe, puntualiza Carrión, el reporte de la cartera de Salud «no recopila los albergues ubicados en El Arbolito y las universidades, donde también se dieron atenciones. Hay que hablar con los albergues y los rectores de las universidades para constatar cuántas personas fueron atendidas y correlacionarlas con las cifras de los hospitales públicos».

El Defensor del Pueblo enfatizó que «dentro de las personas que habíamos reportado no se encuentran personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas». Uno de ellos también perdió un ojo. «El informe de la Comisión va a recopilar también estos datos. De la misma manera que la Defensoría anunció que hubo abusos por parte de la fuerza pública, también hubo gente que se comportó de manera completamente delictiva».

Sin embargo, Carrión enfatizó que «cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, hablamos de cuando el estado vulnera los derechos de la ciudadanía. El límite del poder estatal son los derechos humanos». Por otro lado, «cuando hablamos de personas particulares que pueden haber cometido vandalismo, saqueos o daños a la propiedad pública o privada, esos son delitos. Esas son conductas donde la Fiscalía ha iniciado investigaciones. No entran en la órbita de los derechos humanos».

El jefe del organismo de derechos humanos se refirió además a la retención de miembros de la Policía Nacional por parte de manifestantes en el Ágora de la Casa de la Cultura. «Nos ofrecimos como intermediarios cuando sucedió. Personalmente acudí al Ágora para una mediación pacífica. Las situaciones de retención de miembros de la fuerza pública desnaturalizan la protesta social. La intervención de la Defensoría tuvo un efecto inmediato, a tal punto que en horas de la noche se entregó a los efectivos. Pudimos evitar que hubiera una incursión policial en el Ágora. Eso hubiera generado mayor violencia».

También se refirió a un hecho parecido ocurrido en Calderón. «Los comuneros habían retenido a algunos policías. La Policía intervino para poder rescatarlos. Había una amenaza directa de que los iban a linchar. Pudieron ser rescatados. Intervenimos a través de la iglesia para que se pueda mediar y lograr una liberación».

Carrión también hizo mención al lanzamiento de gases lacrimógenos en dos campus universitarios, uno en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y otro en la Universidad Politécnica Salesiana. «El lugar donde prácticamente se concentró el movimiento era la Casa de la Cultura. Los dos albergues se encuentran en el mismo lugar. La represión de la fuerza pública dispersaba a los manifestantes de la 12 de Octubre. Se registraron enfrentamientos en esa zona. Muchos de esos gases fueron lanzados a los campus universitarios, a tal punto que la Ministra de Gobierno reconoció que hubo un exceso de la fuerza pública. La reacción de la Policía debía ser limitada y reducida en la zona», sentenció.

Por otra parte, aseguró que al momento no existen denuncias de personas desaparecidas. «Sí tuvimos denuncias de personas extraviadas. Había muchos niños y niñas que, cuando lanzaron gases, se dispersaron. Había incluso una niña que hallamos que estaba siendo llevada a un hotel por un señor», denunció. Uno de los trabajos de la Comisión creada por la Defensoría del Pueblo para establecer lo que ocurrió en estas jornadas «va a ser receptar denuncias a efectos de establecer si efectivamente hay desaparecidos, pero actualmente la Defensoría no las registra».

EL COMERCIO preguntó a Carrión si tiene información sobre el tipo de armamento que utilizó la fuerza pública para la dispersión de manifestantes. «No entramos a analizar cuál es el tipo de armas. Cuando hay uso de armas y esas armas tienen algún efecto, tenemos que determinarlo».

El funcionario resaltó la importancia de los procesos de investigación que se realizan. «Si no hay investigación y determinación de responsabilidades, volveremos a tener contextos de vulneraciones de derechos humanos y eso no se puede permitir».

El pasado martes 22 de octubre de 2019, la comisión especializada enviada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar los hechos suscitados durante las manifestaciones mantuvo su primera reunión oficial con la Defensoría del Pueblo. «Entregamos la documentación y explicamos cómo la recopilamos, para que ellos también puedan reunirse con los distintos actores sociales». La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también hará una visita in situ «para recabar información y reunirse con los distintos grupos. Así, determinar el contexto de las violaciones de los derechos humanos».

