Ecuador: la Defensoría del pueblo afirma que más del 80% de las detenciones durante las protestas fueron ilegales y arbitrarias
Freddy Carrión: Más del 80% de detenciones fueron ilegales y arbitrarias
La Defensoría del Pueblo realizó un informe con el número de detenidos, heridos y muertos durante el paro nacional, que contradice las cifras del Gobierno. Su objetivo es identificar casos de violación a derechos humanos durante las manifestaciones. El defensor Freddy Carrión recalca que no hay motivos políticos, sino que actúa dentro de sus funciones.
¿Cuál fue la motivación para realizar informes sobre las protestas?
Como institución de derechos humanos nos interesaba saber cuántas personas fueron aprehendidas, cuáles fueron enjuiciadas y cuáles obtuvieron prisión preventiva. Ese es un tema clave para garantizar el derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa… Sobre esta base, delegamos a cada delegación provincial y zonal que reporten las personas detenidas y enjuiciadas.
¿Cómo lo hicieron?
Todas las delegaciones acudían a las unidades de Flagrancia. Hacían la constatación física de quiénes entraban y por qué razón entraban. Presenciamos los procesos de enjuiciamiento y contrastamos con los datos que sacaba la Fiscalía. Levantamos esos datos y los ingresamos a nuestro sistema.
¿Todos los detenidos fueron llevados a las unidades de Flagrancia? ¿No puede haber un subregistro?
Posiblemente. En Quito, en los primeros días de movilización, la fuerza pública aprehendió a una serie de ciudadanos y se demoraba entre diez y doce horas en llevarlos de los lugares de detención a las unidades de Flagrancia. Ahí se cometieron una serie de violaciones a derechos humanos. Se los llevaron al cuartel de Pusuquí (al norte de Quito). Bajo ningún estado de excepción se puede detener en unidades de la fuerza pública.
¿Cuántos casos hubo?
Es muy difícil determinar. Tenemos los datos de cuántas personas recobraron su libertad. Tenemos un registro de 1.192 aprehendidos. De estos, 274 aproximadamente han sido procesados. Más de 800 personas fueron liberadas inmediatamente sin formulación de cargos. Más del 80%. Las aprehensiones fueron ilegales, arbitrarias.
¿Encontraron algún patrón en esas detenciones?
Tenemos que identificar los abusos de la fuerza pública. Teníamos un contexto de protesta que, por supuesto, fue violenta. Al ver el número de manifestantes, la Policía detenía al que se le cruzaba. No había prueba de que hubiera cometido un acto vandálico.
¿Identificaron con nombres y apellidos a los detenidos?
Sí.
¿Encontraron extranjeros?
Están las 19 personas detenidas en el aeropuerto (de Quito). Un argentino, en Cuenca, por el toque de queda… Son casos aislados. A menos de que hayan sido los encapuchados que pudieron generar violencia, entre los detenidos no hay extranjeros.
El Gobierno habla de seis fallecidos; ustedes, de ocho.
Nosotros registramos a dos personas que tienen el primer nombre y el primer apellido los mismos. El uno falleció el 7 de octubre y el otro, el 9. Constatamos con las familias. Y tenemos otro que falleció el 13 de octubre por un proyectil en la cabeza. Era de Riobamba y murió en Quito.
¿Qué van a hacer con los uniformados violentados?
No es que la fuerza pública no tenga derechos, pero tenemos que analizar el contexto. La fuerza pública dispone de una infraestructura para repeler una protesta. La ciudadanía no tiene ningún arma más que su humanidad. Por eso no hay muertos en la fuerza pública… Sí hay heridos. Sí hubo violencia, no necesariamente de los indígenas. Hubo infiltrados. Sobre esos actos se deben iniciar los procesos penales respectivos.
CIDH anuncia Misión de Observación a Ecuador en contexto de las protestas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conducirá una Misión de visita de trabajo a Ecuador del 28 a 30 de octubre de 2019, a invitación del Estado, con el objeto de observar en terreno la situación de los derechos humanos en el país en el contexto de las protestas sociales, los actos de violencia, conocer la respuesta por parte del Estado desde el inicio del mes y el desarrollo del proceso de diálogo.
La delegación será liderada por la Presidenta y relatora para Ecuador, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y compuesta por los comisionados Luis Ernesto Vargas, Antonia Urrejola y el Secretario Ejecutivo Paulo Abrão. Los relatores especiales para la Libertad de Expresión y para los Derechos Económicos, Culturales y Ambientales también participarán junto a otros miembros de equipo técnico de apoyo. La Comisión toma nota de la decisión de la Corte Constitucional (CC) del país que calificó la constitucionalidad del estado de excepción, pero restó su vigencia a 30 días, hasta el 3 de noviembre.