«Fueron momentos duros para el país», reflexionó el Defensor del Pueblo. «Debe ser objetivo del Gobierno, así como de los movimientos sociales, buscar acuerdos. Es importante incluir desde un diálogo inclusivo a todos los actores sociales».

El Comercio

El FUT suspende marcha del 30 de octubre del 2019 en Quito, por pedido de la ONU, OIT, Iglesia, ciudadanos…

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) suspendió la marcha prevista en Quito para el próximo miércoles 30 de octubre del 2019. José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y dirigente del FUT, anunció la decisión este miércoles 23 de octubre del 2019, en rueda de prensa.

José Villavicencio dijo que esta decisión se tomó ante el pedido de varios sectores. Entre estos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Iglesia, el alcalde y el pueblo.

“Nos ha pedido las Naciones Unidas, por escrito, ecuatorianos nos han pedido de favor que viéramos cómo suspender. La Iglesia Católica también nos pide, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nos han pedido varias organizaciones dentro de todo este proceso y el señor Alcalde de Quito, más autoridades que tenemos que decir como universidades, sectores patrióticos de este país. Eso reflexionamos todos los ecuatorianos que estamos en el FUT, porque el FUT no es solo los sindicatos que quieren hacer aparecer. En el FUT están estudiantes, están maestros, están trabajadores, están los barrios, están todos”, manifestó el dirigente.

Esta marcha se tenía previsto realizar en el marco de las reformas que plantea el Gobierno en el ámbito laboral.

“El Gobierno debe entender claramente que la suspensión no significa que los trabajadores nos vamos a arrodillar frente al poder”, expresó Villavicencio.

El anuncio del FUT se realiza después de que el martes 22 de octubre, los dirigentes del Frente se reunieran con el alcalde de Quito, Jorge Yunda. En el encuentro, se puso a consideración el no continuar con la movilización anunciada para el próximo 30 de octubre.

El martes, el presidente del FUT, Mesías Tatamuez, indicó que el gremio ha recibido cinco peticiones de la ciudadanía para que se abran al diálogo, entre ellas, de la Organización de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica.

Yunda, en cambio, aseguró que, en la reunión, escuchó a los trabajadores e insistió en ofrecerse como mediador para tender un puente de diálogo entre los trabajadores del gremio y el Gobierno.

El Comercio

Moreno destaca la decisión del FUT de suspender la marcha

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) suspendió la marcha prevista para el 30 de octubre y esta noticia fue bien recibida en el Palacio de Gobierno.

El presidente de la República, Lenín Moreno, destacó esta decisión y aseguró que el diálogo se mantienen con todos los sectores sociales del país.

«Quiero dirigirme al FUT, que el día de hoy por la mañana ha expresado que no realizará las manifestaciones que estaban planificadas para el día miércoles. Como país, como Estado, como Gobierno y como presidente Lenín Moreno quiero manifestarles mi profundo agradecimiento por esa sensibilidad y generosidad de espíritu», apuntó Moreno.

«Verdaderamente para nosotros, en las condiciones de afecto que hemos mantenido, en las relaciones de paz que hemos mantenido, las puertas y los brazos están siempre abiertos», añadió.

El Primer Mandatario se reunió con los representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que participa junto con la ONU, en los acuerdos con el movimiento indígena y otros sectores sociales.

En la cita estuvieron presentes la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el secretario General de Presidencia, José Agusto Briones; el secretario Particular de Presidencia, Juan Sebastián Roldán; y los monseñores Luis Cabrera, Alfredo Espinosa, Danilo Echeverría y René Coba.

El vicepresidente de la Conferencia, monseñor Luis Cabrera, recalcó que este momento el país necesita diálogo de todos los sectores.

«Los pasos que se han dado mantienen la decisión y la esperanza de llegar a acuerdos que satisfagan no solo a las partes, si no a todo el país. Un pueblo fragmentado y herido necesita entrar en un proceso de reconciliación y pacificación», expresó Cabrera.