La CIDH saluda y agradece la invitación recibida por parte del Estado de Ecuador para que se realize esta Mision a través de una carta fechada el 15 de octubre de 2019. Durante la visita, la CIDH sostendrá reuniones con autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil y otros actores relevantes, a fin de poder tener un diagnóstico de la situación, documentar los hechos y recabar información de conformidad con el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La agenda de la visita deberá prever actividades en Quito y otras ciudades del país donde pasaron las manifestaciones.
La Comisión se permite recordar que también están previstas las actividades previamente programadas para la realización del III Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el 6 y 7 de noviembre, y del 174 Período de Sesiones, del 8 al 14 de noviembre, en Quito, Ecuador.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Comisión de Justicia y Reparación Integral de la Defensoría del Pueblo será la encargada de transparentar vulneraciones de los derechos humanos durante el paro nacional de octubre de 2019
La Institución Nacional de Derechos Humanos, en el marco del paro nacional y el Estado de Excepción, que el país vivió del 2 al 13 de octubre de 2019, presentó siete informes técnicos defensoriales, con información detallada del monitoreo implementado a escala nacional sobre la situación de los derechos humanos de las personas afectadas. Ante lo cual, durante estos 12 días de manifestaciones se registró un total de 1192 personas detenidas, ocho personas fallecidas y 1340 personas heridas.
Los informes presentados se enmarcan en un proceso de investigación rigurosa que siguió la institución con base en una metodología técnica, la cual permitió recopilar y reportar datos de las incidencias registradas durante las manifestaciones a escala nacional, en cumplimiento del artículo 6 literal f) de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que dispone que es su atribución realizar investigaciones defensoriales para verificar posibles vulneraciones de los derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo solicitó y recibió información sobre las personas detenidas de las Unidades de Flagrancia, la Fiscalía General del Estado y las delegaciones provinciales defensoriales, la misma que dentro del análisis de una mesa técnica de acción, integrada por servidores de diferentes áreas competentes de la institución, fue verificada y sistematizada para la generación de los respectivos informes que fueron difundidos a la ciudadanía. Similar accionar con otras entidades públicas, siguió la Institución Nacional de Derechos Humanos para recopilar, analizar, verificar y sistematizar la información sobre personas fallecidas y heridas. El detalle de las cifras se alojan en la página web institucional www.dpe.gob.ec en el séptimo informe publicado.
Además, la Defensoría del Pueblo del Ecuador presentó ante la Corte Constitucional dos informes respecto del seguimiento a la implementación de las medidas dispuestas en el Estado de Excepción, dispuesto por el organismo constitucional en Dictamen No. 5-19-EE/19. Asimismo, solicitó a esta entidad recibir al Dr. Freddy Carrión Intriago, con el fin de analizar la pertinencia de eliminar el Estado de Excepción en el país.
De conformidad con su facultad de crear Comisiones Especiales para el cumplimiento de sus atribuciones y competencias, y en el contexto de los hechos suscitados por el paro nacional, la Defensoría del Pueblo ha resuelto conformar una Comisión de investigación defensorial, a través de un equipo multidisciplinario con servidores de la institución, con el objetivo de emitir un informe que transparente y verifique la información sujeta a investigación.
“Elaboraremos un informe defensorial en busca de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas ante las vulneraciones de los derechos humanos en los últimos hechos vividos en el país, el mismo que lo entregaremos a los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos y, en caso de evidenciarse el cometimiento de un delito, este será puesto en conocimiento de las autoridades judiciales nacionales y de las entidades judiciales internacionales competentes.”, enfatizó el Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago.
Venezolanos en Ecuador exigen una ‘disculpa pública’ a ministra Romo tras arrestos
Las asociaciones de venezolanos en Ecuador exigen a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, una «disculpa pública» por las detenciones «arbitrarias» de compatriotas en medio de las protestas sociales que vivió el país y por exponer con ello a esta comunidad emigrante a actos de xenofobia.
La responsable anunció hace una semana la detención de 17 personas, en su mayoría venezolanos, a los que se sumaban un ecuatoriano y otro cubano, por supuestamente tener en su poder información sobre los movimientos del presidente, Lenín Moreno.
Quince de los detenidos fueron puestos en libertad un día después del arresto, que se produjo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la capital, al no encontrarse pruebas en su contra.
Sin embargo, aún quedan dos detenidos de nacionalidad venezolana, además del ecuatoriano y el cubano, a la espera de una audiencia el próximo lunes en la Unidad de Flagrancia de Quito, en la que se determinará si son procesados por el delito de asociación ilícita.