En Carondelet, Moreno también se reunió con los policías que resultaron heridos durante las últimas manifestaciones. El coronel Cristian Enrique tomó la palabra y relató los hechos en torno a la retención de agentes en la Casa de la Cultura. «Vivimos momentos de mucha atención, pero lo importante es que salimos bien librados», indicó y resaltó las mediaciones de la ONU y otros sectores.

El Telégrafo

Romo y Jarrín presentaron informes sobre las manifestaciones a la Asamblea Nacional

La Ministra de Gobierno María Paula Romo y el Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín comparecieron en la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad de la Asamblea Nacional.

Los Secretarios de Estado presentaron sus respectivos informes sobre los hechos ocurridos durante las últimas manifestaciones. En la comparecencia está presente también César Litardo, presidente de la Asamblea.

Romo indicó a la mesa legislativa un informe preliminar, dijo que lo sucedido en los 11 días de movilizaciones fue un desafío al estado de derecho y al orden establecido.

«Creo que en el contexto de una protesta social, no hay una movilización única, lo que pasó fue una serie de sucesos que se dieron al mismo tiempo. Se generó una oportunidad para una desetabilización en otro grado y magnitud que incluso tiene ribetes regionales», dijo

Señaló que durante las movilizaciones se realizaron 1.507 atenciones en el sistema de salud pública, tanto de efectivos del orden, como de civiles. Y que 1.382 personas fueron detenidas por delitos como instigación, agresión, destrucción de bienes, etc.

Se atendieron a 435 policías, 1.300 turistas de 25 nacionalidades no pudieron movilizarse, 200 policías fueron retenidos.

Señaló que 16 provincias tuvieron menos del 44% de abastecimiento de alimentos, las FF. AA atendieron 109 solicitudes para atender la provisión de alimentos.

En lo que respecta a las afectaciones en el área de hidrocarburos, señaló que hubo pérdidas de $87 millones.

Se cancelaron 290 vuelos, 165 nacionales, 120 internacionales y 5 de carga. Se atacaron 480 instituciones, como 26 UVC, 48 ambulancias y 11 instituciones educativas.

Al final de su presentación, la Ministra señaló que de ninguna manera se pretende justificar los hechos violentos de parte y parte, pero si mencionó que el Estado tiene el uso legítimo de defensa y se preguntó cuál es mensaje político al atacar bienes como la Contraloría.

Indicó que en los saqueos de Guayaquil 3.500 personas cometieron delitos y que solo 300 uniformados intentaron frenar la situación.

Romo mencionó que los policías que actuaron violentamente son casos aislados que están en investigación. Mencionó que se intentó crear el caos y generar impunidad, cuando en esas fechas se debían realizar los procesos judiciales en el caso Sobornos 2.012-2.016 y casación en el caso de Jorge Glas.

Encarnación Duchi, del movimiento Pachakutik, pidió que se escuchen a otros sectores para poder construir un informe integral, dijo que existe un ambiente de discriminación contra el movimiento indígena, por ello solícito que se identifiquen a los grupos que provocaron los casos de violencia.

«Después de 13 años de persecución, dijimos vamos al diálogo, luego de las manifestaciones fuimos al diálogo, me preguntó ¿cómo podemos avanzar si existe denuncias, persecución contra los dirigentes indígenas?», señaló

Al respecto, Romo dijo que la posición del Gobierno no es criminalizar a ninguna organización y ser respetuosos con las diferencias políticas.

Sobre los dirigentes citados por el sistema de justicia mencionó que en un Estado de derecho cuando somos notificados por la Fiscalía vamos y rendimos cuentas.

«Todos los actores que han participado de distinta manera en este conflicto tendremos que rendir cuentas con sus diferencias y en la medida de su participación. Tengan por seguro que el Gobierno no perseguirá a nadie, ni se inventará nada y que rendirá cuentas de sus actos», indicó

Fernando Flores, de Creo, dijo que la comisión recibirá a más sectores sociales, entre ellos, a los dirigentes indígenas.

El Telégrafo

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