De acuerdo a Eduardo Febres, representante de la fundación Venezolanos en Ecuador (Funvex), los cuatro detenidos son trabajadores de Uber y se los encontró en «un carro jugando cartas y esperando que lleguen las carreras» de la vecina terminal.
En el momento de su detención, el 10 de octubre, una semana después del inicio de las movilizaciones en todo el país en protesta a la subida de los carburantes, estos trabajadores de aplicaciones de transporte y que no acataron el paro nacional, se encontraban en una estación de servicio donde suelen esperar las carreras.
Lo hacen en ese lugar, donde pagan a un responsable de la gasolinera una mensualidad para no tener que abonar las horas de espera en el estacionamiento aeroportuario.
Febres indicó que algunos de ellos, «en admiración al presidente» se acercaron en alguna ocasión para tomarse fotos con él, así como del avión presidencial que parte de la terminal de Tababela, donde se ubica el aeropuerto, «como cualquier otro curioso».
«Los trabajadores de Uber dijeron que no se iban a sumar al paro, por respeto y como venezolanos a fin de no inmiscuirnos en situaciones políticas. La seguridad presidencial los vio en una supuesta actividad sospechosa y se los llevó detenidos», añadió.
Por su parte, Daniel Regalado, presidente y representante legal de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador AC, refirió que tras la detención de todo el grupo, salieron a la luz informaciones de que los arrestados portaban armas blancas y que podrían estar implicados en actos de terrorismo.
«Se trata de falsas acusaciones de que tenían utensilios que uno puede portar a título privado en un carro, como una navaja en una guantera, y un bate. No hay conductor que no lleve un bate», censuró al recordar que los hechos se produjeron en plena protesta social, donde hubo asaltos, cortes de carretera y violentos disturbios.
Romo tuiteó el día de las aprehensiones que la mayoría de los 17 detenidos eran venezolanos y que «cada nuevo evento confirma todos los intereses que están detrás del caos en el país», en alusión a la tesis esgrimida por el Gobierno de supuestos intentos de desestabilización auspiciados por el régimen de Nicolás Maduro.
Estas detenciones, que son tachadas de «arbitrarias» tanto por las asociaciones venezolanas, como por familiares de los detenidos, han provocado indignación entre la comunidad emigrante que considera que cada vez que el Gobierno se encuentra en una situación comprometida apunta al colectivo ya de por sí vulnerable.
Y es que en enero pasado, el femicidio de una gestante en plena calle a manos de un venezolano en Ibarra, llevó al Gobierno a adoptar la solicitud de documentos apostillados y vehementes declaraciones que condujeron a actos de xenofobia en varios puntos de Ecuador, donde residen unos 400.000 venezolanos.
Simón Revilla, hermano de uno de los detenidos que fue puesto en libertad, Luis Miguel Gómez del Moral, explicó a Efe que este lleva tres años en el país donde trabaja para Uber y Cabify, con sus papeles en regla y un hijo nacido en Quito.
«Le acusaron de conspiración y de tener un croquis y fotos del avión (presidencial), pero ninguno de los tres que conozco estaba metido con eso», defiende el hermano.
Argumenta que el caso se dio porque «querían desviar el problema que estaba pasando y los venezolanos éramos la carnada».
A la luz de lo ocurrido, Cordero aclara: «Hemos exhortado a la ministra, María Paula Romo, que emita una disculpa pública a los venezolanos que han sido señalados porque hoy día la comunidad ecuatoriana piensa que eran unos terroristas».
En la misma línea, Regalado insiste en que «las familias piden una rectificación del Gobierno por este tipo de violaciones de derechos hacia una comunidad, que en su 99,9 por ciento es honrada».
FUT anuncia movilización en Ecuador para el 30 de octubre
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunció una nueva movilización para el 30 de octubre, según informó este jueves su presidente, Mesías Tatamuez.
El dirigente aseguró que el Gobierno Nacional ha aplazado la reunión con ellos y ha iniciado procesos judiciales en su contra y otros líderes indígenas.
Las declaraciones del dirigente sindical se dan un día después de que el presidente de la República Lenín Moreno se reunió con el resto de centrales sindicales del país que representan a trabajadores públicos y privados. En la cita, los representantes gremiales expresaron apoyo al Régimen y llegaron a acuerdos en temas como el rechazo a la reducción de vacaciones.
El FUT entregó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) un pliego de planteamientos para que los conozca el Ejecutivo. Entre estos está un nuevo Código de Trabajo, la reestructuración del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios y la negativa a la eliminación de los subsidios, entre otros.
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